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Desde abril pasado, cuando los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Colombia enviaron una carta al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrao, para expresar que dicho organismo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos deberían realizar reformas para respetar la autonomía de los Estados frente al cumplimiento de sus fallos, las organizaciones de la sociedad civil no han dejado de insistir en que esta solicitud busca debilitar este sistema de justicia internacional, que cumplió 60 años esta semana.
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Justo en esa conmemoración, que se realizó en Medellín en el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, volvió a revivir la controversia. Aunque en su discurso resaltó que la CIDH forma parte de un patrimonio común del continente, también recordó la carta conjunta “en la que expresamos ciertas observaciones e inquietudes con el objetivo de contribuir a un sistema más eficaz en la defensa y promoción de los derechos”, expresó.
El comentario no cayó bien en el público, entre quienes estaban miembros de la CIDH, de las Naciones Unidas y de la sociedad civil de distintos países del continente, quienes en sus intervenciones resaltaron que se trata de reducir la responsabilidad de los Estados frente a los fallos de la Comisión y las reparaciones exigidas para las víctimas. “La CIDH seguirá siendo una esperanza para las víctimas y una institución contra los tiranos”, señaló Manuel Ventura Roble, ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica.
“La Comisión ha realizado muchos aportes que permiten la vigencia de los derechos humanos en la región”, pronunció Alberto Brunori, representante de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia. Viviana Krsticevic, directora del Centro de Justicia Internacional (Cejil), también recordó que la declaración de dichos países invoca que el sistema no tiene en cuenta las realidades políticas, económicas y sociales, particularmente, al decretar medidas de reparación. “Esa interpretación pretende debilitar la legitimidad de la CIDH, instancia internacional que cumple seis décadas (...) después de atravesar dictaduras, golpes de Estado y graves violaciones a los derechos fundamentales en el marco de conflictos internos”.
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A su vez, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, dijo que la Comisión hoy es sólida e independiente, y que le da a la sociedad civil la posibilidad de contar con un órgano internacional ante la negación de los derechos fundamentales en sus países: “Lo que estamos procurando es que esa confianza, esa credibilidad que tienen todos los actores en el sistema, se siga consolidando, respetando nuestra autonomía e independencia, aunque siempre estaremos abiertos al diálogo”.
El telón de fondo de este debate parece ser la elección de los nuevos comisionados de la CIDH que se dará mañana en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín. Ayer, durante el diálogo entre 30 coaliciones de organizaciones de la sociedad civil y los jefes de la delegación de los países miembros de la OEA, la tensión salió a relucir en el ambiente. Mientras los sectores conservadores que dicen defender “la institución de la familia” cuestionaron prácticas como el aborto legal e incluso los derechos de la población LGTBI y su reconocimiento por la CIDH, cuyos comisionados fueron tratados de imparciales, quienes representaban a los sectores “pro derechos” del continente se defendieron denunciando que se pretendía retroceder en los avances que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha logrado en estas seis décadas.
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De hecho, Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien al igual que Margarette May Macaulay aspiran a ser reelegidas, fue cuestionada como imparcial por Santiago Guevara, de una organización de la sociedad civil contra la corrupción, quien dijo que “el gobierno de España ha dado dinero a ese organismo para imponer ideologías”. No obstante, un panel independiente de la American University las calificó a ellas y a Julissa Mantilla Falcón (nueva aspirante) en mayo pasado como personas “con altas calidades convencionales, estatutarias y reglamentarias” para ser jueces de la CIDH. Cosa contraria a lo que ocurrió con el candidato del Gobierno de Colombia, el exsenador del Centro Democrático Évert Bustamante, quien fue calificado como con nulo conocimiento sobre derechos humanos y “poca independencia e imparcialidad”. Igualmente sucedió con el candidato de Guatemala, Édgar Stuardo Ralón. Uno de los dos ocupará la silla que falta.
En respuesta a Guevara, la vocera de la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas, Azalea Solís, de Nicaragua, dijo que preocupa la falta de transparencia en la nominación de candidatos a la CIDH que garanticen independencia. “Es inaceptable que, según el Panel Independiente de Expertos, solo tres de las cinco personas candidatas cumplan con los requisitos convencionales para desempeñar el cargo. Exigimos mayor responsabilidad a los Estados al proponer sus candidaturas y les exhortamos a que no voten a personas que no son idóneas para integrar la Comisión”.