El rastreo por la verdad a los archivos militares

Tanto en las victorias militares como en las derrotas no cabe duda de que en un conflicto armado tan complejo y largo como el colombiano, las Fuerzas Armadas han tenido una activa participación. Y en el propósito de encontrar “una explicación amplia” del devenir de la guerra, es comprensible que la Comisión de la Verdad quiera entender cuál fue su proceder desde 1953 a la fecha. Ese es el sentido de la solicitud de información elevada al Ministerio de Defensa, más allá de la controversia creada por la solicitud.

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La pregunta que surge es indagar qué verdades se buscan esclarecer en bases de datos, documentos de doctrina, manuales operativos, informes de inteligencia y contrainteligencia y órdenes de batalla, con apoyo expreso para acceder a instalaciones de las Fuerzas Armadas y la Policía, incluyendo sesiones de análisis sobre espinosos temas como narcotráfico, guerrilla o métodos de interrogación. Con énfasis en los aspectos menos conocidos del conflicto, como el impacto en los menores y la violencia de género.

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En la misma línea histórica planteada por la Comisión de la Verdad, 1953 no sólo marca el comienzo del gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla, sino un cambio de rumbo en el accionar de las Fuerzas Armadas como componente armado del Estado. Fue la misma época en la que, tras la participación de Colombia en la Guerra de Corea y en el contexto de la Guerra Fría, fue ilegalizado el comunismo, se creó el Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) y, con medidas de Estado de Sitio, se fortaleció la lucha contrainsurgente.

Aunque el gobierno Rojas también le apostó a la paz y entre indultos a alzados en armas concedió también amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas procesados antes de abril de 1948, el capítulo de la “guerra de Villarrica”, por ejemplo, desplegado en la región del Sumapaz entre 1955 y 1956, constituye un episodio con más sombras que luces. Lo mismo que las decisiones nacionales e internacionales y estudios previos que llevaron a las Fuerzas Militares a desarrollar el Plan Lazo en los años 60.

Como se sabe, este plan de operaciones, aprobado en 1962, fue el punto de partida de la ofensiva militar “para eliminar las cuadrillas de bandoleros y prevenir la formación de nuevos focos o núcleos de antisociales, con el fin de obtener y mantener un estado de paz y tranquilidad en todo el territorio”, como quedó escrito en el documento oficial de antesala al ataque a las llamadas “repúblicas independientes” a partir de 1964. De manera previa, entre 1962 y 1963, se realizó en el país el primer curso de inteligencia para oficiales.

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Entre los pioneros de la inteligencia militar en Colombia estuvo el brigadier general Ricardo Charry Solano, quien después fue gestor del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia. Tras su deceso por causas naturales en 1970, no sólo se fortaleció este componente esencial, sino que la especialidad derivó en un batallón-escuela rotulado con el nombre del referido oficial. Por mucho tiempo, el batallón Charry Solano, al sur de Bogotá, fue el referente de muchos secretos, algunos no santos, de la actuación militar.

A pesar del éxito de la Operación Anorí contra el Eln a partir de 1973, en vez de mejorar la situación de orden público, el panorama se fue agravando. En septiembre de 1978, a través del Decreto 1923, el gobierno de Julio César Turbay creó el Estatuto de Seguridad, un férreo articulado para encarar la violencia que dividió al país por las concesiones dadas a los militares que se convirtieron en excesos. Del tiempo de su aplicación quedaron múltiples interrogantes que podrían ser aclarados en los archivos militares.

Ya en los años 80, con la explosión del paramilitarismo y la arremetida del narcotráfico, la guerra se degradó totalmente y, para bien o para mal, las Fuerzas Armadas participaron activamente en el conflicto. Esa intervención quedó registrada en decenas de documentos, no sólo de balance de operaciones o directrices de doctrina, sino también sobre procesos penales y disciplinarios, decisiones de justicia penal militar, instructivos para las tropas y, por supuesto, papeles de información reservada y estratégica.

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De estos últimos, muchos se tramitaron en el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), que desde mediados de los años 80 fue depositario de secretos que hoy quiere conocer la Comisión de la Verdad. Incluso en episodios como el holocausto del Palacio de Justicia en 1985, el papel del COICI, entonces comandado por el general Iván Ramírez Quintero, aún causa interrogantes. Fue la misma época en la que el DAS, orientado por el general de la Policía Miguel Maza Márquez, también fue protagonista.

En los años 90, a pesar de que hubo procesos de paz exitosos y una reforma constitucional de amplios alcances (1991), la guerra no cedió. Por el contrario, los expertos han documentado que se incrementó hasta niveles impensados. Las guerrillas, el paramilitarismo, el narcotráfico o la combinación de estos y otros factores de violencia aumentaron sus acciones, muchas de ellas contra la población civil. Las Fuerzas Armadas, así como acertaron, también terminaron inmersas en repudiables acciones.

Algunos crímenes contra líderes de la Unión Patriótica, así como conductas de omisión para proteger civiles, tuvieron participación de miembros de la Fuerza Pública y, en ciertos casos, quedaron procesos judiciales o documentos secretos para ratificarlo. En particular, en mayo de 1998, el gobierno Samper desactivó la Brigada XX de Inteligencia Militar, contra la que pesaban graves señalamientos de actos violatorios de los derechos humanos, incluso del Departamento de Estado de Estados Unidos o de las Naciones Unidas.

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En la solicitud que el presidente a la Comisión de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux, envió al Ministerio de Defensa se recalca que ninguna información relacionada con infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) o crímenes de lesa humanidad puede ser objeto de restricciones, reservas o clasificaciones para el acceso de la Comisión. En ese contexto, la desactivación de la Brigada XX de Inteligencia u otros graves sucesos de la época, requieren un riguroso análisis histórico en favor de la verdad.

Lo mismo que otras decisiones que en la primera década del siglo XXI, ya en tiempos de Álvaro Uribe en la Presidencia, con el propósito de la defensa del Estado o de la sociedad, incrementaron el accionar de las Fuerzas Armadas, con sonoros aciertos y crasos errores. Acciones de alguna manera motivadas por directivas ministeriales para el pago de recompensas por la captura o abatimiento de miembros de organizaciones armadas, pagos de bonificaciones por información o creación de redes de cooperantes.

En noviembre de 2005, por ejemplo, el Ministerio de Defensa promovió la directiva para el pago de recompensas por la captura o abatimiento de “cabecillas de organizaciones armadas o narcotraficantes” y, entre los expertos, esta ruta del Estado para contener a los violentos fue también uno de los detonantes de lo que tiempo después se conoció como el escándalo de los falsos positivos. Civiles asesinados, pero presentados como “terroristas dados de baja en combate”. Un doloroso capítulo que aún golpea la institucionalidad.

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El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha dicho que las Fuerzas Armadas prestarán su colaboración a la Comisión de la Verdad. El presidente Santos -ministro de Defensa en el segundo gobierno Uribe- también ha ofrecido respaldo. En medio de la polémica planteada por sectores que creen que la solicitud de información militar de más de 60 años es un sesgado despropósito, la Comisión ha recalcado que tiene una misión por cumplir y necesita esa documentación para explicar el conflicto a profundidad.

Y no sólo busca material gráfico, audiovisual o impreso de sus archivos, sino que quiere entablar conversaciones con especialistas, acceder a instalaciones o realizar entrevistas a grupos focales sobre aspectos específicos del devenir militar y policial. Su objetivo es promover ante la sociedad un mayor entendimiento sobre lo que pasó en la guerra y, además del ejercicio mismo de la verdad y la memoria, sin prejuicio alguno, entender para contribuir a la no repetición de graves hechos y ayudar a construir convivencia.

Tanto en las victorias militares como en las derrotas no cabe duda de que en un conflicto armado tan complejo y largo como el colombiano, las Fuerzas Armadas han tenido una activa participación. Y en el propósito de encontrar “una explicación amplia” del devenir de la guerra, es comprensible que la Comisión de la Verdad quiera entender cuál fue su proceder desde 1953 a la fecha. Ese es el sentido de la solicitud de información elevada al Ministerio de Defensa, más allá de la controversia creada por la solicitud.

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La pregunta que surge es indagar qué verdades se buscan esclarecer en bases de datos, documentos de doctrina, manuales operativos, informes de inteligencia y contrainteligencia y órdenes de batalla, con apoyo expreso para acceder a instalaciones de las Fuerzas Armadas y la Policía, incluyendo sesiones de análisis sobre espinosos temas como narcotráfico, guerrilla o métodos de interrogación. Con énfasis en los aspectos menos conocidos del conflicto, como el impacto en los menores y la violencia de género.

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En la misma línea histórica planteada por la Comisión de la Verdad, 1953 no sólo marca el comienzo del gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla, sino un cambio de rumbo en el accionar de las Fuerzas Armadas como componente armado del Estado. Fue la misma época en la que, tras la participación de Colombia en la Guerra de Corea y en el contexto de la Guerra Fría, fue ilegalizado el comunismo, se creó el Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) y, con medidas de Estado de Sitio, se fortaleció la lucha contrainsurgente.

Aunque el gobierno Rojas también le apostó a la paz y entre indultos a alzados en armas concedió también amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas procesados antes de abril de 1948, el capítulo de la “guerra de Villarrica”, por ejemplo, desplegado en la región del Sumapaz entre 1955 y 1956, constituye un episodio con más sombras que luces. Lo mismo que las decisiones nacionales e internacionales y estudios previos que llevaron a las Fuerzas Militares a desarrollar el Plan Lazo en los años 60.

Como se sabe, este plan de operaciones, aprobado en 1962, fue el punto de partida de la ofensiva militar “para eliminar las cuadrillas de bandoleros y prevenir la formación de nuevos focos o núcleos de antisociales, con el fin de obtener y mantener un estado de paz y tranquilidad en todo el territorio”, como quedó escrito en el documento oficial de antesala al ataque a las llamadas “repúblicas independientes” a partir de 1964. De manera previa, entre 1962 y 1963, se realizó en el país el primer curso de inteligencia para oficiales.

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Entre los pioneros de la inteligencia militar en Colombia estuvo el brigadier general Ricardo Charry Solano, quien después fue gestor del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia. Tras su deceso por causas naturales en 1970, no sólo se fortaleció este componente esencial, sino que la especialidad derivó en un batallón-escuela rotulado con el nombre del referido oficial. Por mucho tiempo, el batallón Charry Solano, al sur de Bogotá, fue el referente de muchos secretos, algunos no santos, de la actuación militar.

A pesar del éxito de la Operación Anorí contra el Eln a partir de 1973, en vez de mejorar la situación de orden público, el panorama se fue agravando. En septiembre de 1978, a través del Decreto 1923, el gobierno de Julio César Turbay creó el Estatuto de Seguridad, un férreo articulado para encarar la violencia que dividió al país por las concesiones dadas a los militares que se convirtieron en excesos. Del tiempo de su aplicación quedaron múltiples interrogantes que podrían ser aclarados en los archivos militares.

Ya en los años 80, con la explosión del paramilitarismo y la arremetida del narcotráfico, la guerra se degradó totalmente y, para bien o para mal, las Fuerzas Armadas participaron activamente en el conflicto. Esa intervención quedó registrada en decenas de documentos, no sólo de balance de operaciones o directrices de doctrina, sino también sobre procesos penales y disciplinarios, decisiones de justicia penal militar, instructivos para las tropas y, por supuesto, papeles de información reservada y estratégica.

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En los años 90, a pesar de que hubo procesos de paz exitosos y una reforma constitucional de amplios alcances (1991), la guerra no cedió. Por el contrario, los expertos han documentado que se incrementó hasta niveles impensados. Las guerrillas, el paramilitarismo, el narcotráfico o la combinación de estos y otros factores de violencia aumentaron sus acciones, muchas de ellas contra la población civil. Las Fuerzas Armadas, así como acertaron, también terminaron inmersas en repudiables acciones.

Algunos crímenes contra líderes de la Unión Patriótica, así como conductas de omisión para proteger civiles, tuvieron participación de miembros de la Fuerza Pública y, en ciertos casos, quedaron procesos judiciales o documentos secretos para ratificarlo. En particular, en mayo de 1998, el gobierno Samper desactivó la Brigada XX de Inteligencia Militar, contra la que pesaban graves señalamientos de actos violatorios de los derechos humanos, incluso del Departamento de Estado de Estados Unidos o de las Naciones Unidas.

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En la solicitud que el presidente a la Comisión de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux, envió al Ministerio de Defensa se recalca que ninguna información relacionada con infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) o crímenes de lesa humanidad puede ser objeto de restricciones, reservas o clasificaciones para el acceso de la Comisión. En ese contexto, la desactivación de la Brigada XX de Inteligencia u otros graves sucesos de la época, requieren un riguroso análisis histórico en favor de la verdad.

Lo mismo que otras decisiones que en la primera década del siglo XXI, ya en tiempos de Álvaro Uribe en la Presidencia, con el propósito de la defensa del Estado o de la sociedad, incrementaron el accionar de las Fuerzas Armadas, con sonoros aciertos y crasos errores. Acciones de alguna manera motivadas por directivas ministeriales para el pago de recompensas por la captura o abatimiento de miembros de organizaciones armadas, pagos de bonificaciones por información o creación de redes de cooperantes.

En noviembre de 2005, por ejemplo, el Ministerio de Defensa promovió la directiva para el pago de recompensas por la captura o abatimiento de “cabecillas de organizaciones armadas o narcotraficantes” y, entre los expertos, esta ruta del Estado para contener a los violentos fue también uno de los detonantes de lo que tiempo después se conoció como el escándalo de los falsos positivos. Civiles asesinados, pero presentados como “terroristas dados de baja en combate”. Un doloroso capítulo que aún golpea la institucionalidad.

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El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha dicho que las Fuerzas Armadas prestarán su colaboración a la Comisión de la Verdad. El presidente Santos -ministro de Defensa en el segundo gobierno Uribe- también ha ofrecido respaldo. En medio de la polémica planteada por sectores que creen que la solicitud de información militar de más de 60 años es un sesgado despropósito, la Comisión ha recalcado que tiene una misión por cumplir y necesita esa documentación para explicar el conflicto a profundidad.

Y no sólo busca material gráfico, audiovisual o impreso de sus archivos, sino que quiere entablar conversaciones con especialistas, acceder a instalaciones o realizar entrevistas a grupos focales sobre aspectos específicos del devenir militar y policial. Su objetivo es promover ante la sociedad un mayor entendimiento sobre lo que pasó en la guerra y, además del ejercicio mismo de la verdad y la memoria, sin prejuicio alguno, entender para contribuir a la no repetición de graves hechos y ayudar a construir convivencia.