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Las discusiones en torno a la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI), primer punto del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc, suelen centrarse en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que por su impacto en la vida de las comunidades de los territorios acaparan la atención. Sin embargo, líderes y lideresas desde las regiones llaman la atención sobre la necesidad de hacer un análisis más crítico sobre las demás medidas previstas en esa reforma rural.
Ese fue el fondo del análisis del que se ocupó el conversatorio Gobernanza y paz en Colombia: aportes para la implementación del Acuerdo de Paz, un evento convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), apoyado por la Embajada de Italia y la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (ACIS), que fue transmitido por los canales digitales de Colombia2020 en la mañana de este jueves.
¿Qué ha significado el Acuerdo de Paz para las organizaciones sociales?, ¿cómo fortalecer la gobernanza territorial para abordar y transformar conflictos socioambientales y aportar a los procesos de formalización de tierras? fueron algunas de las preguntas que los panelistas, en cuatro momentos de foros y entrevistas, debatieron y respondieron para mostrarle al país, desde sus puntos de vista, cómo vamos y qué sigue siendo un reto cumplir, para lo cual las organizaciones y actores territoriales juegan un rol imprescindible. En la discusión participaron líderes regionales, académicos, miembros de la comunidad internacional y organismos gubernamentales. Estos fueron los temas que se trataron durante el evento:
Retos de la participación en la transformación territorial
En un primer momento del panel, Eberto Díaz representante de La Vía Campesina; Álvaro Arroyo, miembro de la Mesa Nacional de Implementación de los PDET; y Sofía Espinosa, especialista en gobernanza de la tenencia de tierras de FAO Roma, llegaron a la conclusión de que en Colombia la transformación de los territorios debe pasar, ineludiblemente, por la organización de la sociedad civil.
De hecho, Arroyo le pidió a las autoridades estatales que no desperdiciaran tiempo en politizar sus perspectivas sobre el campo, pues “después de la Constituyente esta es la oportunidad más clara para que las comunidades visibilicen su agenda”, sugirió.
El miembro de ‘Implementación de los PDET’ también alertó que desde su labor ha visto cómo los temas ambientales, étnicos, sociales y culturales han sido marginados parcialmente en la implementación de la RRI; cuestión que, según él, representa “mayores retos para acompañar las capacidades técnicas en los municipios afectados por el conflicto, lo cual restaría, por qué no, la inseguridad que recae sobre los liderazgos sociales en las regiones”.
Para esto último, Espinosa aseguró que FAO acompañará en las regiones con una serie de capacitaciones técnicas, como el desarrollo de softwars, que permitan entre otras cosas el desarrollo y trabajo sobre más parcelas “de manera participativa y que reivindique la labor del campesino de forma libre y pacífica”.
¿Hay gobernanza en las áreas protegidas?
En Colombia hay 1.343 áreas protegidas, entre parque naturales, reservas, áreas de recreación, entre otras, y las comunidades que se asientan allí padecen los mismos problemas que los demás campesinos en materia de implementación del Acuerdo de Paz.
Esto no es un tema nuevo y si no se le pone especial cuidado será de largo aliento. Así lo expresó Ignacio Martín Eresta, especialista en reducción de pobreza de FAO Roma, quien también apeló a que se necesita un mayor acompañamiento intersectorial para implementar el Acuerdo de Paz en el campo, pues “la firma no acabó con la violencia y tierra ha sido un elemento determinante de los conflictos. El Estado con su rol debe moderar las diferencias y la sociedad civil, como una contraparte efectiva y libre para poder participar”, agregó el investigador.
A su voz se sumó el testimonio de Yanelia Mestre, lideresa indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, quien hizo un llamado a que la gobernanza en estos territorios fuera encabezada por los pueblos ancestrales, pues son ellos, según Mestre, los que “sustentan principios de vida en relación con el universo y el territorio”. Para la lideresa sólo de esta manera se pueden abrir espacios de diálogo cuyo desenlace sea una resolución dentro de los conflictos socioambientales que persisten en las zonas protegidas.
Carolina Jarro, subdirectora de Gestión y manejo de Parques Nacionales, indicó que para una gobernanza plena en estas zonas debe haber confianza entre comunidades e institucionalidad, así como “un trabajo fuerte que mitiguen problemas de ocupación ilegal, conflictos interétnicos y apelen al desarrollo territorial”.
Las posturas de ambas están alineadas con la idea gobernanza con los actores de los territorios.
Conciliación con la naturaleza y la seguridad jurídica
Las sugerencias de FAO para un avance mayor de la legitimidad de las comunidades campesinas sobre las tierras en las que viven se sintetizaron en el parecer de María Paola Rizzo, oficial de Tenencia de la Tierra de esta oficina de la ONU, quien invitó a que en esta transición hacia la paz que vive Colombia perdure “una conciliación entre la gente y la naturaleza”.
Para analizar esta postura, una tercera parte del conversatorio convocó las voces de Charo Mina-Rojas, lideresa de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos y de Tarcila Rivera, presidenta de la Organización Chirpaq (Centro de Culturas Indígenas del Perú).
Esta última, quien ha fungido como veedora de los procesos étnicos nacionales durante el posconflicto, desde el exterior, aseguró que el Estado todavía les debe a los pueblos ancestrales una mayor apuesta en las capacidades de desarrollo, con el fin de que ellos se entiendan como “verdaderos actores de las zonas y manejen su tierra con propiedad”.
Mina-Rojas, a su turno, indicó que cuestiones como la formalización de tierras y demás medidas para que los pueblos indígenas accedan más a los recursos de paz deben ser mediados por la intervención de la comunidad internacional, debido a que “esto abriría de par en par el capítulo étnico suscrito en el Acuerdo, le daría atención especial a los jóvenes de nuestras comunidades y visibilizaría la importancia de poner los pies en los territorios... eso es fundamental”, aseveró la lideresa indígena.
Con una mirada más integral, en la etapa del conversatorio sobre “Seguridad jurídica sobre la tierra”, Myriam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT); Álvaro Díaz, alcalde de San Juan del Cesar (La Guajira) y Alejandra Vega, en conjunto con Javier Molina, ambos asociados a temas de tenencia de la tierra por parte de la FAO, dieron sus puntos de vista sobre cuáles son los mayores retos para alcanzar mayores tasas en la formalización de tierras.
Los consultores de FAO y Martínez indicaron que los barridos prediales y la revisión sistemática en los planes de ordenamiento social (especialmente en los municipios PDET) son la clave para acabar con la informalidad en el campo.
Sin embargo, Molina propuso a la FAO como una entidad que puede asesorar en el futuro al Estado colombiano para alcanzar una legislación específica que además de ayudar a los barridos catastrales, forme plataformas en las que el campo colombiano sea más participativo y acorde a las necesidades puntuales de sus comunidades.
Nueva hoja de ruta
El anuncio de la llegada de una hoja de ruta para la formalización de entidades de derecho público, fue el epílogo que FAO y los demás convocantes, como AICS le dieron al conversatorio.
Para estas entidades, quienes sugirieron consultorías para el acompañamiento a la implementación del Acuerdo, la adjudicación de sitios públicos como canchas, escuelas rurales, centros de salud, es apenas un comienzo en el que se promueva la participación desde muchos lugares del campo colombiano.
La meta, según Luca de Paoli, miembro de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), es mostrar que en la ruralidad hay un “horizonte amplio de posibilidades” en el que la gente puede ver que hay un futuro prometedor que haga olvidar los años más atroces del conflicto, siempre y cuando se hagan políticas diferenciales y haya mucha preocupación estatal dirigida a las zonas con “cuidados mayores”.
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