El sector de la salud también fue víctima del conflicto

Hoy más que nunca la pandemia mundial puso en evidencia uno de los pilares de la vida de la humanidad: las y los trabajadores de la salud. Médicos, epidemiólogos, enfermeros, auxiliares, bacteriólogos, entre otras áreas, han sido reconocidos por el Gobierno y los ciudadanos como “héroes y heroínas”. Sin embargo, durante décadas muchos de ellos fueron víctimas de la violencia que se ensañó en los territorios rurales, algunos más pobres que otros, pero siempre vulnerables y en disputa. Allí, tras un combate o en busca de liberar a secuestrados, siempre hubo alguien del sector de la salud y sus historias hasta ahora empiezan a destaparse.

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El comisionado de la Verdad, Saúl Franco, es médico de profesión y ha recopilado, justamente, cifras, testimonios y relatos de los trabajadores de la salud en búsqueda de reconstruir esos episodios para plasmarlos en el informe final que presentará la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad del Conflicto el próximo año. “El país tiene muy poca conciencia sobre el impacto de la violencia en los trabajadores de la salud”, puntualizó.

En el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que rige para los conflictos internos, se le denomina Misión Médica al conjunto de trabajadores de la salud, infraestructura hospitalaria, medicamentos y transporte. Después de las grandes guerras del siglo XX hasta hoy, los Estados se han comprometido o han sido instados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a proteger las Misiones Médicas en medio del conflicto. En Colombia solo hasta 2012, con la Resolución 4481, el Ministerio de Salud adoptó el Manual de Misión Médica, en el que se establecieron las normas para el uso de emblemas y la protección a las misiones que recorren estas zonas rurales en barcos ambulancias, camionetas o a lomo de mula en jornadas de prevención.

Según los datos recopilados por la Comisión, entre 1958 y 2019 en el país se registraron 2.419 infracciones a las misiones médicas. “Esto es una cosa gravísima, porque implica una frecuencia importante. De esta cifra, los principales daños han sido contra la vida o la integridad del personal de la salud. Sabemos de más de 826 asesinatos contra miembros del sector salud en medio de la guerra”, aseguró Franco.

En lo estudiado hasta ahora, se encontró un patrón preocupante: el personal de enfermería y las promotoras de salud fueron sistemáticamente blancos de los violentos.

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En diferentes regiones del país, por ejemplo en el Cesar, los armados se llevaban a las enfermeras para que atendieron a pacientes de sus filas, forzándolas a hacer cosas que no querían, en algunos casos abortos. Luego de estos, las violaban. “Era otra parte de la tarea”, las sentenciaban. Entre 1978 y 2019 fueron asesinadas 84 promotoras rurales de salud. Los promotores son personal de la salud principalmente en veredas, algunos de ellos campesinos, que fueron formados para hacer campañas de prevención, de saneamiento rural, para vacunar, detectar a mujeres embarazadas y remitirlas a un centro de salud. “Era gente muy indefensa, vulnerable y los actores armados buscaron controlarlos y ponerlos a su servicio”, relató Franco.

De igual forma, en los departamentos donde se concentró gran parte del conflicto también se registró el mayor número de infracciones a las misiones médicas: Antioquia, con 281 infracciones, Nariño (145), Caquetá (126), Arauca (124) y Norte de Santander (121).

Por su parte, en el 39 % de las infracciones a las misiones médicas se desconocen los responsables, lo que dificulta que haya justicia en estos casos. De los hechos violentos que sí se conoce la identidad de los autores, en el 33 % (631) fue la guerrilla, en el 19 % (363) los paramilitares, en el 2,5 % (61) las fuerzas estatales, y en el 6,5 % restante se trató de acciones conjuntas entre grupos armados, legales e ilegales.

En los años noventa, cuando la guerrilla de las Farc fortalecía su presencia territorial, según lo documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica, se tomaron hospitales, atacaron a las misiones médicas y usaron armas no convencionales con material biológico como materia fecal en minas antipersonales.

Asimismo, los paramilitares fueron perpetradores de condenables crímenes. Por ejemplo, la masacre de Caracoles (Arauca) en 2003. Allí el bloque Vencedores de Arauca, de las Auc, se tomó el puesto de salud, donde torturaron y asesinaron a ocho personas y luego violaron a dos mujeres que iban a reclamar los cuerpos de las víctimas.

Además de esto, los trabajadores de la salud tuvieron que sufrir estigmatizaciones y amenazas únicamente por cumplir con su labor médica. Esto pasó no solo a nivel individual, sino también a las organizaciones de los trabajadores de la salud”, explicó Franco. Una de ellas fue la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (Anthoc). Ángel Salas, quien forma parte de la Asociación, sufrió de desplazamiento forzado y amenazas de muerte contra su vida. Contó que desde 1994, Anthoc viene registrando violaciones a los derechos humanos de los trabajadores de la salud y aumentaron entre 1998 y 2006.

Julio Castellanos, director general del hospital San Ignacio de Bogotá y miembro de la Comisión Nacional por el Respeto y la Protección a la Misión Médica, también opinó sobre el tema: “Venimos de un proceso histórico de ataques de grupos armados o del mismo Estado a las Misiones Médicas que se han ido transformando en incidentes de violencia. Ahora, con el virus del COVID-19, los ataques vienen también de la población”.

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Castellanos dijo que los ataques aún persisten en los territorios más afectados por la violencia, y debido a que no hay médicos y a la disputa por el control territorial, “la población queda desprotegida porque hay menos movilidad en el terreno y las brigadas de salud no logran llegar a estas regiones”. Hoy el Ministerio de Salud trabaja de la mano con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para proteger a los trabajadores de la salud en Colombia y prevenir la violencia contra las Misiones Médicas.

Por su parte, la Comisión de la Verdad, con el fin de avanzar y visibilizar las infracciones a la Misión Médica, llevará a cabo el próximo jueves 24 de septiembre desde las 10:00 a.m. un reconocimiento público llamado “El impacto del conflicto armado en la salud”, que será transmitido por las redes oficiales de la Comisión y contará con la presencia del Ministerio de Salud, Unicef y el embajador de Reino Unido en Colombia, Colin Martin-Reynolds.

Hoy más que nunca la pandemia mundial puso en evidencia uno de los pilares de la vida de la humanidad: las y los trabajadores de la salud. Médicos, epidemiólogos, enfermeros, auxiliares, bacteriólogos, entre otras áreas, han sido reconocidos por el Gobierno y los ciudadanos como “héroes y heroínas”. Sin embargo, durante décadas muchos de ellos fueron víctimas de la violencia que se ensañó en los territorios rurales, algunos más pobres que otros, pero siempre vulnerables y en disputa. Allí, tras un combate o en busca de liberar a secuestrados, siempre hubo alguien del sector de la salud y sus historias hasta ahora empiezan a destaparse.

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El comisionado de la Verdad, Saúl Franco, es médico de profesión y ha recopilado, justamente, cifras, testimonios y relatos de los trabajadores de la salud en búsqueda de reconstruir esos episodios para plasmarlos en el informe final que presentará la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad del Conflicto el próximo año. “El país tiene muy poca conciencia sobre el impacto de la violencia en los trabajadores de la salud”, puntualizó.

En el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que rige para los conflictos internos, se le denomina Misión Médica al conjunto de trabajadores de la salud, infraestructura hospitalaria, medicamentos y transporte. Después de las grandes guerras del siglo XX hasta hoy, los Estados se han comprometido o han sido instados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a proteger las Misiones Médicas en medio del conflicto. En Colombia solo hasta 2012, con la Resolución 4481, el Ministerio de Salud adoptó el Manual de Misión Médica, en el que se establecieron las normas para el uso de emblemas y la protección a las misiones que recorren estas zonas rurales en barcos ambulancias, camionetas o a lomo de mula en jornadas de prevención.

Según los datos recopilados por la Comisión, entre 1958 y 2019 en el país se registraron 2.419 infracciones a las misiones médicas. “Esto es una cosa gravísima, porque implica una frecuencia importante. De esta cifra, los principales daños han sido contra la vida o la integridad del personal de la salud. Sabemos de más de 826 asesinatos contra miembros del sector salud en medio de la guerra”, aseguró Franco.

En lo estudiado hasta ahora, se encontró un patrón preocupante: el personal de enfermería y las promotoras de salud fueron sistemáticamente blancos de los violentos.

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En diferentes regiones del país, por ejemplo en el Cesar, los armados se llevaban a las enfermeras para que atendieron a pacientes de sus filas, forzándolas a hacer cosas que no querían, en algunos casos abortos. Luego de estos, las violaban. “Era otra parte de la tarea”, las sentenciaban. Entre 1978 y 2019 fueron asesinadas 84 promotoras rurales de salud. Los promotores son personal de la salud principalmente en veredas, algunos de ellos campesinos, que fueron formados para hacer campañas de prevención, de saneamiento rural, para vacunar, detectar a mujeres embarazadas y remitirlas a un centro de salud. “Era gente muy indefensa, vulnerable y los actores armados buscaron controlarlos y ponerlos a su servicio”, relató Franco.

De igual forma, en los departamentos donde se concentró gran parte del conflicto también se registró el mayor número de infracciones a las misiones médicas: Antioquia, con 281 infracciones, Nariño (145), Caquetá (126), Arauca (124) y Norte de Santander (121).

Por su parte, en el 39 % de las infracciones a las misiones médicas se desconocen los responsables, lo que dificulta que haya justicia en estos casos. De los hechos violentos que sí se conoce la identidad de los autores, en el 33 % (631) fue la guerrilla, en el 19 % (363) los paramilitares, en el 2,5 % (61) las fuerzas estatales, y en el 6,5 % restante se trató de acciones conjuntas entre grupos armados, legales e ilegales.

En los años noventa, cuando la guerrilla de las Farc fortalecía su presencia territorial, según lo documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica, se tomaron hospitales, atacaron a las misiones médicas y usaron armas no convencionales con material biológico como materia fecal en minas antipersonales.

Asimismo, los paramilitares fueron perpetradores de condenables crímenes. Por ejemplo, la masacre de Caracoles (Arauca) en 2003. Allí el bloque Vencedores de Arauca, de las Auc, se tomó el puesto de salud, donde torturaron y asesinaron a ocho personas y luego violaron a dos mujeres que iban a reclamar los cuerpos de las víctimas.

Además de esto, los trabajadores de la salud tuvieron que sufrir estigmatizaciones y amenazas únicamente por cumplir con su labor médica. Esto pasó no solo a nivel individual, sino también a las organizaciones de los trabajadores de la salud”, explicó Franco. Una de ellas fue la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (Anthoc). Ángel Salas, quien forma parte de la Asociación, sufrió de desplazamiento forzado y amenazas de muerte contra su vida. Contó que desde 1994, Anthoc viene registrando violaciones a los derechos humanos de los trabajadores de la salud y aumentaron entre 1998 y 2006.

Julio Castellanos, director general del hospital San Ignacio de Bogotá y miembro de la Comisión Nacional por el Respeto y la Protección a la Misión Médica, también opinó sobre el tema: “Venimos de un proceso histórico de ataques de grupos armados o del mismo Estado a las Misiones Médicas que se han ido transformando en incidentes de violencia. Ahora, con el virus del COVID-19, los ataques vienen también de la población”.

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Castellanos dijo que los ataques aún persisten en los territorios más afectados por la violencia, y debido a que no hay médicos y a la disputa por el control territorial, “la población queda desprotegida porque hay menos movilidad en el terreno y las brigadas de salud no logran llegar a estas regiones”. Hoy el Ministerio de Salud trabaja de la mano con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para proteger a los trabajadores de la salud en Colombia y prevenir la violencia contra las Misiones Médicas.

Por su parte, la Comisión de la Verdad, con el fin de avanzar y visibilizar las infracciones a la Misión Médica, llevará a cabo el próximo jueves 24 de septiembre desde las 10:00 a.m. un reconocimiento público llamado “El impacto del conflicto armado en la salud”, que será transmitido por las redes oficiales de la Comisión y contará con la presencia del Ministerio de Salud, Unicef y el embajador de Reino Unido en Colombia, Colin Martin-Reynolds.