El secuestro acabó con el proceso de paz en el gobierno Gaviria

Cuando asumió la presidencia César Gaviria la prioridad era frenar la oleada narcoterrorista de los carteles de la droga. Sobre todo porque días después de su posesión, el cartel de Medellín inició una serie de secuestros para presionar sus pretensiones. Por eso, en medio del cautiverio de Diana Turbay, Francisco Santos o Maruja Pachón, el Ejecutivo puso en marcha la política de sometimiento a la justicia.

A través de decretos de Estado de Sitio con dadivas judiciales a sus beneficiarios, el gobierno Gaviria aplacó el terrorismo del narcotráfico. Casi de manera simultánea, la nueva administración desplegó dos instancias: el Estatuto para la Defensa de la Justicia, con justicia sin rostro a bordo, para enfrentar los grupos armados ilegales, y respaldó el proceso constituyente que había germinado en la era Barco.

Sin embargo, el mismo día que los colombianos escogieron a los 70 delegatarios de la Asamblea Constituyente (9 de diciembre de 1990), el Ejército puso en marcha la Operación Centauro contra Casa Verde, santuario de las Farc y sede del Estado Mayor del Bloque Oriental, en Uribe (Meta). Una acción militar apoyada por la Fuerza Aérea que le mostró los dientes a las Farc al cuarto mes del gobierno Gaviria.

Paradójicamente, por esos mismos días también se afianzaron procesos de paz con otros grupos armados, que permitieron el 28 de diciembre de 1990 un acuerdo de paz con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), suscrito en Ovejas (Sucre); la desmovilización del Ejército Popular de Liberación (EPL), formalizada en marzo de 1991. Y la entrega de armas del Quintín Lame en mayo.

El 30 de abril de 1991, una comisión política encabezada por el constituyente Álvaro Leyva, apoyada por tres guerrilleros de las Farc, el Eln y el Epl, promovió una toma pacífica de la sede de la Embajada de Venezuela en Bogotá, para pedir diálogos de paz con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Desde 1987 había surgido esta plataforma conjunta que ahora planteaba una salida negociada a la guerra.

El gobierno Gaviria aceptó la propuesta y el 15 de mayo en Cravo Norte (Arauca) se reunieron voceros del Ejecutivo y de los tres grupos guerrilleros, para acordar la apertura de una mesa de negociación en Caracas (Venezuela) a partir del 1º de junio. En la sede del Instituto Internacional de Estudios Avanzados en la Universidad Simón Bolívar se realizó el primer encuentro entre gobierno y Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.

Con la vocería del ministro del Interior Humberto de La Calle, el viceministro Andrés González y el consejero de paz Jesús Antonio Bejarano, el gobierno propuso de entrada un cese de hostilidades con veeduría internacional, acatamiento a los convenios de Ginebra, y un camino claro hacía la desmovilización de combatientes, entrega de armas y reinserción en la vida civil.

A su vez, la guerrilla representada en Alfonso Cano e Iván Márquez por las Farc; Lucía González y Francisco Galán por el Eln y Asdrúbal Jiménez por el Epl, propuso un cese al fuego bilateral, delegados en la Asamblea Constituyente, atención prioritaria al dilema de los presos políticos e investigación de varios casos de desaparición forzada atribuidos a fuerzas oscuras del Estado.

La dinámica de la negociación de paz en Caracas se vio opacada por los acontecimientos en Colombia. La entrega de Pablo Escobar a la justicia para continuar delinquiendo en la cárcel de La Catedral, en Envigado; y la proclamación de la nueva Carta Política en julio de 1991, con la eliminación del Estado de Sitio y el nacimiento de nuevas instituciones como la Corte Constitucional o la Defensoría del Pueblo.

En el contexto de la nueva constitución, el gobierno Gaviria designó como Ministro de Defensa a su consejero Rafael Pardo, rompiendo una tradición de militares en ejercicio para ese cargo; y aceptó la renuncia del director del DAS, general Miguel Maza, seis años al frente del organismo, para reemplazarlo con un funcionario civil, Fernando Britto, quien oficiaba como secretario jurídico de la Presidencia.

El 3 de octubre de 1991, cuando regresaba de una gira política por Cajibío (Cauca), el presidente del Congreso, Aurelio Iragorri Hormaza, fue blanco de un atentado de las Farc en el que perdieron la vida siete personas. El gobierno suspendió los diálogos en Caracas. El 26 de noviembre, a 23 kilómetros de Bogotá, la misma guerrilla emboscó una comisión judicial y causó la muerte a siete funcionarios.

Cada episodio de violencia fue pretexto para que los diálogos de paz se mantuvieran en cuidados intensivos. El 27 de enero de 1992, fue secuestrado en Ocaña (Norte de Santander) el exministro de Obras, Argelino Durán Quintero. El suceso desajustó la mesa de negociación y en medio del clamor por la liberación del cautivo, la guerrilla reclamó la desmilitarización de una zona del Catatumbo.

Cuando se discutía el procedimiento del caso Durán Quintero, sobrevino el acontecimiento en Caracas que obligó a buscar nueva sede para los diálogos. El 4 de febrero de 1992, un grupo de militares, encabezado por el teniente coronel Hugo Chávez, intentó derrocar al presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. El propio mandatario le planteó a Colombia la dificultad para continuar como anfitrión del proceso de paz.

El 28 de febrero de 1992 se anunció la nueva sede de los diálogos: Tlaxcala (México). En la iglesia de La Trinidad, el 9 de marzo volvieron a encontrarse los delegados de gobierno y guerrilla con una novedad: el exministro Horacio Serpa llegó para reemplazar al comisionado Jesús Antonio Bejarano. De entrada se anunció que se iban a extremas los esfuerzos por alcanzar cuanto antes un cese al fuego.

No obstante, el 21 de marzo se supo que el exministro Argelino Durán  había muerto en cautiverio. El Gobierno ordenó el regreso de sus negociadores al país. Únicamente quedaron en Tlaxcala los delegados José Noé Ríos y Tomás Concha. En Colombia el asunto fue escándalo porque trascendió que a pesar de la muerte de Durán, la guerrilla siguió reclamando despeje militar en Norte de Santander.

El consejero de paz Horacio Serpa y sus asesores solo regresaron a Tlaxcala hasta el 21 de abril. Pero ya no había ambiente propicio para alentar los diálogos de paz. No solo porque el Gobierno afrontaba la crisis el apagón eléctrico, el paro en Telecom y trataba de recobrar el rumbo a través de la emergencia económica, sino porque a la hora de la verdad, ni gobierno ni guerrillas cedieron en sus inamovibles.

La primera semana de mayo de 1992, el gobierno Gaviria y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar rompieron la mesa de negociación. Una vez más se reanudó la confrontación, en julio fue decretado el estado de excepción de la Conmoción Interior, y pronto surgió el desafío de seguridad que endureció aún más la postura del Ejecutivo: la fuga de Pablo Escobar de la cárcel de La Catedral en julio de 1992.

En adelante, el gobierno Gaviria priorizó su guerra contra Pablo Escobar y su segunda oleada narcoterrorista, hasta el 2 de diciembre de 1993 en que fue dado de baja en Medellín. En cuanto a los grupos guerrilleros, en medio de la confrontación abierta se promovieron diálogos de paz con la Corriente de Renovación Socialista (CRS), línea disidente del Eln que aceptó las condiciones del Ejecutivo.

En septiembre de 1993, el camino de los diálogos entre el gobierno y la CRS estuvo a punto de irse a pique por el asesinato de los negociadores de esta organización Carlos Prada o “Enrique Buendía” y Evelio Bolaños o “Ricardo González”, cuando movilizaban combatientes hacia la zona de concentración. El 9 de abril de 1994, el Gobierno y la CRS firmaron la paz en Flor del Monte (Sucre).

El resto de la era Gaviria se saldó en confrontación armada, con igual réplica de la insurgencia. En especial, en Urabá, la guerra se elevó a niveles dramáticos. El 23 de enero de 1994, las Farc protagonizaron un de los episodios más agresivos: la masacre de 35 personas en el barrio La Chinita, en Apartadó. La mayoría de las víctimas, desmovilizados del Epl señalados de apoyar a las autodefensas.

En la madrugada del 19 de julio de 1994, en la vía entre Villavicencio y Puerto López (Meta), fue blanco de un atentado el general del Ejército Carlos Julio Gil Colorado. La acción fue perpetrada por la guerrilla y la muerte del oficial incentivó la ofensiva de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del gobierno Gaviria que en sus últimas semanas promovió normas excepcionales para fortalecer sus acciones.

En particular, el Ejecutivo expidió el decreto ley 356 de 1994 para reorientar las políticas de seguridad nacional, sentando a las bases de las que meses después se conocieron como las Cooperativas de Seguridad Rural (Convivir), refugio del paramilitarismo para actuar bajo una fachada legal, incluso a través de algunos narcotraficantes que también se colaron para tener un disfraz de apoyo al Estado.

Aunque ya se avizoraba que el escándalo de la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994 se iba a convertir en el eje de discusión nacional, en la transición entre el gobierno Gaviria y los tiempos de Samper, la Unión Patriótica siguió viendo caer a sus líderes. José Miller Chacón fue asesinado en noviembre de 1993. El senador Manuel Cepeda el 9 de agosto de 1994.

*Consulte los otros capítulos de El camino hacia la paz con las Farc

1. Hace 34 años se inició el proceso de paz con las Farc en el gobierno de Belisario Betancur
2.  El exterminio de la UP
3.  El secuestro acabó con el proceso de paz en el gobierno Gaviria
4.  Los prisioneros de guerra, la estrategia de las Farc que surgió en 1996
5. Cuando Marulanda dejó la “silla vacía”
6. Entre la Seguridad Democrática y los acuerdos humanitarios
7. La hora de la paz y el tiempo de Santos

Cuando asumió la presidencia César Gaviria la prioridad era frenar la oleada narcoterrorista de los carteles de la droga. Sobre todo porque días después de su posesión, el cartel de Medellín inició una serie de secuestros para presionar sus pretensiones. Por eso, en medio del cautiverio de Diana Turbay, Francisco Santos o Maruja Pachón, el Ejecutivo puso en marcha la política de sometimiento a la justicia.

A través de decretos de Estado de Sitio con dadivas judiciales a sus beneficiarios, el gobierno Gaviria aplacó el terrorismo del narcotráfico. Casi de manera simultánea, la nueva administración desplegó dos instancias: el Estatuto para la Defensa de la Justicia, con justicia sin rostro a bordo, para enfrentar los grupos armados ilegales, y respaldó el proceso constituyente que había germinado en la era Barco.

Sin embargo, el mismo día que los colombianos escogieron a los 70 delegatarios de la Asamblea Constituyente (9 de diciembre de 1990), el Ejército puso en marcha la Operación Centauro contra Casa Verde, santuario de las Farc y sede del Estado Mayor del Bloque Oriental, en Uribe (Meta). Una acción militar apoyada por la Fuerza Aérea que le mostró los dientes a las Farc al cuarto mes del gobierno Gaviria.

Paradójicamente, por esos mismos días también se afianzaron procesos de paz con otros grupos armados, que permitieron el 28 de diciembre de 1990 un acuerdo de paz con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), suscrito en Ovejas (Sucre); la desmovilización del Ejército Popular de Liberación (EPL), formalizada en marzo de 1991. Y la entrega de armas del Quintín Lame en mayo.

El 30 de abril de 1991, una comisión política encabezada por el constituyente Álvaro Leyva, apoyada por tres guerrilleros de las Farc, el Eln y el Epl, promovió una toma pacífica de la sede de la Embajada de Venezuela en Bogotá, para pedir diálogos de paz con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Desde 1987 había surgido esta plataforma conjunta que ahora planteaba una salida negociada a la guerra.

El gobierno Gaviria aceptó la propuesta y el 15 de mayo en Cravo Norte (Arauca) se reunieron voceros del Ejecutivo y de los tres grupos guerrilleros, para acordar la apertura de una mesa de negociación en Caracas (Venezuela) a partir del 1º de junio. En la sede del Instituto Internacional de Estudios Avanzados en la Universidad Simón Bolívar se realizó el primer encuentro entre gobierno y Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.

Con la vocería del ministro del Interior Humberto de La Calle, el viceministro Andrés González y el consejero de paz Jesús Antonio Bejarano, el gobierno propuso de entrada un cese de hostilidades con veeduría internacional, acatamiento a los convenios de Ginebra, y un camino claro hacía la desmovilización de combatientes, entrega de armas y reinserción en la vida civil.

A su vez, la guerrilla representada en Alfonso Cano e Iván Márquez por las Farc; Lucía González y Francisco Galán por el Eln y Asdrúbal Jiménez por el Epl, propuso un cese al fuego bilateral, delegados en la Asamblea Constituyente, atención prioritaria al dilema de los presos políticos e investigación de varios casos de desaparición forzada atribuidos a fuerzas oscuras del Estado.

La dinámica de la negociación de paz en Caracas se vio opacada por los acontecimientos en Colombia. La entrega de Pablo Escobar a la justicia para continuar delinquiendo en la cárcel de La Catedral, en Envigado; y la proclamación de la nueva Carta Política en julio de 1991, con la eliminación del Estado de Sitio y el nacimiento de nuevas instituciones como la Corte Constitucional o la Defensoría del Pueblo.

En el contexto de la nueva constitución, el gobierno Gaviria designó como Ministro de Defensa a su consejero Rafael Pardo, rompiendo una tradición de militares en ejercicio para ese cargo; y aceptó la renuncia del director del DAS, general Miguel Maza, seis años al frente del organismo, para reemplazarlo con un funcionario civil, Fernando Britto, quien oficiaba como secretario jurídico de la Presidencia.

El 3 de octubre de 1991, cuando regresaba de una gira política por Cajibío (Cauca), el presidente del Congreso, Aurelio Iragorri Hormaza, fue blanco de un atentado de las Farc en el que perdieron la vida siete personas. El gobierno suspendió los diálogos en Caracas. El 26 de noviembre, a 23 kilómetros de Bogotá, la misma guerrilla emboscó una comisión judicial y causó la muerte a siete funcionarios.

Cada episodio de violencia fue pretexto para que los diálogos de paz se mantuvieran en cuidados intensivos. El 27 de enero de 1992, fue secuestrado en Ocaña (Norte de Santander) el exministro de Obras, Argelino Durán Quintero. El suceso desajustó la mesa de negociación y en medio del clamor por la liberación del cautivo, la guerrilla reclamó la desmilitarización de una zona del Catatumbo.

Cuando se discutía el procedimiento del caso Durán Quintero, sobrevino el acontecimiento en Caracas que obligó a buscar nueva sede para los diálogos. El 4 de febrero de 1992, un grupo de militares, encabezado por el teniente coronel Hugo Chávez, intentó derrocar al presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. El propio mandatario le planteó a Colombia la dificultad para continuar como anfitrión del proceso de paz.

El 28 de febrero de 1992 se anunció la nueva sede de los diálogos: Tlaxcala (México). En la iglesia de La Trinidad, el 9 de marzo volvieron a encontrarse los delegados de gobierno y guerrilla con una novedad: el exministro Horacio Serpa llegó para reemplazar al comisionado Jesús Antonio Bejarano. De entrada se anunció que se iban a extremas los esfuerzos por alcanzar cuanto antes un cese al fuego.

No obstante, el 21 de marzo se supo que el exministro Argelino Durán  había muerto en cautiverio. El Gobierno ordenó el regreso de sus negociadores al país. Únicamente quedaron en Tlaxcala los delegados José Noé Ríos y Tomás Concha. En Colombia el asunto fue escándalo porque trascendió que a pesar de la muerte de Durán, la guerrilla siguió reclamando despeje militar en Norte de Santander.

El consejero de paz Horacio Serpa y sus asesores solo regresaron a Tlaxcala hasta el 21 de abril. Pero ya no había ambiente propicio para alentar los diálogos de paz. No solo porque el Gobierno afrontaba la crisis el apagón eléctrico, el paro en Telecom y trataba de recobrar el rumbo a través de la emergencia económica, sino porque a la hora de la verdad, ni gobierno ni guerrillas cedieron en sus inamovibles.

La primera semana de mayo de 1992, el gobierno Gaviria y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar rompieron la mesa de negociación. Una vez más se reanudó la confrontación, en julio fue decretado el estado de excepción de la Conmoción Interior, y pronto surgió el desafío de seguridad que endureció aún más la postura del Ejecutivo: la fuga de Pablo Escobar de la cárcel de La Catedral en julio de 1992.

En adelante, el gobierno Gaviria priorizó su guerra contra Pablo Escobar y su segunda oleada narcoterrorista, hasta el 2 de diciembre de 1993 en que fue dado de baja en Medellín. En cuanto a los grupos guerrilleros, en medio de la confrontación abierta se promovieron diálogos de paz con la Corriente de Renovación Socialista (CRS), línea disidente del Eln que aceptó las condiciones del Ejecutivo.

En septiembre de 1993, el camino de los diálogos entre el gobierno y la CRS estuvo a punto de irse a pique por el asesinato de los negociadores de esta organización Carlos Prada o “Enrique Buendía” y Evelio Bolaños o “Ricardo González”, cuando movilizaban combatientes hacia la zona de concentración. El 9 de abril de 1994, el Gobierno y la CRS firmaron la paz en Flor del Monte (Sucre).

El resto de la era Gaviria se saldó en confrontación armada, con igual réplica de la insurgencia. En especial, en Urabá, la guerra se elevó a niveles dramáticos. El 23 de enero de 1994, las Farc protagonizaron un de los episodios más agresivos: la masacre de 35 personas en el barrio La Chinita, en Apartadó. La mayoría de las víctimas, desmovilizados del Epl señalados de apoyar a las autodefensas.

En la madrugada del 19 de julio de 1994, en la vía entre Villavicencio y Puerto López (Meta), fue blanco de un atentado el general del Ejército Carlos Julio Gil Colorado. La acción fue perpetrada por la guerrilla y la muerte del oficial incentivó la ofensiva de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del gobierno Gaviria que en sus últimas semanas promovió normas excepcionales para fortalecer sus acciones.

En particular, el Ejecutivo expidió el decreto ley 356 de 1994 para reorientar las políticas de seguridad nacional, sentando a las bases de las que meses después se conocieron como las Cooperativas de Seguridad Rural (Convivir), refugio del paramilitarismo para actuar bajo una fachada legal, incluso a través de algunos narcotraficantes que también se colaron para tener un disfraz de apoyo al Estado.

Aunque ya se avizoraba que el escándalo de la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994 se iba a convertir en el eje de discusión nacional, en la transición entre el gobierno Gaviria y los tiempos de Samper, la Unión Patriótica siguió viendo caer a sus líderes. José Miller Chacón fue asesinado en noviembre de 1993. El senador Manuel Cepeda el 9 de agosto de 1994.

*Consulte los otros capítulos de El camino hacia la paz con las Farc

1. Hace 34 años se inició el proceso de paz con las Farc en el gobierno de Belisario Betancur
2.  El exterminio de la UP
3.  El secuestro acabó con el proceso de paz en el gobierno Gaviria
4.  Los prisioneros de guerra, la estrategia de las Farc que surgió en 1996
5. Cuando Marulanda dejó la “silla vacía”
6. Entre la Seguridad Democrática y los acuerdos humanitarios
7. La hora de la paz y el tiempo de Santos