El soldado que ganó una tutela por la ayuda de sus victimarios

A sus 19 años, Jimmy Ramírez quedó postrado para siempre en una silla de ruedas. El 3 de septiembre de 1994, prestando el servicio militar en el Ejército, vivió una emboscada de la extinta guerrilla de las Farc: “Recuerdo que no portábamos armamento. Íbamos hacia una base en la parte alta de Ciudad Bolívar (Bogotá), tipo 6:00 p.m., cuando escuchamos disparos. Era una munición que se le dice “trazadoras”. Nosotros no teníamos cómo defendernos. Mientras buscaba dónde esconderme, perdí el conocimiento. No supe más”.

Se levantó seis meses después en el Hospital Militar. Vio su pierna y brazo derecho casi destruidos. El médico le explicó que debía volver a Puerto Gaitán (Meta), de donde es oriundo, y tendría que acostumbrarse a convivir con sus extremidades de otra manera, pues a pesar de que no fueron amputados, no los volvería a mover. Desde ese momento, dice Jimmy, la vida se vino a pique. Durante dos décadas ha tenido que buscar, por sus propios medios, la manera de sobrevivir. El Ejército lo ha expulsado en varias ocasiones de su sistema de seguridad social, le negó la pensión por invalidez y no le entregó su libreta militar, aunque se lo llevó a la guerra en contra de su voluntad y perdió en ella la movilidad en el 59 % de su cuerpo. Ahora está a la espera de que esa situación cambie gracias a un trabajo que adelanta con quienes lo emboscaron.

(Lea también: Corte Suprema blinda a víctimas en el caso de Jesús María Valle y El Aro)

Sin EPS, a Jimmy le ha tocado acudir al Sisbén, pero los tratamientos son intermitentes por la alta demanda del sistema y el medicamento, que hasta hoy le controla los dolores musculares, tardan en entregárselo. “Ha sido difícil, porque esto duele mucho y tengo recaídas que me llevan a las unidades de cuidados intensivos. Fuera de eso, tengo hijos y esposa por los que debo responder. Encontrar un trabajo es imposible y buscar una ayuda del Ejército, peor”.

También ha tenido que dormir en la calle cuando tiene una cita en Bogotá, donde están sus especialistas, e inventarse rifas y vender empanadas para el sustento de su familia. A su esposa le toca multiplicarse entre las labores de su cuidado y empleos informales. Es víctima, advierte, de la guerrilla y ahora del Estado, y hacia ambos, durante estas dos décadas, cultivó un) profundo rencor: “Yo me he sentido humillado, maltratado y solo. He estado deprimido y sin esperanzas. Aunque eso ha ido cambiando desde el 27 de febrero de este año”.A comienzos de año le propusieron reunirse, junto con familiares de soldados asesinados y víctimas del conflicto armado, con los dirigentes del partido FARC, entre ellos Rodrigo Londoño, máximo jefe de la extinta guerrilla. Se trató de un “encuentro transformador”, un espacio apoyado por la Embajada de Noruega e implementado por el PNUD y Bertha Lucía Fríes, sobreviviente del atentando al club El Nogal (cometido por las Farc en 2003), en el que se les abre la puerta a procesos de reconciliación.

Lo pensó varios días hasta que concluyó que, si bien no estaba seguro de estrechar su mano con quienes le causaron su discapacidad, sería el momento ideal para decirles a los excombatientes “todas las verdaderas en su cara”. Empacó la rabia y unas mudas de ropa y llegó a Bogotá. “El primer día del encuentro fue muy duro. Iba con mucho rencor, con odio. Hasta ese momento no se me habían quitado las ganas de hacer justicia por mis propias manos”, cuenta.

Sin embargo, los sentimientos que llevó a cuestas desde que fue víctima del ataque se disolvieron ese mismo día: “Desde que empezamos a hablar con el grupo de mamás y esposas de soldados, me fui calmando. Fue como estar en un retiro. Dialogamos, lloramos, escribimos. Después de tanto tiempo, solté todo eso y decidí dejar el pasado atrás, vivir en el presente. Pensé bien en qué quería decirles a los de las Farc”. Parece como si hubiese sido un proceso tranquilo, pero no fue así. Bertha Lucía Fríes, quien lideró la primera parte del encuentro, recuerda a Jimmy ansioso: “Se iba a su cuarto, porque físicamente se sentía mal. Dormía y luego volvía al espacio y escuchaba. No aguantó el llanto. Fue un trabajo fuerte, porque se trataba de revisar lo que tenía adentro acumulado y después verlo a la luz de unas expectativas de reparación. La idea no es quedarse con el sentimiento, sino transformarlo”.

(Le recomendamos: Un pacto por la reconciliación entre víctimas, soldados y exFarc)

Esa preparación inicial fue clave para el diálogo posterior con los integrantes del partido FARC. Jimmy, después del choque inicial de verlos tan cerca, los escuchó con atención, recibió su perdón y, con la nobleza que lo caracteriza, optó por aceptarlo. “Les dije muchas cosas que tenía guardadas. Les pregunté por qué nos hicieron esto, por qué nos atacaron a jóvenes que nos obligaron a prestar el servicio militar y en estado de indefensión. Y también fui sincero: no hay perdón ni reconciliación sin reparación, y que esperaba su ayuda”.

Fue así como pactaron un acuerdo de reconciliación, en el que los excombatientes le prometieron ayudarlo en su lucha jurídica para que el Ejército le garantice la salud y la pensión por invalidez. Rodrigo Londoño dijo en ese momento que el partido asumía su compromiso moral con las víctimas y que, si bien no podían revivir los muertos ni reponer las piernas de quienes fueron afectados por sus actuaciones, sí podían “ayudarles a que tengan una vida digna. Es un pacto que empezamos a construir”. En el caso de Jimmy, el partido le asignó una abogada, Estefanía Herrera Sánchez, quien trabajaría para restaurar sus derechos vulnerados.

“Salí incrédulo, pero había una garantía con lo firmado. Llevo 26 años en una silla de ruedas sin recibir ayuda de nadie. Esta era la única opción. Claro que es difícil pensar que quien te dejó así ahora te va a ayudar. De todas formas, dejamos la puerta abierta e intercambiamos los números. Al tercer día me llamó la abogada y desde ahí no ha parado de trabajar conmigo”.

En el estudio del caso, Herrera se dio cuenta de que Jimmy ya había ganado cuatro tutelas y dos desacatos. Aun así, seguía sin servicio médico. La abogada interpuso otra tutela y en esta ocasión decidió exigirle más a la justicia. “Solicitamos que se le restableciera el servicio a la salud y que su vinculación fuera inmediata e indefinida, pues antes ponían el límite de seis meses. También que se le respete la vida digna, que se diera continuidad a los procedimientos pendientes y que se le garantizara el traslado de Puerto Gaitán a Villavicencio o Bogotá para sus intervenciones y tratamientos junto con un acompañante. Y, por último, no menos importante, abrir un proceso disciplinario contra los funcionarios que han desacatado las órdenes judiciales”, explica Herrera.

El juez de primera instancia negó la acción de tutela, alegando que no había un hecho nuevo, debido a que ya se había interpuesto una acción, y que Jimmy debía pedirle al Ejército por las buenas que le permitiera su afiliación. La abogada del partido FARC decidió apelar la decisión y, en segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito de Villavicencio le dio la razón: se trataba de un hecho novedoso, teniendo en cuenta que lo desvincularon recientemente, y aun sus derechos estaban siendo vulnerados. El juez pidió, entonces, decretar la nulidad del primer fallo y ordenó que en 48 horas fuera reintegrado al sistema.

(Le puede interesar: El excombatiente que pide al Estado que lo proteja de integrantes del Ejército)

“Me acuerdo que el 18 de mayo recibí el mensaje de la abogada diciéndome que lo habíamos logrado. Estábamos muy felices, porque esta vez era indefinido. Ahí me di cuenta de que ellos están cumpliendo. Ya no podía verlos como mis enemigos, porque están tratando de arreglar el daño. Estaba muy emocionado. Este primer grupo de afectados de la guerra apenas somos un plan piloto y este primer resultado da esperanza”, relata Jimmy.

Ya dieron un gran paso y hoy sanidad militar debe atenderlo. Aunque aún faltan muchas más victorias. El partido está a la espera de que el Ejército cumpla con garantizarle los tratamientos a Jimmy. En caso de no hacerlo, están dispuestos a interponer otro desacato más. Además, los miembros del partido FARC también se comprometieron a conseguir una silla de ruedas eléctrica, que le permita ganar un sustento y poder ir a las citas médicas. Y solo descansarán hasta conseguir la pensión por invalidez. “Nuestro argumento es que un Estado que utiliza a las personas para un conflicto armado debe también responder por los problemas que eso genera en la vida de las personas”, agrega Herrera.

El caso de Jimmy es solo uno entre varios que asumirá el partido. Esperan ayudar a otras víctimas a restablecer derechos vulnerados con el equipo jurídico de FARC y también con sus conocimientos y sus redes para la creación de proyectos productivos. Las buenas noticias las compartieron a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Su presidente, Francisco de Roux, concluyó que estas acciones son la evidencia de que el proceso de paz ha valido la pena porque, además,, realmente, cambian el país, pues “nos rescatan como seres humanos”. Ahora Jimmy espera, a sus 45 años, recobrar su dignidad junto con las personas a las que pensó que nunca les estrecharía la mano.

A sus 19 años, Jimmy Ramírez quedó postrado para siempre en una silla de ruedas. El 3 de septiembre de 1994, prestando el servicio militar en el Ejército, vivió una emboscada de la extinta guerrilla de las Farc: “Recuerdo que no portábamos armamento. Íbamos hacia una base en la parte alta de Ciudad Bolívar (Bogotá), tipo 6:00 p.m., cuando escuchamos disparos. Era una munición que se le dice “trazadoras”. Nosotros no teníamos cómo defendernos. Mientras buscaba dónde esconderme, perdí el conocimiento. No supe más”.

Se levantó seis meses después en el Hospital Militar. Vio su pierna y brazo derecho casi destruidos. El médico le explicó que debía volver a Puerto Gaitán (Meta), de donde es oriundo, y tendría que acostumbrarse a convivir con sus extremidades de otra manera, pues a pesar de que no fueron amputados, no los volvería a mover. Desde ese momento, dice Jimmy, la vida se vino a pique. Durante dos décadas ha tenido que buscar, por sus propios medios, la manera de sobrevivir. El Ejército lo ha expulsado en varias ocasiones de su sistema de seguridad social, le negó la pensión por invalidez y no le entregó su libreta militar, aunque se lo llevó a la guerra en contra de su voluntad y perdió en ella la movilidad en el 59 % de su cuerpo. Ahora está a la espera de que esa situación cambie gracias a un trabajo que adelanta con quienes lo emboscaron.

(Lea también: Corte Suprema blinda a víctimas en el caso de Jesús María Valle y El Aro)

Sin EPS, a Jimmy le ha tocado acudir al Sisbén, pero los tratamientos son intermitentes por la alta demanda del sistema y el medicamento, que hasta hoy le controla los dolores musculares, tardan en entregárselo. “Ha sido difícil, porque esto duele mucho y tengo recaídas que me llevan a las unidades de cuidados intensivos. Fuera de eso, tengo hijos y esposa por los que debo responder. Encontrar un trabajo es imposible y buscar una ayuda del Ejército, peor”.

También ha tenido que dormir en la calle cuando tiene una cita en Bogotá, donde están sus especialistas, e inventarse rifas y vender empanadas para el sustento de su familia. A su esposa le toca multiplicarse entre las labores de su cuidado y empleos informales. Es víctima, advierte, de la guerrilla y ahora del Estado, y hacia ambos, durante estas dos décadas, cultivó un) profundo rencor: “Yo me he sentido humillado, maltratado y solo. He estado deprimido y sin esperanzas. Aunque eso ha ido cambiando desde el 27 de febrero de este año”.A comienzos de año le propusieron reunirse, junto con familiares de soldados asesinados y víctimas del conflicto armado, con los dirigentes del partido FARC, entre ellos Rodrigo Londoño, máximo jefe de la extinta guerrilla. Se trató de un “encuentro transformador”, un espacio apoyado por la Embajada de Noruega e implementado por el PNUD y Bertha Lucía Fríes, sobreviviente del atentando al club El Nogal (cometido por las Farc en 2003), en el que se les abre la puerta a procesos de reconciliación.

Lo pensó varios días hasta que concluyó que, si bien no estaba seguro de estrechar su mano con quienes le causaron su discapacidad, sería el momento ideal para decirles a los excombatientes “todas las verdaderas en su cara”. Empacó la rabia y unas mudas de ropa y llegó a Bogotá. “El primer día del encuentro fue muy duro. Iba con mucho rencor, con odio. Hasta ese momento no se me habían quitado las ganas de hacer justicia por mis propias manos”, cuenta.

Sin embargo, los sentimientos que llevó a cuestas desde que fue víctima del ataque se disolvieron ese mismo día: “Desde que empezamos a hablar con el grupo de mamás y esposas de soldados, me fui calmando. Fue como estar en un retiro. Dialogamos, lloramos, escribimos. Después de tanto tiempo, solté todo eso y decidí dejar el pasado atrás, vivir en el presente. Pensé bien en qué quería decirles a los de las Farc”. Parece como si hubiese sido un proceso tranquilo, pero no fue así. Bertha Lucía Fríes, quien lideró la primera parte del encuentro, recuerda a Jimmy ansioso: “Se iba a su cuarto, porque físicamente se sentía mal. Dormía y luego volvía al espacio y escuchaba. No aguantó el llanto. Fue un trabajo fuerte, porque se trataba de revisar lo que tenía adentro acumulado y después verlo a la luz de unas expectativas de reparación. La idea no es quedarse con el sentimiento, sino transformarlo”.

(Le recomendamos: Un pacto por la reconciliación entre víctimas, soldados y exFarc)

Esa preparación inicial fue clave para el diálogo posterior con los integrantes del partido FARC. Jimmy, después del choque inicial de verlos tan cerca, los escuchó con atención, recibió su perdón y, con la nobleza que lo caracteriza, optó por aceptarlo. “Les dije muchas cosas que tenía guardadas. Les pregunté por qué nos hicieron esto, por qué nos atacaron a jóvenes que nos obligaron a prestar el servicio militar y en estado de indefensión. Y también fui sincero: no hay perdón ni reconciliación sin reparación, y que esperaba su ayuda”.

Fue así como pactaron un acuerdo de reconciliación, en el que los excombatientes le prometieron ayudarlo en su lucha jurídica para que el Ejército le garantice la salud y la pensión por invalidez. Rodrigo Londoño dijo en ese momento que el partido asumía su compromiso moral con las víctimas y que, si bien no podían revivir los muertos ni reponer las piernas de quienes fueron afectados por sus actuaciones, sí podían “ayudarles a que tengan una vida digna. Es un pacto que empezamos a construir”. En el caso de Jimmy, el partido le asignó una abogada, Estefanía Herrera Sánchez, quien trabajaría para restaurar sus derechos vulnerados.

“Salí incrédulo, pero había una garantía con lo firmado. Llevo 26 años en una silla de ruedas sin recibir ayuda de nadie. Esta era la única opción. Claro que es difícil pensar que quien te dejó así ahora te va a ayudar. De todas formas, dejamos la puerta abierta e intercambiamos los números. Al tercer día me llamó la abogada y desde ahí no ha parado de trabajar conmigo”.

En el estudio del caso, Herrera se dio cuenta de que Jimmy ya había ganado cuatro tutelas y dos desacatos. Aun así, seguía sin servicio médico. La abogada interpuso otra tutela y en esta ocasión decidió exigirle más a la justicia. “Solicitamos que se le restableciera el servicio a la salud y que su vinculación fuera inmediata e indefinida, pues antes ponían el límite de seis meses. También que se le respete la vida digna, que se diera continuidad a los procedimientos pendientes y que se le garantizara el traslado de Puerto Gaitán a Villavicencio o Bogotá para sus intervenciones y tratamientos junto con un acompañante. Y, por último, no menos importante, abrir un proceso disciplinario contra los funcionarios que han desacatado las órdenes judiciales”, explica Herrera.

El juez de primera instancia negó la acción de tutela, alegando que no había un hecho nuevo, debido a que ya se había interpuesto una acción, y que Jimmy debía pedirle al Ejército por las buenas que le permitiera su afiliación. La abogada del partido FARC decidió apelar la decisión y, en segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito de Villavicencio le dio la razón: se trataba de un hecho novedoso, teniendo en cuenta que lo desvincularon recientemente, y aun sus derechos estaban siendo vulnerados. El juez pidió, entonces, decretar la nulidad del primer fallo y ordenó que en 48 horas fuera reintegrado al sistema.

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“Me acuerdo que el 18 de mayo recibí el mensaje de la abogada diciéndome que lo habíamos logrado. Estábamos muy felices, porque esta vez era indefinido. Ahí me di cuenta de que ellos están cumpliendo. Ya no podía verlos como mis enemigos, porque están tratando de arreglar el daño. Estaba muy emocionado. Este primer grupo de afectados de la guerra apenas somos un plan piloto y este primer resultado da esperanza”, relata Jimmy.

Ya dieron un gran paso y hoy sanidad militar debe atenderlo. Aunque aún faltan muchas más victorias. El partido está a la espera de que el Ejército cumpla con garantizarle los tratamientos a Jimmy. En caso de no hacerlo, están dispuestos a interponer otro desacato más. Además, los miembros del partido FARC también se comprometieron a conseguir una silla de ruedas eléctrica, que le permita ganar un sustento y poder ir a las citas médicas. Y solo descansarán hasta conseguir la pensión por invalidez. “Nuestro argumento es que un Estado que utiliza a las personas para un conflicto armado debe también responder por los problemas que eso genera en la vida de las personas”, agrega Herrera.

El caso de Jimmy es solo uno entre varios que asumirá el partido. Esperan ayudar a otras víctimas a restablecer derechos vulnerados con el equipo jurídico de FARC y también con sus conocimientos y sus redes para la creación de proyectos productivos. Las buenas noticias las compartieron a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Su presidente, Francisco de Roux, concluyó que estas acciones son la evidencia de que el proceso de paz ha valido la pena porque, además,, realmente, cambian el país, pues “nos rescatan como seres humanos”. Ahora Jimmy espera, a sus 45 años, recobrar su dignidad junto con las personas a las que pensó que nunca les estrecharía la mano.