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La apuesta de paz total del gobierno de Gustavo Petro ha dejado en los últimos meses un sabor agridulce y un aire de incertidumbre frente a la seguridad del país. La escalada de violencia en gran parte del territorio nacional parece evidenciar que las cosas no marchan según lo planeado, tanto así que el mismo mandatario estaría dándole un timonazo a sus estrategias para enfrentar la guerra mezclando el diálogo con la ofensiva.
Basta echarles un vistazo a los hechos con los que cierra la semana en materia de seguridad y paz para entender qué hay detrás de esa decisión. En Caquetá, los firmantes de paz del antiguo espacio territorial de Miravalle, que lograron vivir del turismo, anunciaron su desplazamiento por amenazas y combates entre las disidencias del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.
En los límites de Boyacá y Casanare, tropas del Ejército rescataron a dos menores de 13 y 16 años víctimas de reclutamiento forzado que llevaban cerca de seis meses en las filas del ELN, guerrilla que, además, secuestró y asesinó a un policía en Arauca. En Taminango, Nariño, la explosión de un carro bomba por las disidencias al mando de Iván Mordisco dejó dos muertos y cerca de ocho heridos. En Jamundí, Valle del Cauca, la detonación de una moto bomba dejó un muerto y cinco personas heridas. En Solano, Caquetá, un soldado, su esposa y su hija fueron secuestrados por las disidencias de las FARC.
Como antesala de ese panorama de recrudecimiento de la violencia, el 21 de junio Petro presentó la Misión Cauca, una salida que en parte confirma la sentencia de ofensiva total contra los frentes del Estado Mayor Central (EMC) que se alejaron de la mesa de negociación. Por otro lado, le da peso a la hipótesis de que estaría echando mano de estrategias contrainsurgentes que le permitan, por lo menos, el control territorial.
“Con el Estado Mayor Central no tenemos en el Cauca, ni en Nariño, ni en el Valle del Cauca ninguna mesa de conversación. La estrategia contra este grupo en esos tres departamentos es el combate militar”, afirmó Iván Velásquez, ministro de Defensa.
Ese plan busca frenar la escalada de violencia que se ha presentado en esa zona del país y de paso consolidar los derechos de sus habitantes. En resumidas cuentas, la misión combina la estrategia militar y la inversión del Gobierno para recuperar la seguridad y apostarle a la transformación del Cauca. Según conoció Colombia+20, el principal objetivo está relacionado con un tema que en el último año ha reiterado el presidente: quitarle el control del cañón del Micay al EMC.
¿Cambio de estrategia?
Pero el trasfondo de esa iniciativa revelaría a un Petro que cambia sus estrategias de seguridad y paz, dejando a un lado el diálogo como principal herramienta para decidirse por la estrategia ofensiva.
“Ante la evidencia del fracaso de las políticas de paz y de seguridad que puso en marcha durante los dos primeros años de su mandato, Petro opta por tomar líneas de acción que les dieron tantos réditos políticos a la derecha”, argumentó en su más reciente columna de opinión el investigador de conflicto Jorge Mantilla, quien planrea que la propuesta de la Misión Cauca no es nueva e incluso encuentra similitudes con la estrategia contrainsurgente diseñada en 2007 por el expresidente Álvaro Uribe para intervenir la serranía de la Macarena. Sin embargo, sí es la primera vez que este gobierno de izquierda incluye un componente militar de una manera tan presente.
Para Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), esta estrategia incluso es similar a lo que en su momento se denominaron las “Zonas Futuro”, que se pensaban como un proceso de recuperación del territorio. Pero en la Misión Cauca, “el presidente les cede estas responsabilidades de obras civiles a la fuerza pública. Eso no había sucedido en el marco de este gobierno y diría que es una combinación de los múltiples intentos que hemos hecho a lo largo de esta década para hacer proyectos integrales”, analizó Tobo.
Las mesas de diálogo, en la incertidumbre
La estrategia que se implementará en Cauca, en parte, también respondería a la falta de avances sustanciales en las mesas de diálogo que tiene abiertas el Gobierno en su estrategia de paz total. Por un lado, la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) está congelada desde hace casi cuatro meses debido a los señalamientos de supuestos incumplimientos de lado y lado. A eso se suman las fracturas internas dentro de ese grupo armado luego de que el Frente Comuneros del Sur anunció su separación del Comando Central (COCE) para negociar aparte con el Gobierno, que además dio luz verde para tratarlos como un grupo diferente al ELN. Si bien esa mesa ha tenido pasos importantes, como la firma del primer punto de la agenda sobre participación, la delegación de la guerrilla aseguró que los diálogos siguen congelados. Mientras tanto, la delegación del Gobierno rechazó la reciente noticia del reclutamiento de dos menores de edad y el asesinato del agente.
Con respecto al reciente proceso que se abrió con la Segunda Marquetalia, todavía no hay certezas suficientes sobre cuál será el puerto al que llegará esa negociación. En parte porque es una estructura dividida desde sus inicios con intereses particulares y porque todavía queda mucha tela por cortar en cuanto al tratamiento jurídico que tendrán los disidentes que firmaron el acuerdo y se apartaron de él.
Por otro lado, las marcadas divisiones en la disidencia Estado Mayor Central serían la nuez del asunto. En más de una oportunidad, el mandatario ha sentenciado una ofensiva total contra los frentes que se levantaron de la mesa luego de que Petro decretó la suspensión del cese al fuego en Nariño, Cauca y Valle, en marzo.
El mensaje del presidente ha sido claro: a los que no dialogan hay que atacarlos. En ese contexto, la implementación de la Misión Cauca podría enviar un aviso dicotómico (es la paz o es la guerra) y, de entrada, crear tensión en las mesas con respecto al futuro de las negociaciones.
“Bajo la lógica del presidente Petro, él considera que las estructuras que están sumergidas en economías ilegales o la violencia son las que son objeto de esas estrategias ofensivas. Eso es claro en sus discursos: los violentos no merecen espacios de negociación. Lo cierto es que, estén o no en una mesa de negociación, es claro que igual incurren en atentados a la población civil”, explica Tobo.
En ese sentido, si las negociaciones con el ELN, el EMC y la Segunda Marquetalia no llegan a buen puerto, entonces la respuesta, se deduce, sería la ofensiva total. Para Tobo, ese es un escenario muy probable, especialmente por los fraccionamientos en las mesas. “Desde la FIP hemos dicho que es un escenario probable. Ante una estructura que no sepa contener su violencia e incurra en ese tipo de acciones, es probable que se tome esa decisión de atacar. La visibilidad de esos hechos violentos determina el aplicar o no la ofensiva total”, apuntó.
Entre la paz y la guerra
Si bien el mensaje se concentra en solo dos salidas, paz o guerra, para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), ese debate cae en un absurdo, pero se entiende porque “aquí no hay muchas experiencias de hacer algo distinto en momentos complejos más allá de la mano dura”.
Sin embargo, Bonilla explica que eso no quiere decir que no existan alternativas en temas de seguridad. “De hecho, en la formulación, la política de seguridad y defensa de este gobierno es interesante. El nudo está en que no la implementamos. Hay una política que tiene dimensiones territoriales, dimensión social, pero no se lleva a cabo porque nuestro diseño institucional es ineficiente para hacer cosas en el territorio”, explicó.
Para entender mejor el panorama, al no saber desarrollar las estrategias precisas en materia de seguridad, los grupos armados podrían estar llevando al Gobierno al límite, tanto como para apostarle a una ofensiva contrainsurgente que minimice la bandera de la paz total. Y en eso tiene mucho que ver la implementación del cese al fuego. “Los grupos armados entraron a la negociación pidiendo como condición ceses al fuego y en eso el Gobierno cometió un gran error de entrada y fue ofrecer demasiado confiando en una voluntad, en una intención que no era tan clara en las mesas de negociación”, señaló.
Por su parte, la investigadora Tobo secunda la teoría de Bonilla, pues cree que la responsabilidad de proteger a la población no puede disminuir en medio de los esfuerzos de paz. “Ese ha sido el gran problema que hemos tenido con el cese al fuego, porque los grupos armados continúan en sus disputas territoriales y es ahí donde emerge la mayor cantidad de afectaciones humanitarias. Los ceses al fuego pueden ser una buena herramienta, solo que no la hemos sabido usar ni interpretar bien a nivel de gobierno. Lo preocupante es que no hemos logrado proteger a la población y tampoco hemos logrado evitar que estos problemas de seguridad se multipliquen. Si tenemos imposibilidad de actuar frente a los grupos armados, lo mínimo sería evitar que empiecen a aparecer otros problemas de seguridad como lo que ha sucedido en el gobierno Petro”, concluyó.
Para Jairo Libreros, experto en seguridad ciudadana, el problema se centra en que el gobierno Petro no sabe a qué le apunta con la paz total: “Cuando no hay un escenario claramente dibujado, cualquier camino puede servir. Una salida negociada es más efectiva, se puede mantener en el tiempo, pero el Gobierno tiene un nivel de improvisación muy grande. Se quiere la paz, pero no se logra establecer un escenario futuro para llegar a ella”.
Lo cierto es que, por ahora, quienes están sentados en las mesas de diálogo tienen un nuevo elemento a tener en cuenta. El país espera que, con el apretón de cinturón del Ejecutivo, las muestras de voluntad de paz se mantengan y se empiece a avanzar hacia el fin del conflicto.
