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No todo son malas noticias sobre quienes llegaron a las 16 curules de paz. A pesar de lo polémicas que giraron alrededor de algunas candidaturas y de las dificultades que tuvieron para hacer campaña en medio de la guerra y sin los recursos que el Consejo Nacional Electoral debió haber girado antes de las elecciones, tres líderes sociales con trayectoria en su territorio y con un intenso trabajo con víctimas del conflicto armado alcanzaron este escaño en el Congreso.
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Orlando Castillo Advincula
Hoy representante a la Cámara del Pacífico Medio, a través de una de las 16 curules de paz, dice que en sus genes está la necesidad de servir a su comunidad. A sus 44 años puede decir que lleva por lo menos 30 de ellos trabajando por los derechos de las comunidades negras y de la población bonaverense desde diferentes lugares. Su primer espacio como líder fue en la primaria, cuando en tercero fue elegido como representante del salón. Años después llegó a ser personero de su colegio y luego empezó a acompañar a asistir a las reuniones de la Unión Patriótica, movimiento en el que su padre, José Castillo, estuvo vinculado por más de tres décadas.
Castillo soñaba con estudiar medicina en Ecuador, pero no logró porque para esa época dolarizaron el país. Sin embargo, sus esfuerzos por tener un pregrado lo llevaron a ganarse una beca de la Fundación Sociedad Portuaria, que le pagó gran parte de su carrera como sociólogo. Luego se ganó otra beca por parte de la Congregación María Teresa de Calcuta en Buenaventura con la que pudo financiar su especialización en Derecho Internacional Humanitario. Tiempo después comenzó una maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz, y luego otra en Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial, estos dos últimos posgrados con una beca de la Universidad Javeriana de Cali. Ahora cursa un doctorado en Política y Gobierno con una universidad argentina.
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A Orlando no le gusta que lo encasillen como un político. Dice que es más bien un defensor de derechos humanos y que la primera causa que abanderará cuando llegue al Congreso será la de salvar el Acuerdo de Paz. “Es importante que podamos implementar el Acuerdo de Paz porque seguimos sumidos en guerra. Hay comunidades de la costa pacífica nariñense en las que la gente no ha sentido tranquilidad desde 2016″, comenta.
Esa, en definitiva, ha sido su bandera durante todos estos años. Su causa más importante fue la consolidación del Espacio Humanitario de Puente Nayero, una calle de Buenaventura de la zona de La Playita que tiene casas de palafito a orillas del mar. Allí llegaron en el año 2000 desplazadas más de 300 familias de las comunidades afro del río Naya, en zona rural del Puerto, luego de la masacre del Naya, ocurrida entre el 10 y el 13 de abril de ese año. En ese barrio se asentaron las familias del Naya, quienes tenían que vivir entre los violentos y en medio de las “casas de pique”, usadas por grupos armados y bandas delincuenciales para asesinar y desaparecer personas.
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En febrero de 2014, tras el asesinato de la lideresa Marisol Medina, varios líderes entre ellos Orlando Castillo, decidieron sacar a los violentos de su territorio de forma pacífica y declararon la calle como un espacio humanitario. Fueron casa por casa, familia por familia y en pleno domingo de ramos que le socializaron a la comunidad las nuevas normas del lugar. La más importante de ellas: no relacionarse con quienes hagan parte de bandas delincuenciales o grupos armados. No consumir sustancias psicoactivas y participar de forma activa de las asambleas comunitarias, entre otras responsabilidades. Y lo lograron: en Puente Nayero se acabaron las “casas de pique”.
Esa iniciativa casi le cuesta la vida. Ha sobrevivido a dos atentados contra su vida y ha sido amenazado en 32 ocasiones. Pero dice que todo ha valido la pena. “Tenemos el único espacio humanitario en una ciudad de Colombia. En el país hay varios en comunidades rurales, nosotros tenemos uno en zona urbana y eso es único en el país”, dice Castillo, que gracias a su iniciativa logró que la Comisión Interamericana de Derecho Humanos decretara medidas cautelares sobre ese lugar y sobre las comunidades del río Naya, de donde es oriundo.
Con propuestas concretas para impulsar al Pacífico Medio desde lo cultural, lo social, lo económico y la seguridad, Orlando Castillo dice que lo primero que hará al posesionarse como congresista será poner en la agenda política las necesidades de las comunidades negras e indígenas de su región. “Necesitamos que la rama legislativa se comience a comprometer con la gente y a sacar adelante proyectos que lleguen hasta esos lugares apartados. Implementar el Acuerdo es el primer paso para lograrlo”, asegura.
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Gerson Lisímaco Montaño
Ingeniero industrial con diplomado en gestión de políticas públicas para afrodescendientes y oriundo de Tumaco (Nariño). Así se presenta Gerson Lisímaco Montaño, hoy nuevo representante a la cámara por la curul de paz del Pacífico Sur. Integra la Corporación Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur, que representa a la población de 226 veredas en todo el departamento. En su trayectoria como líder social ha participado de proyectos de etnoeducación y ciclos de educación por ciclos para la población rural.
Su eslogan en campaña fue “unidos por la reconciliación social y la paz” y a través de su organización desarrolló ocho propuestas: desarrollar una agenda amplia en torno a las víctimas del conflicto armado, articulando estrategias de Gobierno en los tres niveles; generar espacios de participación pública para las víctimas; gestionar el cumplimiento del Acuerdo de Paz como alternativa para el desarrollo social de los territorios, priorizando la costa pacífica nariñense; articular procesos con vocación de gobierno local; diseñar y proponer políticas sociales de educación, salud, saneamiento básico, movilidad, entre otros derechos vulnerados para las zonas rurales; gestión de macroproyectos que beneficien a las mujeres cabeza de familia más afectadas; y gestionar la atención psicosocial obligatoria para población vulnerable en el departamento de Nariño.
En su organización ha impulsado la reivindicación de la cultura afro y la alfabetización de las comunidades a través de la Unidad Técnica del Consejo Comunitario Unión Río Caunapí, de la que fue coordinador por más de una década, además de trabajar con otras comunidades étnicas a través de acuerdos binacionales entre Colombia - Ecuador, como las comunidades negras del Norte de Esmeralda en ese país vecino.
Juan Pablo Salazar
Oriundo de la vereda Agua Bonita del municipio de Suárez, en el norte del Cauca, Salazar ocupará un escaño en el Congreso de la República para representar a una de las regiones más afectadas por la guerra. Ese departamento tiene actualmente presencia de, por lo menos, 10 actores armados al margen de la ley como las disidencias de Gentil Duarte, el frente Martín Villa, la columna Dagoberto Ramos, entre otros grupos armados organizados que delinquen por esta salida hacia el sur del país. En medio de ese escenario, Juan Pablo se ha posicionado como uno de los líderes sociales más importantes del noroccidente del departamento a sus 35 años.
Salazar es bachiller. No logró continuar con sus estudios porque los recursos en su casa no alcanzaron. Sin embargo, aprendió a labrar la tierra, a trabajar el campo y a defender a las comunidades étnicas de los violentos que han querido desplazarlos tantas veces. “A nosotros nos han querido desplazar más de una vez. En una ocasión salimos con mi familia, pero retornamos porque lo único que sabemos hacer es trabajar en el campo”, contó a Noticias Caracol el recién elegido representante.
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En su trabajo como defensor de derechos humanos se ha ganado varios enemigos. Logró consolidar hace cinco años la Zona de Reserva Campesina de la Cordillera de Suarez Cauca (Asocoordillera), un espacio que nació con la firma del Acuerdo de Paz y que ha generado ampollas, pues han intentando matarlo en tres ocasiones. “Puse mi nombre para ser congresista de la paz porque represento a todos los sobrevivientes de esta región”, dice mientras cuenta su historia de luchas y victorias.
A sus 13 años, a Juan Pablo le secuestraron su padre y tiempo después fueron asesinados por grupos paramilitares, todo por no pagar la vacuna que imponían en la época las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero también ha sido víctima del “desarrollo”, luego que a su territorio entraron las multinacionales a explotar el embalse de Salvajina, hoy convertido en hidroeléctrica.
Su lucha la libró en ese momento al lado de varios líderes reconocidos, entre ellos Francia Márquez, que para el momento era conocida únicamente como defensora del medio ambiente. Sin embargo, ahora, a través de su movimiento social logró llegar a ocupar la curul de paz del Norte del Cauca para hablar sobre protección de los derechos de las comunidades étnicas y del ecosistema del Norte del Cauca.