Traslado de material electoral a El Plateado revive pugna entre Gobierno y disidencia

Foto de referencia tomada el 25 de octubre de 2019 y que muestra a las autoridades electorales recibiendo ayuda de soldados que transportan material electoral mientras descienden de un helicóptero aéreo en Antioquia.

Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

A dos días de las elecciones, el corregimiento de El Plateado volvió a ser el centro de tensión entre el Gobierno y la disidencia de las FARC, conocida como Estado Mayor Central, porque no se ha logrado que llegue el material electoral al único puesto de votación que tiene ese punto del Cauca.

Desde hace meses, el grupo armado y el Ejército libran una batalla por momentos ruidosa y otras veces silenciosa por el control de ese corregimiento de Argelia, de apenas 8.000 habitantes, que hoy suma un nuevo capítulo.

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Este jueves las Fuerzas Militares empezaron una operación liderada por el general Helder Giraldo para ingresar a El Plateado y otros puntos del cañon del Micay y llevar los elementos electorales para las 15 mesas que, según confirmaron fuentes de la Registraduría a Colombia+20, lleva varios días en la cabecera del municipio de Argelia.

Por problemas de mantenimiento a los helicópteros que normalmente apoyan la labor de la Registraduría, el envío se hará, según Vega, con un plan de choque entre la Policía y una empresa privada.

El traslado del material a ese corregimiento, afirman desde la Registraduría, se realizará el sábado, pero logró enviarse el viernes en la tarde. El Ejército no había podido ingresar al territorio porque persiste la presencia de miembros del grupo armado en la cabecera municipal, de acuerdo con información de inteligencia. El hecho podría ser irregular de cara al cese al fuego, pues el decreto explícitamente afirma que los miembros del grupo no podían “permanecer ni transitar armados, ni uniformados en cabeceras municipales, ni en vías primarias”.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, indicó este jueves que no se trata de una incapacidad militar para ingresar a esa zona, sino de evitar una confrontación en medio del cese al fuego que pactó el Gobierno el pasado 17 de octubre con esa disidencia al mando de Iván Mordisco y que agrupa a unos 3.500 hombres, la mayoría de los cuales no firmó el Acuerdo de Paz de 2016.

“El Ejército tiene la capacidad para ingresar a El Plateado, pero estos integrantes del Estado Mayor Central están en medio de la población civil y lo que se ha querido evitar es una confrontación que ponga en riesgo a las comunidades. Entonces no es que exista una incapacidad del Ejército, como algunos han pretendido mostrar, el Ejército está en las inmediaciones desde hace varias semanas y en la periferia del casco urbano”, afirmó Velásquez.

La alerta se emitió desde la Registraduría, que hace unos días afirmó que las autoridades no habían podido llegar ni a El Plateado ni a otros 21 mesas de votación, entre ellos El Bordo, en el Patía (Cauca) y a unos municipios en Nariño, Guaviare y Meta. Este diario conoció que el viernes habrá una reunión de alto nivel entre inteligencia, Gobierno y Registraduría para tratar esa alerta.

El jefe de la cartera de Defensa dejó en claro que será la fuerza pública la que ejerza el control de los comicios electorales y no las guardias campesinas y cimarronas, como propuso el grupo armado a través de un comunicado.

De acuerdo con el registrador Vega, la idea no es solo que las autoridades entreguen el material, sino que lo custodien, estén durante toda la jornada del domingo y saquen las urnas con los votos.

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Una reunión atípica con las delegaciones del Gobierno y de la disidencia

La situación con El Plateado llevó al Gobierno a una reunión atípica el miércoles entre el registrador, Alexander Vega, delegados del Gobierno y de las disidencias en la mesa de diálogos y el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, para destrabar la llegada de esos elementos.

“Tenemos la necesidad de garantizar la tranquila realización de las elecciones, la plena seguridad que debe tener el personal de apoyo, la logística, la población civil y las mesas de votación (…) y la urgencia de evitar confrontaciones armadas con la fuerza pública que presta protección en regiones en las que hacen presencia las disidencias de las FARC que adelantan diálogos de paz y las cuales acordaron cese bilateral de hostilidades hasta el 15 de enero del 2024″, dijo Vega.

Sobre este encuentro inédito, Camilo González Posso, coordinador de la delegación del Gobierno, dijo que era una disposición del Gobierno para que no haya ningún impedimento para que la población pueda ejercer el derecho al voto, y que a toda costa se quería evitar el traslado de puestos de votación o enfrentamientos en el marco del cese al fuego bilateral.

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“Hay una disposición de dar todas las órdenes que se necesitan para que unidades armadas que estén en esa zona, se reubiquen y pueda proceder la fuerza pública con la Registraduría, con la ayuda de la comunidad, a garantizar los puestos electorales”, afirmó González.

En diálogo con este diario, González Posso indicó que en la reunión se acordó que “se seguirán las orientaciones del registrador y del Plan Democracia (que activó el Gobierno para garantizar la seguridad en las elecciones)”.

Pero para expertos la reunión manda un mensaje difícil de tragar porque deslegitima las funciones del Estado en cuanto no puede garantizar el ejercicio del voto y da cuenta del poder en la negociación de la disidencia que comanda Iván Mordisco.

“Si la llegada del material electoral a esos municipios depende del permiso que ve el Estado Mayor Central o de su colaboración, me parece clarísima la influencia del grupo en las elecciones”, explica a Colombia+20 Jorge Mantilla, investigador en temas de conflicto y crimen.

Y agrega: “El proceso recién empieza y ya tenemos una reunión de unas características que muestran el poder del Estado Mayor Central y que muestran el escenario de ventaja al que logró llegar el grupo con el cese al fuego”.

En efecto, el alto al fuego que empezó el pasado 17 de octubre con ese grupo armado fue una de las variables para que se diera esa reunión. Aunque el cese ya inició, todavía se está formulando y definiendo todo el andamiaje que lo soporta como el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación que tiene una instancia nacional, regional y local y que aún no se han instalado.

Además, tanto en el decreto del cese como en los cuatro acuerdos y los dos protocolos —que se firmaron el pasado 17 de octubre entre el Gobierno y esa disidencia— quedó claro que uno de los compromisos era no interferir en los procesos electorales, ni restringir el ejercicio de los derechos y libertades políticas.

“Si bien en ese cese el fuego es explícito en que se van a respetar las elecciones y eso está como uno de sus principales logros en términos de reducción de la violencia, lo que ha quedado claro con esta situación es que el Gobierno depende del Estado Mayor Central para que en esas regiones puedan llevarse a cabo las elecciones de manera tranquila. Es decir, no se podría garantizar el orden constitucional si no fuera porque esa disidencia lo permite”, afirma Mantilla.

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El Plateado, el mayor fortín del grupo armado, se encuentra en el corazón del Cañón del Micay, justamente la zona que abrió el mes pasado la tensión entre el presidente Gustavo Petro y esa disidencia porque las fuerzas militares estaban llevando a cabo la operación Trueno para tomarse el control de la región.

Tal es la importancia de esa zona que gran parte de la decisión de posponer el pasado 8 de octubre el inicio del cese al fuego y la instalación de la mesa de diálogos con el Estado Mayor Central —que finalmente se logró una semana después— se debió a ese punto de la geografía nacional.

Mientras la delegación de la disidencia abogaba por un cese al fuego de 10 meses y a nivel nacional, el Gobierno, distanciándose de lo que se había acordado en Suárez el 10 de septiembre, pidió un cambio y propuso un alto al fuego regional y escalonado, en el que el Cauca quedaba como última región. Para el grupo armado, esa idea era solo para que las fuerzas militares ganaran tiempo para retomar el control del Cañón del Micay.

Finalmente, se acordó un cese al fuego por tres meses para todo Colombia. Para Mantilla y otros expertos, ese tiempo y cobertura fue un logro más para la disidencia que para el Gobierno.