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Los planes de gobierno de los aspirantes a las elecciones regionales tienen un tema en el olvido: la reincorporación de excombatientes de las antiguas FARC. Esa es la conclusión de un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) que analizó los programas de 161 candidatos de los candidatos a gobernación en cuatro departamentos (Antioquia, Guaviare, Meta y Tolima) y 26 alcaldías.
De las 30 zonas priorizadas para el análisis, 26 son municipios donde existen espacios territoriales de reincorporación y dos corresponden a Bogotá y Medellín, ciudades donde actualmente hay un número significativo de reincorporados.
Según el informe, de esos 161 programas, 119 (74%) no menciona ni propone nada alrededor de los procesos de reincorporación de los firmantes del Acuerdo de Paz, frente a 42 (26%) que sí lo hacen.
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¿Qué temas tocan los planes de Gobierno?
Dentro de los planes de gobierno que sí mencionan la reintegración, 23 -tanto de alcaldías como de gobernaciones-, se centran en la reincorporación económica (14%), aunque solo 10 establecen claramente una política de reincorporación y se propone fortalecer los proyectos productivos de los firmantes de paz y apoyar la generación de empleo.
“En cuatro (Dabeiba, Miranda, Remedios y San José del Guaviare) realizar procesos de fortalecimiento en conocimientos técnicos (administrativos y contables). En tres se mencionan propuestas de inversión en infraestructura y fortalecimiento en conocimientos agropecuarios (Anorí, Fonseca, Tibú). Y, por último, solo tres mencionan la generación de empleo (Anorí, Mutatá y Remedios). Los programas restantes no especifican un subtema en concreto y solo se enuncian de manera ambigua”, explica el informe.
De acuerdo con informes de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), se han entregado al menos 100 mil millones de pesos para capital semilla de esos proyectos productivos de excombatientes, pero algunos aún atraviesan dificultades y precariedades para su sostenibilidad. Al menos el 70 % de esos proyectos se encuentra en riesgo, de acuerdo con un estudio de noviembre de 2022 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El otro tema que está presente en 21 planes de gobierno es la reincorporación comunitaria. De ellos, 16 programas son a nivel municipal y ocho mencionan explícitamente los temas de reconciliación, desglosados en tres subtemas: iniciativas de diálogo y reconciliación, estrategias para reducir la estigmatización de excombatientes y acciones en torno a preservar la memoria histórica.
El acceso a derechos de la población firmante de paz solo está presente en el 7% de los planes de Gobierno.
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El tema de las garantías de la participación en política, uno de los más rezagados en la implementación del Acuerdo de Paz, está mencionado solo en el 6% del total de programas de Gobierno. Las elecciones de este año en las que se presentaron 144 excombatientes de las FARC serán clave para calibrar el éxito o fracaso de la incursión en política de los exguerrilleros de las antiguas FARC que firmaron el Acuerdo de Paz en 2016. Además, tal como lo registró este diario, también pondrá en la balanza la continuidad del partido Comunes, que nación de la firma de ese pacto.
Los dos otros temas que aparecen apenas mencionados en los programas son: seguridad y género (2%). “El 4% de los 161 programas totales revisados mencionaban la reincorporación de manera meramente enunciativa, sin puntualizar cómo se implementaría”, dice el informe.
¿Qué temas deberían tratarse?
Sin duda, uno de los asuntos más urgentes con respecto a los exguerrilleros de las FARC es el de la seguridad. Según el conteo de Indepaz, 399 firmantes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, 35 de ellos este año.
Aunque el Gobierno ha tratado el tema desde la Unidad de Implementación del Acuerdo para abordar una política que garantice la seguridad, aún no materializa. Ese enfoque tampoco aterrizó en los programas de Gobierno. Solo cuatro de los 161 planes analizados lo incluyen, aunque sin abordar variables como el territorio, la trayectoria de reincorporación y el perfil de cada excombatiente.
“Uno de los programas que incluyen el tema es de un candidato a la alcaldía (Anorí) que —vale la pena mencionar— es excombatiente. Se encontraron dos programas de gobierno (Guaviare e Icononzo) que mencionaban un enfoque preventivo para proteger a las personas en procesos de reincorporación y a sus familias, incluyéndolas dentro de las poblaciones vulnerables. Finalmente, se encontró un programa (Tolima), que habla de atender los desafíos de seguridad de forma enunciativa, sin ahondar en el cómo”, explica el documento de la FIP.
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La Defensoría también ha emitido alertas sobre los graves riesgos contra excombatientes que son candidatos a estas elecciones y/o que pertenecen al partido Comunes, la colectividad que nació del Acuerdo de Paz. “Esta entidad ha emitido 28 alertas tempranas entre 2022 y lo que va de 2023, identificando, en cada una de ellas, un riesgo diferencial para esta población. Para estas próximas elecciones, Cauca, Putumayo, Caquetá, Nariño, Chocó, Atlántico y Norte de Santander son los departamentos donde la Defensoría identifica más riesgo para los firmantes”, explica el informe.
Este punto lleva a que los planes también deberían abordar la reincorporación política. En los planes hay tres tipos de menciones de este tema: creación de espacios de diálogo entre la Administración Municipal, víctimas y comunidad en general. La otra es la promoción de espacios de encuentro y construcción de confianza con otros grupos sociales; y por último, el apoyo a la gestión de los procesos necesarios para cumplir el punto dos del Acuerdo de Paz.
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El enfoque de género es uno de los que menos se tiene en cuenta en esos programas de Gobierno. “Se encontraron dos menciones relacionadas a fortalecer las condiciones para proyectos productivos liderados por mujeres excombatientes. Dos programas hacen mención explícitamente a las mujeres excombatientes y solo uno de Guaviare menciona propuestas de fortalecimiento a iniciativas, priorizando a mujeres y población LGBTIQ”, dice la FIP.
Por último, el documento alerta sobre la ausencia de menciones acerca del acceso a derechos fundamentales y servicio básicos.
