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Tres horas después de que las delegaciones del Gobierno y de la disidencia de las antiguas FARC, autodenominadas Estado Mayor Central (EMC), afirmaran que estarán presente en el acto protocolario de apertura de las elecciones que se realizará el domingo en Popayán, otro comunicado echó para atrás ese anuncio. El hecho, por lo menos, muestra una desconexión entre el Gobierno y la Mesa de Diálogos del Gobierno con esa misma agrupación criminal.
Según esa última comunicación, los representantes de ambas delegaciones se concentrarán en las sesiones plenarias que tienen programadas desde el 25 de octubre y hasta el 30 de octubre y en “otras actividades relacionadas con la agenda de diálogos”.
“Teniendo en cuenta la agenda de trabajo de la mesa, se ha acordado dar prioridad a los temas de organización de esta instancia”, dice el comunicado, que solo está firmado por Camilo González Posso, jefe de la delegación de Gobierno. Y agrega que reiteran su “compromiso con la función de la autoridad electoral”.
En contexto: ¿En qué va el traslado de material electoral a El Plateado, en Cauca?
El comunicado se da luego de que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral desmintieran que habían invitado a esa mesa de diálogos al acto de apertura y que, además, se anunciara que se cambiaría el lugar para ese evento. El propio presidente Gustavo Petro hizo un trino en el que dijo tampoco había autorización para esa participación: “Ni el alto comisionado ni el gobierno nacional han dado autorización alguna para que el EMC participe en actos de apertura al proceso electoral en ninguna parte del país”, dijo el mandatario.
Ni el comisionado de paz, ni el gobierno nacional han dado autorización alguna para que el EMC participe en actos de apertura al proceso electoral en ninguna parte del país.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 27, 2023
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, también se pronunció sobre el hecho. En entrevista con W Radio, explicó que hubo una desconexión institucional y señaló a González Posso por estampar su firma en un acuerdo no concertado con todas las instituciones. “Me parece muy grave. Se le está dando a las disidencias un papel que no tienen. Son un grupo ilegal”, explicó el jefe de cartera.
Así mismo, la oficina del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, también envío un comunicado en el que, entre otras cosas, afirmaba: “Tanto las mesas de diálogo como los espacios de conversación socio jurídica continuarán adelantando sus labores en los sitios acordados y ajustados a las disposiciones legales. En ningún lugar intervendrán en desarrollo del proceso electoral”.
Rueda también afirmó que “no existen territorios vedados” ni restricciones al cumplimiento de las obligaciones. “La paz no son concesiones contra la Constitución. Ninguna obligación constitucional está siendo negada o limitada por el derecho a la paz”, dijo.
Estos hechos se dan en pleno tire y afloje por el traslado de material electoral al corregimiento de El Plateado, que ha sido el centro de disputa entre el Gobierno y esa grupo comandando por Iván Mordisco, y a otros 21 puestos de votación. El traslado de esos elementos se hizo este mismo viernes.
Las Fuerzas Militares no habían podido ingresar al territorio porque persistía la presencia de miembros del grupo armado en la cabecera municipal, de acuerdo con información de inteligencia. El hecho podría ser irregular de cara al cese al fuego, pues el decreto explícitamente afirma que los miembros del grupo no podían “permanecer ni transitar armados, ni uniformados en cabeceras municipales, ni en vías primarias”.
Por su parte, el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, aseguró que este viernes sus militares tomarán el control del corregimiento de El Plateado. “Vamos a ingresar y nos vamos a sostener allí, para garantizar el certamen electoral del domingo”, explicó el general y dijo que la decisión se tomaba porque no hay información sobre actividades hostiles.
Además: Petro desautorizó a delegación de paz con disidencias y negó invitación del Gobierno
Esta tarde, las Fuerzas Militares van a realizar un sobrevuelo sobre la zona de El Plateado, la cual se espera que sea asegurada con unidades especiales del Ejército. En ese corregimiento de 8.000 habitantes, están llamadas a las urnas 5.040 personas en 15 meses de votación.
La presencia de las delegaciones en este acto en Popayán se suman a una reunión atípica que tuvo lugar el miércoles pasado entre la delegación de Gobierno, una comisión de ese grupo armado, el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el registrador, Alexander Vega.
Sobre este encuentro inédito, González Posso, coordinador de la delegación del Gobierno, dijo que era una disposición del Gobierno para que no haya ningún impedimento para que la población pueda ejercer el derecho al voto, y que a toda costa se quería evitar el traslado de puestos de votación o enfrentamientos en el marco del cese al fuego bilateral.
Para expertos la reunión envío un mensaje difícil de tragar porque deslegitima las funciones del Estado en cuanto no puede garantizar el ejercicio del voto y da cuenta del poder en la negociación de la disidencia que comanda Iván Mordisco.
“Si la llegada del material electoral a esos municipios depende del permiso que ve el Estado Mayor Central o de su colaboración, me parece clarísima la influencia del grupo en las elecciones”, explica a Colombia+20 Jorge Mantilla, investigador en temas de conflicto y crimen.
¿Por qué la apertura de elecciones iba a ser en el Cauca?
El anuncio de que el acto protocolario que da inicio a la jornada electoral sería en Popayán lo hizo la semana pasada el registrador Vega, desde Bogotá. “Por primera vez en los 75 años que tiene nuestra entidad, el registrador nacional va a aperturar la elección desde el Cauca, el departamento de mayor complejidad en orden público. Nuestra presencia va a colaborar a reforzar la seguridad. El presidente Gustavo Petro ya fue informado”, mencionó Vega.
Cauca ha sido uno de los departamentos más mencionados en esta contienda electoral por los riesgos electorales y de violencia, pero también porque ha sido centro de desencuentro entre la Registraduría y el gobierno de Gustavo Petro, especialmente, con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Las diferencias comenzaron cuando el registrador Vega alertó que las elecciones en el Cauca podrían ser aplazadas por la presencia de grupos armados al margen de la ley e inició con una serie de declaraciones sobre la problemática de orden público, que, según él, amenazaba el desarrollo de los comicios y la garantía de los candidatos a participar.
Sus pronunciamientos sobre el tema de seguridad le causaron molestia al ministro Velasco, quien desde el Congreso, en un debate de control político al que había sido citado, le dijo a Vega que se encargara únicamente de la organización electoral y que dejara el tema de seguridad en sus manos y en las del ministro de Defensa, Iván Velásquez. De acuerdo con el ministro, las elecciones no corrían riesgo de ser aplazadas en ningún departamento.