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En las regiones más apartadas de Colombia, donde los pobladores deben navegar ríos durante horas o atravesar kilómetros de trochas para llegar a su puesto de votación, donde los grupos armados tienen el control total y son la máxima autoridad, los meses recientes se han vivido en medio de una constante zozobra y un incremento de la violencia que inevitablemente se verán reflejados en las urnas este 29 de octubre.
El viernes, a menos de 48 horas de la jornada electoral, en Chocó estaban siendo trasladadas de emergencia algunas mesas de votación para intentar que las comunidades confinadas y desplazadas pudieran participar de las elecciones regionales. En ese momento, el Ejército todavía no había podido hacer presencia en la totalidad de las 5.000 mesas que le asignaron en el país, por enfrentamientos con el Clan del Golfo (o AGC) en Córdoba y protestas en Guaviare.
Además, solo hasta ese día, después de dos intentos, la fuerza pública pudo entrar a uno de los principales fortines de la disidencia Estado Mayor Central (comandada por Iván Mordisco): El Plateado, un corregimiento de Argelia (Cauca) dominado por el frente Carlos Patiño, donde la llegada del material electoral estuvo en el limbo por el miedo a un enfrentamiento que dejara a los 8.000 habitantes en medio del fuego cruzado.
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A hechos como esos, que se vivieron en al menos la mitad de los departamentos del país, se suma una serie de presiones impuestas por los grupos armados ilegales desde hace meses, bien sea para restringir la libertad de los candidatos y electores o para imponer a sus fichas en los cargos de elección popular.
Colombia+20 conversó con más de una decena de líderes sociales y defensores de derechos humanos en las zonas de mayor control de los grupos armados y encontró varios casos de constreñimiento en los que grupos como el EMC, el ELN y el Clan del Golfo estarían amenazando a la población para presionarla a votar por candidatos en particular.
“Si estos grupos logran que sus candidatos sean elegidos y se pueden articular a los gobiernos locales, eso puede ser clave para el aumento de sus rentas ilícitas y su incidencia territorial, e incluso puede representar ventajas de cara a las disputas territoriales con otros grupos, porque desde la autoridad municipal puede haber permisividad para que transiten o se posicionen en algunas zonas, para que cobren coimas, entre otros beneficios”, dice Francisco Daza, coordinador de la línea de Paz y Posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Para el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, la intervención de los grupos ilegales “inició desde la inscripción de candidatos, cuando les prohibieron a algunos partidos políticos participar y adelantar actividades de campaña”. Según Camargo, esto ocurrió especialmente en zonas como el Urabá antioqueño (donde el Clan del Golfo restringió el proselitismo político del Pacto Histórico) o el Catatumbo (donde el ELN y las disidencias de las FARC se opusieron a que candidatos del Centro Democrático se inscribieran a los cargos de elección popular).
También se conocieron denuncias sobre las millonarias extorsiones que algunos grupos estarían cobrando a los candidatos por permitirles hacer campaña. En Chocó, por ejemplo, el ELN habría puesto cuotas de hasta $50 millones a los candidatos a alcaldías y concejos para permitir reuniones y propaganda política. En Quibdó, la capital de ese departamento —que atraviesa un preocupante conflicto urbano— algunas bandas habrían cobrado hasta $20 millones para que los candidatos pudieran hacer campaña en los barrios que controlan.
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Hay más riesgos que en votaciones de 2019
Desde el pasado 23 de agosto, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Electoral 030, en la que encendió las alarmas sobre un aumento del 39 % en el número de municipios en riesgo para el proceso electoral en comparación con los comicios regionales de octubre del 2019. Los departamentos con más municipios con riesgo son Nariño (17), Norte de Santander (16) y Chocó (15).
El mapeo de la entidad identificó nueve zonas de 16 departamentos en las que el riesgo es extremo (Arauca, Catatumbo, sur de Bolívar y Magdalena Medio, Urabá y Bajo Cauca antioqueño, Chocó, Cauca y Valle, Nariño, el eje Caquetá y la Orinoquia).
Casi dos meses después de emitir la alerta, el 18 de octubre, la Defensoría informó que se mantenía el riesgo en estos lugares y, “adicionalmente, aumentaron los hechos violentos en las regiones advertidas”.
Una de las causas detrás de las posibles vulneraciones en estas zonas es el fortalecimiento de los grupos armados. De acuerdo con los registros de la entidad, mientras que en 2019 el Clan del Golfo estaba en 253 municipios, ahora está en 392. También se expandieron las disidencias de las FARC (de 123 municipios en las elecciones pasadas a 299 en las actuales) y los grupos de crimen organizado (de 114 a 184 municipios).
Los tensos últimos días
Líderes de varias zonas del país le hablaron a Colombia+20 sobre el panorama de violencia que han enfrentado de cara a las elecciones de este domingo.
“En el Catatumbo ha habido amenazas del Estado Mayor Central para que la población vote uno de los candidatos. A eso se suma que ELN también ha promovido candidaturas”, contó un poblador de esta región de Norte de Santander. Añadió que, en los días de elecciones, en los corregimientos más alejados los miembros de grupos armados “se paran afuera de los lugares de elección, agarran la cédula, van al cubículo y votan. Hemos escuchado que harán lo mismo esta vez”.
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Durante la campaña, en municipios del Catatumbo los candidatos fueron víctimas de noticias falsas, señalamientos y amenazas de los grupos armados a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, e incluso algunos candidatos a las alcaldías estaban vetados para entrar a hacer proselitismo a ciertas veredas.
De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), esta región es una de las zonas con más riesgo de trashumancia y de factores indicativos de fraude. Además, tiene alto riesgo por violencia y presencia de grupos armados ilegales.
Otra de las zonas de alto riesgo es el departamento del Chocó. Según algunos pobladores, es muy posible que se presenten restricciones a la movilidad hoy. Además, advierten que la confrontación también se ha vivido entre partidos políticos —en algunas regiones del departamento— que pueden desencadenar eventos violentos en estas elecciones territoriales.
Un habitante alertó que “los municipios sobre la costa están afectados porque no hay combustible. Esto se debe a un tema de extorsión del actor armado a los proveedores e impactará directamente la logística de las elecciones y la movilidad de las personas hacia los puestos de votación”.
En el Cauca, los lideres aseguran que la jornada electoral ha incrementado los riesgos. “Venir por esta zona en elecciones es cosa brava. Es ver más que nunca miedo y camionetas blindadas de los líderes. Hablar de cualquier respaldo a usted le puede costar la vida. Las disidencias están presentes en todo lado. Claro, hay menos miedo porque ya negocian y todo eso, pero no queremos ser faltos de cautela. Están tan presentes que solo les falta ser los jurados de votación el domingo”, dijo el miembro de una organización social que pidió no ser citado.
En la región de los Montes de María, que vive bajo el control total y silencioso del Clan del Golfo, las comunidades le contaron a este diario que desde el inicio de la campaña ese grupo armado ha restringido algunas candidaturas y apoyado otras. “Acá hay varios actuales mandatarios locales que ya apoyan o reciben órdenes de ese grupo, y el miedo que tenemos es que en esta región se repita lo que ya vivimos con la parapolítica: que las AGC pongan a sus candidatos en estas elecciones y logren aún más control territorial, político y de recursos”, lamentó un defensor de derechos humanos.
En el caso del Meta, la situación de violencia se concentra en Puerto Gaitán y Puerto Concordia. En el primero, según la MOE, existió una inscripción atípica de cédulas. En el caso de la violencia por la presencia de grupos armados, el riesgo se presenta especialmente en Mesetas, Vistahermosa, Puerto Lleras y Lejanías.
Estela Romero, lideresa de Vistahermosa, le contó a este diario que ha habido casos en los que se han bajado vallas y pasacalles de algunos candidatos. “No sabemos quién lo hace, pero es una situación que se ha presentado varias veces”. Otra persona de Mesetas que prefirió omitir su nombre explica que han llegado algunos panfletos con amenazas en contra de candidatos, especialmente los que tienen el apoyo de la población reincorporada de las FARC. En ese lugar, hace unos meses, la disidencia de Iván Mordisco lanzó una amenaza contra los firmantes de paz del espacio territorial Mariana Páez.
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Un líder social del suroccidente del país resumió el sentir de varias poblaciones controladas por los grupos ilegales: “Acá la gente lo último que tiene presente son los candidatos. Todo el deseo y los nervios de la gente están en que los grupos no hagan nada violento el domingo”.
Los lugares con mayor riesgo electoral por grupos ilegales
Desde agosto la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por los riesgos de violencia a manos de grupos armados ilegales en varias zonas del país.
La Alerta Temprana 033, emitida por la entidad, revela que 113 municipios en 16 departamentos están en riesgo extremo: Nariño (17 municipios), Norte de Santander (16), Chocó (15), Cauca (13), Bolívar (9), Antioquia y Caquetá (7 cada uno), Arauca y Huila (6 cada uno), Meta (5), Cesar, Putumayo y Valle del Cauca (3 cada uno) y Casanare, Guaviare y Santander (un municipio cada uno).
Las principales ciudades en las que existe riesgo extremo son Arauca (departamento de Arauca), Florencia (Caquetá), Quibdó́ (Chocó), Neiva (Huila), Cúcuta (Norte de Santander) y Bogotá́ (cuatro localidades: Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz). Según la entidad, la principal amenaza es el tránsito o injerencia del Clan del Golfo, guerrilla del ELN, disidencias de las FARC y grupos de crimen organizado.
