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Chava Moreno suele contar cuál fue el momento preciso que la convirtió en una de las líderes sociales más reconocidas del Chocó y el Pacífico colombiano. Ocurrió en octubre de 2012 en Cucurrupí, un pequeño caserío ribereño del bajo San Juan, a dos horas de su desembocadura.
Allá había sido citada una asamblea del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN), el Consejo Comunitario afrocolombiano que es dueño de 683 mil hectáreas en el sur del Chocó y parte del Valle del Cauca, donde está uno de los mayores títulos colectivos de comunidades negras del país.
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Quienes citaron la asamblea tenían un propósito: revocar el mandato de la junta directiva de ACADESAN, siguiendo órdenes de ‘Mamajuana’, un comandante local del Frente 30 de las extintas Farc que operaba en la región. Hasta allá llegó el guerrillero con sus hombres y sus fusiles terciados, irrumpiendo entre los 300 asistentes. Sólo una persona tuvo el coraje de levantarse a responderle con fuerza, para decirle que los dueños de aquel territorio no eran los guerrilleros, sino los negros que habían vivido allá toda la vida.
Esa persona fue Elizabeth Moreno Barco, la señora Chava, como la conoce cualquiera a orillas del portentoso río San Juan. Aquella muestra de coraje le fue reconocida por su comunidad, que la eligió por votación como representante legal del Consejo Comunitario en 2015, un cargo al que resultó reelecta y ostenta en la actualidad.
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“Nuestro territorio tiene encima la mirada de muchos, tanto de los actores armados, del mismo gobierno que entrega títulos de extracción minera sin consultarnos, adjudicándoselos a foráneos”, le dijo Chava Moreno a Colombia+20 en octubre de 2021, durante un recorrido a lo largo del río San Juan para denunciar la crisis humanitaria que se vive en la región con la escalada del conflicto entre los paramilitares y la guerrilla del Eln, que había ocupado el lugar de las Farc.
Una crisis humanitaria de la que la propia Moreno es víctima, pues se desplazó de su caserío natal, Togoromá, luego de que una incursión paramilitar en 2013 sacara a todos los habitantes del pueblo, que quedó convertido en una aldea fantasma. Chava Moreno huyó con las demás familias hacia Docordó, cabecera municipal del Litoral del San Juan, y desde allí lideró la lucha de sus vecinos para que fueran incluidos en el Registro Único de Víctimas.
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Su casa de dos pisos en madera de machimbre sigue allá, abandonada frente a un palo de churimo sembrado en la orilla de la quebrada de Togoromá, un caserío rodeado de manglares a pocos metros del océano Pacífico, donde sólo han retornado una veintena de familias de las 180 que alcanzara a tener el pueblo. Allí se había criado con su decena de hermanos, hijos de un extranjero que ella define como un “español” que escapaba de la guerra, y de una campesina negra oriunda aquellos mismos manglares.
Desde los años noventa Chava Moreno fue madre comunitaria en su pueblo y luego en 2007 entró al trabajo organizativo en ACADESAN, una organización que agrupa 72 comunidades negras del río San Juan y su desembocadura, con la que han logrado defenderse de la avalancha extractiva que amenazaba con quitarles su territorio.
En las décadas del 70 y 80, múltiples megaproyectos llegaron a la región, en la que los indígenas y afrocolombianos llevan siglos asentados, aunque no tenía títulos de propiedad ni escrituras sobre sus territorios. Planes para construir represas, concesiones de explotación maderera que destruyeron la selva y títulos mineros otorgados a empresas foráneas fueron el campanazo de alerta para estas comunidades, que habían aprendido de los procesos organizativos del río Atrato, en donde los afrocolombianos conformaron varias asociaciones para defender su territorio.
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Así nació en 1990 la Asociación Campesina del río San Juan (ACADESAN), que con la ley 70 pasó a llamarse Consejo Comunitario General del San Juan. De la mano de líderes históricos como Lucho Granados y Macedonio Valencia, quienes eran acompañados por sacerdotes y monjas lauritas cercanas a las ideas de la teología de la liberación, esta organización logró en 2001 la titulación colectiva de sus tierras con una escritura que les reconoce el dominio sobre 683.591 hectáreas.
“El proceso organizativo nace precisamente por la defensa de la vida y el territorio para las poblaciones afrodescendientes. Es una lucha que ha venido dándose de generación en generación, trabajando por el beneficio de nuestras comunidades”, explicó Chava Moreno a los reporteros de Colombia+20 en 2021.
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Su liderazgo la ha llevado a lidiar con todos los grupos armados de la región, y también a espacios tan importantes como la mesa de negociaciones entre el Estado colombiano y las antiguas Farc en La Habana, Cuba, hasta donde viajó Chava para las discusiones sobre el capítulo étnico, que ahora ha tomado una relevancia inusitada por el impulso que el gobierno norteamericano le quiere dar a ese componente del Acuerdo Final.
Chava Moreno también fue encargada por más de cien organizaciones étnico-territoriales del Chocó para entregar personalmente la propuesta del Acuerdo Humanitario Ya, a la mesa de diálogos entre el Estado colombiano y el Eln en Quito, Ecuador, en 2016.
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El discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Elizabeth Moreno habló este 12 de octubre en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Durante su intervención afirmó que no solo hablaba por las 72 comunidades que representa, sino también por “las comunidades indígenas, campesinas y negras” de quienes afirmó están a punto de la “extinción física y social en Colombia”. Moreno, dijo que esa extinción se daba por dos factores: “Hay dos causas para esa violencia contra las comunidad indígenas, campesinas y negras: la violencia sistemática de derechos económicos, sociales y ambientales y el abandono del Estado que de manera clasista y racista no garantiza nuestros derechos humanos y que ha destruido uno de los lugares mas diversos del mundo por medio de economías extractivistas e ilegales”, afirmó.
También pidió que los actores “armados legales y ilegales” no los hagan parte de ese conflicto y que “respeten la decisión de ser neutrales”. Además afirmó: “Estamos a favor de las comunidades, de los diálogos y de las negociaciones para que se termine la violencia de los territorios.
Moreno se refirió también a dos fotografías que estaban colgadas detrás del recinto desde donde hizo su intervención. Se trataba de dos menores que fueron víctimas del conflicto armado. “Me acompañan dos fotografías: la primera es de Valeria Murillo, una niña de 10 años, asesinada en enero de 2022 durante el ingreso de un actor ilegal a su territorio. Vanessa soñaba con ser maestra y no lo pudo cumplir. La otra es de Yuber Moreno, un niño reclutado a sus 12 años por otro actor armado. A los 13 años murió en un bombardeo que se produjo en septiembre de 2021 en el que también murieron tres adolescentes”, afirmó.
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La lideresa también se refirió a la violencia de las mujeres. “Hemos sido violentadas sexualmente, pero también lo somos al ser madre de víctimas y de victimarios”. Así mismo instó a que se tengan en cuentan los conocimientos de todas las comunidades. “Queremos decirle al mundo entero que nuestra sabiduría ancestral debe ser incluida en los diálogos, en la consecución de la paz anhelada. Hoy queremos decirle al mundo entero que nuestra sabiduría como pueblos ancestrales es indispensable para conservar el medio ambiente en los territorios. Los pueblos étnicos debemos ser libres para desarrollar nuestros proyectos de vida colectivos”, dijo Moreno, quien destacó la llegada de Francia Márquez a la vicepresidencia de la República.
Por último afirmó que el único deseo de las comunidades es volver a sus territorios. “Queremos volver al territorio donde fuimos felices, a cuidar de nuestros animales, de nuestras plantas, queremos sembrar alimentos y semillas de paz. Queremos vivir la felicidad de caminar por los montes, por las playas. Queremos vivir libremente en nuestros territorios. Pero mientras logramos que se haga realidad este sueño, pedimos a la comunidad internacional que se refuercen las misiones de la ONU y otras acciones humanitarias en los territorios más azotados por el conflicto armado”.
Es la tercera vez que una mujer está en la presentación del informe. La primera fue Celia Umenza Velasco, lideresa nasa de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, quien habló ante el organismo en octubre de 2021. En enero pasado intervino Luz Marina Giraldo, excombatiente de las Farc y esposa de Alexander Parra, exFarc asesinado en Mesetas en 2019.
En 2021, durante una entrevista en San Miguel, el mismo corregimiento que por estos días ha sido epicentro de los brutales combates entre las Agc y el Eln, Chava Moreno le dijo una sentencia premonitoria a los reporteros de Colombia+20 que la acompañaban: “Queremos que nuestra población víctima se haga escuchar a nivel nacional, a nivel del mundo entero, la realidad que vivimos en los territorios de la subregión del San Juan”. Sin duda, hoy ha conseguido que su voz llegue al mundo entero.