En Briceño (Antioquia) arrancaron la coca, pero no los proyectos productivos
Este municipio antioqueño fue declarado laboratorio de paz desde antes de la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, porque allí nació, entre otros, el proyecto piloto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Cinco años después, hay más incertidumbre que esperanza: menos del 10 % de las familias han terminado el programa pensado para 29 meses.
Natalia Romero Peñuela
Ómar Jiménez jamás volvería a sembrar coca.
Por pirata, cuenta, los paramilitares le mataron a dos hermanos y a sus padres. “Pirata” le decían porque le vendía a un exsargento de la policía y no a los ‘paras’, la pasta base que producía con las más de 300 arrobas de hoja de coca que cosechaba en las tres hectáreas de su cultivo en la vereda La Cristalina, del municipio de Briceño, Antioquia. Hoy tiene tres hectáreas y media, pero no de coca, sino de café. “Así lo había soñado desde niño”, celebra.
La familia de Ómar es una de las 99.097 inscritas en el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS), la estrategia del Acuerdo de paz con las Farc para resolver de manera definitiva el problema de las drogas ilícitas en Colombia. Según el plan, los campesinos cocaleros debían arrancar sus matas en 60 días, a cambio de recibir 36 millones de pesos para garantizar su seguridad alimentaria, los insumos para iniciar un proyecto productivo legal y la asistencia técnica para todo el proceso. Todo esto, en un periodo de 24 meses, que el Gobierno Duque extendió a 29.
Vea: (En cifras) problema de los cultivos de uso ilícito tras cinco años del Acuerdo
“Este soy yo”, dice Ómar orgulloso mientras señala la reseña detrás de un paquete del Café Paz Silenciosa. Ahí está, agarrando una mata de café con la mano en la que tiene incrustada una bala con la que los ‘paras’ intentaron matarlo y la sonrisa que lleva en el rostro hasta cuando relata recuerdos tristes. Lo oprime y de la válvula sale un olor a café con tonos panelosos, igual al que tiene todo Coffeebri, en donde hablamos mientras nos tomamos una limonada de café y un tinto americano de su cosecha. Coffeebri es un café creado por Asdesebri, una asociación de campesinos, la mayoría excocaleros, en una de las cuatro esquinas de la plaza central de Briceño (Antioquia), el pueblo que hace cinco años y medio se convirtió en “laboratorio de paz” al ser piloto en sustitución de cultivos ilícitos y desminado humanitario.
Pero el éxito de Ómar es un caso excepcional.
Es más de mediodía y al café entran también Isabel y Alejandro Hernández. Vinieron desde El Orejón a hacer unos trámites en el pueblo y traen apuro porque a la 1:30 sale el viejo jeep de don Davier hacia su vereda. Isabel es alta y habla con carácter; Alejandro tiene voz ronca y es más bien menudito. “A todas las familias de nuestra vereda nos mamaron gallo”, asegura él. “Es que nosotros arrancamos las matas con toda la esperanza de cambio, pero ya van más de cinco años y nos estamos rebuscando el pan de cada día mientras seguimos esperando los proyectos productivos que nos prometieron”, añade ella.
El Orejón es una de las 11 veredas en las que se instaló el proyecto piloto de sustitución voluntaria el 15 de junio de 2016, cuando aún no se había firmado el Acuerdo de Paz. Casi un año después, en mayo de 2017, tras una visita del presidente Santos a Briceño, para inaugurar oficialmente el programa, se inscribieron campesinos de las 24 veredas restantes del municipio, sumando un total de 2.718 familias briceñitas en el programa: 1.537 cultivadoras, 729 no cultivadoras y 452 recolectores o raspachines.
(Le puede interesar: La batalla por sustituir la coca)
El plan estaba dividido así: durante el primer año, luego de arrancar sus matas de coca, los campesinos recibirían 12 millones de pesos para asistencia alimentaria en seis pagos bimestrales; 1 millón 800 mil pesos, en insumos para una huerta casera de seguridad alimentaria, y un proyecto productivo de “ciclo corto e ingreso rápido” por 9 millones de pesos. Durante el segundo año, recibirían un proyecto productivo de ciclo largo por hasta 10 millones de pesos; y todo el proceso tenía una asistencia técnica de 3 millones 200 mil de pesos.
Así, todas las familias de las 11 veredas debían tener un emprendimiento legal para finales de 2018 y las de las 24, para finales de 2019. Pero pese a que todas las familias arrancaron la coca, cinco años después, según la oficina de Paz y Posconflicto de la Alcaldía, solo 271 familias, como la de don Ómar, han finalizado el proceso: esto es menos del 10 %.
De resto, según la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícito (DSCI), un 99 % llegaron a la etapa de la huerta casera, con sus seis pagos y asistencia técnica, 846 más iniciaron los proyectos de ciclo corto y largo; y el resto, como Isabel y Alejandro, recibieron los 12 millones y la huerta casera, pero de los proyectos no han visto nada. “Mejor dicho, los casos de éxito los podemos contar con los dedos de las manos, pero los obstáculos y fracasos con los cabellos de la cabeza, y no somos calvos”, concluye Ómar antes de soltar una carcajada.
Las 271 familias que ya finalizaron todas las etapas del programa en Briceño tienen algo en común: todas se inscribieron para el proyecto productivo de ciclo largo con café. Jhon González, otro excocalero de los que solo llegaron hasta la huerta casera y líder social del municipio, lo explica así: “Las familias inscritas podíamos elegir entre cinco líneas productivas para los proyectos: silvopastoreo (ganadería con sostenibilidad ambiental), café, cacao, caña panelera y cultivos de frutas como aguacate, limón y maracuyá. Lo que no sabíamos era que cada una iba a ser implementada por un operador diferente y el único que le cumplió al 90% de las familias fue la Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé)”.
Vea: Las víctimas de la erradicación forzada de cultivos de coca
Las razones del éxito, coinciden él y Ómar, fueron varias: Fedecafé implementó los 36 millones de pesos, mientras que otros operadores implementaron o solo la asistencia alimentaria o solo los proyectos productivos; todos los que se inscribieron por café tenían tierra para sembrar, mientras la mayoría de los otros proyectos no; y Fedecafé unió los proyectos de 9 y 10 millones en uno de 19, para poder garantizar la sostenibilidad de estos.
En la vereda El Respaldo, a 20 minutos en carro del casco urbano, está Jorge Torres. Es tímido, de nariz aguileña y cejas pobladas. Tiene las uñas llenas de tierra porque lleva tiempo recogiendo café de las cuatro mil matas que tiene en una hectárea y está contento porque hace unos días fue al centro de acopio y le compraron la carga a dos millones veinticinco mil pesos. “¡Cómo no voy a estar feliz! Si hace un año se vendía bueno, pero bueno era un millón”, dice.
A Jorge nunca le gustó la coca. “La tuve por necesidad, pero yo era muy esquivo porque sabía que eso no venía solo. Aquí daba miedo hasta levantarse”, dice haciendo referencia a los grupos armados que se disputaban el territorio por el control de esa economía ilegal: el Frente 36 de las Farc y los paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia. En su familia no hubo ninguna víctima, pero tuvo que escuchar tiros y ver muertos de un lado y de otro. En Briceño, según el Registro Único de Víctimas, hubo más de 9.200 personas afectadas por el conflicto.
Por eso se le ilumina el rostro cuando habla de las tres cosechas de café que ha sacado y las siete vacas que ha comprado con las ganancias. “Con los 19 millones, me dieron semillas, despulpadora, marquesina, secadora y esta compostera”, dice señalando el espacio donde bota la pulpa del café y del que sale un olor entre amargo y dulzón. “Aquí estuvo el consejero Emilio Archila, me felicitó y me trajo 20 bultos de abono”, dice.
(También puede leer: Una tierra sin campesinos, ni indígenas, ni afros)
Lucely Valencia también quería tener ganado. Es joven, de unos 35 años, pero alcanzó a cultivar y raspar coca con su mamá y sus hermanas en la época en la que todos en el pueblo se beneficiaban de algún modo de esa economía. Su hogar, en la vereda El Morrón, tampoco se vio afectada directamente por la guerra, pero varias veces tuvo que correr montaña abajo cuando había operativos de la fuerza pública en contra de estos cultivos.
A Lucely le entregaron los 12 millones, la huerta casera y se inscribió al proyecto silvopastoril. “Yo tenía dudas desde el inicio porque prometían mucho, pero igual con la primera platica motivé a mis hijos a limpiar el montecito para prepararlo para las vacas que iban a llegar, pero llevo más de un año esperando”, cuenta.
Según la Oficina de Paz y Posconflicto de Briceño, así quedaron muchos. “No es solo que no les entregan todo, sino que lo que les entregan es poquito, entre periodos muy largos de tiempo y lo reportan a muy alto costo. Eso está pasando todavía con el operador actual, que es la Organización de Estados Iberoamericanos. Por ejemplo, hay familias a las que les entregaron hace un año un cuido para unas gallinas y unos cerdos y esta es la hora en que no les han entregado ni las gallinas ni los cerdos”, explica una funcionaria.
Ante los incumplimientos, en la reciente visita a Briceño de Emilio Archila, consejero para la Estabilización y la Consolidación y quien coordina la implementación del Acuerdo de Paz, los líderes y organizaciones del municipio le pidieron firmar un compromiso público por el cumplimiento del Acuerdo.
“Les dijimos a los señores de los oídos sordos que las víctimas y los beneficiarios del PNIS seguimos comprometidos con la construcción de paz. Les dijimos, firmen ustedes también”, relata Jhon. Es un mural de un metro y medio pintado sobre una de las pocas paredes que sobrevivió a una avalancha que el 31 de julio de 2021 afectó a más de 100 familias, cuando las quebradas La Tirana y Cuzumbí se desbordaron por la ola invernal y destruyeron gran parte del barrio Fundungo.
El compromiso reposa allí, en medio de escombros y el ruido de las retroexcavadoras que intentan abrirle paso al caudal para que recupere su cauce. Así como los campesinos esperan que el programa retome pronto el camino que inició hace más de cinco años.
Con la coca vuelve la guerra
Briceño es un municipio de ocho mil habitantes, de clima cálido pero “con una nube propia”, dicen sus habitantes, que le garantiza una lluvia diaria y una neblina perpetua sobre las veredas de las zonas altas. Desde Medellín, se llega después de dos horas de carretera pavimentada hasta Yarumal y otras dos de un camino en forma de espiral, hecho a retazos entre pavimento, gravilla, trocha y las quebradas del río Espíritu Santo que se asoman de vez en cuando.
La nube eterna baja sobre la montaña y el calor empieza a amainar. A veinte minutos del casco urbano, arriba, en un punto conocido como Cuatro Partidas, José Apolinar Jaramillo apareja una bestia mansa para salir hacia la vereda Cucurucho. Las otras tres esquinas dirigen hacia el Roblal, El Pescado y el casco urbano de Briceño. En los 2000 este era un punto de tensión entre el Frente 36 de las Farc y el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia.
En Cuatro Partidas aún hay huellas de balas en las rejas de las tiendas, en los muros y en las puertas. “Todo eso por aquí quedó muy huequiao”, dice don Apolinar con un gesto triste. Él también tuvo coca, pero apenas media hectárea. “Vendía la hoja por ahí para comprar lo que hiciera falta. La otra media hectárea la tenía en cañita, café, plátano”, cuenta. Del PNIS, le dieron los 12 millones e inició el proyecto con cafeteros pero es uno de los pocos que no ha recibido todos los insumos. “Yo arreglé el terreno y me dieron abono y parte de las bolsas para empacarlo. Pero luego nos dejaron muy aparte del programa”, señala.
Le pregunto si volvería a sembrar coca y responde con un no rotundo. Hace 12 años, en un día de raspa la guerra le dejó el dolor perpetuo de la pérdida de un hijo. “Yo creo que el dueño de la finca no sabía y el tajo estaba minado. Llegamos a las 6 de la mañana, el niño pisó eso y lo levantó. Lo dejó sin pies, sin manos… todo destrozadito. Tenía 13 años. Por eso yo tenía fe en Dios nuestro señor, de que no íbamos a volver a ver nada de eso, porque podíamos trabajar con cosas legales y públicas”, relata.
“Tenía fe”, dice, porque, aunque en su visita Archila habló de “la construcción de un modelo de vida que al final de 2021 será irreversible”, en el pueblo ya se oyen rumores de que la gente está volviendo a sembrar. De eso no se habla en voz alta. A todos les da temor decirlo. Pero según una lideresa del municipio, “la oferta nunca ha dejado de estar ahí. Volver es fácil. Hay personas de civil, de grupos armados, que ofrecen plata y semillas”, cuenta. Pero todos saben las consecuencias que eso trae.
(Lea también: El Orejón: un laboratorio de paz a merced de las disidencias)
Y aunque la sensación general en el pueblo es de tranquilidad, el regreso de los grupos armados sí es más que un rumor en algunas veredas. “Yo le recomiendo que no se deje coger la noche por aquí. Ya han estado diciendo que después de las 6 de la tarde no quieren ver a nadie por ahí afuera”, nos dijeron en una de ellas. El pasado primero de noviembre, en un combate con el Ejército entre Yarumal y Briceño, murieron Alexánder, señalado como tercer cabecilla del Frente 36 y líder de la compañía Jefferson Martínez, y Pepe o Pastuso, jefe de finanzas del grupo armado. El Ejército reportó seis capturas más. Y poco más de una semana antes esta institución militar reportó la muerte de un miembro y la captura de otros cuatro del Clan del Golfo.
Briceño, un laboratorio de paz y una muestra del posconflicto
Así como hace más de cinco años Briceño se convirtió en un “laboratorio de paz”, hoy es una muestra de lo que sucede en el resto del país. Según cifras de marzo de 2021, de las 99.097 inscritas inicialmente, solo 726 familias (menos del 1%) habían concluido su proyecto de ciclo largo. Para octubre, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos le dijo a Colombia+20 que “se han destinado recursos para atender 1.987 familias con estos proyectos”. Con ellos, se completaría el 2 %.
La entidad también señaló que 12.530 familias han sido retiradas del programa por incumplimientos. Sin embargo, según cifras de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, solo en el 0,8 % de los casos hay persistencia o resiembra de coca.
Aún con sus obstáculos, Briceño es uno de los cinco municipios con mayor avance en el programa, junto a Arauquita (Arauca), Uribe (Meta), Dagua (Valle del Cauca), Cumaribo (Vichada); en donde según la dirección hay “alto porcentaje de familias con pagos de asistencia alimentaria, asistencia técnica integral, proyectos de seguridad alimentaria y cuentan con proyectos productivos en implementación”. Mientras que El Tambo y Rosas (Cauca), Mocoa (Putumayo), Ituango (Antioquia) y Sardinata (Norte de Santander) son los más atrasados, pues aún no se han iniciado los proyectos productivos.
Para el consejero Archila, no obstante, estos no pueden ser la unidad de medida de éxito del programa. “Un programa de sustitución de cultivos no se mide por proyectos productivos, se mide por el número de familias que salen de la coca y por el número de hectáreas que se sustituyen. Nosotros con gigantescos esfuerzos tenemos en este momento 100 mil familias, 400 mil colombianos, que gracias a una inversión de 1,5 billones de pesos han dejado la coca definitivamente como su ocupación. Durante este Gobierno se han sustituido 18 mil hectáreas de ese cultivo desastroso, eso es más o menos el 20% de las hectáreas que teníamos al iniciar el Gobierno”, asegura.
Nidia Quintero, vocera de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), y Yerminson Noreña, conocido como Irson Córdova, excombatiente y miembro del Partido Comunes, ambos, delegados ante el Consejo Permanente de Dirección -una instancia de seguimiento al programa- no concuerdan con el balance del consejero. Por eso, en la primera reunión del Consejo desde el 18 de junio de 2018 (aunque debía reunirse mínimo cada seis meses), el pasado 17 de noviembre, le plantearon al director del PNIS, Hernando Londoño, y a otros miembros de las instituciones que para no quedarse en la discusión de si hay cumplimiento o no, hay que ir a hablar con las comunidades.
“Le estamos diciendo al Gobierno: vámonos juntos al territorio. Si no nos cree a nosotros, no se guíe por lo que decimos, pero reunamos las instancias que se crearon gracias al programa en el territorio y que sea con ellos que se haga la evaluación del programa, porque ellos no hacen más que decir que están cumpliendo, pero en territorio uno ve otra cosa: hay mucha incertidumbre y desconfianza”, sentencia Nidia.
Los líderes insisten también en que debe reunirse la Junta de Direccionamiento Estratégico, que es la crea las líneas generales de la implementación, para revisar cómo superar los obstáculos. “Esta tampoco se ha reunido presencialmente en estos cuatro años, solo de manera virtual y para escuchar al Gobierno hablar de otros modelos que han creado desde la política de Paz con Legalidad. Eso es otro incumplimiento porque no hay participación efectiva. Los territorios y las organizaciones están aislados y el decreto del PNIS decía lo contrario”, explica Irson.
Al respecto, Emilio Archila aseguró que siempre ha respetado las instancias que existían para el seguimiento a la implementación del acuerdo, incluidas la de sustitución, y añadió: “Estamos más que abiertos a cualquier espacio en el que quieran dialogar, que quieran ver los avances que estamos teniendo y nos quieran compartir sus ideas para cómo mejorar”.
Sustituir y no erradicar, la mayor exigencia
En Briceño y a nivel nacional, excolaleros y organizaciones coinciden en que la coca permeó la economía por la falta de oportunidades en el campo para cultivar, distribuir y comercializar otros productos. Con la firma de los acuerdos de sustitución, todos coincidieron en que “había que coger el toro por los cachos” como lo dijo un briceñita, y acabar el problema de raíz. Y cinco años después, vuelven a coincidir en que la del Acuerdo es una oportunidad que no se puede perder.
“Aquí ya habían intentado acabar la coca antes: una, con aspersión en 2006 y, otra, mediante erradicación manual en 2008. Pero siempre la gente volvía y sembraba,lo que necesitaban era alternativas. En cambio, en 2017 nosotros arrancamos las matas en menos de dos meses sin que explotara una sola mina, sin que hubiera una sola bala, un solo herido, un solo desplazado o víctima y sin resiembra ¿Funciona o no funciona?”, pregunta Jhon adivinando la respuesta.
Las cifras lo demuestran: mientras la tasa de resiembra de la sustitución voluntaria es de apenas el 0,8 %, la de la erradicación forzada varía entre el 38 % al 69 %, según UNODC.
Por eso, el Acuerdo de paz definió la erradicación forzada como una medida excepcional en los casos en que los cultivadores no accedieran a sustituir de manera voluntaria. Esto, también, para evitar los choques que ya se han generado entre campesinos cocaleros y miembros de la Policía y el Ejército.
Pese a esto, sigue habiendo un esfuerzo por continuar con esta estrategia: en 2019 se erradicaron 94 mil hectáreas; en 2020, 130 mil, y hasta septiembre de 2021 se habían erradicado 57 mil, un 44.3% de la meta de 130.000 fijada por el Gobierno Duque para este año. Y el nivel de inversión no es menor. Según un informe del Congreso, la política de drogas del presidente Iván Duque, llamada Ruta Futuro, concentraba un 89 % de su financiación (3.9 billones de 4.4 que contiene la política) en medidas para la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. Esta cifra es más del doble de los 1.6 billones asignados durante este Gobierno al PNIS.
“El Gobierno debe hacer todos los máximos esfuerzos para que la sustitución voluntaria sea una realidad. La gente ha cumplido. La erradicación forzada solo trae violencia. Lleva al Gobierno a invertir recursos en violencia, lo que es una contradicción con el Acuerdo de paz”, insiste Nidia, de Coccam.
Ómar Jiménez jamás volvería a sembrar coca.
Por pirata, cuenta, los paramilitares le mataron a dos hermanos y a sus padres. “Pirata” le decían porque le vendía a un exsargento de la policía y no a los ‘paras’, la pasta base que producía con las más de 300 arrobas de hoja de coca que cosechaba en las tres hectáreas de su cultivo en la vereda La Cristalina, del municipio de Briceño, Antioquia. Hoy tiene tres hectáreas y media, pero no de coca, sino de café. “Así lo había soñado desde niño”, celebra.
La familia de Ómar es una de las 99.097 inscritas en el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS), la estrategia del Acuerdo de paz con las Farc para resolver de manera definitiva el problema de las drogas ilícitas en Colombia. Según el plan, los campesinos cocaleros debían arrancar sus matas en 60 días, a cambio de recibir 36 millones de pesos para garantizar su seguridad alimentaria, los insumos para iniciar un proyecto productivo legal y la asistencia técnica para todo el proceso. Todo esto, en un periodo de 24 meses, que el Gobierno Duque extendió a 29.
Vea: (En cifras) problema de los cultivos de uso ilícito tras cinco años del Acuerdo
“Este soy yo”, dice Ómar orgulloso mientras señala la reseña detrás de un paquete del Café Paz Silenciosa. Ahí está, agarrando una mata de café con la mano en la que tiene incrustada una bala con la que los ‘paras’ intentaron matarlo y la sonrisa que lleva en el rostro hasta cuando relata recuerdos tristes. Lo oprime y de la válvula sale un olor a café con tonos panelosos, igual al que tiene todo Coffeebri, en donde hablamos mientras nos tomamos una limonada de café y un tinto americano de su cosecha. Coffeebri es un café creado por Asdesebri, una asociación de campesinos, la mayoría excocaleros, en una de las cuatro esquinas de la plaza central de Briceño (Antioquia), el pueblo que hace cinco años y medio se convirtió en “laboratorio de paz” al ser piloto en sustitución de cultivos ilícitos y desminado humanitario.
Pero el éxito de Ómar es un caso excepcional.
Es más de mediodía y al café entran también Isabel y Alejandro Hernández. Vinieron desde El Orejón a hacer unos trámites en el pueblo y traen apuro porque a la 1:30 sale el viejo jeep de don Davier hacia su vereda. Isabel es alta y habla con carácter; Alejandro tiene voz ronca y es más bien menudito. “A todas las familias de nuestra vereda nos mamaron gallo”, asegura él. “Es que nosotros arrancamos las matas con toda la esperanza de cambio, pero ya van más de cinco años y nos estamos rebuscando el pan de cada día mientras seguimos esperando los proyectos productivos que nos prometieron”, añade ella.
El Orejón es una de las 11 veredas en las que se instaló el proyecto piloto de sustitución voluntaria el 15 de junio de 2016, cuando aún no se había firmado el Acuerdo de Paz. Casi un año después, en mayo de 2017, tras una visita del presidente Santos a Briceño, para inaugurar oficialmente el programa, se inscribieron campesinos de las 24 veredas restantes del municipio, sumando un total de 2.718 familias briceñitas en el programa: 1.537 cultivadoras, 729 no cultivadoras y 452 recolectores o raspachines.
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El plan estaba dividido así: durante el primer año, luego de arrancar sus matas de coca, los campesinos recibirían 12 millones de pesos para asistencia alimentaria en seis pagos bimestrales; 1 millón 800 mil pesos, en insumos para una huerta casera de seguridad alimentaria, y un proyecto productivo de “ciclo corto e ingreso rápido” por 9 millones de pesos. Durante el segundo año, recibirían un proyecto productivo de ciclo largo por hasta 10 millones de pesos; y todo el proceso tenía una asistencia técnica de 3 millones 200 mil de pesos.
Así, todas las familias de las 11 veredas debían tener un emprendimiento legal para finales de 2018 y las de las 24, para finales de 2019. Pero pese a que todas las familias arrancaron la coca, cinco años después, según la oficina de Paz y Posconflicto de la Alcaldía, solo 271 familias, como la de don Ómar, han finalizado el proceso: esto es menos del 10 %.
De resto, según la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícito (DSCI), un 99 % llegaron a la etapa de la huerta casera, con sus seis pagos y asistencia técnica, 846 más iniciaron los proyectos de ciclo corto y largo; y el resto, como Isabel y Alejandro, recibieron los 12 millones y la huerta casera, pero de los proyectos no han visto nada. “Mejor dicho, los casos de éxito los podemos contar con los dedos de las manos, pero los obstáculos y fracasos con los cabellos de la cabeza, y no somos calvos”, concluye Ómar antes de soltar una carcajada.
Las 271 familias que ya finalizaron todas las etapas del programa en Briceño tienen algo en común: todas se inscribieron para el proyecto productivo de ciclo largo con café. Jhon González, otro excocalero de los que solo llegaron hasta la huerta casera y líder social del municipio, lo explica así: “Las familias inscritas podíamos elegir entre cinco líneas productivas para los proyectos: silvopastoreo (ganadería con sostenibilidad ambiental), café, cacao, caña panelera y cultivos de frutas como aguacate, limón y maracuyá. Lo que no sabíamos era que cada una iba a ser implementada por un operador diferente y el único que le cumplió al 90% de las familias fue la Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé)”.
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Las razones del éxito, coinciden él y Ómar, fueron varias: Fedecafé implementó los 36 millones de pesos, mientras que otros operadores implementaron o solo la asistencia alimentaria o solo los proyectos productivos; todos los que se inscribieron por café tenían tierra para sembrar, mientras la mayoría de los otros proyectos no; y Fedecafé unió los proyectos de 9 y 10 millones en uno de 19, para poder garantizar la sostenibilidad de estos.
En la vereda El Respaldo, a 20 minutos en carro del casco urbano, está Jorge Torres. Es tímido, de nariz aguileña y cejas pobladas. Tiene las uñas llenas de tierra porque lleva tiempo recogiendo café de las cuatro mil matas que tiene en una hectárea y está contento porque hace unos días fue al centro de acopio y le compraron la carga a dos millones veinticinco mil pesos. “¡Cómo no voy a estar feliz! Si hace un año se vendía bueno, pero bueno era un millón”, dice.
A Jorge nunca le gustó la coca. “La tuve por necesidad, pero yo era muy esquivo porque sabía que eso no venía solo. Aquí daba miedo hasta levantarse”, dice haciendo referencia a los grupos armados que se disputaban el territorio por el control de esa economía ilegal: el Frente 36 de las Farc y los paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia. En su familia no hubo ninguna víctima, pero tuvo que escuchar tiros y ver muertos de un lado y de otro. En Briceño, según el Registro Único de Víctimas, hubo más de 9.200 personas afectadas por el conflicto.
Por eso se le ilumina el rostro cuando habla de las tres cosechas de café que ha sacado y las siete vacas que ha comprado con las ganancias. “Con los 19 millones, me dieron semillas, despulpadora, marquesina, secadora y esta compostera”, dice señalando el espacio donde bota la pulpa del café y del que sale un olor entre amargo y dulzón. “Aquí estuvo el consejero Emilio Archila, me felicitó y me trajo 20 bultos de abono”, dice.
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Lucely Valencia también quería tener ganado. Es joven, de unos 35 años, pero alcanzó a cultivar y raspar coca con su mamá y sus hermanas en la época en la que todos en el pueblo se beneficiaban de algún modo de esa economía. Su hogar, en la vereda El Morrón, tampoco se vio afectada directamente por la guerra, pero varias veces tuvo que correr montaña abajo cuando había operativos de la fuerza pública en contra de estos cultivos.
A Lucely le entregaron los 12 millones, la huerta casera y se inscribió al proyecto silvopastoril. “Yo tenía dudas desde el inicio porque prometían mucho, pero igual con la primera platica motivé a mis hijos a limpiar el montecito para prepararlo para las vacas que iban a llegar, pero llevo más de un año esperando”, cuenta.
Según la Oficina de Paz y Posconflicto de Briceño, así quedaron muchos. “No es solo que no les entregan todo, sino que lo que les entregan es poquito, entre periodos muy largos de tiempo y lo reportan a muy alto costo. Eso está pasando todavía con el operador actual, que es la Organización de Estados Iberoamericanos. Por ejemplo, hay familias a las que les entregaron hace un año un cuido para unas gallinas y unos cerdos y esta es la hora en que no les han entregado ni las gallinas ni los cerdos”, explica una funcionaria.
Ante los incumplimientos, en la reciente visita a Briceño de Emilio Archila, consejero para la Estabilización y la Consolidación y quien coordina la implementación del Acuerdo de Paz, los líderes y organizaciones del municipio le pidieron firmar un compromiso público por el cumplimiento del Acuerdo.
“Les dijimos a los señores de los oídos sordos que las víctimas y los beneficiarios del PNIS seguimos comprometidos con la construcción de paz. Les dijimos, firmen ustedes también”, relata Jhon. Es un mural de un metro y medio pintado sobre una de las pocas paredes que sobrevivió a una avalancha que el 31 de julio de 2021 afectó a más de 100 familias, cuando las quebradas La Tirana y Cuzumbí se desbordaron por la ola invernal y destruyeron gran parte del barrio Fundungo.
El compromiso reposa allí, en medio de escombros y el ruido de las retroexcavadoras que intentan abrirle paso al caudal para que recupere su cauce. Así como los campesinos esperan que el programa retome pronto el camino que inició hace más de cinco años.
Con la coca vuelve la guerra
Briceño es un municipio de ocho mil habitantes, de clima cálido pero “con una nube propia”, dicen sus habitantes, que le garantiza una lluvia diaria y una neblina perpetua sobre las veredas de las zonas altas. Desde Medellín, se llega después de dos horas de carretera pavimentada hasta Yarumal y otras dos de un camino en forma de espiral, hecho a retazos entre pavimento, gravilla, trocha y las quebradas del río Espíritu Santo que se asoman de vez en cuando.
La nube eterna baja sobre la montaña y el calor empieza a amainar. A veinte minutos del casco urbano, arriba, en un punto conocido como Cuatro Partidas, José Apolinar Jaramillo apareja una bestia mansa para salir hacia la vereda Cucurucho. Las otras tres esquinas dirigen hacia el Roblal, El Pescado y el casco urbano de Briceño. En los 2000 este era un punto de tensión entre el Frente 36 de las Farc y el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia.
En Cuatro Partidas aún hay huellas de balas en las rejas de las tiendas, en los muros y en las puertas. “Todo eso por aquí quedó muy huequiao”, dice don Apolinar con un gesto triste. Él también tuvo coca, pero apenas media hectárea. “Vendía la hoja por ahí para comprar lo que hiciera falta. La otra media hectárea la tenía en cañita, café, plátano”, cuenta. Del PNIS, le dieron los 12 millones e inició el proyecto con cafeteros pero es uno de los pocos que no ha recibido todos los insumos. “Yo arreglé el terreno y me dieron abono y parte de las bolsas para empacarlo. Pero luego nos dejaron muy aparte del programa”, señala.
Le pregunto si volvería a sembrar coca y responde con un no rotundo. Hace 12 años, en un día de raspa la guerra le dejó el dolor perpetuo de la pérdida de un hijo. “Yo creo que el dueño de la finca no sabía y el tajo estaba minado. Llegamos a las 6 de la mañana, el niño pisó eso y lo levantó. Lo dejó sin pies, sin manos… todo destrozadito. Tenía 13 años. Por eso yo tenía fe en Dios nuestro señor, de que no íbamos a volver a ver nada de eso, porque podíamos trabajar con cosas legales y públicas”, relata.
“Tenía fe”, dice, porque, aunque en su visita Archila habló de “la construcción de un modelo de vida que al final de 2021 será irreversible”, en el pueblo ya se oyen rumores de que la gente está volviendo a sembrar. De eso no se habla en voz alta. A todos les da temor decirlo. Pero según una lideresa del municipio, “la oferta nunca ha dejado de estar ahí. Volver es fácil. Hay personas de civil, de grupos armados, que ofrecen plata y semillas”, cuenta. Pero todos saben las consecuencias que eso trae.
(Lea también: El Orejón: un laboratorio de paz a merced de las disidencias)
Y aunque la sensación general en el pueblo es de tranquilidad, el regreso de los grupos armados sí es más que un rumor en algunas veredas. “Yo le recomiendo que no se deje coger la noche por aquí. Ya han estado diciendo que después de las 6 de la tarde no quieren ver a nadie por ahí afuera”, nos dijeron en una de ellas. El pasado primero de noviembre, en un combate con el Ejército entre Yarumal y Briceño, murieron Alexánder, señalado como tercer cabecilla del Frente 36 y líder de la compañía Jefferson Martínez, y Pepe o Pastuso, jefe de finanzas del grupo armado. El Ejército reportó seis capturas más. Y poco más de una semana antes esta institución militar reportó la muerte de un miembro y la captura de otros cuatro del Clan del Golfo.
Briceño, un laboratorio de paz y una muestra del posconflicto
Así como hace más de cinco años Briceño se convirtió en un “laboratorio de paz”, hoy es una muestra de lo que sucede en el resto del país. Según cifras de marzo de 2021, de las 99.097 inscritas inicialmente, solo 726 familias (menos del 1%) habían concluido su proyecto de ciclo largo. Para octubre, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos le dijo a Colombia+20 que “se han destinado recursos para atender 1.987 familias con estos proyectos”. Con ellos, se completaría el 2 %.
La entidad también señaló que 12.530 familias han sido retiradas del programa por incumplimientos. Sin embargo, según cifras de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, solo en el 0,8 % de los casos hay persistencia o resiembra de coca.
Aún con sus obstáculos, Briceño es uno de los cinco municipios con mayor avance en el programa, junto a Arauquita (Arauca), Uribe (Meta), Dagua (Valle del Cauca), Cumaribo (Vichada); en donde según la dirección hay “alto porcentaje de familias con pagos de asistencia alimentaria, asistencia técnica integral, proyectos de seguridad alimentaria y cuentan con proyectos productivos en implementación”. Mientras que El Tambo y Rosas (Cauca), Mocoa (Putumayo), Ituango (Antioquia) y Sardinata (Norte de Santander) son los más atrasados, pues aún no se han iniciado los proyectos productivos.
Para el consejero Archila, no obstante, estos no pueden ser la unidad de medida de éxito del programa. “Un programa de sustitución de cultivos no se mide por proyectos productivos, se mide por el número de familias que salen de la coca y por el número de hectáreas que se sustituyen. Nosotros con gigantescos esfuerzos tenemos en este momento 100 mil familias, 400 mil colombianos, que gracias a una inversión de 1,5 billones de pesos han dejado la coca definitivamente como su ocupación. Durante este Gobierno se han sustituido 18 mil hectáreas de ese cultivo desastroso, eso es más o menos el 20% de las hectáreas que teníamos al iniciar el Gobierno”, asegura.
Nidia Quintero, vocera de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), y Yerminson Noreña, conocido como Irson Córdova, excombatiente y miembro del Partido Comunes, ambos, delegados ante el Consejo Permanente de Dirección -una instancia de seguimiento al programa- no concuerdan con el balance del consejero. Por eso, en la primera reunión del Consejo desde el 18 de junio de 2018 (aunque debía reunirse mínimo cada seis meses), el pasado 17 de noviembre, le plantearon al director del PNIS, Hernando Londoño, y a otros miembros de las instituciones que para no quedarse en la discusión de si hay cumplimiento o no, hay que ir a hablar con las comunidades.
“Le estamos diciendo al Gobierno: vámonos juntos al territorio. Si no nos cree a nosotros, no se guíe por lo que decimos, pero reunamos las instancias que se crearon gracias al programa en el territorio y que sea con ellos que se haga la evaluación del programa, porque ellos no hacen más que decir que están cumpliendo, pero en territorio uno ve otra cosa: hay mucha incertidumbre y desconfianza”, sentencia Nidia.
Los líderes insisten también en que debe reunirse la Junta de Direccionamiento Estratégico, que es la crea las líneas generales de la implementación, para revisar cómo superar los obstáculos. “Esta tampoco se ha reunido presencialmente en estos cuatro años, solo de manera virtual y para escuchar al Gobierno hablar de otros modelos que han creado desde la política de Paz con Legalidad. Eso es otro incumplimiento porque no hay participación efectiva. Los territorios y las organizaciones están aislados y el decreto del PNIS decía lo contrario”, explica Irson.
Al respecto, Emilio Archila aseguró que siempre ha respetado las instancias que existían para el seguimiento a la implementación del acuerdo, incluidas la de sustitución, y añadió: “Estamos más que abiertos a cualquier espacio en el que quieran dialogar, que quieran ver los avances que estamos teniendo y nos quieran compartir sus ideas para cómo mejorar”.
Sustituir y no erradicar, la mayor exigencia
En Briceño y a nivel nacional, excolaleros y organizaciones coinciden en que la coca permeó la economía por la falta de oportunidades en el campo para cultivar, distribuir y comercializar otros productos. Con la firma de los acuerdos de sustitución, todos coincidieron en que “había que coger el toro por los cachos” como lo dijo un briceñita, y acabar el problema de raíz. Y cinco años después, vuelven a coincidir en que la del Acuerdo es una oportunidad que no se puede perder.
“Aquí ya habían intentado acabar la coca antes: una, con aspersión en 2006 y, otra, mediante erradicación manual en 2008. Pero siempre la gente volvía y sembraba,lo que necesitaban era alternativas. En cambio, en 2017 nosotros arrancamos las matas en menos de dos meses sin que explotara una sola mina, sin que hubiera una sola bala, un solo herido, un solo desplazado o víctima y sin resiembra ¿Funciona o no funciona?”, pregunta Jhon adivinando la respuesta.
Las cifras lo demuestran: mientras la tasa de resiembra de la sustitución voluntaria es de apenas el 0,8 %, la de la erradicación forzada varía entre el 38 % al 69 %, según UNODC.
Por eso, el Acuerdo de paz definió la erradicación forzada como una medida excepcional en los casos en que los cultivadores no accedieran a sustituir de manera voluntaria. Esto, también, para evitar los choques que ya se han generado entre campesinos cocaleros y miembros de la Policía y el Ejército.
Pese a esto, sigue habiendo un esfuerzo por continuar con esta estrategia: en 2019 se erradicaron 94 mil hectáreas; en 2020, 130 mil, y hasta septiembre de 2021 se habían erradicado 57 mil, un 44.3% de la meta de 130.000 fijada por el Gobierno Duque para este año. Y el nivel de inversión no es menor. Según un informe del Congreso, la política de drogas del presidente Iván Duque, llamada Ruta Futuro, concentraba un 89 % de su financiación (3.9 billones de 4.4 que contiene la política) en medidas para la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. Esta cifra es más del doble de los 1.6 billones asignados durante este Gobierno al PNIS.
“El Gobierno debe hacer todos los máximos esfuerzos para que la sustitución voluntaria sea una realidad. La gente ha cumplido. La erradicación forzada solo trae violencia. Lleva al Gobierno a invertir recursos en violencia, lo que es una contradicción con el Acuerdo de paz”, insiste Nidia, de Coccam.