En busca de la reivindicación histórica del Pacífico nariñense

Si bien es cierto que la región del Pacífico nariñense ha sido y sigue siendo una de las más golpeadas por la guerra y la disputa sinfín de múltiples grupos armados que hacen presencia en la zona, también lo es que los problemas y la crisis humanitaria en la que permanecen las comunidades no se pueden ver solo a través del filtro de la confrontación armada, pues el origen del conflicto está también en la negación de derechos, el empobrecimiento de la gente y las prácticas racistas estructurales por parte del mismo Estado, lo que al final de cuentas ha permitido que la violencia se ensañe y se perpetúe en el territorio.

Esa es la premisa de la que parte el informe que este jueves el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, en alianza con la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense y el Piedemonte Costero (Redhpana), presentará como contribución a las instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. El documento, que se titula “Racismo y violencia estatal en los territorios étnicos del Pacífico nariñense”, fue construido con la voz de los procesos organizativos étnicos del territorio a partir de los testimonios de líderes y lideresas de la región, fuentes académicas, periodísticas y estatales, que hace una radiografía de la crisis humanitaria que ha vivido la región, teniendo como telón de fondo el racismo estructural y su incidencia en los patrones de violencia contra los pueblos negros e indígenas.

El documento plantea la existencia de tres fenómenos sociales que ayudan a entender las bases del argumento de la violencia estructural por parte del Estado: la noción de territorio cultural, la colonización y el racismo como formas de pensamiento, y la relación entre economías extractivistas y la muerte física y cultural de los pueblos.

“El Pacífico colombiano refleja en su territorio la exclusión histórica de la que ha sido víctima. La ausencia de carreteras es particularmente significativa, ya que mientras los Andes gozan de una red de vías secundarias a menudo pavimentadas que se incorporan a la red principal de envergadura internacional (la Panamericana), en el litoral, que es cinco veces más extenso, solo existen dos carreteras que desembocan en la costa. La primera desde Cali a Buenaventura y la segunda de Pasto a Tumaco”, señala.

(Lea también: Resistencia, paz y sentido social: el país con el que sueñan los artistas y líderes jóvenes)

En el caso específico del Pacífico nariñense, se trata de una subregión con alrededor de 467.000 habitantes (en los municipios de Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüí Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara Iscuandé) y con un índice de necesidades básicas insatisfechas casi del 60 %, frente al 14 % de promedio a escala nacional. En cabeceras de municipios como La Tola este índice es del 99,58 %, en las de Mosquera el 98,54 %, en las de Magüí 94,08 % o en Santa Bárbara Iscuandé 91,47 %. “Este diagnóstico de falta de acceso a los derechos básicos permite explicar la violencia estructural racista. Por el orden institucional establecido, por los valores que orientan las decisiones del Gobierno, por la tolerancia frente a las formas de discriminación y de violencia que vive su población, y por la negativa a garantizar derechos sociales”, detalla el informe.

Asimismo, se destacan algunas de las políticas estatales que, según las comunidades, contribuyeron a una reorganización del territorio y un incremento de la violencia en la zona, como el caso de las fumigaciones aéreas con glifosato desde finales de los 90, que llevaron al desplazamiento de cultivos ilícitos hacia la región, la incursión del paramilitarismo en muchos casos en connivencia con la Fuerza Pública, las políticas extractivistas que permitieron el acceso de actores económicos a tierras de las comunidades étnicas, la implementación del Plan Colombia, la creación de las Áreas Estratégicas Mineras e incluso la puesta en marcha de la política de seguridad democrática desarrollada durante el gobierno de Álvaro Uribe.

“Como consecuencia de las políticas gubernamentales que han negado el acceso a los derechos de las comunidades étnicas y ha priorizado la extracción de los recursos naturales de esta “frontera”, llegó la guerra al sur del Pacífico, en un proceso de confrontación bélica sin tregua entre diferentes ejércitos legales e ilegales”, refiere el documento al señalar que, a junio de 2020, el Registro Único de Víctimas daba cuenta de 169.772 víctimas y 432.919 hechos victimizantes en esa zona del país.

(Le recomendamos escuchar este pódcast: (Pódcast) Daira Quiñones, la fundadora de pueblos)

La investigación sostiene que, de todos estos hechos, ha habido tres prácticas de violencia que reúnen características especiales, pues responden a imaginarios de odio racial y buscan despojar a los pueblos étnicos de sus territorios: el desplazamiento forzado masivo (a causa de la economía minera, el monocultivo de palma aceitera y las aspersiones con glifosato), desaparición forzada y el asesinato de líderes y lideresas sociales.

En el caso de la desaparición forzada, por ejemplo, de acuerdo con el Sistema Red de Información de Desaparecidos y Cadáveres, entre 1985 y 2020, en los 11 municipios de esta región se registraron 1.310 personas desaparecidas, frente a las 3.138 personas reportadas en los 64 municipios del departamento. Es decir, casi el 42 % de los casos totales de Nariño. “La violencia selectiva racializada se ha empecinado durante las últimas décadas contra los pueblos tradicionales, sobre los cuerpos de sus integrantes se usan unas formas específicas de agresión orientadas a borrar todo vestigio de identidad y humanidad. A las víctimas se les mutila, lacera y se les transfigura como muestra del odio que existe en contra de sus sentires y proyectos colectivos. El cuerpo de las víctimas es utilizado para grabar la dominación racial histórica y el desvalor que existe de sus vidas”.

Para las comunidades es fundamental que haya una reparación del daño ocasionado para tratar de contener los efectos de la violencia que sigue arraigada en los territorios y por eso el trabajo de la Comisión de la Verdad resulta tan necesario para que “se establezca con claridad la relación temporal y causal que existe entre la llegada de economías agroindustriales y extractivas en el territorio, con el aumento desbordado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos individuales y colectivos”.

De igual forma, el informe hace un llamado a que exista una reconfiguración de las políticas públicas con una participación activa de las comunidades étnicas que permita la aplicación de estrategias con enfoques diferenciales que reconozcan no solo las características de la región, sino la multiplicidad de factores que a lo largo de los años han confluido, agravando así la situación humanitaria del Pacífico nariñense.

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*La Sinfónica de Colombia y los sonidos del Pacífico

Si bien es cierto que la región del Pacífico nariñense ha sido y sigue siendo una de las más golpeadas por la guerra y la disputa sinfín de múltiples grupos armados que hacen presencia en la zona, también lo es que los problemas y la crisis humanitaria en la que permanecen las comunidades no se pueden ver solo a través del filtro de la confrontación armada, pues el origen del conflicto está también en la negación de derechos, el empobrecimiento de la gente y las prácticas racistas estructurales por parte del mismo Estado, lo que al final de cuentas ha permitido que la violencia se ensañe y se perpetúe en el territorio.

Esa es la premisa de la que parte el informe que este jueves el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, en alianza con la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense y el Piedemonte Costero (Redhpana), presentará como contribución a las instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. El documento, que se titula “Racismo y violencia estatal en los territorios étnicos del Pacífico nariñense”, fue construido con la voz de los procesos organizativos étnicos del territorio a partir de los testimonios de líderes y lideresas de la región, fuentes académicas, periodísticas y estatales, que hace una radiografía de la crisis humanitaria que ha vivido la región, teniendo como telón de fondo el racismo estructural y su incidencia en los patrones de violencia contra los pueblos negros e indígenas.

El documento plantea la existencia de tres fenómenos sociales que ayudan a entender las bases del argumento de la violencia estructural por parte del Estado: la noción de territorio cultural, la colonización y el racismo como formas de pensamiento, y la relación entre economías extractivistas y la muerte física y cultural de los pueblos.

“El Pacífico colombiano refleja en su territorio la exclusión histórica de la que ha sido víctima. La ausencia de carreteras es particularmente significativa, ya que mientras los Andes gozan de una red de vías secundarias a menudo pavimentadas que se incorporan a la red principal de envergadura internacional (la Panamericana), en el litoral, que es cinco veces más extenso, solo existen dos carreteras que desembocan en la costa. La primera desde Cali a Buenaventura y la segunda de Pasto a Tumaco”, señala.

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En el caso específico del Pacífico nariñense, se trata de una subregión con alrededor de 467.000 habitantes (en los municipios de Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüí Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara Iscuandé) y con un índice de necesidades básicas insatisfechas casi del 60 %, frente al 14 % de promedio a escala nacional. En cabeceras de municipios como La Tola este índice es del 99,58 %, en las de Mosquera el 98,54 %, en las de Magüí 94,08 % o en Santa Bárbara Iscuandé 91,47 %. “Este diagnóstico de falta de acceso a los derechos básicos permite explicar la violencia estructural racista. Por el orden institucional establecido, por los valores que orientan las decisiones del Gobierno, por la tolerancia frente a las formas de discriminación y de violencia que vive su población, y por la negativa a garantizar derechos sociales”, detalla el informe.

Asimismo, se destacan algunas de las políticas estatales que, según las comunidades, contribuyeron a una reorganización del territorio y un incremento de la violencia en la zona, como el caso de las fumigaciones aéreas con glifosato desde finales de los 90, que llevaron al desplazamiento de cultivos ilícitos hacia la región, la incursión del paramilitarismo en muchos casos en connivencia con la Fuerza Pública, las políticas extractivistas que permitieron el acceso de actores económicos a tierras de las comunidades étnicas, la implementación del Plan Colombia, la creación de las Áreas Estratégicas Mineras e incluso la puesta en marcha de la política de seguridad democrática desarrollada durante el gobierno de Álvaro Uribe.

“Como consecuencia de las políticas gubernamentales que han negado el acceso a los derechos de las comunidades étnicas y ha priorizado la extracción de los recursos naturales de esta “frontera”, llegó la guerra al sur del Pacífico, en un proceso de confrontación bélica sin tregua entre diferentes ejércitos legales e ilegales”, refiere el documento al señalar que, a junio de 2020, el Registro Único de Víctimas daba cuenta de 169.772 víctimas y 432.919 hechos victimizantes en esa zona del país.

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La investigación sostiene que, de todos estos hechos, ha habido tres prácticas de violencia que reúnen características especiales, pues responden a imaginarios de odio racial y buscan despojar a los pueblos étnicos de sus territorios: el desplazamiento forzado masivo (a causa de la economía minera, el monocultivo de palma aceitera y las aspersiones con glifosato), desaparición forzada y el asesinato de líderes y lideresas sociales.

En el caso de la desaparición forzada, por ejemplo, de acuerdo con el Sistema Red de Información de Desaparecidos y Cadáveres, entre 1985 y 2020, en los 11 municipios de esta región se registraron 1.310 personas desaparecidas, frente a las 3.138 personas reportadas en los 64 municipios del departamento. Es decir, casi el 42 % de los casos totales de Nariño. “La violencia selectiva racializada se ha empecinado durante las últimas décadas contra los pueblos tradicionales, sobre los cuerpos de sus integrantes se usan unas formas específicas de agresión orientadas a borrar todo vestigio de identidad y humanidad. A las víctimas se les mutila, lacera y se les transfigura como muestra del odio que existe en contra de sus sentires y proyectos colectivos. El cuerpo de las víctimas es utilizado para grabar la dominación racial histórica y el desvalor que existe de sus vidas”.

Para las comunidades es fundamental que haya una reparación del daño ocasionado para tratar de contener los efectos de la violencia que sigue arraigada en los territorios y por eso el trabajo de la Comisión de la Verdad resulta tan necesario para que “se establezca con claridad la relación temporal y causal que existe entre la llegada de economías agroindustriales y extractivas en el territorio, con el aumento desbordado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos individuales y colectivos”.

De igual forma, el informe hace un llamado a que exista una reconfiguración de las políticas públicas con una participación activa de las comunidades étnicas que permita la aplicación de estrategias con enfoques diferenciales que reconozcan no solo las características de la región, sino la multiplicidad de factores que a lo largo de los años han confluido, agravando así la situación humanitaria del Pacífico nariñense.

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