‘En entrega de bienes, Gobierno parece inducirnos al incumplimiento’: Pastor Alape

En apenas ocho días vencerá el plazo fijado por el Gobierno Nacional para que la antigua guerrilla de las Farc entregue la totalidad de los bienes y activos que consiguió durante la guerra. Al 31 de diciembre, todo tipo de bienes que pertencieron a la guerrilla y que están consignados en el inventario elaborado por la insurgencia y entregado el 15 de agosto de 2017 deberían estar en manos ya del Gobierno para que con ellos se repare a las víctimas del conflicto. En la realidad, esto está lejos de suceder.

Así quedó claro durante la versión voluntaria que el excomandante de las Farc Pastor Alape, encargado de ese inventario, rindió ante la Jurisdicción Especial para la Paz para explicar las acciones que han ejecutado con el fin de entregar los bienes y las dificultades que ha enfrentado ese proceso. Se trata de uno de los temas que más diferencias ha suscitado entre el Gobierno y la exguerrilla y que ha presentado un sinnúmero de tropiezos desde la entrega del inventario, el acto con el que se entendía plenamente concluida la dejación de armas y la terminación de las conductas propias de la guerra, por parte de las Farc.

Lea: ‘No podemos hacernos matar por entregar bienes antes del 31 de diciembre’: FARC

De entrada, el plazo actualmente vigente no se cumplirá, dijo el exjefe guerrillero, debido a una serie de dificultades que expuso ante los magistrados de la Sala de Amnistía e Indulto y la Sala de Reconocimiento de Verdad. “No pretendemos eludir nuestra responsabilidad, sabemos que la entrega de información y la materialización de los bienes son una condición importante para predicar el cumplimiento del Acuerdo y con las víctimas. Somos conscientes que son acciones necesarias para contribuir a la reparación material, que, aunque está a cargo del Estado, requiere el compromiso de todos los que participamos en las hostilidades”, subrayó Alape.

En su intervención, el exjefe guerrillero sostuvo que la responsabilidad de las Farc, según el Acuerdo de Paz y el decreto 903 de 2017 que reglamentó el tema, era entregar toda la información necesaria para que el Estado pudiera asumir la recuperación de los bienes incluidos en el inventario. Pero que, de manera unilateral, el Gobierno les cambió las reglas de juego cuando expidió el decreto 1407 del 24 de agosto de 2017, en el que se establece que “los exintegrantes de las Farc deberán garantizar la entrega material de cada bien incluido en este y responderán por su cuidado e integridad hasta el momento en que se realice dicha entrega material”.

Esa norma, que según la FARC no se discutió con ellos, ha estado en el centro de la discusión entre el Gobierno y la exguerrilla. Según dijo hoy Pastor Alape, con ese cambio en la responsabilidad para las Farc más la fijación de plazos perentorios para la entrega de los bienes, sin que estén superadas dificultades de carácter jurídico para recibirlos, el Gobierno “pareciera tener la intención de inducir a los excombatientes al incumplimiento”.

Sobre la fijación del plazo, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, ha explicado que lo que hizo el Gobierno fue ponerle tiempos a un compromiso que asumió la exguerrilla cuando firmó el Acuerdo de Paz. De hecho, el primer plazo vencía el 31 de julio pasado, pero por efectos de la pandemia, el Gobierno lo extendió hasta el 31 de diciembre. Igualmente, ha señalado que la información consignada en el inventario es demasiado ambigua por lo cual el Gobierno no puede asumir la recuperación o la custodia de bienes que no están identificados, y que esa es responsabilidad de la FARC.

De hecho, hoy la Consejería envió una comunicación en la que reiteró que la “FARC tiene la obligación de entregar los bienes reportados, por lo que el Gobierno, con base en el inventario entregado en agosto de 2017, ha adelantado todas las gestiones para viabilizar jurídica, institucional y operativamente el proceso de recepción. Sin embargo, ha faltado en varios casos información clara de los bienes para completar el proceso”.

En su exposición sobre lo que ha sido del proceso de entrega de bienes desde que entregaron el inventario a la Misión de Naciones Unidas y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, el exjefe guerrillero hizo referencia explícita a las obstrucciones que tuvo dicho proceso, según él, por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. En concreto, habló de tres.

Primero, señaló que “a pesar del deber de custodia del inventario, este fue filtrado a los medios de comunicación por el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, como se pudo establecer a través de un artículo de la revista Semana del 27 de agosto de 2017, en el que se presentaron detalles de cantidad y ubicación de lo reportado por las Farc”.

Igualmente, sostuvo que por varios meses el proceso de entrega entre la exguerrilla y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que recibe los bienes, estuvo detenido tras una comunicación del entonces fiscal y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Martha Lucía Olano, al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, en la que sostenían que no era posible emplear dineros públicos en actividades que legalmente no les están autorizadas porque no tenían jurisdicción sobre ellos. Como resultado, la SAE careció de recursos para las gestiones necesarias en la recepción de los bienes y las misiones en los territorios.

Y la otra obstrucción mencionada por Alape fue cuando la Fiscalía “impidió que la JEP cautelara los bienes”, en un conflicto de competencias que terminó resolviendo la Corte Constitucional mediante el auto 155 a favor de la Fiscalía, en el caso de los bienes incautados a la guerrilla, no incluidos en el inventario.

Como resultado de que los bienes no hayan sido protegidos por ninguna entidad, dijo el líder de la FARC, muchos de ellos han sido objeto de hurto, pérdida, deterioro por abandono o han sido apropiados por grupos armados ilegales. Como ejemplo de ello, mencionó los semovientes reportados en el inventario, en ese entonces 24.456. “A pesar de que se advirtió en diferentes espacios y consta en actas de reuniones con la Sociedad de Activos Especiales respecto de los hurtos y pérdidas de estos activos, nunca se desplegó ningún tipo de acción del estado para su protección y preservación. Resulta imposible, en territorios como el Guaviare, que, pasados 3 años de la entrega del inventario, los semovientes se conservaran en el número reportado, especialmente con las graves condiciones de seguridad en los territorios y la presencia de grupos armados”. En total, son 229 los semovientes entregados por la FARC hasta la fecha.

Y en buena medida, debido a la situación de seguridad, no se entregará todo lo que en su momento quedó en el inventario. Por ejemplo, los bienes ubicados en el municipio de Ituango, básicamente, se dieron por perdidos debido a la presencia de los armados en el territorio. “No se recogieron todos los bienes, pero con la SAE se tomó la decisión de dar eso por cerrado”.

Similar situación podría replicarse en el sur de Bolívar, en donde el Eln asesinó, como ellos mismos reconocieron, al excomandante de las Farc Mario Morales mientras ejecutaba labores de verificación de predios para entregar al Gobierno. Según Alape, después de ese asesinato, esa guerrilla le hizo una amenaza directa a un excombatiente en la que le advirtieron que si volvían al territorio a entregarle al Estado esos predios, iban a ser objeto de represalias. Y en las regiones del Catatumbo, nordeste antioqueño, Bajo Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guaviare, Arauca y en los municipios de Uribe y La Macarena en el Meta también han enfrentado dificultades de seguridad.

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Sobre la situación de seguridad, el consejero dijo hoy que en el cronograma que estableció la SAE para ir a terreno a identificar los bienes está contemplado el apoyo de la Fuerza Pública así como el del Ministerio de Salud para garantizar las medidas de bioseguridad. “El Gobierno nacional siempre ha desplegado toda la logística e institucionalidad requerida para recibir los bienes. Prueba de ello son las gestiones que se han adelantado desde la primera diligencia de recepción de bienes, realizada a partir del 22 septiembre de 2017 y durante tres (3) años continuos, hasta la fecha”, agregó.

De otro lado, según el exjefe guerrillero aún hay una serie de vacíos jurídicos que el Gobierno no ha resuelto e incluso ha reconocido que están pendientes. Se refirió a los bienes respecto de los cuales existen oposiciones, que presentan gravámenes o aquellos cuyos propietarios no ha sido posible ubicar, los cuales no puede recibir la SAE. Como ejemplo de ello, dijo que existen 244 bienes inmuebles plenamente identificados, de los cuales solo ocho cumplen con los requisitos exigidos por el Estado para ser recibidos. Los demás están a la espera de resolver su situación jurídica, y según dijo Alape son predios que suman aproximadamente 90 mil hectáreas con un costo aproximado de $100 mil millones.

Como ejemplo de ello, habló de un predio en Godó (Antioquia), que fue entregado por la exguerrilla a la SAE, en el que excombatientes ejecutan proyectos productivos en arriendo a esa entidad, pero que después esa misma institución dijo no poder recibirlo por evidenciar anotaciones en el certificado de tradición que impide su transferencia al Estado. En otros casos, que incluyen por ejemplo vehículos, si no aparece el propietario para la entrega, no los recibe la SAE.

En esos vacíos jurídicos, también nombró el exjefe guerrillero que no se ha creado el patrimonio autónomo para depositar todo lo entregado por la exguerrilla y posteriormente destinarlo a reparar a las víctimas. Mientras tanto, todo ha ido quedando en poder de la SAE. Según los vacíos reconocidos por el Gobierno, falta regular un trámite para las oposiciones que se presenten, reglamentar la ruta para los bienes que no son susceptibles de transferirse al Patrimonio Autónomo – que no son monetizables – y la ruta para los bienes en estado de deterioro.

Como resultado de este estrellado proceso, esto es lo que ha entregado la antigua guerrilla hasta la fecha, validado por la SAE:

Entre otras, el exjefe guerrillero reiteró en su versión ante la JEP la necesidad de que sea acogido el inventario en su integridad, esto es teniendo en cuenta, por ejemplo, los miles de kilómetros de carreteras construidos por la guerrilla de las Farc durante la guerra. “Quien se haya trasladado de San Vicente del Caguán hasta La Macarena debe saber que se está transportando por una de las vías que construyeron las Farc. Y luego, si sigue de La Macarena a San José del Guaviare, se está transportando por otra vía hecha por las Farc. Quien se vaya desde la alcaldía menor de San Juan de Sumapaz adentro al Plan, al Confín, esas vías las abrieron las Farc. Esa es una realidad que no se quiere reconocer”

En apenas ocho días vencerá el plazo fijado por el Gobierno Nacional para que la antigua guerrilla de las Farc entregue la totalidad de los bienes y activos que consiguió durante la guerra. Al 31 de diciembre, todo tipo de bienes que pertencieron a la guerrilla y que están consignados en el inventario elaborado por la insurgencia y entregado el 15 de agosto de 2017 deberían estar en manos ya del Gobierno para que con ellos se repare a las víctimas del conflicto. En la realidad, esto está lejos de suceder.

Así quedó claro durante la versión voluntaria que el excomandante de las Farc Pastor Alape, encargado de ese inventario, rindió ante la Jurisdicción Especial para la Paz para explicar las acciones que han ejecutado con el fin de entregar los bienes y las dificultades que ha enfrentado ese proceso. Se trata de uno de los temas que más diferencias ha suscitado entre el Gobierno y la exguerrilla y que ha presentado un sinnúmero de tropiezos desde la entrega del inventario, el acto con el que se entendía plenamente concluida la dejación de armas y la terminación de las conductas propias de la guerra, por parte de las Farc.

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De entrada, el plazo actualmente vigente no se cumplirá, dijo el exjefe guerrillero, debido a una serie de dificultades que expuso ante los magistrados de la Sala de Amnistía e Indulto y la Sala de Reconocimiento de Verdad. “No pretendemos eludir nuestra responsabilidad, sabemos que la entrega de información y la materialización de los bienes son una condición importante para predicar el cumplimiento del Acuerdo y con las víctimas. Somos conscientes que son acciones necesarias para contribuir a la reparación material, que, aunque está a cargo del Estado, requiere el compromiso de todos los que participamos en las hostilidades”, subrayó Alape.

En su intervención, el exjefe guerrillero sostuvo que la responsabilidad de las Farc, según el Acuerdo de Paz y el decreto 903 de 2017 que reglamentó el tema, era entregar toda la información necesaria para que el Estado pudiera asumir la recuperación de los bienes incluidos en el inventario. Pero que, de manera unilateral, el Gobierno les cambió las reglas de juego cuando expidió el decreto 1407 del 24 de agosto de 2017, en el que se establece que “los exintegrantes de las Farc deberán garantizar la entrega material de cada bien incluido en este y responderán por su cuidado e integridad hasta el momento en que se realice dicha entrega material”.

Esa norma, que según la FARC no se discutió con ellos, ha estado en el centro de la discusión entre el Gobierno y la exguerrilla. Según dijo hoy Pastor Alape, con ese cambio en la responsabilidad para las Farc más la fijación de plazos perentorios para la entrega de los bienes, sin que estén superadas dificultades de carácter jurídico para recibirlos, el Gobierno “pareciera tener la intención de inducir a los excombatientes al incumplimiento”.

Sobre la fijación del plazo, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, ha explicado que lo que hizo el Gobierno fue ponerle tiempos a un compromiso que asumió la exguerrilla cuando firmó el Acuerdo de Paz. De hecho, el primer plazo vencía el 31 de julio pasado, pero por efectos de la pandemia, el Gobierno lo extendió hasta el 31 de diciembre. Igualmente, ha señalado que la información consignada en el inventario es demasiado ambigua por lo cual el Gobierno no puede asumir la recuperación o la custodia de bienes que no están identificados, y que esa es responsabilidad de la FARC.

De hecho, hoy la Consejería envió una comunicación en la que reiteró que la “FARC tiene la obligación de entregar los bienes reportados, por lo que el Gobierno, con base en el inventario entregado en agosto de 2017, ha adelantado todas las gestiones para viabilizar jurídica, institucional y operativamente el proceso de recepción. Sin embargo, ha faltado en varios casos información clara de los bienes para completar el proceso”.

En su exposición sobre lo que ha sido del proceso de entrega de bienes desde que entregaron el inventario a la Misión de Naciones Unidas y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, el exjefe guerrillero hizo referencia explícita a las obstrucciones que tuvo dicho proceso, según él, por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. En concreto, habló de tres.

Primero, señaló que “a pesar del deber de custodia del inventario, este fue filtrado a los medios de comunicación por el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, como se pudo establecer a través de un artículo de la revista Semana del 27 de agosto de 2017, en el que se presentaron detalles de cantidad y ubicación de lo reportado por las Farc”.

Igualmente, sostuvo que por varios meses el proceso de entrega entre la exguerrilla y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que recibe los bienes, estuvo detenido tras una comunicación del entonces fiscal y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Martha Lucía Olano, al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, en la que sostenían que no era posible emplear dineros públicos en actividades que legalmente no les están autorizadas porque no tenían jurisdicción sobre ellos. Como resultado, la SAE careció de recursos para las gestiones necesarias en la recepción de los bienes y las misiones en los territorios.

Y la otra obstrucción mencionada por Alape fue cuando la Fiscalía “impidió que la JEP cautelara los bienes”, en un conflicto de competencias que terminó resolviendo la Corte Constitucional mediante el auto 155 a favor de la Fiscalía, en el caso de los bienes incautados a la guerrilla, no incluidos en el inventario.

Como resultado de que los bienes no hayan sido protegidos por ninguna entidad, dijo el líder de la FARC, muchos de ellos han sido objeto de hurto, pérdida, deterioro por abandono o han sido apropiados por grupos armados ilegales. Como ejemplo de ello, mencionó los semovientes reportados en el inventario, en ese entonces 24.456. “A pesar de que se advirtió en diferentes espacios y consta en actas de reuniones con la Sociedad de Activos Especiales respecto de los hurtos y pérdidas de estos activos, nunca se desplegó ningún tipo de acción del estado para su protección y preservación. Resulta imposible, en territorios como el Guaviare, que, pasados 3 años de la entrega del inventario, los semovientes se conservaran en el número reportado, especialmente con las graves condiciones de seguridad en los territorios y la presencia de grupos armados”. En total, son 229 los semovientes entregados por la FARC hasta la fecha.

Y en buena medida, debido a la situación de seguridad, no se entregará todo lo que en su momento quedó en el inventario. Por ejemplo, los bienes ubicados en el municipio de Ituango, básicamente, se dieron por perdidos debido a la presencia de los armados en el territorio. “No se recogieron todos los bienes, pero con la SAE se tomó la decisión de dar eso por cerrado”.

Similar situación podría replicarse en el sur de Bolívar, en donde el Eln asesinó, como ellos mismos reconocieron, al excomandante de las Farc Mario Morales mientras ejecutaba labores de verificación de predios para entregar al Gobierno. Según Alape, después de ese asesinato, esa guerrilla le hizo una amenaza directa a un excombatiente en la que le advirtieron que si volvían al territorio a entregarle al Estado esos predios, iban a ser objeto de represalias. Y en las regiones del Catatumbo, nordeste antioqueño, Bajo Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guaviare, Arauca y en los municipios de Uribe y La Macarena en el Meta también han enfrentado dificultades de seguridad.

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Sobre la situación de seguridad, el consejero dijo hoy que en el cronograma que estableció la SAE para ir a terreno a identificar los bienes está contemplado el apoyo de la Fuerza Pública así como el del Ministerio de Salud para garantizar las medidas de bioseguridad. “El Gobierno nacional siempre ha desplegado toda la logística e institucionalidad requerida para recibir los bienes. Prueba de ello son las gestiones que se han adelantado desde la primera diligencia de recepción de bienes, realizada a partir del 22 septiembre de 2017 y durante tres (3) años continuos, hasta la fecha”, agregó.

De otro lado, según el exjefe guerrillero aún hay una serie de vacíos jurídicos que el Gobierno no ha resuelto e incluso ha reconocido que están pendientes. Se refirió a los bienes respecto de los cuales existen oposiciones, que presentan gravámenes o aquellos cuyos propietarios no ha sido posible ubicar, los cuales no puede recibir la SAE. Como ejemplo de ello, dijo que existen 244 bienes inmuebles plenamente identificados, de los cuales solo ocho cumplen con los requisitos exigidos por el Estado para ser recibidos. Los demás están a la espera de resolver su situación jurídica, y según dijo Alape son predios que suman aproximadamente 90 mil hectáreas con un costo aproximado de $100 mil millones.

Como ejemplo de ello, habló de un predio en Godó (Antioquia), que fue entregado por la exguerrilla a la SAE, en el que excombatientes ejecutan proyectos productivos en arriendo a esa entidad, pero que después esa misma institución dijo no poder recibirlo por evidenciar anotaciones en el certificado de tradición que impide su transferencia al Estado. En otros casos, que incluyen por ejemplo vehículos, si no aparece el propietario para la entrega, no los recibe la SAE.

En esos vacíos jurídicos, también nombró el exjefe guerrillero que no se ha creado el patrimonio autónomo para depositar todo lo entregado por la exguerrilla y posteriormente destinarlo a reparar a las víctimas. Mientras tanto, todo ha ido quedando en poder de la SAE. Según los vacíos reconocidos por el Gobierno, falta regular un trámite para las oposiciones que se presenten, reglamentar la ruta para los bienes que no son susceptibles de transferirse al Patrimonio Autónomo – que no son monetizables – y la ruta para los bienes en estado de deterioro.

Como resultado de este estrellado proceso, esto es lo que ha entregado la antigua guerrilla hasta la fecha, validado por la SAE:

Entre otras, el exjefe guerrillero reiteró en su versión ante la JEP la necesidad de que sea acogido el inventario en su integridad, esto es teniendo en cuenta, por ejemplo, los miles de kilómetros de carreteras construidos por la guerrilla de las Farc durante la guerra. “Quien se haya trasladado de San Vicente del Caguán hasta La Macarena debe saber que se está transportando por una de las vías que construyeron las Farc. Y luego, si sigue de La Macarena a San José del Guaviare, se está transportando por otra vía hecha por las Farc. Quien se vaya desde la alcaldía menor de San Juan de Sumapaz adentro al Plan, al Confín, esas vías las abrieron las Farc. Esa es una realidad que no se quiere reconocer”