Gobierno y disidencia de FARC pedirán a ONU que Misión en Colombia verifique cese al fuego

Este miércoles, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia presentó su informe trimestral ante el Consejo de Seguridad de ese organismo sobre la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las extintas FARC.

El documento fue difundido el pasado 5 de octubre y se reconocía que el gobierno de Gustavo Petro renovó los compromisos adquiridos para cumplir lo acordado y se destacaban los avances en las negociaciones con el ELN y el Estado Mayor Central de las FARC (EMC).

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La presentación se hizo antes los embajadores y representantes de los 15 países —entre permanentes y no permanentes— que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU. En el acto también hace presencia el canciller de Colombia, Álvaro Leyva. Siga los detalles en vivo.

La primera intervención fue la del representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien afirmó que Colombia se acerca a la mitad del período de 15 años previsto para la implementación del Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC-EP y que en este primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro se han renovado los compromisos para su implementación.

Ruiz destacó la búsqueda de tierras para los excombatientes, especialmente para reincorporados que debieron salir de algunos espacios territoriales por amenazas a su seguridad. El representante se refirió puntualmente a la entrega de predio en San Juan de Arama (Meta) a los firmantes de paz del ETCR de Vistahermosa.

Así mismo, se refirió a los asesinatos de los ex-FARC que siguen en aumento y llamó al Gobierno a fortalecer los procesos para la garantía de la protección de su vida.

“Las iniciativas de diálogos impulsadas por el Gobierno son un necesario esfuerzo adicional por las amenazas de grupos armados y revertir sus impactos en las comunidades”, dijo Ruiz en referencia a la política de Paz Total.

Sobre este punto, se refirió a las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), específicamente sobre el cese al fuego, del que dijo que ha evidenciado una disminución del conflicto entre las partes. Además, dijo que prueba de que el proceso avanza es que el miércoles la mesa de diálogos sesionó por primera vez en Bogotá.

Así mismo se refirió al proceso que se adelanta con la disidencia de las antiguas FARC autodenominada como Estado Mayor Central. “Las partes anunciaron una suspensión de acciones ofensivas y su intención de instalar la mesa e iniciar un cese del fuego el próximo 16 de octubre”, dijo. Y agregó: “He sido informado que próximamente las partes (Gobierno y Estado Mayor Central) solicitarán a este Consejo que la Misión pueda ser autorizada para participar en el monitoreo y verificación del cese al fuego. Me aseguraré de que este Consejo reciba toda la información necesaria para considerar esta solicitud”.

También se refirió a la finalización del primer plan de acción nacional para la implementación de la resolución 1325 sobre mujer, paz y seguridad. “En este mismo contexto, es otro hito fundamental la reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de abrir el Caso 11, que abordará la violencia basada en género, sexual y reproductiva ejercida por las partes en conflicto. Reconozco el liderazgo y el incansable trabajo de cientos de organizaciones de la sociedad civil a lo largo y ancho de Colombia que abogaron por la apertura del caso”, dijo.

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El representante de Estados Unidos, a su turno, indicó que es necesario aprender de los errores de cara a las nuevas negociaciones de paz y contar con una estrategia de seguridad. “Es necesario forzar a los grupos armados para negociar de buena voluntad y evitar abusos”, dijo.

También indicó que se necesitan más elementos para evaluar si se puede extender el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia para verificar y monitorear el próximo cese al fuego con la disidencia de las FARC del EMC. “Antes que el Consejo de Seguridad apoyo el mandato para monitorear el alto al fuego con el EMC muchas son las rondas que se deben surtir (...) Las rondas de negociaciones entre el EMC y el Gobierno todavía no han llegado a este punto de maduración. Seguimos atentos a lo que nos puedan aportar el Gobierno y el representante especial. Seguiremos de cerca lo que se está adelantando con el EMC”, dijo.

A su turno, Rodrigo Botero, ambientalista, y uno de los delegados del Gobierno en las negociaciones con el ELN, se centró en los efectos que tiene el conflicto armado en el medioambiente. La degradación ambiental, dijo, está relacionada con dinámicas ilegales y legales que se explican por la complejidad de la guerra. “Hay un escenario muy difícil para los defensores y las defensoras ambientales. Colombia tiene las más tasas más altas de asesinatos de líderes ambientales, a pesar del esfuerzo del Gobierno para la ratificación del Acuerdo de Escazú”, dijo Botero.

Además, dijo que la falta de implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y la falta de llegada del Estado a los territorios antes controlados por las FARC, ha tenido como consecuencia la ocupación reciente de los territorios por parte de otros grupos armados. “Esta proliferación de grupos está relacionada también con la existencia de fuentes de recursos que generalmente se encuentran en áreas de comunidades locales o zonas de conservación que nutren sus ejércitos. En este contexto, desde la firma del Acuerdo de paz, casi 1 millón de hectáreas han sido deforestadas en una de las zonas más biodiversas del planeta (aproximadamente la cuarta parte del tamaño de Holanda)”, indicó.

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Botero resaltó que en la agenda de negociación con el ELN se incluyó un punto sobre el medioambiente. “La inclusión en la agenda del medio ambiente como víctima resalta también su derecho de ser reparado y restaurado y reconoce que tanto el Estado, actores privados y grupos armados ilegales han generado impactos ambientales”, dijo.

Además, afirmó que las negociaciones con el Estado Mayor Central podría poner en la mesa a otro actor que ha estado involucrado directamente en la deforestación de la Amazonía.

“Debo señalar que Colombia, está en un punto histórico de inflexión. La Política de Paz, ha abierto un camino esencial, que es la llegada a un Acuerdo Nacional. Un acuerdo, que va más allá de lo pactado con un grupo armado determinado, si no que incluye a todos los sectores sociales, políticos, financieros, en la construcción de una ruta para resolver los conflictos en el país”, aseguró Botero.

También se pronunció la representante de Reino Unido, quien destacó especialmente el avance sobre la reforma rural integral y pidió que se cree rápidamente una oficina, junto con la Presidencia, para que siga la implementación del Acuerdo de Paz. Esto tiene que ver con el plan del Gobierno de eliminar a la Unidad de Implementación y volverla a convertir en una Alta Consejería Presidencial.

También hablaron los representantes de Mozambique y de China, quienes pidieron fortalecer la confianza en los diálogos de paz, pero sobre todo acelerar la implementación del Acuerdo de Paz.

El representante de Rusia, muy crítico con el trabajo del gobierno de Iván Duque, indicó que pese a los esfuerzos de esa administración de “sabotear de facto” el Acuerdo de Paz. Dijo que celebraba los esfuerzos en el tema de la reforma agraria, pero que se necesita mayor protección de líderes sociales, el programa de sustitución de cultivos de usos ilícito y que cese la violencia contra excombatientes.

A su turno, el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, dijo: “Destaco dos temas fundamentales de la paz de Colombia. El primero, la necesidad de que lo pactado en 2016 sea inviolable. Segundo, el reiterar que los diálogos que se continúan adelantando con los diferentes grupos y actores armados sea herramienta fundamental hoy y todos los días para conseguir la #PazTotal en todo el territorio nacional”, indicó.

Además, habló sobre el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz, de quien reiteró que debería abrir las puertas para otros actores. Esa misma petición la había hecho el pasado 13 de julio también ante el Consejo de Seguridad de la ONU cuando le pidió a la JEP que ampliara el acceso a otros actores como los paramilitares.

“Es el caso, por ejemplo, el quitar de por medio trabas que impiden el acceso de paramilitares a la Jurisdicción Especial para la Paz sin justificación alguna; la apertura del macrocaso de la responsabilidad del Estado por ser actor del conflicto armado, ya por acción, ya por omisión”, afirmó entonces.

Leyva también dijo que el presidente reiterará su compromiso con el Acuerdo de Paz. “Para el Gobierno colombiano es claro que la totalidad del contenido del Acuerdo de Paz del 2016 constituye un mandato imperativo para la Juridiscción Especial para la paz y para todas las instituciones del Estado y no podemos fracasar. Para que no quede duda alguna, el presidente Gustavo Petro Urrego procederá en los próximos días a reiterar la declaración oficial de buena fea, en forma de declaración unilateral de Estado ya efectuada por uno de sus antecesores, a fin de asumir la responsabilidad él directa de proteger y hacer cumplir lo acordado en los términos recogidos en el documento oficial S2017 272 (el Acuerdo de Paz)”, dijo.

Sobre las negociaciones con otros grupos, el canciller indicó que el Gobierno de Colombia entienda la inquietud que puede tener la comunidad internacional o el Consejo de Seguridad sobre la política de Paz Total. ”Sin embargo, vengo ante ustedes con la promesa de que esta apuesta es un compromiso adecuado y proporcional a la responsabilidad que como Estado y como Gobierno, bajo la batuta del presidente Petro tenemos con la sociedad y con las víctimad”, finalizó.

¿Qué decía el informe de la Misión de Verificación de la ONU?

Abarcando los seis puntos del acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las extintas FARC, el informe de la ONU mostró desarrollos entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2023 que dejaron una primera gran conclusión, según el secretario de la ONU António Guterres: “Se deben cumplir los compromisos del Estado con las víctimas y las comunidades vulnerables y trabajar para aumentar la presencia del Estado en todos los territorios es una profunda responsabilidad y una forma inigualable de demostrar voluntad política y fortalecer la legitimidad del Estado”.

Comenzando por la Reforma Rural Integral, el gran hito que identificó la ONU fue la puesta en marcha del Sistema Nacional de Reforma Agraria, que entre otras cosas va a posibilitar mayores accesos a la tierra y a los usos del suelo que le puedan dar los campesinos en las regiones.

A propósito de las próximas elecciones regionales del 29 de octubre, el informe también muestra algunos avances y retos en la reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las FARC que se acogieron al Acuerdo. Según la Misión, de las 299 candidaturas que el partido Comunes tendrá para las contiendas regionales del próximo 29 de octubre, 128 son de mujeres.

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Sobre la reincorporación, el documento también señaló que la principal falla son las pocas garantías de seguridad. Desde el inicio del gobierno Petro han sido asesinados 15 excombatientes, en los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Huila, Meta, Nariño y Tolima. “Cuatro excombatientes sobrevivieron a intentos de homicidio y otros tres fueron reportados como desaparecidos”, dice el informe. Desde el 2016 hasta septiembre pasado, 394 excombatientes han sido asesinados.