La implementación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz es mínima: Limpal
En su informe de seguimiento a indicadores de género del Acuerdo de Paz, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad concluyó que, tras cinco años de la firma, los cambios estructurales son una deuda con las mujeres y no ha contribuido a reducir la brecha estructural con respecto a los hombres.
Natalia Romero Peñuela
A Diana Salcedo, directora en Colombia de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal), le indigna que tras cinco años del Acuerdo con las Farc la discusión siga siendo si se implementa o no un pacto que ya está firmado y haya una pugna política sobre quién tiene la razón frente a la paz. “Eso lo único que ha dejado es una implementación muy reducida, desarrollada más que todo con recursos de cooperación internacional y no presupuesto de la nación, y con enfoques muy rezagados como el étnico y el de género”, asegura.
Sobre este último, el de género, la ONG feminista, pacifista y antimilitarista puso la lupa en el informe Realidades de la Paz Territorial: Perspectivas de las mujeres de Meta y Bolívar - Informe de seguimiento a indicadores de género del Acuerdo de Paz. Para esto, revisaron nueve informes de seguimiento, institucionales y de organizaciones, y entrevistaron a 59 mujeres, entre lideresas comunitarias, defensoras de derechos humanos y mujeres en proceso de reincorporación, principalmente en Meta y Bolívar donde Limpal lleva un trabajo de más de 20 años.
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Con todo esto, el informe analiza 7 de 51 indicadores de género del Plan Marco de Implementación del Acuerdo que tienen mayor impacto en las desigualdades estructurales contra las mujeres: los relacionados con transformación territorial, reconciliación, liderazgos políticos y sociales, protección para lideresas, reparación colectiva y atención psicosocial.
La gran conclusión es que la implementación de esa oportunidad histórica para la reducción de desigualdades estructurales sigue siendo una tarea pendiente. Y denuncian que, aunque son varias las causas, “gran parte de la responsabilidad se centra en la falta de voluntad política del gobierno de Iván Duque y los partidos de gobierno para la implementación”. “El avance y su impacto son muy mínimos porque los temas estructurales que el acuerdo buscaba impactar todavía siguen siendo una deuda con las mujeres”, asegura Salcedo.
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De los siete indicadores, el más retrasado es el de la transformación territorial. El informe señala que si bien la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación reportó como “cumplido” el indicador de “Promoción de la participación de las mujeres en la formulación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial”, tal y como lo señala la redacción del indicador lo que se cumplió fue la promoción de su participación, precisamente, en la formulación de la estrategia pero no en su implementación o sus impactos.
“La Agencia para la Renovación del Territorio (ART) reportó la participación de más de 65.000 mujeres en la planeación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), siendo el 32,5% del total de participantes. Porcentaje que se encuentra por debajo del promedio de mujeres rurales a nivel nacional que es del 48,13% según el DANE”, señala el informe.
Para Diana Salcedo, esa participación tampoco fue suficiente porque las iniciativas de género seleccionadas en los planes regionales son muy inferiores a las recogidas en los planes locales. “En Bolívar, nos comentaban, por ejemplo, que las mujeres participaron activamente en la construcción de los PDET y luego les llamaban a los quince días y les decían ‘Vamos a hacer una priorización de esto sobre 25 acciones’. Hacían la priorización y a los quince días otra vez reducían el número. Al final, la priorización era que no quedaban las acciones importantes para la agenda de las mujeres”, relata.
El informe lo demuestra con cifras: de más de 33 mil iniciativas PDET, las que tienen componente de género son apenas el 14 %. Y su desarrollo es lento. Por ejemplo, de las 511 iniciativas con marca de género y mujer rural para Bolívar y Meta, solo seis cuentan con ruta de implementación.
El informe concluyó que la estrategia fue insuficiente porque más allá de convocar a las mujeres no garantizó su participación igualitaria, teniendo en cuenta también el uso de lenguaje técnico por parte de los funcionarios y la falta de pedagogía sobre la importancia de los PDET. Además, aseguran que a ello se sumaron otros factores como el desconocimiento de la institucionalidad sobre la vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres rurales, las dificultades que añadieron las restricciones por la pandemia del coronavirus y que “las acciones implementadas se convirtieron en dádivas políticas para los grupos afines a los gobiernos municipales”.
El informe también analizó las estrategias de promoción de la reconciliación, convivencia y tolerancia y la de no estigmatización a grupos vulnerables como mujeres y población LGBTI; estrategias que según recuerda el informe“, se encuentran entre las 10 acciones en rojo dentro del semáforo que realiza el Grupo de Género en la Paz (GPAZ), es decir, son indicadores que no tienen avance tras cuatro años de implementación del acuerdo de paz”.
Limpal señala que además de los retrasos y de incongruencias entre la información suministrada por las instituciones, es problemático que el Ministerio del Interior una ambos indicadores en la formulación de una misma política pública porque “desdibuja el propósito del Acuerdo que llevó a establecer en dos indicadores diferentes la promoción de la reconciliación, la convivencia y la tolerancia -derivada del reconocimiento del quiebre que el conflicto armado dejó en el tejido social de las comunidades más afectadas, y la violencia contra los sectores LGBTI-; y la no estigmatización a grupos en condiciones de vulnerabilidad o discriminados (que no se enfoca en las poblaciones más afectadas por el conflicto, sino en las poblaciones históricamente estigmatizadas en todo el país)”.
Además, Salcedo añade que han encontrado que la instituciones reportan como avances de la implementación del Acuerdo acciones que son propias de sus funciones normales. El informe cita un llamado de atención de la Contraloría: “A pesar de haber reportes de mujeres beneficiadas en diferentes proyectos, en la mayoría de los casos no es claro cuál es el valor agregado de la implementación del Acuerdo Final, en contraste con las políticas generales del Estado desarrolladas en el pasado. Asimismo, los reportes se limitan a entregar cifras desagregadas de mujeres, sin que esto se traduzca necesariamente en un enfoque de género, con el agravante de que hay una omisión generalizada respecto a la población LGBTI”.
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La protección de las lideresas también avanza a paso lento. Respecto a este indicador, el informe señala que pese a que el Ministerio de Interior reportó como un logro la construcción y aprobación del Plan de Acción Nacional del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras, las mujeres entrevistadas dicen sentirse lejanas de la respuesta institucional para avanzar en su protección: “si bien, reconocen que en algunos casos hay avances, buena parte de las respuestas institucionales llegan tarde, con prerrequisitos que las defensoras no tienen y con tiempos limitados para acceder a las medidas”.
Durante el desarrollo del informe, tal y como lo han denunciado otras organizaciones como la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (Coccam), sobre el seguimiento a la sustitución de cultivos ilícitos, o la Instancia de seguimiento al enfoque étnico sobre su capítulo del Acuerdo, Limpal se encontró con un precario acceso a la información. Diana Salcedo asegura que “el balance que se puede hacer es muy tímido frente a la dificultad de encontrar datos exactos, por ejemplo, en la búsqueda de la información en términos presupuestales, en términos de cobertura, y en el seguimiento a la implementación del Acuerdo”. Eso dificulta también el análisis del impacto real que está logrando la implementación de cada indicador.
Las mujeres entrevistadas también resaltaron una preocupación sobre el recrudecimiento del conflicto armado, que en Meta y Bolívar ha sido denunciado por más de 21 alertas tempranas de la Defensoría entre 2017 y 2020. Eso, sumado al “incumplimiento sistemático por parte del Gobierno al Acuerdo de paz, genera una fuerte desesperanza entre las mujeres, así como la percepción de la ausencia de medidas reales en los territorios en materia de género”, añade el informe. Por eso, le recomiendan al Estado profundizar en los esfuerzos para implementarlo, buscar ser coherentes entre los indicadores y las acciones y ajustar los sistemas de rendición de cuentas y transparencia, además de fortalecer la veeduría de las mujeres.
La reincorporación
El informe tiene un tomo adicional que analiza las acciones de género en la Política de Reincorporación socioeconómica de exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc. De acuerdo con el informe, según cifras de la ARN, “a 31 de agosto de 2021 había registradas 12.910 personas en proceso de reincorporación de las cuales 3.267 son mujeres, es decir el 25,3 %”. Todas están en riesgo: a septiembre de 2021, 286 fueron asesinadas, 21 están desaparecidas y 67 han denunciado tentativas de homicidio.
El informe denuncia hay información precaria sobre la reincorporación efectiva de las mujeres porque no se especifica el número de personas atendidas en los programas. Sin embargo, concluye que hay múltiples obstáculos para el avance de proyectos productivos que las afectan: falta de acceso a propiedad de tierra, ausencia de vías y demoras en los desembolsos del apoyo estatal. Esto se suma a las barreras para la inclusión laboral como las dificultades para la certificación de sus conocimientos y los imaginarios que estigmatizan a las mujeres excombatientes por haber pertenecido a las Farc.
Para Salcedo es fundamental seguir poniéndole la lupa al enfoque de género por el antecedente de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: “Justamente dice que las mujeres hemos sido las mayores afectadas por la guerra, no porque seamos las primeras que perdemos la vida, sino porque tras la guerra y antes de la guerra, las violencias a nuestros cuerpos y nuestras vidas se incrementan, y esto nos hace estar en un lugar distinto que el de los varones que pactan la paz”. Y añade que hay que exigir su cumplimiento “porque es un acuerdo de paz que a nivel internacional se reconoce como uno de los únicos acuerdos que tiene esta marca de género, que no es menor, y porque las mujeres en Colombia le están poniendo el alma a su implementación”.
A Diana Salcedo, directora en Colombia de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal), le indigna que tras cinco años del Acuerdo con las Farc la discusión siga siendo si se implementa o no un pacto que ya está firmado y haya una pugna política sobre quién tiene la razón frente a la paz. “Eso lo único que ha dejado es una implementación muy reducida, desarrollada más que todo con recursos de cooperación internacional y no presupuesto de la nación, y con enfoques muy rezagados como el étnico y el de género”, asegura.
Sobre este último, el de género, la ONG feminista, pacifista y antimilitarista puso la lupa en el informe Realidades de la Paz Territorial: Perspectivas de las mujeres de Meta y Bolívar - Informe de seguimiento a indicadores de género del Acuerdo de Paz. Para esto, revisaron nueve informes de seguimiento, institucionales y de organizaciones, y entrevistaron a 59 mujeres, entre lideresas comunitarias, defensoras de derechos humanos y mujeres en proceso de reincorporación, principalmente en Meta y Bolívar donde Limpal lleva un trabajo de más de 20 años.
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Con todo esto, el informe analiza 7 de 51 indicadores de género del Plan Marco de Implementación del Acuerdo que tienen mayor impacto en las desigualdades estructurales contra las mujeres: los relacionados con transformación territorial, reconciliación, liderazgos políticos y sociales, protección para lideresas, reparación colectiva y atención psicosocial.
La gran conclusión es que la implementación de esa oportunidad histórica para la reducción de desigualdades estructurales sigue siendo una tarea pendiente. Y denuncian que, aunque son varias las causas, “gran parte de la responsabilidad se centra en la falta de voluntad política del gobierno de Iván Duque y los partidos de gobierno para la implementación”. “El avance y su impacto son muy mínimos porque los temas estructurales que el acuerdo buscaba impactar todavía siguen siendo una deuda con las mujeres”, asegura Salcedo.
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De los siete indicadores, el más retrasado es el de la transformación territorial. El informe señala que si bien la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación reportó como “cumplido” el indicador de “Promoción de la participación de las mujeres en la formulación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial”, tal y como lo señala la redacción del indicador lo que se cumplió fue la promoción de su participación, precisamente, en la formulación de la estrategia pero no en su implementación o sus impactos.
“La Agencia para la Renovación del Territorio (ART) reportó la participación de más de 65.000 mujeres en la planeación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), siendo el 32,5% del total de participantes. Porcentaje que se encuentra por debajo del promedio de mujeres rurales a nivel nacional que es del 48,13% según el DANE”, señala el informe.
Para Diana Salcedo, esa participación tampoco fue suficiente porque las iniciativas de género seleccionadas en los planes regionales son muy inferiores a las recogidas en los planes locales. “En Bolívar, nos comentaban, por ejemplo, que las mujeres participaron activamente en la construcción de los PDET y luego les llamaban a los quince días y les decían ‘Vamos a hacer una priorización de esto sobre 25 acciones’. Hacían la priorización y a los quince días otra vez reducían el número. Al final, la priorización era que no quedaban las acciones importantes para la agenda de las mujeres”, relata.
El informe lo demuestra con cifras: de más de 33 mil iniciativas PDET, las que tienen componente de género son apenas el 14 %. Y su desarrollo es lento. Por ejemplo, de las 511 iniciativas con marca de género y mujer rural para Bolívar y Meta, solo seis cuentan con ruta de implementación.
El informe concluyó que la estrategia fue insuficiente porque más allá de convocar a las mujeres no garantizó su participación igualitaria, teniendo en cuenta también el uso de lenguaje técnico por parte de los funcionarios y la falta de pedagogía sobre la importancia de los PDET. Además, aseguran que a ello se sumaron otros factores como el desconocimiento de la institucionalidad sobre la vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres rurales, las dificultades que añadieron las restricciones por la pandemia del coronavirus y que “las acciones implementadas se convirtieron en dádivas políticas para los grupos afines a los gobiernos municipales”.
El informe también analizó las estrategias de promoción de la reconciliación, convivencia y tolerancia y la de no estigmatización a grupos vulnerables como mujeres y población LGBTI; estrategias que según recuerda el informe“, se encuentran entre las 10 acciones en rojo dentro del semáforo que realiza el Grupo de Género en la Paz (GPAZ), es decir, son indicadores que no tienen avance tras cuatro años de implementación del acuerdo de paz”.
Limpal señala que además de los retrasos y de incongruencias entre la información suministrada por las instituciones, es problemático que el Ministerio del Interior una ambos indicadores en la formulación de una misma política pública porque “desdibuja el propósito del Acuerdo que llevó a establecer en dos indicadores diferentes la promoción de la reconciliación, la convivencia y la tolerancia -derivada del reconocimiento del quiebre que el conflicto armado dejó en el tejido social de las comunidades más afectadas, y la violencia contra los sectores LGBTI-; y la no estigmatización a grupos en condiciones de vulnerabilidad o discriminados (que no se enfoca en las poblaciones más afectadas por el conflicto, sino en las poblaciones históricamente estigmatizadas en todo el país)”.
Además, Salcedo añade que han encontrado que la instituciones reportan como avances de la implementación del Acuerdo acciones que son propias de sus funciones normales. El informe cita un llamado de atención de la Contraloría: “A pesar de haber reportes de mujeres beneficiadas en diferentes proyectos, en la mayoría de los casos no es claro cuál es el valor agregado de la implementación del Acuerdo Final, en contraste con las políticas generales del Estado desarrolladas en el pasado. Asimismo, los reportes se limitan a entregar cifras desagregadas de mujeres, sin que esto se traduzca necesariamente en un enfoque de género, con el agravante de que hay una omisión generalizada respecto a la población LGBTI”.
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La protección de las lideresas también avanza a paso lento. Respecto a este indicador, el informe señala que pese a que el Ministerio de Interior reportó como un logro la construcción y aprobación del Plan de Acción Nacional del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras, las mujeres entrevistadas dicen sentirse lejanas de la respuesta institucional para avanzar en su protección: “si bien, reconocen que en algunos casos hay avances, buena parte de las respuestas institucionales llegan tarde, con prerrequisitos que las defensoras no tienen y con tiempos limitados para acceder a las medidas”.
Durante el desarrollo del informe, tal y como lo han denunciado otras organizaciones como la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (Coccam), sobre el seguimiento a la sustitución de cultivos ilícitos, o la Instancia de seguimiento al enfoque étnico sobre su capítulo del Acuerdo, Limpal se encontró con un precario acceso a la información. Diana Salcedo asegura que “el balance que se puede hacer es muy tímido frente a la dificultad de encontrar datos exactos, por ejemplo, en la búsqueda de la información en términos presupuestales, en términos de cobertura, y en el seguimiento a la implementación del Acuerdo”. Eso dificulta también el análisis del impacto real que está logrando la implementación de cada indicador.
Las mujeres entrevistadas también resaltaron una preocupación sobre el recrudecimiento del conflicto armado, que en Meta y Bolívar ha sido denunciado por más de 21 alertas tempranas de la Defensoría entre 2017 y 2020. Eso, sumado al “incumplimiento sistemático por parte del Gobierno al Acuerdo de paz, genera una fuerte desesperanza entre las mujeres, así como la percepción de la ausencia de medidas reales en los territorios en materia de género”, añade el informe. Por eso, le recomiendan al Estado profundizar en los esfuerzos para implementarlo, buscar ser coherentes entre los indicadores y las acciones y ajustar los sistemas de rendición de cuentas y transparencia, además de fortalecer la veeduría de las mujeres.
La reincorporación
El informe tiene un tomo adicional que analiza las acciones de género en la Política de Reincorporación socioeconómica de exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc. De acuerdo con el informe, según cifras de la ARN, “a 31 de agosto de 2021 había registradas 12.910 personas en proceso de reincorporación de las cuales 3.267 son mujeres, es decir el 25,3 %”. Todas están en riesgo: a septiembre de 2021, 286 fueron asesinadas, 21 están desaparecidas y 67 han denunciado tentativas de homicidio.
El informe denuncia hay información precaria sobre la reincorporación efectiva de las mujeres porque no se especifica el número de personas atendidas en los programas. Sin embargo, concluye que hay múltiples obstáculos para el avance de proyectos productivos que las afectan: falta de acceso a propiedad de tierra, ausencia de vías y demoras en los desembolsos del apoyo estatal. Esto se suma a las barreras para la inclusión laboral como las dificultades para la certificación de sus conocimientos y los imaginarios que estigmatizan a las mujeres excombatientes por haber pertenecido a las Farc.
Para Salcedo es fundamental seguir poniéndole la lupa al enfoque de género por el antecedente de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: “Justamente dice que las mujeres hemos sido las mayores afectadas por la guerra, no porque seamos las primeras que perdemos la vida, sino porque tras la guerra y antes de la guerra, las violencias a nuestros cuerpos y nuestras vidas se incrementan, y esto nos hace estar en un lugar distinto que el de los varones que pactan la paz”. Y añade que hay que exigir su cumplimiento “porque es un acuerdo de paz que a nivel internacional se reconoce como uno de los únicos acuerdos que tiene esta marca de género, que no es menor, y porque las mujeres en Colombia le están poniendo el alma a su implementación”.