Enfoque de género: una de las deudas más grandes del Acuerdo de Paz

Desde antes incluso de la firma del Acuerdo Final de La Habana, lo pactado entre el Estado y las Farc adquiría reconocimiento a nivel internacional como el primer acuerdo de paz en el mundo en incorporar enfoque de género. Ello a pesar de que la discusión en el país lo tergiversaba bajo la etiqueta de “ideología de género”. Sin embargo, tres años después de la firma, las medidas diferenciales para las mujeres y la población LGBT en la implementación del Acuerdo están lejos de ser el centro de la discusión y su puesta en marcha ha ido quedando rezagada.

(Lea: El llamado a incluir el Acuerdo de Paz en la conversación con Duque)

Esta semana se conocieron dos informes que le hicieron un riguroso monitoreo a los compromisos del enfoque de género en el Acuerdo en los tres años que han pasado desde la firma, que evidencian de manera clara que, si bien a la implementación general del Acuerdo se le ha señalado de avanzar más lento de lo pronosticado, en el caso del enfoque de género el panorama es aún más preocupante. Uno de los documentos, elaborado por el Instituto Kroc, Suecia, la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) y ONU Mujeres, le hace un seguimiento al avance de los compromisos con enfoque de género del Acuerdo de Paz y el Plan Marco de Implementación; el otro, de la Instancia Especial de Mujeres, recoge las voces de las mujeres en los territorios más afectados por la violencia y que son a su vez los priorizados para implementar el Acuerdo.

De acuerdo con el informe de las entidades internacionales, a agosto de 2019, el 42% de los compromisos con enfoque de género no han sido iniciados, frente a un 27% de compromisos no iniciados a nivel general. Asimismo, en cuanto a los compromisos que ya fueron completados, aquellos con enfoque de género solo alcanzan el 8%, frente al 25% de compromisos completados en la implementación general.

Las mujeres en la reforma rural y la sustitución de cultivos de uso ilícito

Para ambos documentos, la transformación del campo está en el centro de las prioridades para alcanzar la equidad entre hombres y mujeres. Particularmente, adquieren importancia los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la sustitución de cultivos de uso ilícito, en los que el enfoque de género estaría ausente.

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De acuerdo con el informe del Kroc, de las 32.809 iniciativas que quedaron contenidas en los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) – producto de los 16 PDET – apenas 1.169 se refieren de manera directa a temas de mujer y género, y otras 3.239 “tienen el potencial de beneficiar a las mujeres y contribuir a la equidad de género si se implementan con este enfoque”. Ello sumaría alrededor del 13% de todas las iniciativas formuladas por las comunidades para transformar su territorio en los 170 municipios más afectados por la violencia.

“Durante la construcción de los PDET, en cada filtro participativo se iba sacando a las mujeres. A medida que se pasaba de las veredas a los municipios y luego a las subregiones fueron quedando menos propuestas, a pesar de todo el esfuerzo de las mujeres”, explica Martha Sánchez, secretaria técnica y coordinadora del informe de la Instancia Especial de Mujeres.

En relación con el programa integral de sustitución de cultivos (PNIS) la situación no es distinta. “No existe una ruta específica para implementar el PNIS con un enfoque de género”, dice el informe de las entidades internacionales, lo cual es preocupante cuando al menos el 46% de los integrantes de las familias que viven en zonas cocaleras son mujeres y el 29% de las familias tienen jefatura femenina. Además, las mujeres están vinculadas a la cadena productiva de la coca ya sea en el cultivo, el raspado, el transporte; o en la provisión de alimentos para quienes trabajan en los cultivos.

Según Yuly Artunduaga, de la Coordinación de Mujeres Andinoamazónicas, de las 99.000 familias que actualmente están inscritas al programa de sustitución, el Gobierno no les ha entregado la cifra de cuántas mujeres están vinculadas como titulares. En el Putumayo, por ejemplo, región en la que Artunduaga lidera la sustitución, de las 19.800 familias inscritas, el 40% son mujeres. Sin embargo, en ese porcentaje hay mujeres que se encuentran suspendidas del programa por distintas razones, entre ellas, no estar sisbenizadas.

La lideresa da cuenta de un caso que ejemplifica lo que puede estar sucediendo en las regiones cocaleras. En San Miguel (Putumayo), la familia de una lideresa de sustitución de cultivos fue amenazada y días después su esposo – también líder cocalero – fue asesinado. A raíz de eso, la lideresa salió desplazada de su departamento y en consecuencia el Gobierno le ha señalado que no puede acceder a los beneficios del PNIS, por estar fuera de la región donde se inscribió.

Garantías de seguridad para lideresas y defensoras de DD.HH.

Según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, desde 2016 a septiembre de 2019, en el país se han perpetrado 320 asesinados a defensores, de los cuales 36 eran mujeres lideresas. Asimismo, según cifras de la Defensoría, entre enero de 2016 y julio de 2019 ha habido 983 líderes sociales amenazados, de los cuales la mitad son mujeres.

Entre los avances que se resaltan en esta materia, está la inclusión de dos organizaciones de mujeres – Cumbre Nacional de Mujeres y GPAZ – en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, derivada del Acuerdo de Paz. Sin embargo, desde el inicio del Gobierno Duque, dicha comisión solo ha sesionado dos veces, cuando debería hacerlo una vez al mes.

De acuerdo con la Instancia Especial de Mujeres, la preocupación por la seguridad es el tema central en el marco de la implementación del enfoque de género. Particularmente en las zonas PDET y en aquellas donde se implementa el programa de sustitución. Asimismo, hay una preocupación por la seguridad de las mujeres víctimas que están participando en los informes que se han entregado al sistema de justicia transicional, pues los testimonios se producen en los territorios donde la violencia persiste.

Los derechos de las mujeres en el sistema de justicia transicional

Los documentos resaltan que es en las entidades del sistema de justicia transicional, Comisión de Verdad, Jurisdicción Especial para la Paz y Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, donde han encontrado mayor reconocimiento y avances del enfoque de género.

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En las tres entidades existen equipos técnicos dirigidos específicamente a atender las demandas de las mujeres y la población LGBT. “Tanto en la JEP como en la Comisión de la Verdad se ha trabajado de manera específica la violencia sexual en el marco del conflicto armado”, señala el informe de la Instancia.

Martha Sánchez, de la Instancia de Mujeres, resalta en particular la participación que la Unidad de Búsqueda le ha dado a las mujeres, por ejemplo, en la construcción del plan nacional de búsqueda.

Hay otro pendiente en relación con la implementación del enfoque de género del Acuerdo, según las mujeres de la instancia. Bibiana Peñaranda, representante de mujeres negras, afro, palenqueras y raizales habla de la ausencia de las prácticas tradicionales de sanación como forma de reparación a las víctimas. “La sanación ancestral ha estado muy débil, todavía los sistemas siguen creyendo en lo psicosocial, que es importante y hay que hacerlo, pero no es lo único”.

Desde antes incluso de la firma del Acuerdo Final de La Habana, lo pactado entre el Estado y las Farc adquiría reconocimiento a nivel internacional como el primer acuerdo de paz en el mundo en incorporar enfoque de género. Ello a pesar de que la discusión en el país lo tergiversaba bajo la etiqueta de “ideología de género”. Sin embargo, tres años después de la firma, las medidas diferenciales para las mujeres y la población LGBT en la implementación del Acuerdo están lejos de ser el centro de la discusión y su puesta en marcha ha ido quedando rezagada.

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Esta semana se conocieron dos informes que le hicieron un riguroso monitoreo a los compromisos del enfoque de género en el Acuerdo en los tres años que han pasado desde la firma, que evidencian de manera clara que, si bien a la implementación general del Acuerdo se le ha señalado de avanzar más lento de lo pronosticado, en el caso del enfoque de género el panorama es aún más preocupante. Uno de los documentos, elaborado por el Instituto Kroc, Suecia, la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) y ONU Mujeres, le hace un seguimiento al avance de los compromisos con enfoque de género del Acuerdo de Paz y el Plan Marco de Implementación; el otro, de la Instancia Especial de Mujeres, recoge las voces de las mujeres en los territorios más afectados por la violencia y que son a su vez los priorizados para implementar el Acuerdo.

De acuerdo con el informe de las entidades internacionales, a agosto de 2019, el 42% de los compromisos con enfoque de género no han sido iniciados, frente a un 27% de compromisos no iniciados a nivel general. Asimismo, en cuanto a los compromisos que ya fueron completados, aquellos con enfoque de género solo alcanzan el 8%, frente al 25% de compromisos completados en la implementación general.

Las mujeres en la reforma rural y la sustitución de cultivos de uso ilícito

Para ambos documentos, la transformación del campo está en el centro de las prioridades para alcanzar la equidad entre hombres y mujeres. Particularmente, adquieren importancia los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la sustitución de cultivos de uso ilícito, en los que el enfoque de género estaría ausente.

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De acuerdo con el informe del Kroc, de las 32.809 iniciativas que quedaron contenidas en los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) – producto de los 16 PDET – apenas 1.169 se refieren de manera directa a temas de mujer y género, y otras 3.239 “tienen el potencial de beneficiar a las mujeres y contribuir a la equidad de género si se implementan con este enfoque”. Ello sumaría alrededor del 13% de todas las iniciativas formuladas por las comunidades para transformar su territorio en los 170 municipios más afectados por la violencia.

“Durante la construcción de los PDET, en cada filtro participativo se iba sacando a las mujeres. A medida que se pasaba de las veredas a los municipios y luego a las subregiones fueron quedando menos propuestas, a pesar de todo el esfuerzo de las mujeres”, explica Martha Sánchez, secretaria técnica y coordinadora del informe de la Instancia Especial de Mujeres.

En relación con el programa integral de sustitución de cultivos (PNIS) la situación no es distinta. “No existe una ruta específica para implementar el PNIS con un enfoque de género”, dice el informe de las entidades internacionales, lo cual es preocupante cuando al menos el 46% de los integrantes de las familias que viven en zonas cocaleras son mujeres y el 29% de las familias tienen jefatura femenina. Además, las mujeres están vinculadas a la cadena productiva de la coca ya sea en el cultivo, el raspado, el transporte; o en la provisión de alimentos para quienes trabajan en los cultivos.

Según Yuly Artunduaga, de la Coordinación de Mujeres Andinoamazónicas, de las 99.000 familias que actualmente están inscritas al programa de sustitución, el Gobierno no les ha entregado la cifra de cuántas mujeres están vinculadas como titulares. En el Putumayo, por ejemplo, región en la que Artunduaga lidera la sustitución, de las 19.800 familias inscritas, el 40% son mujeres. Sin embargo, en ese porcentaje hay mujeres que se encuentran suspendidas del programa por distintas razones, entre ellas, no estar sisbenizadas.

La lideresa da cuenta de un caso que ejemplifica lo que puede estar sucediendo en las regiones cocaleras. En San Miguel (Putumayo), la familia de una lideresa de sustitución de cultivos fue amenazada y días después su esposo – también líder cocalero – fue asesinado. A raíz de eso, la lideresa salió desplazada de su departamento y en consecuencia el Gobierno le ha señalado que no puede acceder a los beneficios del PNIS, por estar fuera de la región donde se inscribió.

Garantías de seguridad para lideresas y defensoras de DD.HH.

Según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, desde 2016 a septiembre de 2019, en el país se han perpetrado 320 asesinados a defensores, de los cuales 36 eran mujeres lideresas. Asimismo, según cifras de la Defensoría, entre enero de 2016 y julio de 2019 ha habido 983 líderes sociales amenazados, de los cuales la mitad son mujeres.

Entre los avances que se resaltan en esta materia, está la inclusión de dos organizaciones de mujeres – Cumbre Nacional de Mujeres y GPAZ – en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, derivada del Acuerdo de Paz. Sin embargo, desde el inicio del Gobierno Duque, dicha comisión solo ha sesionado dos veces, cuando debería hacerlo una vez al mes.

De acuerdo con la Instancia Especial de Mujeres, la preocupación por la seguridad es el tema central en el marco de la implementación del enfoque de género. Particularmente en las zonas PDET y en aquellas donde se implementa el programa de sustitución. Asimismo, hay una preocupación por la seguridad de las mujeres víctimas que están participando en los informes que se han entregado al sistema de justicia transicional, pues los testimonios se producen en los territorios donde la violencia persiste.

Los derechos de las mujeres en el sistema de justicia transicional

Los documentos resaltan que es en las entidades del sistema de justicia transicional, Comisión de Verdad, Jurisdicción Especial para la Paz y Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, donde han encontrado mayor reconocimiento y avances del enfoque de género.

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Martha Sánchez, de la Instancia de Mujeres, resalta en particular la participación que la Unidad de Búsqueda le ha dado a las mujeres, por ejemplo, en la construcción del plan nacional de búsqueda.

Hay otro pendiente en relación con la implementación del enfoque de género del Acuerdo, según las mujeres de la instancia. Bibiana Peñaranda, representante de mujeres negras, afro, palenqueras y raizales habla de la ausencia de las prácticas tradicionales de sanación como forma de reparación a las víctimas. “La sanación ancestral ha estado muy débil, todavía los sistemas siguen creyendo en lo psicosocial, que es importante y hay que hacerlo, pero no es lo único”.