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Giovani Yule Zape se enteró por un trino del presidente Gustavo Petro que sería el nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras. Había pasado un mes desde la victoria del mandatario y sin saberlo, sin haberlo hablado antes, se enteró sorpresivamente de su designación. De hecho, como cuenta en esta entrevista, el repentino nombramiento generó discusiones internas en el movimiento indígena, acostumbrado a tomar todas las decisiones colectivamente.
Discusión que también vendría un mes después, cuando, ya posesionado como director de la URT, asistió a una rueda de prensa en la que la vicepresidenta Francia Márquez dio un ultimátum de 48 horas para acabar con las “invasiones” de predios. Él, que viene precisamente de los procesos indígenas del norte del Cauca de recuperación y liberación de la tierra, estuvo allí presente y eso generó el rechazo en el seno de su propia comunidad.
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En esta entrevista con Colombia+20, el director responde por ese episodio que calificó como “desafortunado” y explica cómo van a destrabar la restitución de tierras en el país, que hasta el momento ha devuelto 550.000 hectáreas, de seis millones que se estima fueron despojadas durante el conflicto. El primer paso se dio esta semana, cuando junto con el representante del Pacto Histórico Alejandro Toro se radicó en el Congreso un proyecto para que los casos que no tienen oposición no tengan que ser llevados ante los jueces, y los pueda resolver la misma unidad.
Prácticamente toda su vida ha ocupado cargos de representación indígena, pero esta es la primera vez que llega a ocupar un cargo oficial en el Estado. ¿Con qué se ha encontrado?
Es un salto, porque desafortunadamente en estos 200 años y en lo que ha sido nuestra historia como movimiento indígena siempre hemos estado al margen del Estado y del Gobierno, y en consecuencia siempre salíamos a protestar en contra de ellos. Hasta que por primera vez nosotros como pueblos indígenas respaldamos a un proyecto político encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez y ese proyecto lo respaldó la sociedad colombiana.
Ahora al llegar a la institución nos damos cuenta de que había muchas cosas contradictorias, porque el Estado está para servirle al pueblo, a los ciudadanos y para que los derechos fundamentales se materialicen en política pública, pero en realidad el Estado había estado acondicionado por un sector de la población que utilizaba la estructura del Estado para sus beneficios, mientras desconocía muchos sectores sociales y populares incluso obstaculizando la posibilidad de que llegaran a tener sus derechos fundamentales.
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¿De qué casos habla?
Le doy un dato: de las 140.000 solicitudes que han entrado a la Unidad de Restitución desde que se creó en 2011, se han tramitado alrededor de 100.000, y de esas, el 65% han sido rechazadas. Solamente el 35% han entrado al proceso administrativo y judicial.
¿Es decir que las cifras de cumplimiento que reportaba la unidad estaban infladas por las negaciones?
Sí. Acá se traía la costumbre de que los indicadores estaban más enfocados en las actividades de gestión. Eso significa que si rechazaban una solicitud, era un indicador que sumaba. Así hicieran 50 reuniones pues las colocaban, pero una cosa es hacer las reuniones y otra cosa es cumplir la misión entregándole la tierra a las víctimas. Allí encontramos ya una inquietud muy grande, y decidimos que tendríamos que como mínimo revisar esas solicitudes que han sido rechazadas.
¿Eso se va a hacer?
Sí, lo estamos haciendo. Ya hemos revocado 228 resoluciones negativas que corresponden a 50.000 hectáreas. Y adicionalmente ya hemos abierto 16 micro-zonas que corresponden a 671 solicitudes que significan más o menos 45.000 hectáreas. Eso significa que va a haber muchas más solicitudes que en realidad sí cumplían como sujetos de restitución y fueron rechazadas.
¿Por qué fueron negadas entonces?
Porque resulta que aquí había un grupo de profesionales que le llamaban de Asuntos Minero-Energéticos, y este grupo lo que hacía era que toda solicitud que llegaba, primero la revisaban ellos y si traslapaba con un interés de algún proyecto minero-energético, entonces lo que hacían era rechazar la solicitud de la víctima; o sea, estaba supeditado al interés macroeconómico.
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¿Ese grupo existió a partir de la administración pasada o estaba desde la creación de la unidad?
La información que me han dado es que eso se constituyó en el gobierno de Santos. Entonces para poder que una solicitud pasara todo el proceso administrativo y luego el judicial debía tener el visto bueno de ese grupo. Cómo las víctimas van a tener acceso a sus derechos si hay un grupo especializado que dice que si hay un proyecto macroeconómico minero energético donde la víctima ha sido desplazada no se puede hacer y hay que rechazar la solicitud.
¿Cómo puede entenderse el episodio de la rueda de prensa en la que la vicepresidenta Francia Márquez hace el anuncio de las 48 horas para desalojar las invasiones a predios, con usted allí presente, cuando usted viene precisamente de ese proceso que pueblos indígenas del Cauca llaman recuperación y liberación de la tierra?
Fue una situación desafortunada. Lo que pasó es que me dijeron que tenía que estar en una rueda de prensa y me fui para allá, sin saber cuál era el anuncio, y allí empiezan a hablar de “invasiones”. Después me preguntaron a mi y desafortunadamente utilicé el concepto de invasión porque eran unos procesos que se estaban realizando en otros territorios y que tenían que ver con unos predios de la SAE. En realidad, sí hubo una estrategia de invadir unos predios de la SAE. Por supuesto, inmediatamente, en donde yo he nacido, donde yo me he formado, que es el movimiento indígena del norte del Cauca, hubo todas las réplicas. Yo creo que fue una ligereza que se entendió de esa manera, pero en realidad yo respeto mucho los conceptos de recuperación y de liberación. Es muy distinto un territorio en donde en realidad las comunidades indígenas, afros o campesinas han sido desplazadas y donde se les han invadido sus territorios, a predios donde ya son otras personas, con otros intereses, los que llegan a una finca.
En esos días llegué al territorio precisamente y yo les pedí mis disculpas porque en realidad en Colombia tenemos que comenzar también a hacer un ejercicio de lo que llamamos nosotros descolonización de la palabra, a veces nos dejamos llevar por conceptos con los cuales nos han colonizado a nosotros y hay que irlos replanteando.
Según una columna publicada en la revista Cambio, en la unidad se estarían modificando los manuales de funciones para vincular personal que no tiene posgrados ni años de experiencia, con el requisito de que pertenezcan a comunidades étnicas, ¿eso se está haciendo?
Muchos colombianos no estamos preparados para hacer transformaciones estructurales en nuestro país y es natural que se generan resistencias, pero de allí a que esos cambios sean inadecuados o no es otro debate. En Colombia la institucionalidad no está adecuada para interpretar y conocer la interculturalidad de nuestra nación colombiana; estamos atrasados 30 años después de la Constitución del 91. En la sociedad colombiana ese es un debate que hay que hacer y lo vamos a hacer porque así lo ha planteado el presidente. Pero por supuesto no podemos salirnos de la norma, de la Constitución, de la ley. Acabar con la corrupción es también mirar nosotros cómo dejamos de hacer lo que venían haciendo antes.
Hasta ahora no ha habido modificaciones, pero sí pensamos hacerlas más adelante, porque la idea es que aquí entren a ser parte sectores que nunca han hecho parte en los gobiernos durante más de 200 años de República. Aquí había unos sectores que se creían dueños del Estado. Pero la idea es que aquí puedan venir técnicos y profesionales idóneos que sean víctimas del conflicto, por ejemplo, que sean de sectores campesinos, afro e indígenas.
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La columna también denunciaba que la unidad tercerizaría labores que tiene que hacer, como por ejemplo la caracterización de algunos casos específicos…
En el marco de nuestro proyecto político, y es una orientación muy contundente del presidente, se plantea que aquí hay un movimiento social y unas estructuras organizativas que también tienen derecho a contratar con el Estado, porque son las organizaciones que están en los territorios, por ejemplo, las juntas de acción comunal. No podemos seguir diciendo que el único parámetro es un listado que ya está fijado que son los que contratan con el Estado, en lo que llaman Colombia Compra Eficiente. Y son los mismos que históricamente han contratado con el Gobierno.
Por ejemplo, aquí la idea es que, si tenemos una reunión en un resguardo, pues que sea la misma comunidad del resguardo la que coloque la comida, que hagamos ollas comunitarias de tal manera que la comunidad aporte en la construcción, pero también en lo que ellos producen y que nosotros como Estado respaldemos esa economía comunitaria. Si hay una asociación campesina o indígena que cumple las características de contratar con el Estado yo creo que la Constitución tampoco nos está cerrando las puertas para que eso lo hagamos.
Y en otro sentido, aquí las víctimas pueden decidir que no seamos nosotros como URT los que lo representemos, sino que tienen su propio representante jurídico. Entonces si por ejemplo hay una organización campesina fuerte que sea capaz de representar a sus propias víctimas, pues qué mejor que eso, pero eso no es que se vaya a replantear, eso ya venía y la norma lo permite.
En 11 años de vigencia de la ley se han restituido apenas 550.000 hectáreas, de más de seis millones que se calcula fueron despojadas en el conflicto armado. ¿Cómo van a destrabar eso?
Aquí hay una figura que llaman la micro-focalización. Para nosotros ir a hacer alguna labor o estudio en alguna zona debe haber primero una autorización de la fuerza pública y es ella la que define si podemos acceder o no a ese territorio por cuestiones de orden público. Entonces tenemos más de 17.000 procesos que no hemos podido avanzar porque la fuerza pública no nos ha dado el concepto para nosotros poder ir. Lo que hablamos con el ministro de Defensa es no cargarle toda esa responsabilidad a la fuerza pública, porque hay territorios en donde hay comunidades organizadas capaces de lograr que nosotros entremos a hacer nuestros estudios.
Ahí lo que tenemos que mirar es cómo con lo que está encabezando el alto comisionado para la Paz establecemos una ruta de conversación y armonización territorial con el movimiento social de los territorios. Es otra forma de acercarse, bajo una concepción de seguridad humana.
El otro cuello de botella han sido los casos que no tienen oposición y que podrían resolverse sin tener que llevarlos necesariamente ante los jueces, ¿eso cómo va a cambiar?
Sí, en esos procesos que no vale la pena llevarlos ante un juez porque no hay que dirimir diferencias nos hemos articulado con el representante Alejandro Toro en la presentación del proyecto de ley para modificar la Ley de Víctimas y que esos procesos sin oposición los saquemos por vía administrativa y los entreguemos a las víctimas. Allí nos darán algunas facultades jurisdiccionales.
