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Uno de los nombramientos que más tardó en anunciar el gobierno Petro fue el de la dirección de la Agencia para Reincorporación y Normalización (ARN), una entidad fundamental para la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana. Hasta el 21 de diciembre pasado se conoció que la economista y magíster en Estudios Políticos, Alejandra Miller Restrepo sería la primera mujer en asumir la dirección la ARN, encargada de la reincorporación y reintegración de exintegrantes de grupos armados como las Farc, el Epl y los paramilitares.
Miller es caleña, tiene 51 años y ha trabajado más de media vida con mujeres víctimas del conflicto armado en el departamento del Cauca. Fue comisionada de la Verdad y tuvo a cargo el capítulo del informe final sobre los impactos del conflicto en las mujeres y la población LGBTIQ+.
Apenas una semana después de su posesión el 18 de enero, la nueva directora de la ARN dio a Colombia+20 su primera entrevista, en la que habló de los retos que asumirá, de la importancia de implementar enfoque de género en la reincorporación y dio detalles sobre un proyecto que busca que exmilitares que rinden cuentas ante la JEP por su responsabilidad en la guerra, puedan acceder a un programa de reincorporación a la vida civil.
¿Por qué decide asumir este cargo?
Yo creo que mi paso y mi experiencia por la Comisión de la Verdad, que conllevó a conocer la tripa del monstruo de la guerra y la necesidad de empujar este país, me pone en un lugar en donde la paz es un imperativo ético y político para mi vida. Yo creo que esta entidad es un lugar done podemos consolidar la paz. De hecho, uno de los elementos centrales que la Comisión de la Verdad identificó como posibles factores de persistencia del conflicto armado es el incumplimiento a la reincorporación de los excombatientes.
Tenemos que hacer un enorme esfuerzo para que en los futuros procesos de paz que se avecinan, se vea y se genere confianza sobre el cumplimiento de lo pactado en materia de reincorporación. Lo más valioso es poder avanzar hacia la no repetición, para evitar que mucha gente se nos devuelvan para la guerra.
¿Cuáles son sus principales retos al llegar a esta entidad?, ¿qué es lo que va a priorizar?
Tenemos enormes retos en términos de cumplimiento. Primero, preparar una institución para lo que se avecine con la “Paz Total”. La institución debe dar un tránsito hacia posicionar en primera instancia la reincorporación comunitaria, territorial, colectiva y diferencial. El segundo reto es trabajar sobre una arquitectura institucional que responda al enfoque metodológico y político de este Gobierno. Y el tercero es cómo vamos ampliando la mirada de un enfoque de derechos minimalista, a un enfoque de derechos de cumplimiento a los actores que dejaron las armas. El centro de nuestra tarea va a estar básicamente en impulsar más la reincorporación colectiva y comunitaria en donde los procesos de empoderamiento de las mujeres serán fundamentales.
¿A qué se refiere con un enfoque de derechos minimalista?
Al hecho de que no es cumplir únicamente con la renta básica de los excombatientes o con los proyectos productivos. Esto va más allá de un asunto técnico. Tenemos que respetar los acumulados institucionales, pero sin duda empezar a ver a los reincorporados y reintegrados como actores políticos, no como beneficiarios de nuestros programas. Vamos a tener transformaciones en el enfoque de la ARN.
El asunto que más preocupa a los excombatientes de las Farc es la seguridad. Han asesinado a más de 340 de ellos, varios Espacios Territoriales han quedado desocupados por desplazamientos y amenazas, ¿cómo les garantizará su integridad?
Tengo la convicción de que debemos hablar de la seguridad desde distintos lugares. Primero, en las instancias que brindan seguridad física con escoltas o vehículos, como son la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio de Defensa, pero la seguridad va mucho más allá de eso. La ARN tiene mucho por aportar en el concepto de la seguridad humana. En la medida en que podamos avanzar en el cumplimiento de los derechos de los excombatientes, como el derecho a la vivienda y a la educación, y avanzar en un trabajo con las comunidades donde se reincorporan, la seguridad va a mejorar.
¿Con qué entidades tienen que empezar a trabajar en la seguridad de los excombatientes?
Por supuesto el Ministerio de Defensa tendrá que cumplir un rol muy importante sobre la seguridad en los territorios, pero tenemos también que trabajar de la mano con la Agencia de Renovación del Territorio, por ejemplo. Con las cabezas de los programas PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) y el PNIS (Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos) para focalizar acciones en los territorios donde están los excombatientes.
Con esas entidades tenemos que trabajar en temas de desarrollo, sustitución de cultivos de uso ilícito, avanzar en los derechos de acceso a la salud, educación, vivienda, tierra. Eso es lo que va a mejorar las condiciones de seguridad de las personas en reincorporación.
Hace meses se destapó un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Protección, una entidad fundamental en los esquemas de los excombatientes. ¿Ya ha tenido acercamientos con esa entidad, cómo van a responder a esas alertas?
Ya he conversado con el subdirector de la UNP, y estoy pendiente de conversar con el director para revisar cuáles son las estrategias. Nosotros sabemos que nuestro contacto con los excombatientes debe ser muy cercano y que la información que nos brinden sobre las alertas tempranas o amenazas es muy importante para que podamos tener una articulación con la UNP. Todavía no tenemos esa reunión con el director Augusto Rodríguez, pero lo definiremos pronto, para ver cuáles serán las acciones concretas y específicas entre la ARN y la UNP.
En diciembre se anunció que la renta básica para los excombatientes de las Farc se iba a prolongar hasta junio de 2023. ¿Qué va a pasar después de esa fecha?
Si de aquí a junio de este año todavía no hemos empezado a implementar el programa de reincorporación, esa asignación mensual tendrá que continuar hasta que aprueben el programa de esta administración y empiece su implementación. Para retirar la renta básica tendremos que lograr un balance para que los excombatientes tengan autonomía económica, de lo contrario seguirá cubierto.
Hay otros temas que tenemos que trabajar y es sobre las personas con discapacidades o los adultos mayores. Con ellos habrá que revisar el tema en términos pensionales, por ejemplo. Son muchas aristas, pero tenemos que garantizar una reincorporación digna de las personas con condiciones especiales que ya no pueden trabajar.
Precisamente usted dice que hay que llegar a un punto de autonomía económica y eso, en parte, lo impulsan los proyectos productivos, pero todavía hay varios que no han sido aprobados. ¿Cómo van a desatascarlos?
Creo que aquí tenemos que dar un incentivo a los proyectos productivos que todavía faltan por ser implementados, que no son muchos. La idea es apostarle todo a sacar adelante los proyectos colectivos, porque es a través de la asociatividad que nos puede garantizar que haya sostenibilidad en el tiempo. Eso no significa que no vayamos a impulsar los proyectos individuales, lo que pasa es que esos son apenas de $8 millones. Garantizar que una familia viva de un proyecto productivo individual se dificulta mucho, pero si lo ponemos en clave colectiva se disminuye el riesgo de pérdidas y se incrementan las posibilidades de generar inversiones más exitosas.
Otra de las preocupaciones de los ex-Farc es la compra de tierras de los Espacios Territoriales de Reincorporación. En estos casi seis años apenas hay 11 de esas tierras que ya son propias. ¿Cuántas más planean comprar?
Eso ha sido dispendioso. Creo que se ha hecho una labor importante para avanzar en la compra de tierras. Hay 11 ETCR sobre los cuales se han comprado tierras, en los otros ha sido difícil hacerlo por distintos temas, como problemas en términos de herencias y demás. Esperamos seguir resolviendo el tema de la compra de tierras y tenemos que revisar una ruta para trabajar el tema de acceso a vivienda para aquellas personas que no están viviendo en los ETCR. Ellos también tienen ese derecho, eso fue lo pactado.
Lo primero que vamos a hacer es identificar una ruta que garantice que los excombatientes que viven en los ETCR puedan tener acceso y titulación de esa tierra, pero también hay que hacer un mapeo urgente de las personas en reincorporación que ya no viven en esas zonas, sino que están en otras geografías: algunos en ciudades, otros en el campo.
La ARN no solo apoya el proceso de reincorporación de ex-Farc, sino también de exintegrantes de otros grupos armados. ¿Cuál es su balance de esos programas?
Tenemos un poco más de 3.000 personas en procesos de reintegración, que es como se les llama a aquellos que no son parte del proceso de paz con las Farc. Dentro de la entidad hay un grupo de Justicia y Paz de exparamilitares, aunque ya no es muy grande. Próximamente vamos a tener un grupo de personas que son postuladas de la Fuerza Pública ante la JEP y que los vamos a atender en términos de reincorporación. Esa es una tarea que estamos adelantando con el Ministerio de Defensa. Ellos van a llegar a procesos de reincorporación. Esperamos que sean procesos colectivos, pero estamos en ello.
¿Son los exmilitares que comparecen ante la JEP? ¿Por qué un militar estaría en un proceso de reincorporación?
Hace más o menos un año los exintegrantes de la Fuerza Pública que están siendo investigados o que fueron condenados por crímenes cometidos en el marco del conflicto armado hicieron una demanda, en la que decían que muchos de ellos salen de las cárceles sin nada: sin trabajo, sin pensión, sin un espacio en la Fuerza Pública claramente, con antecedentes judiciales, entonces que ellos también esperaban tener un proceso de reintegración a la vida civil como el que hacemos con otros actores armados.
En esa lógica de la Paz Total tenemos que pensar que todos quepan en las posibilidades de reintegrarse a la ciudadanía plena. Ellos son aquellos que ahora quedaron por fuera de las Fuerzas Armadas y muchos han estado en ese límite de buscar devolverse a la guerra. Todo esto ocurrió antes de que yo llegara al cargo pero lo que sé es que el Alto Comisionado para la Paz, el Ministro de Defensa y el presidente dieron un aval para avanzar en un proceso que se acogiera a una lógica de reincorporación para ellos. Es un nuevo reto: crear una ruta específica para exintegrantes de la Fuerza Pública.
Usted decía que también se tendrán que preparar para la “Paz Total”, para recibir a exintegrantes de otros grupos armados que, eventualmente, lleguen a acuerdos con el Gobierno. ¿Cómo va ser ese proceso?
Nos preparamos para recibir a los que llegarán de grupos armados organizados que se acojan a la Ley de Sometimiento, a las disidencias, al Eln, en caso de que esos acercamientos y negociaciones lleguen a buen término. Estructuralmente es algo que tendremos que definir según como vayan los diálogos con esos grupos, lo que sí es cierto es que avanzaremos en lograr el cumplimiento de sus derechos, porque ellos son actores políticos.
Su bandera siempre ha sido el feminismo y los derechos de la población LGBTIQ+. ¿Cuál es la estrategia de enfoque de género que llegará a la ARN?
Tenemos que hacer un esfuerzo por el empoderamiento de las mujeres, por la transformación de la vida de las excombatientes, porque ellas, como los compañeros que estuvieron en la guerra, son sujetas políticas y tenemos que tratarlas como tal. Ese será un reto en términos del enfoque, porque existen unos estados de subordinación a los que la reincorporación también las condujo.
Para aterrizarlo a un ejemplo: en los proyectos productivos muchas veces uno ve que se reproduce ese rol tradicional del cuidado en las mujeres. Muchas exguerrilleras, de hecho, en la reincorporación viven en profundas circunstancias de vulneración por violencias machistas: dos de ellas han sido asesinadas por sus parejas. Hay muchos factores para decir que terminaron reincorporándose a un modelo patriarcal de la sociedad, entonces algunas mujeres que dejaron las armas quedaron encasilladas en labores de reproducción, del hogar y han tenido muchas dificultades para dar un salto a la participación política. Los hombres no tuvieron ese problema. Hay varios temas de salud y psicosociales que tendremos que atender y la idea es hacer una valoración específica de su participación y sus roles en los proyectos productivos.
Hace poco salió un decreto que le resta facultades a la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz en cabeza de Gloria Cuartas y se las otorga al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. ¿Cómo va a ser su relacionamiento con ambas entidades?
Ya tuve la oportunidad de hablar con Gloria Cuartas, y creo que la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz permitirá la articulación entre diferentes instancias que tenemos a cargo la implementación como somos la ARN, la ART, el PNIS, y otras. Ella es la garantía de que podamos hacer esos vínculos para avanzar más rápido en implementar el Acuerdo de La Habana. Pero tiene mucho sentido que trabajemos de la mano con la oficina del alto comisionado para la Paz porque él es que nos da la línea política frente a lo que se viene con la “Paz Total”.
¿Usted cree que su nombramiento, por ser una mujer que viene de procesos sociales, feministas, cercanos a las víctimas, genera confianza en el país y en los reincorporados?
La figura mía por sí sola no garantiza nada, quizás ayude un poquito, pero me tienen que dar un tiempo para ir mostrando resultados. Tenemos que empezar a ganar confianza con la institucionalidad, sobre todo porque si vienen personas que van a ingresar a los procesos de paz futuros debemos ganarnos su confianza para que sepan que sí se les va a cumplir con la reincorporación o reintegración. Una de las cosas más importantes para mí es tratarlos como actores políticos, eso son.
