“El Congreso negó el clamor moral y vinculante de la Comisión”: Francisco de Roux

La primera semana del mes de mayo, en el Congreso se discutió la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro. Las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad estaban establecidas en el artículo 8, donde se establecía el cumplimiento por parte de las entidades competentes. El Senado votó por eliminar el artículo y la Cámara de Representantes aprobó el artículo aunque con la siguiente modificación: que se acogerán las recomendaciones “de conformidad con las disposiciones y limitaciones establecidas en la Constitución Política y las leyes vigentes”.

Algunos excomisionados se pronunciaron, a través de un comunicado, frente a la decisión del Congreso de la República e hicieron un llamado a tener en cuenta las 67 recomendaciones que se realizaron, al ser una ruta para frenar la violencia y hacer una apuesta como sociedad hacia la no repetición en Colombia. Los excomisionados también resaltan que estas recomendaciones surgieron de la sistematización de 14.971 testimonios de más de 30.000 personas que se escucharon en diferentes partes del país y que representan a diversos sectores de la sociedad.

Lea también: Excomisionados de la Verdad piden acoger recomendaciones, aunque no estén en PND

En entrevista con Colombia +20, el expresidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, entregó sus reflexiones y argumentos sobre el malestar que generó el accionar del Congreso ante las recomendaciones entregadas por esta entidad del Sistema Integral para la Paz.

¿Cómo recibió usted la decisión del Congreso de eliminar el artículo 8 del Plan Nacional de Desarrollo, que incorporaba las recomendaciones de la Comisión de la Verdad?

Recibí esa decisión con tristeza. Sentí que se causaba un golpe a un proceso que el Estado había creado dentro de la justicia transicional para avanzar en el salto cualitativo hacia la paz que se dio en el acuerdo entre el mismo Estado y las FARC. Sentí la desilusión y la indignación de miles de personas que contribuyeron a la tarea de la Comisión de la Verdad.

¿A qué se debe su malestar ante esta decisión del Congreso?

Las recomendaciones de la Comisión no son vinculantes en la mecánica institucional y por eso el Congreso no estaba obligado legalmente a incorporarlas. La decisión del Congreso es legalmente legítima. Es un resultado en democracia. Hay que respetarla. En el debate la Cámara de Representantes votó a favor de que se mantuviera el artículo 8, el Senado votó por que se eliminara y finalmente se impuso la voluntad de Senado.

La virtud y la fuerza en lo público de la Comisión de la Verdad es la de una orientación de ética pública que se concreta en recomendaciones y la decisión del Congreso vulnera directamente esa virtud moral. La Comisión estableció un vinculante ético, no jurídico, y puso ese vinculante para la discusión sobre las transformaciones concretas que tiene que hacer el país. El Congreso negó esa vinculante moral.

¿A qué se refiere con vinculante moral?

En el decreto 588, salido del Acuerdo del Colón, a la Comisión se le encargó es esclarecimiento de la verdad histórica, ética y política del conflicto armado interno de más de medio siglo. Durante cuatro años, la Comisión se metió en el infierno de la tragedia de millones de víctimas de todos los lados y de la incomodidad de las responsabilidades personales e institucionales. El resultado fue el esclarecimiento que logró la Comisión: o nos resolvemos a vivir como seres humanos o la desesperanza y el horror queda como legado perpetuo para los niños de Colombia. De allí surge un clamor moral público contra lo intolerable. Este es la vinculante moral que el Congreso decidió descartar.

Desde su perspectiva, ¿a qué se debe esta decisión del Congreso?

Por el juego político de la democracia que entre nosotros está cargado de rompimientos muy profundos que en la Comisión llamamos el “modo guerra”, porque tienen detrás, tristemente, la guerra por el poder, y donde las posiciones y las negociaciones, muchas veces, no son entre adversarios, por el bien común, sino entre enemigos por intereses de grupos o partidos. La democracia es así entre nosotros, pero es la democracia.

El Centro Democrático ganó el debate y arrastró incluso a congresistas que lograron el extraordinario acuerdo de La Habana y del Teatro Colon. La decisión tomada por el Congreso es coherente con el actuar del Centro Democrático que ha mantenido que en Colombia nunca hubo conflicto armado interno sino terroristas que atacan a las instituciones. También al rechazo del Acuerdo del Colón y de las instituciones que han nacido de allí, como la Comisión, que han sido señaladas como ilegítimas. Por eso, el artículo 8 del PND que ponía el referente de ética pública de la recomendaciones de la Comisión había que eliminarlo.

En contexto: Recomendaciones de la Comisión de Verdad: Senado las hundió, Cámara las aprobó

Con esta decisión, ¿considera usted que el aporte de la Comisión de la Verdad desaparecería?

No, lo interesante es que las recomendaciones de la Comisión están por todas partes en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado. En las Bases del Plan se hace referencia repetidas veces a que se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Comisión, por ejemplo, en los derechos de la mujeres y de género; en el cuidado de los niños y niñas, particularmente de las etnias en extinción y de la población migrante y desplazada. También en la política de derechos humanos y derecho internacional humanitario, para que se integren los estándares internacionales; en el currículo educativo; en la planeación de los territorios; en la continuación de la búsqueda de la memoria y la verdad histórica; y en términos más generales y explícitos en las transformaciones institucionales.

Las recomendaciones, que fueron hechas para la sociedad y para el gobierno que fuera elegido a mediados de 2022, sin haber conversado con ninguno de los candidatos presidenciales, están vivas en la decisión del presidente por la Paz Total. La Comisión recomienda la Paz Grande que se inicia con la tarea de la reconciliación entre los colombianos y con la ejecución plena del Acuerdo de Paz. La dignificación de las víctimas. La política con el narcotráfico en marcha coincide con lo recomendado por la Comisión. De igual forma, el desarrollo desde los territorios, la propiedad rural, el lugar central del campesinado, la inclusión de las comunidades afro e indígenas, la transformación del sistema de seguridad, la independencia y la eficacia de la justicia, la inclusión en el sistema productivo formal de la mitad del país dejado por fuera, el reconocimiento de derechos de los colombianos en el exilio por causa del conflicto.

Según su respuesta, ha identificado que sí se han acogido algunas recomendaciones por parte del gobierno actual, ¿cuál es la molestia?

En la determinación política de destituir a la Comisión de la autoridad moral pública como referente en las discusiones sobre los cambios indispensables para que el conflicto armado termine. Ese es el mensaje que da el Congreso.

Es lamentable porque el Estado se dotó a si mismo de una institución independiente que escuchara durante cuatro años al país, tuviera una comprensión de la situación, y hablara desde esa totalidad, con independencia de las instancias del poder y de manera excepcional y temporal, para terminar en el Congreso con una decisión política de no se reconoce, no se tiene en cuenta, no va.

Las recomendaciones surgen del conjunto del Informe de la Comisión y son muy pocos los que lo han leído; en mi sentir, por el miedo a la verdad incómoda. Lo normal en un país que se resiste a reconocer la tragedia generalizada, y comprender las implicaciones políticas e institucionales que se siguen de reconocer esa realidad brutal, es sacar el asunto y proceder como si no existiera.

Al destituir la virtud moral pública de la Comisión el mensaje va más allá. Se trata de aniquilar el aporte a la verdad del Informe Final de la Comisión que fundamenta las recomendaciones.

Lea también: Estas son las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad

Desde algunos sectores se ha mencionado que la Comisión de la Verdad excedió sus funciones en algunas recomendaciones. ¿Qué opina de eso?

Es difícil excederse de funciones cuando no se está legislando sino planteando obligaciones morales ante millones que piden una transformación ética a un país que repite y repite lo que es intolerable.

La Comisión tenía la obligación de hacer recomendaciones, porque el decreto 588 se lo exigía y porque en contra humano que usted vea una realidad perversa y no acoja en conciencia la obligación de plantearse lo que hay que hacer para que no continúe. Por eso la Comisión tenía el deber de esclarecer, presentar conclusiones y presentar recomendaciones para la no repetición.

Las recomendaciones no son el resultado de una negociación con el actor armado, como lo es el Acuerdo del Colon que es vinculantes legalmente. Las recomendaciones no se negocian, surgen de la reflexión sobre la tragedia y se presentan como referentes de ética política en la discusión de los cambios institucionales que la salida de la tragedia exige.

¿Por qué dice que las recomendaciones son un referente moral?

Porque esas formulaciones concretas -de justicia, narcotráfico, seguridad, desarrollo- son necesarias para centrar la conversación sobre los cambios indispensable y expresan las expectativas de las víctimas y la urgencia que vio la Comisión cuando identifica los patrones o dinámicas de la violencia política y ve con claridad que esas dinámicas no detienen el conflicto armado, mezclado con narcotráfico, va a continuar.

Lo importante es el espíritu que hay detrás de esas concreciones que la discusión democrática tiene que definir. Recomendamos un Ministerio de la Paz para dejar claro que mientras haya conflicto vemos necesario que el clamor de las comunidades esté en el gabinete presidencial, al lado del ministro de hacienda, de agricultura, de educación. Es el grito de la gente a todos los lados: ¡Paren esa guerra, párenla ya!

Recomendamos un cambio en la seguridad porque vemos la necesidad de un ejercito y una policía que sean para la paz, que tengan la grandeza de utilizar la autoridad para contener la disputa política y la conflictividad social de los colombianos, sin tomar partido y señalar enemigos.

Recomendamos la independencia en la elección del fiscal porque la gente pide justicia independiente de la política, presente en todo el territorio, eficaz, capaz de detener la corrupción, y esto desde hace 50 años. Las concreciones que se ponen son para formular caminos concretos de solución sobre dinámicas de violencia que son impostergables.

¿Qué significa para un país que sigue con conflicto activo no acatar las recomendaciones que pretenden eliminarlo o aportar para que no se repita?

Nosotros hablamos de la Paz Grande porque queríamos poner énfasis en dos cosas que nos parecían muy importantes. Primero, que los colombianos trabajáramos por nuestra reconciliación entre nosotros, que entráramos en un diálogo muy fuerte, que requiere muchísima decisión de escuchar al otro, de no mirarlo con sospecha, de quitarnos la idea de que somos enemigos unos a otros. Tener una apertura a recibir cosas que no nos gustan, pero ese es el camino de la reconciliación. Segundo, queríamos enfatizar en poner hasta las últimas consecuencias en ejecución el acuerdo de La Habana.

¿Cuál es su lectura sobre la forma en que está llevando las negociaciones en el marco de la Paz Total?

Yo desafortunadamente no he podido seguir en detalle lo que está pasando porque no estoy en este momento en el país. Siento que el presidente está poniendo en primer plano como responsabilidad del Estado de la paz, es decir, el artículo 22 de la Constitución la paz es un deber y un derecho de impostergable cumplimiento y creo que lo está totalmente metido en eso. Tengo preguntas, pero no puedo responder con rigor desde aquí y es por ejemplo, el hecho de tomar simultáneamente a todos los grupos en una situación tan enormemente compleja. Por ejemplo hasta donde realmente el Ejército de Liberación Nacional va a irse al fondo y va a aceptar los cambios estructurales que ellos piden no se pueden hacer en una negociación.

¿Cuál es la información que tiene usted sobre las razones de la crisis de la coca en Colombia?

Cuando estábamos haciendo el estudio de la Comisión yo tuve la oportunidad de hablar con gente del más alto grado de la Policía, que nos contó la dificultad y la sorpresa que se tenía al más alto nivel de la Policía de ver cómo la coca salía desde el sur del país, pasaba 11 retenes de Policía de alto nivel y de las fuerzas de seguridad y no había ningún problema, por la plata que iban dejando en el camino para llegar a Urabá y salir de Urabá hacia México. El haber atajado eso rompió las conexiones y al romperse las conexiones, entonces la coca no puede pasar y se detiene completamente el mercado.

Le recomendamos: Crisis cocalera: oportunidad para que el Estado ofrezca alternativas a comunidades

En la entrevista con Cambio usted cita la entrevista que le hizo El Espectador a la investigadora Estefanía Ciro, ¿usted tiene más información si la salida de militares y policías afectó el precio de la coca?

Por análisis económico, cuando usted tiene una mercancía que no tiene compra, el precio de la mercancía se deprime inmediatamente, eso es una ecuación elemental de economía de mercado.

Con la entrega del Informe Final el pasado 28 de junio, el Comité de Seguimiento y Monitoreo quedaba a cargo de seguir y promover la implementación de las recomendaciones. ¿Cómo ve dicho trabajo?

El Comité de Seguimiento y Monitoreo está en marcha y se creó durante 7 años para sopesar y evaluar la implementación de las recomendaciones. Este seguimiento se hace sobre las transformaciones institucionales concretas que recomendó la Comisión; y también sobre las alternativas que la discusión democrática en las instancias del Estado y de la sociedad lleven a cambiar puntos específicos que la Comisión recomendó. El Comité de Seguimiento y Monitoreo evaluará hasta donde esos cambios responden a las exigencias éticas que vio la Comisión y cómo se desarrolla su implementación.

¿Qué queda para avanzar sin dejar atrás el legado de la Comisión de la Verdad?

La verdad es que no me preocupa que el artículo ocho lo hayan bajado, confío en la democracia. Lo que sí quiero y vamos a hacer con toda el alma, los comisionados y comisionadas, es que vamos a proteger la estatura moral pública y ética de la Comisión.

El camino no es la calle ni el pulso del tamaño de las manifestaciones y la fuerza de las consignas. El camino es el diálogo, difícil, sin perder el horizonte de una nación que eligió el cambio y que está descubriendo que el cambio es entrar en lo que no conocemos, en lo que hasta ahora no ha sido.

El presidente tiene que tener la grandeza de abrirse al diálogo por encima de las rivalidades políticas y los temores y las incomprensiones. Tiene que retomar la actitud original de hablar con todos los que en una u otra forma tienen capacidad de decidir y tienen derechos e intereses. Él es el primero que tiene que estar dispuesto a asumir los costos de los ataques que vienen de la ignorancia, del miedo, de las ideologías, de las incertidumbres, y tiene que acoger y contener en la conversación constructiva ese caudal de la sociedad en sus distintas expresiones. El cambio es muy difícil. Este país lo construirnos entre todos o no habrá futuro humano, ecológico, tranquilo para nadie, y para construirlo así, todos y todas tenemos que ceder, tenemos que cambiar.