“¿De qué sirve inaugurar una escuela PDET si en la puerta matan al profesor?”

Raúl Delgado Guerrero tiene en sus manos una tarea de enormes dimensiones. Como director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), ahora estará al frente de componer el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) donde 99.000 familias que renunciaron a cultivar coca siguen esperando que les cumplan la promesa de ingresar a otra economía, y de recuperar el espíritu de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pactados en el Acuerdo de Paz para transformar las regiones más afectadas por la guerra.

Por eso, durante dos días, en Bogotá, el director de la ART escuchó a los voceros de todas las regiones donde se implementan los PDET y el programa de sustitución, para contrastar los reclamos de las comunidades con las cifras que encontró en la agencia. La diferencia fue abismal, aunque sostiene que la gente en las regiones sigue comprometida con lo pactado en La Habana.

Lea: Convención Nacional Campesina: estos fueron los acuerdos para reformar el campo

Escuchó de primera mano a los representantes de las comunidades sobre las preocupaciones en la implementación del Acuerdo. ¿Con qué se queda?

Me impactó el compromiso de los líderes y lideresas de las comunidades con la defensa del Acuerdo de Paz. Creo que uno de los factores por los que el Acuerdo sobrevivió en medio de todas las dificultades del período que acabamos de salir fue ese compromiso de las comunidades, su capacidad de resiliencia, que es admirable. Para mí la primera gran conclusión es la ratificación de ese compromiso, ahora plenamente compartido por el gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Márquez, de retomar y acelerar la implementación del Acuerdo de Paz en el marco de la política de “paz total”. Porque esa fue la otra gran conclusión: el apoyo a la política de “paz total”, teniendo la claridad, eso sí, de que el cumplimiento del Acuerdo es base fundamental para poder avanzar en las nuevas negociaciones de la “paz total”.

Es decir, está descartando la crítica de que avanzar en la “paz total” con otros actores armados es descuidar la implementación del Acuerdo…

No es esa la intención, y el presidente Petro ha sido reiterativo en que la primera cuota de confianza para avanzar en la “paz total” es el cumplimiento del Acuerdo. Es importante cumplir, porque eso creará confianza en los actores de las nuevas negociaciones, pero a la vez los avances de la “paz total” en esta primera fase, que son avances humanitarios, facilitan el cumplimiento del Acuerdo. Un ejemplo: de qué nos sirve inaugurar la más bonita de las escuelas en uno de los municipios PDET si en la puerta de la escuela matan al profesor.

Está demostrado que el Acuerdo de La Habana no puso fin a múltiples violencias y hay regiones en las que incluso se ha agudizado esa violencia. El pecado original fue que cuando se inició la reincorporación de los excombatientes de las Farc, el Estado no llegó a los territorios que ellos ocupaban, sino que llegaron primero otros actores armados. Necesariamente hay que avanzar en buscar acuerdos de paz con esos actores para crear las condiciones de verdad de una transformación positiva de esos territorios.

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Usted resalta el compromiso de las comunidades, pero también hay desesperanza y escepticismo…

Hubo manifestaciones de muchísima preocupación por lo que acaba de pasar en los cuatro años anteriores. Según el liderazgo comunitario, se abandonó la esencia del Acuerdo de Paz, la participación comunitaria incidente. Plantean que hubo muchísima participación a la hora de formular los PDET, pero se debilitó y en algunos casos se anuló a la hora de la implementación, de priorizar en las 32.000 iniciativas que quedaron. Otra queja es que no se tiene en cuenta a las organizaciones comunitarias en la ejecución de algunas iniciativas: se optó por un modelo de contratar, tanto en PDET como en PNIS, unos grandes implementadores fuera del territorio, que luego subcontrataban en las regiones, y entonces hay obras que están abandonadas, otras que quedaron inconclusas.

En el caso del PNIS, las denuncias son más graves. Primero, el incumplimiento es muy, muy grande. Según las cifras de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, menos de 2.000 familias han terminado todo el programa. Eso debió haber ocurrido en dos años, y cinco años después menos del 2 % lo han cerrado. Se creó una situación difícil y eso comenzó desde el inicio de la implementación: según los acuerdos colectivos de sustitución, cerca de 200.000 familias levantaron la mano para decir ‘queremos entrar al programa’, finalmente solo se incluyó a la mitad (99.000 familias), y a las que se incluyeron se les incumplió. Se creó la tormenta perfecta para que este problema se agudizara.

¿Ese diagnóstico de las comunidades usted lo comparte?

En mucho sí. Lo digo porque las voces que expresaron ese diagnóstico comunitario son serias y porque las propias cifras oficiales demuestran, por ejemplo en el caso del PNIS, un gravísimo incumplimiento. Pero, además, otra de las grandes decisiones del encuentro fue un mandato que se nos dio para que le solicitáramos a la Contraloría y otros organismos de control una investigación especial sobre la manera como se implementó el PNIS y, en algunos casos, los PDET. Hubo denuncias de posibles sobrecostos, posible mala calidad de materiales y suministros, y fue una denuncia generalizada. Cumpliendo ese mandato, vamos a solicitar esa investigación especial y vamos a allegar toda la documentación que nos han entregado las comunidades, como soporte de la solicitud de esa investigación.

(En video): Así está aterrizando la paz total en el Catatumbo

Los PDET terminaron reducidos a intervenciones pequeñas como placas huella, techos para casetas comunales, ¿cómo cambiar eso?

Esas obras que se hicieron, las que se hicieron bien, son importantes para las comunidades, eso no lo podemos desconocer. Pero tampoco podemos desconocer que ese no era el objetivo de los PDET. El gran objetivo era la transformación integral de estos territorios, pero eso implica una intervención integral del conjunto del Estado, y es imposible que la haga la ART sola. La Agencia tiene que articular la intervención del Estado en todos sus niveles: nacional, regional y departamental. Se necesita también el concurso del sector privado, de la academia y obviamente la voluntad y el compromiso de las comunidades que fue ratificado en este encuentro.

Sobre la sustitución de coca, ¿está de acuerdo en que el Estado les incumplió a las familias que creyeron?

Para mí tienen razón en esa afirmación. Está retrasada la implementación. Cuando usted tiene un acuerdo, el tiempo de cumplimiento es básico. Y acá estaba en juego la subsistencia de familias que decidieron cambiar su fuente de sustento, los ingresos de la coca, hacia actividades legales. Se tenía que cumplir en dos años y ya van cinco. La pregunta es qué hacían esas familias en todo ese tiempo. En algunos informes se pone a familias como si ya hubieran ejecutado el proyecto productivo, cuando apenas se contrataba al implementador. Una cosa es comprometer los recursos y otra cosa es que ya se haya ejecutado el proyecto.

Tanto usted como las comunidades han hablado de reformular el PNIS, ajustarlo, ¿eso qué significa?

Lo que acordamos en el encuentro es el escenario donde se analizará esa propuesta: el Presidente se ha comprometido con construir una nueva política frente a las drogas que reemplace la fracasada guerra contra las drogas, política que se basará en lo que quedó dicho en el acuerdo de paz, pero también en el nuevo contexto internacional y nacional. Pero hablando del eslabón de los cultivos, el Presidente ha dicho que la nueva política hay que concertarla en los escenarios de asambleas regionales de organizaciones de familias que subsisten de la economía de la coca.

La primera de esas asambleas va a ser en el Catatumbo, 15 y 16 de diciembre; luego a finales de diciembre en Caquetá; comenzando enero en el Putumayo; posteriormente en el suroccidente; luego en la costa y se finalizará este ejercicio en Meta y Guaviare. Por un lado se analizará lo que las comunidades piden en cuanto a reformular y a replantear el PNIS. Por ejemplo, una petición es el cambio del modelo de implementación. Ellos dicen que estos proyectos productivos deberían contratarse a nivel local o regional, y muchas de las cosas directamente con las organizaciones comunitarias; pero también hay que analizar otras propuestas de sustitución, el Presidente por ejemplo ha hablado de una figura que llama restauradores de selva; es decir, formas de sustitución ligadas a la protección y a la conservación ambiental.

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Hay un compromiso de la gente en volver a creer, pero si las cosas no retoman el rumbo, ese caudal se les puede voltear. ¿Cómo van a hacer para que eso no pase?

No defraudar la confianza. Vamos a comenzar con unos encuentros subregionales, en cada una de las 16 subregiones PDET para hacer el balance en cada territorio, ver lo positivo, las fallas que hubo y ver cómo echamos para adelante. Y eso significa retomar la participación de las comunidades, por ejemplo, en la priorización de iniciativas de impacto, que de verdad busquen y contribuyan a la transformación territorial; esa priorización se hará incluso no solo con los grupos motor, sino que también se aprobó la conformación de unas mesas donde estén esos grupos, los mecanismos especiales de consulta, donde esté la mesa de víctimas, la de mujer, la de jóvenes, las autoridades étnicas. Porque les dijimos que aceptamos el llamado a que el Estado se articule, pero también llamamos a una articulación de las organizaciones comunitarias. Y veo que necesitamos un segundo espacio que sería como un consejo de la transformación regional en esos territorios, donde además de la mesa comunitaria, estén las autoridades locales y regionales, el sector privado y la academia.

Si ese es el estado de la implementación de los PDET, cómo entender que el anterior Gobierno los mostrara como su proyecto bandera y como un éxito de la implementación?

Hay dos informes externos a la ART. Uno, el de la Contraloría General de la República y el otro el de Planeación a través del sistema de monitoreo de la implementación y las comunidades dijeron que consideraban mucho más objetivo el informe de la Contraloría, que sin duda tenía grandes diferencias con las cifras que mostraba el sistema de implementación. En esto es mejor hacer un balance depurado, hay una categoría, por ejemplo, que se llama iniciativas PDET con ruta de implementación activada y esa va desde un proyecto ya estructurado, hasta una gestión básica. Entonces si usted toma esa categoría, el porcentaje de cumplimiento mejora, pero si toma realmente acciones que hayan afectado positivamente el territorio, disminuye. Pero aquí antes que seguir con espejo retrovisor lo que queremos es retomar la implementación, acelerarla, de la mano de las comunidades.

Raúl Delgado Guerrero tiene en sus manos una tarea de enormes dimensiones. Como director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), ahora estará al frente de componer el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) donde 99.000 familias que renunciaron a cultivar coca siguen esperando que les cumplan la promesa de ingresar a otra economía, y de recuperar el espíritu de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pactados en el Acuerdo de Paz para transformar las regiones más afectadas por la guerra.

Por eso, durante dos días, en Bogotá, el director de la ART escuchó a los voceros de todas las regiones donde se implementan los PDET y el programa de sustitución, para contrastar los reclamos de las comunidades con las cifras que encontró en la agencia. La diferencia fue abismal, aunque sostiene que la gente en las regiones sigue comprometida con lo pactado en La Habana.

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Escuchó de primera mano a los representantes de las comunidades sobre las preocupaciones en la implementación del Acuerdo. ¿Con qué se queda?

Me impactó el compromiso de los líderes y lideresas de las comunidades con la defensa del Acuerdo de Paz. Creo que uno de los factores por los que el Acuerdo sobrevivió en medio de todas las dificultades del período que acabamos de salir fue ese compromiso de las comunidades, su capacidad de resiliencia, que es admirable. Para mí la primera gran conclusión es la ratificación de ese compromiso, ahora plenamente compartido por el gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Márquez, de retomar y acelerar la implementación del Acuerdo de Paz en el marco de la política de “paz total”. Porque esa fue la otra gran conclusión: el apoyo a la política de “paz total”, teniendo la claridad, eso sí, de que el cumplimiento del Acuerdo es base fundamental para poder avanzar en las nuevas negociaciones de la “paz total”.

Es decir, está descartando la crítica de que avanzar en la “paz total” con otros actores armados es descuidar la implementación del Acuerdo…

No es esa la intención, y el presidente Petro ha sido reiterativo en que la primera cuota de confianza para avanzar en la “paz total” es el cumplimiento del Acuerdo. Es importante cumplir, porque eso creará confianza en los actores de las nuevas negociaciones, pero a la vez los avances de la “paz total” en esta primera fase, que son avances humanitarios, facilitan el cumplimiento del Acuerdo. Un ejemplo: de qué nos sirve inaugurar la más bonita de las escuelas en uno de los municipios PDET si en la puerta de la escuela matan al profesor.

Está demostrado que el Acuerdo de La Habana no puso fin a múltiples violencias y hay regiones en las que incluso se ha agudizado esa violencia. El pecado original fue que cuando se inició la reincorporación de los excombatientes de las Farc, el Estado no llegó a los territorios que ellos ocupaban, sino que llegaron primero otros actores armados. Necesariamente hay que avanzar en buscar acuerdos de paz con esos actores para crear las condiciones de verdad de una transformación positiva de esos territorios.

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Usted resalta el compromiso de las comunidades, pero también hay desesperanza y escepticismo…

Hubo manifestaciones de muchísima preocupación por lo que acaba de pasar en los cuatro años anteriores. Según el liderazgo comunitario, se abandonó la esencia del Acuerdo de Paz, la participación comunitaria incidente. Plantean que hubo muchísima participación a la hora de formular los PDET, pero se debilitó y en algunos casos se anuló a la hora de la implementación, de priorizar en las 32.000 iniciativas que quedaron. Otra queja es que no se tiene en cuenta a las organizaciones comunitarias en la ejecución de algunas iniciativas: se optó por un modelo de contratar, tanto en PDET como en PNIS, unos grandes implementadores fuera del territorio, que luego subcontrataban en las regiones, y entonces hay obras que están abandonadas, otras que quedaron inconclusas.

En el caso del PNIS, las denuncias son más graves. Primero, el incumplimiento es muy, muy grande. Según las cifras de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, menos de 2.000 familias han terminado todo el programa. Eso debió haber ocurrido en dos años, y cinco años después menos del 2 % lo han cerrado. Se creó una situación difícil y eso comenzó desde el inicio de la implementación: según los acuerdos colectivos de sustitución, cerca de 200.000 familias levantaron la mano para decir ‘queremos entrar al programa’, finalmente solo se incluyó a la mitad (99.000 familias), y a las que se incluyeron se les incumplió. Se creó la tormenta perfecta para que este problema se agudizara.

¿Ese diagnóstico de las comunidades usted lo comparte?

En mucho sí. Lo digo porque las voces que expresaron ese diagnóstico comunitario son serias y porque las propias cifras oficiales demuestran, por ejemplo en el caso del PNIS, un gravísimo incumplimiento. Pero, además, otra de las grandes decisiones del encuentro fue un mandato que se nos dio para que le solicitáramos a la Contraloría y otros organismos de control una investigación especial sobre la manera como se implementó el PNIS y, en algunos casos, los PDET. Hubo denuncias de posibles sobrecostos, posible mala calidad de materiales y suministros, y fue una denuncia generalizada. Cumpliendo ese mandato, vamos a solicitar esa investigación especial y vamos a allegar toda la documentación que nos han entregado las comunidades, como soporte de la solicitud de esa investigación.

(En video): Así está aterrizando la paz total en el Catatumbo

Los PDET terminaron reducidos a intervenciones pequeñas como placas huella, techos para casetas comunales, ¿cómo cambiar eso?

Esas obras que se hicieron, las que se hicieron bien, son importantes para las comunidades, eso no lo podemos desconocer. Pero tampoco podemos desconocer que ese no era el objetivo de los PDET. El gran objetivo era la transformación integral de estos territorios, pero eso implica una intervención integral del conjunto del Estado, y es imposible que la haga la ART sola. La Agencia tiene que articular la intervención del Estado en todos sus niveles: nacional, regional y departamental. Se necesita también el concurso del sector privado, de la academia y obviamente la voluntad y el compromiso de las comunidades que fue ratificado en este encuentro.

Sobre la sustitución de coca, ¿está de acuerdo en que el Estado les incumplió a las familias que creyeron?

Para mí tienen razón en esa afirmación. Está retrasada la implementación. Cuando usted tiene un acuerdo, el tiempo de cumplimiento es básico. Y acá estaba en juego la subsistencia de familias que decidieron cambiar su fuente de sustento, los ingresos de la coca, hacia actividades legales. Se tenía que cumplir en dos años y ya van cinco. La pregunta es qué hacían esas familias en todo ese tiempo. En algunos informes se pone a familias como si ya hubieran ejecutado el proyecto productivo, cuando apenas se contrataba al implementador. Una cosa es comprometer los recursos y otra cosa es que ya se haya ejecutado el proyecto.

Tanto usted como las comunidades han hablado de reformular el PNIS, ajustarlo, ¿eso qué significa?

Lo que acordamos en el encuentro es el escenario donde se analizará esa propuesta: el Presidente se ha comprometido con construir una nueva política frente a las drogas que reemplace la fracasada guerra contra las drogas, política que se basará en lo que quedó dicho en el acuerdo de paz, pero también en el nuevo contexto internacional y nacional. Pero hablando del eslabón de los cultivos, el Presidente ha dicho que la nueva política hay que concertarla en los escenarios de asambleas regionales de organizaciones de familias que subsisten de la economía de la coca.

La primera de esas asambleas va a ser en el Catatumbo, 15 y 16 de diciembre; luego a finales de diciembre en Caquetá; comenzando enero en el Putumayo; posteriormente en el suroccidente; luego en la costa y se finalizará este ejercicio en Meta y Guaviare. Por un lado se analizará lo que las comunidades piden en cuanto a reformular y a replantear el PNIS. Por ejemplo, una petición es el cambio del modelo de implementación. Ellos dicen que estos proyectos productivos deberían contratarse a nivel local o regional, y muchas de las cosas directamente con las organizaciones comunitarias; pero también hay que analizar otras propuestas de sustitución, el Presidente por ejemplo ha hablado de una figura que llama restauradores de selva; es decir, formas de sustitución ligadas a la protección y a la conservación ambiental.

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Hay un compromiso de la gente en volver a creer, pero si las cosas no retoman el rumbo, ese caudal se les puede voltear. ¿Cómo van a hacer para que eso no pase?

No defraudar la confianza. Vamos a comenzar con unos encuentros subregionales, en cada una de las 16 subregiones PDET para hacer el balance en cada territorio, ver lo positivo, las fallas que hubo y ver cómo echamos para adelante. Y eso significa retomar la participación de las comunidades, por ejemplo, en la priorización de iniciativas de impacto, que de verdad busquen y contribuyan a la transformación territorial; esa priorización se hará incluso no solo con los grupos motor, sino que también se aprobó la conformación de unas mesas donde estén esos grupos, los mecanismos especiales de consulta, donde esté la mesa de víctimas, la de mujer, la de jóvenes, las autoridades étnicas. Porque les dijimos que aceptamos el llamado a que el Estado se articule, pero también llamamos a una articulación de las organizaciones comunitarias. Y veo que necesitamos un segundo espacio que sería como un consejo de la transformación regional en esos territorios, donde además de la mesa comunitaria, estén las autoridades locales y regionales, el sector privado y la academia.

Si ese es el estado de la implementación de los PDET, cómo entender que el anterior Gobierno los mostrara como su proyecto bandera y como un éxito de la implementación?

Hay dos informes externos a la ART. Uno, el de la Contraloría General de la República y el otro el de Planeación a través del sistema de monitoreo de la implementación y las comunidades dijeron que consideraban mucho más objetivo el informe de la Contraloría, que sin duda tenía grandes diferencias con las cifras que mostraba el sistema de implementación. En esto es mejor hacer un balance depurado, hay una categoría, por ejemplo, que se llama iniciativas PDET con ruta de implementación activada y esa va desde un proyecto ya estructurado, hasta una gestión básica. Entonces si usted toma esa categoría, el porcentaje de cumplimiento mejora, pero si toma realmente acciones que hayan afectado positivamente el territorio, disminuye. Pero aquí antes que seguir con espejo retrovisor lo que queremos es retomar la implementación, acelerarla, de la mano de las comunidades.