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Para que los excombatientes de las Farc se afiancen definitivamente en la paz y su proceso de reincorporación sea exitoso es urgente que tengan acceso a tierras donde ejecutar sus proyectos productivos. Así lo consideró la Misión de Verificación de Naciones Unidas en su más reciente informe trimestral que elabora para informar al Consejo de Seguridad de la ONU sobre los avances en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.
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En el documento, la Misión enfatizó en que en este momento de transición de los antiguos espacios de reincorporación es fundamental asegurar la compra de predios por parte del Gobierno en aras de adjudicarlos a los exguerrilleros. Por eso, resaltó que “a pesar de las demoras debidas a la pandemia, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización tiene la intención de adquirir predios para nueve antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación antes de finales de año. En lo que constituye una medida positiva, en agosto el Gobierno adquirió un predio para el antiguo espacio territorial de Icononzo (Tolima)”.
Sin embargo, señaló que la inseguridad sigue siendo un grave peligro para la consolidación de los antiguos espacios. En particular, referenció los casos de Buenos Aires (Cauca) e Ituango (Antioquia), donde los espacios tuvieron que ser trasladados en su totalidad, incluyendo sus proyectos productivos, luego de constantes amenazas y asesinatos de exguerrilleros. Pero, además, manifestó su preocupación especial por los espacios de Miranda (Cauca), Puerto Asís (Putumayo) y Mesetas (Meta), que “enfrentan mayores riesgos para la seguridad, lo que está ocasionando que cada vez más excombatientes y sus familias los abandonen”.
Pero el llamado es a que el acceso a la tierra no se limite solamente a los antiguos espacios de reincorporación. Para eso, valoró que la ARN esté considerando la posibilidad de permitir que los $8 millones previstos en el acuerdo para proyectos productivos, los puedan usar los excombatientes para adquirir tierras para esos proyectos.
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Los asesinatos de excombatientes siguen siendo, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones la misión, una de las principales preocupaciones. Esta vez, en el periodo que monitoreó este informe, entre el 27 de junio y el 25 de septiembre, la misión verificó 19 homicidios de exintegrantes de las Farc, con los cuales se llega a 50 asesinatos de excombatientes en lo que va de 2020. Así, desde la firma del Acuerdo de paz hasta la fecha, la cifra de asesinatos de excombatientes según la misión de la ONU va en 224 casos. Cifra muy similar a la que lleva el partido FARC, que habla de 230 homicidios. En el informe, la misión resaltó en particular el homicidio de Jorge Iván Ramos, o Mario Morales, “uno de los excomandantes de las Farc de más alto rango asesinados desde la firma del Acuerdo”, ocurrido el pasado 28 de agosto en el sur de Bolívar.
En cuanto a los resultados de las investigaciones por esos casos, la misión dijo que la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía reporta 31 condenas y 20 casos en etapa de juicio. Sin embargo, llamó la atención en que “el enfoque centrado en el enjuiciamiento de los autores intelectuales es crucial para desmantelar estas redes criminales y luchar contra la impunidad”. Por eso, reportó que en el periodo del informe cuatro sospechosos de ser autores intelectuales fueron detenidos, con lo que ya son 15 de ellos detenidos desde la firma del Acuerdo. Sin embargo, en autores intelectuales no se han reportado condenas.
Otro de los asuntos a los que se refirió en particular la misión de la ONU fue la entrega de bienes de las antiguas Farc. En ese asunto, hizo referencia al decreto expedido por el Gobierno que fijó el plazo para esa entrega al 31 de diciembre de 2020. “Si bien la ampliación era necesaria para aclarar los siguientes pasos en el proceso, la fecha fijada no se ajusta a los calendarios propuestos conjuntamente por FARC y la Sociedad de Activos Especiales. FARC considera que los cinco meses adicionales podrían ser insuficientes para finalizar adecuadamente el proceso de entrega, sobre todo teniendo presentes los problemas de seguridad y las demoras causadas por la pandemia”. Dijo también que la mesa técnica tripartita sobre los bienes no se ha reunido desde el 30 de junio.
La misión destacó avances en otras esferas del proceso de reincorporación. Una de ellas, la de los proyectos productivos: según el documento, en el periodo estudiado el Consejo Nacional de Reincorporación aprobó nueve proyectos colectivos para más de 200 excombatientes. Con esas nuevas iniciativas, ya son 66 proyectos colectivos aprobados hasta la fecha, que benefician a 2.928 exguerrilleros. Por su parte, se aprobaron 158 proyectos individuales con los cuales se llega a 1.467 iniciativas individuales aprobadas para exguerrilleros. “La participación activa de mujeres excombatientes en iniciativas productivas continúa siendo limitada, en particular porque el acceso a guarderías es insuficiente y porque sigue habiendo obstáculos para que participen en los espacios de toma de decisiones”, señaló el informe.
En materia de afectaciones a excombatientes por Covid-19, la misión reportó que desde que empezó la pandemia al menos 88 exguerrilleros han dado positivo para el virus, de los cuales han fallecido dos.
Ahora bien, en el informe la misión también manifestó su preocupación por la situación de seguridad en distintas regiones del país. “Los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales han seguido aprovechando la pandemia para reforzar su control social y territorial. Según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en 2020 se han registrado 42 incidentes en los que numerosos civiles fueron asesinados, y otros 13 incidentes están siendo verificados”. Los departamentos que concentran esos casos son Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander.
Además, la misión dijo que en lo que va de 2020, alrededor de 18.400 personas han sido desplazadas colectivamente y otras 19.000 han sido desplazadas de forma individual. De nuevo, casos que se concentraron en Nariño, Antioquia, Norte de Santander, así como en Chocó. Según ese documento, en lo que va de 2020 el Acnudh ha verificado 48 asesinatos de líderes y lideresas sociales y está verificando otros 51, lo que ubicaría los casos en alrededor de 100 líderes y lideresas asesinadas en 2020, cifra que según otras organizaciones como Indepaz ya se sobrepasó hace meses.