Este lunes se conocieron dos avances relevantes en el proceso de diálogos que el Gobierno Nacional adelanta con Comuneros del Sur, una estructura que en mayo pasado se separó de la guerrilla del ELN, a la que perteneció por más de 30 años.
Por un lado, salió a la luz la resolución del presidente Gustavo Petro que formaliza la mesa de conversaciones. Además, se instaló en Samaniego, Nariño, un programa de desminado humanitario, que es la principal apuesta del proceso.
Ambos anuncios se dan en medio de la crisis sostenida en la mesa nacional de diálogos con la guerrilla del ELN, que completa siete meses.
¿Qué establece la resolución?
La resolución 369 de 2024, con fecha del 13 de septiembre, autoriza en primer lugar la instalación de la Mesa entre los miembros representantes del Gobierno y por parte del grupo armado. En ese sentido, el documento explica la finalidad de ese espacio de diálogo.
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“La Mesa de Diálogos de Paz estará dirigida a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto de los derechos humanos, el cese de hostilidades y afectaciones a población civil y el pacto de acuerdo de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización y el tránsito a la paz del grupo armado en mención”, se lee en el documento.
Por otro lado, si bien ya se conocía que Carlos Erazo es el encargado del Gobierno para coordinar el proceso de diálogo que se desarrolla en Nariño con Comuneros del Sur, la resolución deja en firme su designación como representante del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos de Paz.
El documento también especifica las funciones de Erazo en el proceso de paz con Comuneros. “El representante designado está facultado para realizar los actos tendientes a desarrollar diálogos para pactar acuerdos de paz con el propósito de finalizar el conflicto armado interno y transitar hacia la paz”.
Asimismo, la resolución señala los nombres que componen el equipo negociador del Gobierno en esa Mesa de diálogo. Entre ellos están Ángela María Robledo, Andrei Giovani Gómez, Clemencia Carabalí y Pablo Francisco Pardo.
Los otros avances del proceso con Comuneros del Sur
El proceso que lleva el Gobierno con Comuneros del Sur -la razón más fuerte del congelamiento del diálogo con el ELN- ha caminado a paso largo y, de hecho, se ha presentado como un modelo que, aunque con alcance corto, está cambiando la manera de abordar el conflicto armado desde una perspectiva territorial.
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Uno de los primeros pasos del proceso se dio en medio de la Instancia de Co-construcción de Paz Territorial, como se le llama por ahora a este proceso, donde el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, anunció que Comuneros del Sur cambió su nombre -le quitó la palabra “frente”-. Con ello las autoridades oficializaron que el trato hacia esa estructura era el de un grupo armado independiente.
Posteriormente, el pasado 3 de agosto, ambas delegaciones firmaron la hoja de ruta en la que quedaron establecidos tres ejes que marcan el camino de ese proceso: el desescalamiento de las violencias, la transformación territorial y el tránsito del grupo armado a la vida ciudadana plena y su conversión en un movimiento político y social de carácter territorial.
El documento también incluye el protocolo de desminado, un proyecto de retorno de población desplazada, trabajos con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y de prevención del reclutamiento forzado.