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La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz presentó este viernes la primera resolución de conclusiones en el macrocaso 01 sobre la investigación de más de 20.000 secuestros cometidos por las Farc durante el conflicto con el que los máximos exjefes de esa guerrilla están a un paso de ser sancionados por esos delitos.
Dicho documento acoge a los miembros del último secretariado de la antigua guerrillas de las Farc Rodrigo Londoño (Timochenko); Jaime Alberto Parra (Mauricio Jaramillo), Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda.
En contexto: Estas son las sanciones que proponen los exFarc
Los siete exjefes guerrilleros aceptaron que hombres bajo sus órdenes cometieron al menos 21.396 secuestros y asumieron de forma colectiva e individual su responsabilidad coautores de crímenes de guerra y de lesa humanidad como graves privaciones de la libertad, torturas, tratos crueles violencia sexual y desplazamiento forzado, entre otros. La Sala imputó responsabilidad de mando por esos crímenes.
El siguiente paso es la imposición de sanciones propias por parte del Tribunal de Paz. Los magistrados de esa sección tienen seis meses para estudiar esa resolución, que no es más que la investigación que adelantó la JEP, los reconocimientos que han hecho los exjefes guerrilleros y emitir una sentencia.
Esa sentencia se da a través de las sanciones propias, uno de los tres tipos de sanciones que puede imponer la JEP (las otras dos son las penas alternativas y las ordinarias) y son impuestas a quienes reconozcan de forma exhaustiva su responsabilidad en los hechos más graves cometidos durante el conflicto armado. Tendrán un periodo de cumplimiento entre cinco y ocho años, con restricciones efectivas de libertad, movilidad y derechos.
En la resolución, la Sala recomendó la máxima sanción que permite la norma, de 8 años para todos los miembros del antiguo secretariado, menos para Rodrigo Granda “para quien recomienda cinco años de sanción por no haber tenido mando directo sobre la tropa, manteniendo así la proporcionalidad de la duración de la sanción”.
Estas sanciones pueden hacerse efectivas, entre otras, a través de los TOAR (Trabajos, Obras, Actividades con contenido reparador y restaurador) y también podrían implicar la restricción efectiva de la libertad y los derechos a la participación política, si el Tribunal para la Paz lo decide.
Lea: ¿Por qué es histórica la imputación por secuestro a las Farc?
Los cuatro proyectos que aprobó la JEP
El documento de la JEP también contiene una síntesis de las propuestas de sanción enviadas por las víctimas acreditadas en distintas etapas procesales, las observaciones hechas por los representantes de víctimas y, por último, el proyecto de sanción propuesto por los comparecientes y que reveló este diario en septiembre pasado.
La Sala aprobó cuatro de esos proyectos restaurativos-reparadores presentados por los comparecientes. Se trata trabajos de desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, restauración ambiental del páramo de Sumapaz, y actividades transversales de dignificación de la memoria de las víctimas.
Es importante decir que no son las únicas sanciones y son apenas cuatro propuestas presentadas por las Farc que la JEP aprueba para que se remitan al Tribunal de Paz. En esa instancia, víctimas y comparecientes deben ponerse de acuerdo en estas o en otras que puedan darse ante ese Tribunal.
Búsqueda de personas dadas por desaparecidas
Sobre las personas dadas por desaparecidas, la propuesta comprende entre otras acciones una cartografía nacional y regional sobre sitios de posible enterramiento, jornadas nacionales para la búsqueda de información relevante que permita aportar al esclarecimiento de casos de desaparición forzada y otras para la entrega de restos en condiciones de dignidad. Además, cartas personales de reconocimiento de responsabilidad que serán de dos tipos: unas en las que se pedirá perdón a las familias y otras dirigidas a la opinión pública y medios de comunicación en los que se reconozcan esos actos.
La resolución de la JEP afirma que ese proyecto “tiene una relación directa con los crímenes cometidos y los daños suscitados por las privaciones de la libertad y los delitos que con ellas concurrieron, y corresponde a una reiterada solicitud de las víctimas”. Sin embargo, puntualiza que no debe entenderse como una excusa para que los comparecientes no acudan a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) -en caso de ser requeridos-.
“En efecto, la búsqueda requiere un trabajo de dedicación prácticamente exclusiva para obtener avances significativos en el esclarecimiento de casos concretos, y así entiende que se desarrollará el proyecto propuesto, con dedicación exclusiva a través de la ONG creada por los excombatientes para este fin, y no solo por demanda de la UBPD”, dice la resolución.
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Acciones contra las minas antipersonal
En cuanto al proyecto de desminado (Acción integral contra minas), el planteamiento en el proyecto presentado por los excombatientes es que comprenda el suministro de información de territorios y áreas sospechosas de contaminación de este tipo de artefactos, así como municiones sin explosionar o trampas explosivas. Así como reparación simbólica a sobrevivientes de minas antipersonal a través de encuentros nacionales, visitas regionales, entre otras.
La resolución indica que la Sala está de acuerdo con estas actividades y que aprueba el proyecto, pero recalca que “la expectativa de las víctimas implica la participación en actividades de despeje de material explosivo”.
Y agrega: “La Sala encuentra que el trabajo en acciones que apoyan la acción integral contra minas sí tiene un componente reparador-restaurador, y puede ser aprobado como proyecto, en conjunción con otras actividades transversales dirigidas a generar satisfacción entre las víctimas de secuestros, ya que la relación entre los crímenes imputados y el desminado humanitario si bien existe, no es directa. Por ello destaca la importancia del proyecto planteado por los comparecientes como transversal y complementario de los otros tres, el de acciones de memoria y reparación simbólica”.
Restauración del páramo de Sumapaz
Está concentrado en el reconocimiento del medioambiente como víctima, especialmente del territorio aledaño al páramo de Sumapaz. Por ello, contempla acciones de restauración a ecosistemas del bosque andino, reforestación, de ecoturismo y de educación ambiental.
De acuerdo con el proyecto presentado por las Farc, “las acciones de restauración podrán enfocarse en actividades de reforestación y cualquier otra tendiente a restablecer el ecosistema degradado a una condición similar al ecosistema existente antes del disturbio en cuanto a su composición, su estructura y su funcionamiento”.
La Sala dijo que el componente restaurativo-reparador “puede corresponder de manera general a las solicitudes hechas por las víctimas de la realización de obras de beneficios de las comunidades afectadas por el conflicto”. Y agrega: “Es convincente el relacionamiento que hacen los comparecientes entre esta localidad de Bogotá y los crímenes cometidos, al señalar el alto número de víctimas de secuestro que fueron o transitadas por el Sumapaz, o mantenidas cautivas en campamentos en el Sumapaz”.
Memoria y reparación simbólica
Sobre el primer componente se propone un libro y un audiolibro construidos entre las partes con el relato de las historias de vida de víctimas y comparecientes. “No se trata de las memorias de las Farc, sino de las memorias de las víctimas. Los comparecientes tienen que impulsar esas acciones”, indica el abogado.
También incluye pedagogía sobre la memoria transformativa a partir de la reconstrucción de los hechos acontecidos en la guerra. De acuerdo con el documento, “deberá dictarse en un número preestablecido de sesiones” e incluir el “origen, causas y desarrollo del conflicto colombiano, el reto de construir paz en Colombia; los daños, afectaciones, importancia de las víctimas y su memoria y la prevención para la no repetición”.
Ese componente también incluye el impulso y radicación de proyectos de ley desde las curules de los antiguos miembros de las Farc en el Congreso “que reconozcan el daño a las familias víctimas del conflicto y a las organizaciones y a su vez exalte la construcción de la memoria histórica”.
La Sala de Reconocimiento también aprobó este proyecto, pero indicó que se debería considerar las acciones más requeridas por las víctimas, “que son los encuentros privados de reconocimiento
y solicitud de perdón” y señaló que “este tipo de actividades requiere necesariamente ser acordadas con las víctimas que deseen participar o estar presentes en ellas, le dan un alto contenido reparador-restaurador a la sanción propia, y son las que más pueden acercar la sanción al daño específico causado por los crímenes imputados por la Sala y reconocidos por los comparecientes”.
