El grupo de excombatientes de las antiguas FARC que fueron desplazados del ETCR Miravalle lograron la reubicación tras una reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el director de Derechos Humanos del ministerio, Franklin Castañeda. El encuentro, que tuvo lugar en Bogotá este viernes 19 de julio, también dejó otros acuerdos para garantizar un traslado digno y seguro de los firmantes.
“La protección de la vida de firmantes del Acuerdo, y la protección de su espacio es fundamental. Tenemos que avanzar y lograr el éxito de la política de implementación y de reincorporación para que estos espacios desaparezcan definitivamente, o por lo menos, de los lugares donde no se ha logrado generar un proyecto de vida digna y estable para quienes firmaron la paz y se comprometieron con la implementación”, dijo el ministro Cristo.
De la mano de otras entidades del Estado como el Ministerio de Defensa, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Agencia Nacional de Tierras, la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, la UNP, y la Unidad de Implementación, se pactaron las acciones necesarias para proteger la vida de las más de 85 personas que habitan el ETCR en San Vicente del Caguán, Caquetá. En ese territorio fue precisamente donde se gestó uno de los proyectos exitosos en materia de reincorporación: Remando por la Paz.
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Los firmantes que fueron desplazados por combates entre la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central habían creado una iniciativa de ecoturismo y rafting, recibían a más de 3.000 visitantes e incluso llevaron al país a competencias internacionales.
“La decisión de cambiar los fusiles por los remos fue justamente para navegar hacia nuevos horizontes, por la construcción de la paz, la reconciliación, la protección de la naturaleza, y con ello, generar nuevas oportunidades. Logramos construir nuestro proyecto turístico, trayendo más de tres mil visitantes a nuestra región y generando oportunidades de desarrollo económico a las comunidades del territorio”, explicaron los ex-FARC por medio de un comunicado al momento de su desplazamiento.
Ahora, tras la reunión con el Gobierno y el acuerdo firmado, los excombatientes podrán volver a desarrollar sus proyectos en un nuevo territorio. Uno de los compromisos que salió del encuentro entre ministerios será lograr la compra, adecuación y entrega de un predio, así como el traslado de las apuestas productivas que tenían.
Sin embargo, mientras se logra el primer punto, se va a contratar un predio para el traslado de los firmantes por un periodo máximo de 12 meses. A la par, el Ministerio de Defensa se comprometió a ampliar las operaciones para garantizar la seguridad de los firmantes.
La amenaza a los firmantes de paz en Miravalle
El 26 de junio se conoció un panfleto en el que el frente Iván Díaz del EMC -que sigue sentado en la mesa de diálogo con el Gobierno- hace señalamientos contra los firmantes de paz y amenaza con desplazar a los habitantes del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle.
“Los invitamos a que no se expongan permaneciendo en ese territorio manchado de desprestigio paramilitar, el Estado colombiano está en la obligación de reubicarlos y también de protegerlos”, dice el documento.
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Dos días después, el 28 de junio, delegaciones del Gobierno viajaron hasta San Vicente del Caguán para instalar un Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV) para acordar las rutas de protección de la vida de la población firmante.
De ese PMUV se acordó que “el Gobierno sostendrá la presencia de la Fuerza Pública en la zona, acelerará el traslado y consolidación del ETCR de Miravalle a un lugar definitivo que facilite la reincorporación integral”. La Defensoría del Pueblo, la Misión de la ONU y la MAPP-OEA fueron las encargadas de la implementación de estas rutas.
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