Ex-FARC piden garantías de seguridad tras señalamientos de ELN contra excombatientes

Como estigmatización y amenazas de muerte catalogó Pastor Alape, excombatiente de la guerrilla de las FARC, los comentarios de Antonio García, máximo comandante del ELN, quien sin pruebas dijo que “empresas controladas por el partido Comunes” tendrían contratos de desminado en Nariño en “sociedad con bandas paramilitares en Chocó”.

Aunque García no lo mencionó con nombre propio, sus señalamientos se relacionan con tareas de desminado humanitario que se han adelantado en Nariño con Comuneros del Sur, un antiguo frente del ELN que se escindió de esa guerrilla el pasado 7 de mayo. Desde entonces, esa estructura es tratada por el Gobierno como una organización distinta al ELN.

En respuesta a las acusaciones de García, Alape, en nombre de la Coordinación General de la Implementación del Acuerdo Final de Paz del Componente Comunes, hizo un llamado al Gobierno Nacional; al Comisionado Consejero para la Paz, Otty Patiño; a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia; y a los países garantes para que brinden seguridad a los firmantes de paz que han sido “amenazados de muerte por el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, se lee en el comunicado.

En el documento, agregó que la acusación de García “constituye una condena a muerte a los firmantes de paz y a cada uno de los integrantes de Humanicemos Desminado Humanitario y al provenir del máximo comandante de una organización en armas, constituye un ataque directo y de muerte, desprovisto de argumentos políticos, contra el partido político Comunes, surgido del Acuerdo de Paz”.

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El comunicado de Alape sería el tercer mensaje sobre el riesgo en que se pone la vida de los y las firmantes desde las acusaciones que ha lanzado García. Rodrigo Londoño, conocido en las extintas FARC como Timochenko y actual presidente del partido Comunes, ya se había pronunciado al respecto en señal de rechazo.

“Somos gentes de paz, comprometidos con los intereses de los sectores populares y la reconciliación nacional”, dijo e indicó que eran señalamientos “infundados”.

Por su parte, los negociadores del Gobierno rechazaron los señalamientos del comandante del ELN. “La delegación llama a no lanzar acusaciones contra quienes firmaron el Acuerdo de Paz de 2016, así como contra las labores y los proyectos que adelantan en su proceso de reincorporación”, señalaron en un comunicado.

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Alape, además de solicitar garantías para los firmantes, instó al ELN a retractarse sobre los señalamientos en X. “Construir la paz requiere de actos consecuentes en la dirección correcta para lograrla”, concluyó.

Actualmente, la mesa de negociación entre el ELN y el Gobierno, aunque congelada, se sostiene y recientemente se firmó el primer punto de la agenda de diálogos sobre la participación de la sociedad civil. De acuerdo con la delegación, pese a las decisiones de la guerrilla, como el de volver a los secuestros extorsivos, se han seguido cumpliendo los acuerdos.

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Como estigmatización y amenazas de muerte catalogó Pastor Alape, excombatiente de la guerrilla de las FARC, los comentarios de Antonio García, máximo comandante del ELN, quien sin pruebas dijo que “empresas controladas por el partido Comunes” tendrían contratos de desminado en Nariño en “sociedad con bandas paramilitares en Chocó”.

Aunque García no lo mencionó con nombre propio, sus señalamientos se relacionan con tareas de desminado humanitario que se han adelantado en Nariño con Comuneros del Sur, un antiguo frente del ELN que se escindió de esa guerrilla el pasado 7 de mayo. Desde entonces, esa estructura es tratada por el Gobierno como una organización distinta al ELN.

En respuesta a las acusaciones de García, Alape, en nombre de la Coordinación General de la Implementación del Acuerdo Final de Paz del Componente Comunes, hizo un llamado al Gobierno Nacional; al Comisionado Consejero para la Paz, Otty Patiño; a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia; y a los países garantes para que brinden seguridad a los firmantes de paz que han sido “amenazados de muerte por el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, se lee en el comunicado.

En el documento, agregó que la acusación de García “constituye una condena a muerte a los firmantes de paz y a cada uno de los integrantes de Humanicemos Desminado Humanitario y al provenir del máximo comandante de una organización en armas, constituye un ataque directo y de muerte, desprovisto de argumentos políticos, contra el partido político Comunes, surgido del Acuerdo de Paz”.

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El comunicado de Alape sería el tercer mensaje sobre el riesgo en que se pone la vida de los y las firmantes desde las acusaciones que ha lanzado García. Rodrigo Londoño, conocido en las extintas FARC como Timochenko y actual presidente del partido Comunes, ya se había pronunciado al respecto en señal de rechazo.

“Somos gentes de paz, comprometidos con los intereses de los sectores populares y la reconciliación nacional”, dijo e indicó que eran señalamientos “infundados”.

Por su parte, los negociadores del Gobierno rechazaron los señalamientos del comandante del ELN. “La delegación llama a no lanzar acusaciones contra quienes firmaron el Acuerdo de Paz de 2016, así como contra las labores y los proyectos que adelantan en su proceso de reincorporación”, señalaron en un comunicado.

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Alape, además de solicitar garantías para los firmantes, instó al ELN a retractarse sobre los señalamientos en X. “Construir la paz requiere de actos consecuentes en la dirección correcta para lograrla”, concluyó.

Actualmente, la mesa de negociación entre el ELN y el Gobierno, aunque congelada, se sostiene y recientemente se firmó el primer punto de la agenda de diálogos sobre la participación de la sociedad civil. De acuerdo con la delegación, pese a las decisiones de la guerrilla, como el de volver a los secuestros extorsivos, se han seguido cumpliendo los acuerdos.

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