Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Ministerio de Justicia se pronunció este viernes en un comunicado sobre el borrador del proyecto que esa cartera presentó sobre los lineamientos para las sanciones propias que tendrá que imponer el próximo año la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a quienes están acogidos en ese tribunal de paz.
El borrador de la iniciativa, que dio a conocer el jueves Colombia+20, se viene cocinando desde hace algunos meses, propone dos componentes para esas sanciones. Uno de ellos -el que más alerta produjo- fue la creación de unas “Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria (ZRRC)”, inspiradas en lo que se conoció como Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, en donde se concentraron los excombatientes de las FARC en su tránsito a la vida civil.
Según el documento de 24 páginas estas zonas “servirán como espacios específicos para el cumplimiento de sanciones que incluyan restricciones de libertad y otros derechos”.
La propuesta agrega que los comparecientes estarán sujetos a medidas de restricción de movimiento y, donde “se restringirá la libertad de circulación” y que tendrá “vigilancia supervisada por un equipo multidisciplinario que garantice el cumplimiento de las condiciones de sanción (…) y que la restricción no implicará condiciones penitenciarias tradicionales, sino un régimen basado en principios restaurativos y de dignidad humana”.
Este punto preocupa porque, de acuerdo con expertos que negociaron el Acuerdo de Paz y excombatientes, se trataría de una iniciativa que va en contra de lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016, donde no se habla de una restricción de movimiento -es decir, de una cárcel como se conoce-, sino de una restricción efectiva de libertad, en la que los sancionados cumplen unas funciones sin estar concentrados en un solo lugar.
Diego Martínez, exintegrante de la comisión jurídica que negoció los Acuerdos de La Habana, resalta que aunque es muy positivo que existan puentes entre el Ministerio de Justicia y la JEP, las zonas que se quieren crear son un modelo de confinamiento rural que van en contravía a lo que dice el Acuerdo de Paz.
“Llevábamos un año sin que el Gobierno pudiese articular con el tribunal el tema de sanciones propias, así que este es un paso enorme, pero esas Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria se presentan como un modelo de confinamiento rural que puede ser equiparable a colonias penales, y esto contradice fundamentalmente la naturaleza de la sanción restaurativa y afecta la reincorporación de los firmantes, porque es un régimen que no está plasmado en La Habana, que se asemeja a los sistemas de justicia penal, y este no está no es una jurisdicción penal, sino de restauración”, explica.
¿Qué dijo Minjusticia?
En un comunicado fechado el jueves, pero dado a conocer este viernes, dijo que la iniciativa se trataba de un primer e incipiente borrador “en aras de contribuir a la discusión, en el marco de la Instancia de Articulación Gobierno-JEP, sobre los componentes de las sanciones propias”.
Y agregó que el borrador “es solo un insumo y no una política definitiva que haya sido adoptada por la Instancia de Articulación”.
Además, indicó que se adelantará una mesa técnica en enero para concertar espacios conjuntos para “discutir y consensuar tanto la propuesta del ministerio como otras, incluida una presentada por la JEP, y cualquier otra adicional que deben ser respetuosas del Acuerdo de Paz y de la reglamentación correspondiente”, dice el comunicado.
Se espera que el próximo año la JEP imponga las primeras sanciones propias.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.
