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Hace exactamente ocho días, el comando de la Policía del Meta confirmó la muerte de un hombre, quien fue asesinado con varios disparos en el municipio de Vista Hermosa. Sobre el Puente de Caño Blanco, lugar donde ocurrió el homicidio, se desplegaron varios operativos para dar con los responsables del crimen. La víctima era Camilo Segura López, uno de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC.
Camilo hizo su proceso de reincorporación en el ETCR Antonio Nariño, en Icononzo (Tolima), y aunque no se sabe en qué estaba trabajando en la actualidad, él era uno de los casi 11.000 excombatientes que siguen cumpliendo el Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Su nombre se sumó a la lista de los otros 28 firmantes de paz que fueron asesinados este año en Colombia, según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -en el conteo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, van 30 asesinatos-, y a los 440 casos que ha reseñado ese tribunal desde que se firmó el Acuerdo de Paz.
La cifra de excombatientes asesinados este año -tanto la de la JEP como la de Indepaz - es, sin embargo, la más baja desde que se firmó el Acuerdo de Paz hace ocho años. 2019 fue el año más difícil para los firmantes de paz, con 85 homicidios, seguido de 2020 con 82 casos, según la JEP.
El asesinato de firmantes ha sido uno de los grandes retos que ha dejado el proceso de reincorporación y un fenómeno que, a pesar de disminuir sus cifras en los últimos dos años, ha dejado impunidad y muchos interrogantes sobre quién podría estar detrás de los homicidios selectivos.
Este año, la JEP registró que de los 29 asesinatos, cuatro fueron ordenados por Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las FARC al mando de Iván Mordisco -que ya no está en una mesa de paz con el Gobierno de Gustavo Petro-. Uno de los asesinatos, dice el tribunal de paz, fue perpetrado por “disidencias de las FARC sin identificar”. De los otros 24 casos aún no se tiene ningún rastro sobre quiénes podrían ser los responsables.
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El departamento con más casos de asesinatos de firmantes de paz fue Cauca, con 11 víctimas; seguido de Meta y Putumayo, con 3 reportes; y Guajira, y Caquetá y Valle del Cauca, con 2 asesinatos registrados en cada uno.
El difícil panorama de Cauca ya había sido advertido por la Defensoría del Pueblo, que este año emitió varias alertas tempranas, entre ellas la número 19, en la que advertía sobre los riesgos a los que estaban expuestos los firmantes de paz en los municipios de Miranda, Corinto, Caloto, Toribío y Jambaló por la presencia de grupos armados como las disidencias de las FARC -especialmente las de Mordisco- y el ELN.
Los departamentos de Arauca, Bolívar, Caldas, Huila, Norte de Santander y Sucre también están en la lista con un firmante de paz asesinado durante este 2024.
“Hay territorios donde es delito ser firmante de paz. Por ejemplo, en Cauca, Caquetá y Meta, los excombatientes viven situaciones muy complejas por la presencia de grupos armados”, aseguró a este medio Julián Gallo, firmante de paz y senador del partido Comunes, la colectividad política que nació tras el Acuerdo de Paz.
Gallo también argumentó que los programas de seguridad ofrecidos por el Gobierno para los firmantes tienen muchas deficiencias pero que, más allá de eso, el alto número de asesinatos tiene que ver con la ausencia del Estado en espacios rurales por donde se mueven los firmantes y que fueron ocupados por los grupos armados disidentes.
“En medio del control de las finanzas ilegales en esas zonas del país, un firmante de paz o un líder social que hable con alguno de esos grupos es sindicado de los otros por ir en contra de sus intereses. Eso ha hecho que la seguridad sea un tema crítico para los firmantes de paz”, dijo Gallo.
La violencia en zonas olvidadas por el Estado no solo recae sobre firmantes de paz, sino que también es ejercida contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes representan una amenaza frente a los grupos armados que quieren imponer autoridad donde no hay presencia de Fuerza Pública.
“Si uno se pone a mirar el punto tres del Acuerdo -sobre el fin del conflicto-, allá hay una concepción general para garantizar que el Estado llegara a tener el control del territorio, el monopolio del uso y tenencia de las armas, el control de la hacienda pública y el control de la justicia. En el Acuerdo estaba contemplada la transformación del territorio, pero desafortunadamente el Gobierno que siguió tras la firma del Acuerdo (el de Iván Duque) nunca tuvo interés en aplicar esas medidas”, explicó el Senador.
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Gallo también se refirió a la política de paz total propuesta por el Gobierno Petro y que suma nueve tableros de negociación, entre ellos varios con disidencias, guerrillas y bandas criminales, y fue crítico en decir que no tiene una estrategia clara y contundente para frenar el accionar de los grupos armados para cesar las hostilidades contra los civiles y contra los firmantes de paz. “Han quedado con las manos libres para atentar”, expresó.
Según el monitoreo hecho por Indepaz, enero y junio fueron los meses con más violencia hacia los firmantes del acuerdo, con cinco casos cada mes.
Una de estas historias es la de José Enrique Roa Cruz, un excombatiente que fue retenido a principios de este año cuando se movilizaba con su esquema de seguridad en el corregimiento de Gucacayo, en Pitalito.
Roa, además, hacía parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), y era enlace territorial en el departamento del Huila.
Versiones del caso señalan que Roa Cruz fue interceptado por hombres armados, presuntamente del frente Ismael Ruiz de las disidencias de Mordisco, cuando salía de una reunión. Sin embargo, el EMC ha negado que esté detrás del crimen.
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El cuerpo de Roa Cruz y de sus dos escoltas fue hallado el 14 de enero de este año con signos de tortura.
“Nos hemos dado cuenta de que los últimos asesinatos se han dado contra firmantes que lideran procesos productivos o que trabajan con comunidades. Ellos están en el foco de reconocimiento de sus poblaciones y por eso hay una línea de asesinatos contra ellos”, dijo a Colombia +20, Juana Cabezas, investigadora del observatorio de firmantes de paz asesinados de Indepaz.
Los otros tipos de violencia que no cesan
El asesinato a excombatientes de las FARC que cumplen con el Acuerdo de Paz de 2016 no es la única forma de violencia que se ejerce contra esta población.
Tras dejar las armas, los hombres y mujeres que iniciaron con su camino de retorno a la sociedad civil han sido víctimas de otros fenómenos como la extorsión, las amenazas y los desplazamientos forzados que impiden que haya un proceso de reincorporación efectivo.
Es por ejemplo el caso de la comunidad de firmantes de paz que estaban concentrados en el ETCR de Miravalle, en Caquetá, quienes tuvieron que salir a la fuerza de su territorio el 20 de agosto de este año, tras recibir un panfleto en el que el frente Iván Díaz del EMC los amenazaba de muerte.
“Los invitamos a que no se expongan permaneciendo en ese territorio manchado de desprestigio paramilitar, el Estado colombiano está en la obligación de reubicarlos y también de protegerlos”, decía la amenaza. De la zona tuvieron que salir 92 personas con niños, animales y enseres.
“Vamos con nuestras familias, los niños, los animalitos, nuestros enseres. Estamos esperando que nos acompañe el tiempo y que el viaje sea ameno para todos. Nos quedan sentimientos encontrados porque estas han sido nuestras vidas. Aquí las hemos construido y en este momento tenemos sentimientos encontrados para salir”, dijo en ese momento Adriana Villa, firmante de paz.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, cinco Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) han tenido que ser trasladados por las constantes amenazas contra la seguridad y la vida de los excombatientes.
El primero se dio en 2020 cuando 93 excombatientes de FARC y los miembros de sus familias tuvieron que salir de Santa Lucía, en Ituango, por los hostigamientos del Clan del Golfo. En 2021 ocurrió algo similar cuando 43 personas en proceso de reincorporación y sus familias tuvieron que salir desde La Macarena, en Meta, hacia un nuevo ETCR en El Doncello, Caquetá.
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El año pasado también se dio el traslado de dos ETCR por temas de seguridad. El primero fue en marzo cuando más de 200 personas de la comunidad de firmantes de paz “Mariana Páez” alertaron sobre los riesgos que tenían en el municipio de Mesetas, Meta.
En diciembre de 2023 también fueron trasladados cerca de 200 excombatientes que estaban en el ETCR de La Reforma, en el municipio de Vista Hermosa, hacia el nuevo espacio en San Juan de Arama, en Meta. Dicho movimiento se dio luego de las denuncias de la comunidad, quienes aseguraron que en esa zona habían sido asesinados dos firmantes de paz.
En esos cinco traslados de ETCR por amenazas de seguridad, más de 530 firmantes de paz se han visto afectados.
Otra de las violencias que sufren los firmantes, y que muchas veces termina en el asesinato de los mismos, es la presión de los grupos armados en los territorios con vacío estatal para reincidir en las armas.
“Teniendo en cuenta un contexto en el que los grupos armados tienen dificultad para coordinar sus grupos, pues saben que los excombatientes tienen bagaje en el tema de las armas, que conocen las tácticas de combate y las jerarquías, entonces por eso son muy buscados. Cuando los firmantes se niegan, algunos, son asesinados por los grupos”, explicó Cabezas.
La investigadora de Indepaz aseguró que las disidencias de Mordisco no serían las únicas responsables de este flagelo, sino que tras los constantes intentos por volver a reclutar a los firmantes de paz también está el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia -otra disidencia de las extintas FARC, al mando de Iván Márquez- y el ELN. Con todas esas estructuras el Gobierno o ha adelantado acercamientos de paz o lleva una mesa de diálogo.
La estigmatización contra los firmantes de paz también es una problemática con la que se sigue luchando tras ocho años de la firma del Acuerdo de Paz.
“Muchos de los excombatientes renuncian a su identidad del pasado y prefieren pasar desapercibidos para no comentar que son firmantes de paz porque se dan cuenta de los niveles de estigmatización que hay en la sociedad y de los riesgos que eso representa para su seguridad”, mencionó la experta.
Hacer un monitoreo de este tipo de violencias es complejo, pues solo la Agencia para la Reincorporación y Normalización es quien lleva el conteo de las amenazas y las rutas de activación que se hacen para proteger la vida de los firmantes, pero la información es de carácter privado.
Es por eso que Cabezas asegura que muchas veces este panorama de violencia, que no tiene que ver con los asesinatos, queda invisibilizado.
Una de las acciones del Gobierno Petro para cumplir con el Acuerdo de Paz fue la presentación de un plan de choque el 15 de octubre, liderado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para acelerar la implementación de lo pactado en La Habana. En ese documento, justamente se incluye un apartado que trata sobre la seguridad para los firmantes, a través de la reconceptualización del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), que fue creado para proteger a los excombatientes, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Hasta ahora, sistema había sido poco eficaz, entre otras cosas, por la falta de recursos.
La ejecución de este plan de choque, y por supuesto las garantías de seguridad de los ex-FARC es una de las expectativas del 2025, mas aún si se tiene en cuenta que hay dudas sobre la permanencia de Cristo frente de la cartera de Interior, pero sobre todo, si el Gobierno tendrá las recursos para echarlo a andar. En varias ocasiones el presidente Petro ha dicho que no tiene dinero para acelerar la ejecución del Acuerdo de Paz.
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