Excombatientes del Meta están con el Acuerdo de Paz

Antes de que no se volviera a saber nada más de él, Aldinever Morantes dejó un proyecto de crianza de ovinos en el espacio territorial de capacitación y reincorporación (ETCR) Mariana Páez, en Mesetas (Meta). Después de años de haber sido señalado de ser el autor de extorsiones y secuestros, el Zarco, como también se le conoce, se había convertido en uno de los principales líderes campesinos de esta región.

Este proyecto, que busca beneficiar a unas 300 familias de excombatientes aquí y en otros dos espacios del Meta, fue diseñado por la Universidad de los Llanos, pero concertado por los excombatientes mediante diálogos que lideró emotivamente Aldinever, aquel que volvieron a ver en televisión el pasado 29 de agosto, acompañando a Iván Márquez en su anuncio de regreso a las armas.

“No es tanto la sorpresa de verlos diciendo que portarían de nuevo las armas, sino más bien un sentimiento de tristeza de regresar a una situación que el país vivió durante 50 años y reiniciar una escalada militar en la que los principales afectados no son los que usan los fusiles sino los campesinos y las personas inocentes que no las portan”, dice Yerminson Noreña, o Irson Córdova, el nombre que durante más de tres décadas llevó en las Farc como grupo armado.

Noreña es uno de los líderes políticos en el Mariana Páez, donde viven unas 300 personas y a donde llegaron en el 2016 alrededor de 1.300 combatientes a dejar sus armas en la que fue la zona veredal más grande del país. Su voz campesina fue una de las que se hicieron sentir al defender los derechos de sus compañeros durante la visita que hizo la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, el fin de semana pasado a este espacio y en la que pidió que se hagan avances serios en los proyectos productivos.

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Agrega en su análisis sobre la decisión de Márquez, Santrich y compañía, que dentro de los partidos políticos hay divergencias, lo cual es algo normal: “Dar un paso como el que dimos generó esas diferencias, pero no hay que desconocer la responsabilidad política del Estado, debido a que muchos excombatientes se han visto amenazados por la inseguridad jurídica”.

Afirma que no ha pensado apartarse del Acuerdo Final y que esta fue una decisión de un partido político en el que todos tuvieron la oportunidad de discutir si aceptaban o no la dejación de armas.

“Nosotros resaltamos la voluntad de la Gobernación del Meta, de Naciones Unidas y de otras agencias internacionales, pero falta mayor gestión, por ejemplo, en materia de adjudicación de tierras, porque a estas alturas no sabemos si el predio donde hoy vivimos y cultivamos se considera nuestro”, les dijo Córdova a los delegados del Gobierno que fueron a visitarlos.

Frente a esto, la gobernadora dijo: “Con la Agencia Nacional de Tierras no hemos podido avanzar mucho, pero con Usaid sí hemos podido llegar con titulación de predios. Es importante que el Gobierno Nacional nos ofrezca a todos claridad para que los terrenos donde se levantan estos espacios puedan comprarse y desarrollar los proyectos agrícolas”.

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La mandataria departamental, a su paso por los tres espacios territoriales del Meta (Mariana Páez, Giorgina Ortiz y Urías Rondón), reiteró la voluntad del Gobierno regional con quienes siguen en el proceso de paz, pero advirtió que desde Presidencia se deben definir muchos temas como los que los excombatientes han mencionado.

Las familias

Los niños de dos o tres años juegan y corren libremente por las calles de este sitio. Son los hijos de las parejas que se conocieron en medio de los combates y que se atrevieron a conformar familias, sin la presión de estar en medio de la confrontación. Están convencidos de continuar en el proceso y respetar el Acuerdo.

“Portar de nuevo un uniforme y armas es devolvernos en el tiempo y repetir la incertidumbre en la que vivíamos. La diferencia es que ahora tenemos hijos y, aunque nuestros idearios siguen intactos, queremos que estos niños tengan una familia y crezcan bien”, dijo uno de los habitantes del ETCR.

Con las capacitaciones del Sena y otras instituciones, las familias han montado restaurantes o locales de comidas rápidas cuyos clientes son los mismos miembros de la comunidad o los funcionarios de las agencias internacionales. “Digamos que en el presente hay unos recursos que nos giran desde el Gobierno Nacional y con ellos vivimos, no hay tantos apuros, pero sabemos que eso es por tiempo limitado, por eso lo que a todos nos preocupa es el futuro. Los proyectos productivos están a media marcha, ya deberían estar adelantados, pero se han paralizado porque a los mismos excombatientes les ha tocado poner de su capital para no dejarlos caer. Por eso muchos se han retirado del proyecto”, dice Noreña.

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Las mujeres también hacen sus peticiones: dicen que hacen falta jardines e instituciones educativas para dejar a sus pequeños hijos mientras ellas asumen labores productivas. Algunos niños, que ya terminan su primaria, no tienen posibilidades de empezar el bachillerato, pues tampoco hay un colegio cercano.

“No es cierto que la mayoría no quiere la paz. Todos anhelamos la paz, pero debemos hacer un esfuerzo grande para construirla. El conflicto no se ha acabado porque hay vigentes otros grupos armados. Nuestra lucha es acabar con este conflicto; el diálogo es fundamental. La sangre no es la semilla para construir la paz sino, al contrario, es desolación y miseria, y no queremos que nuestros hijos crezcan allí”, dijo Sandra Milena Forero del ETCR Giorgina Ortiz, en Vista Hermosa.

Ella admite que ha sido muy difícil rehacer sus vidas como civiles porque desde pequeños empuñaron armas. “Las familias están en estos espacios y por ellas debemos continuar con este esfuerzo. Ustedes están recorriendo el camino correcto, la sociedad los estaba esperando. Traseguemos todos el camino para consolidar nuevo país”, puntualizó la gobernadora, Marcela Amya, en el ETCR Urías Rondón, en La Macarena.

Gobierno reitera apoyo a excombatientes en los ETCR

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, reiteró el apoyo a los excombatientes que se encuentran en los ETCR, comprometidos con los proyectos productivos. “El Gobierno Nacional seguirá acompañando y brindando garantías de protección a estas iniciativas y a las personas que sigan dispuestas a cumplir los acuerdos pactados. A las disidencias, que les caiga todo el peso de la ley, por tramposos con las víctimas y con el país”, afirmó durante una reunión con los alcaldes del Meta para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Respecto a las solicitudes de los excombatientes, manifestó que “ellos tienen necesidades como las tenemos todos los colombianos, y más del 95 % de los excombatientes ya está en sistema de salud y de pensiones; más del 98 % está bancarizado. Seguimos pagando en los ETCR la administración, los servicios públicos y se prorrogó el apoyo financiero sin límite de tiempo”, enfatizó Archila.

Antes de que no se volviera a saber nada más de él, Aldinever Morantes dejó un proyecto de crianza de ovinos en el espacio territorial de capacitación y reincorporación (ETCR) Mariana Páez, en Mesetas (Meta). Después de años de haber sido señalado de ser el autor de extorsiones y secuestros, el Zarco, como también se le conoce, se había convertido en uno de los principales líderes campesinos de esta región.

Este proyecto, que busca beneficiar a unas 300 familias de excombatientes aquí y en otros dos espacios del Meta, fue diseñado por la Universidad de los Llanos, pero concertado por los excombatientes mediante diálogos que lideró emotivamente Aldinever, aquel que volvieron a ver en televisión el pasado 29 de agosto, acompañando a Iván Márquez en su anuncio de regreso a las armas.

“No es tanto la sorpresa de verlos diciendo que portarían de nuevo las armas, sino más bien un sentimiento de tristeza de regresar a una situación que el país vivió durante 50 años y reiniciar una escalada militar en la que los principales afectados no son los que usan los fusiles sino los campesinos y las personas inocentes que no las portan”, dice Yerminson Noreña, o Irson Córdova, el nombre que durante más de tres décadas llevó en las Farc como grupo armado.

Noreña es uno de los líderes políticos en el Mariana Páez, donde viven unas 300 personas y a donde llegaron en el 2016 alrededor de 1.300 combatientes a dejar sus armas en la que fue la zona veredal más grande del país. Su voz campesina fue una de las que se hicieron sentir al defender los derechos de sus compañeros durante la visita que hizo la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, el fin de semana pasado a este espacio y en la que pidió que se hagan avances serios en los proyectos productivos.

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Agrega en su análisis sobre la decisión de Márquez, Santrich y compañía, que dentro de los partidos políticos hay divergencias, lo cual es algo normal: “Dar un paso como el que dimos generó esas diferencias, pero no hay que desconocer la responsabilidad política del Estado, debido a que muchos excombatientes se han visto amenazados por la inseguridad jurídica”.

Afirma que no ha pensado apartarse del Acuerdo Final y que esta fue una decisión de un partido político en el que todos tuvieron la oportunidad de discutir si aceptaban o no la dejación de armas.

“Nosotros resaltamos la voluntad de la Gobernación del Meta, de Naciones Unidas y de otras agencias internacionales, pero falta mayor gestión, por ejemplo, en materia de adjudicación de tierras, porque a estas alturas no sabemos si el predio donde hoy vivimos y cultivamos se considera nuestro”, les dijo Córdova a los delegados del Gobierno que fueron a visitarlos.

Frente a esto, la gobernadora dijo: “Con la Agencia Nacional de Tierras no hemos podido avanzar mucho, pero con Usaid sí hemos podido llegar con titulación de predios. Es importante que el Gobierno Nacional nos ofrezca a todos claridad para que los terrenos donde se levantan estos espacios puedan comprarse y desarrollar los proyectos agrícolas”.

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La mandataria departamental, a su paso por los tres espacios territoriales del Meta (Mariana Páez, Giorgina Ortiz y Urías Rondón), reiteró la voluntad del Gobierno regional con quienes siguen en el proceso de paz, pero advirtió que desde Presidencia se deben definir muchos temas como los que los excombatientes han mencionado.

Las familias

Los niños de dos o tres años juegan y corren libremente por las calles de este sitio. Son los hijos de las parejas que se conocieron en medio de los combates y que se atrevieron a conformar familias, sin la presión de estar en medio de la confrontación. Están convencidos de continuar en el proceso y respetar el Acuerdo.

“Portar de nuevo un uniforme y armas es devolvernos en el tiempo y repetir la incertidumbre en la que vivíamos. La diferencia es que ahora tenemos hijos y, aunque nuestros idearios siguen intactos, queremos que estos niños tengan una familia y crezcan bien”, dijo uno de los habitantes del ETCR.

Con las capacitaciones del Sena y otras instituciones, las familias han montado restaurantes o locales de comidas rápidas cuyos clientes son los mismos miembros de la comunidad o los funcionarios de las agencias internacionales. “Digamos que en el presente hay unos recursos que nos giran desde el Gobierno Nacional y con ellos vivimos, no hay tantos apuros, pero sabemos que eso es por tiempo limitado, por eso lo que a todos nos preocupa es el futuro. Los proyectos productivos están a media marcha, ya deberían estar adelantados, pero se han paralizado porque a los mismos excombatientes les ha tocado poner de su capital para no dejarlos caer. Por eso muchos se han retirado del proyecto”, dice Noreña.

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Las mujeres también hacen sus peticiones: dicen que hacen falta jardines e instituciones educativas para dejar a sus pequeños hijos mientras ellas asumen labores productivas. Algunos niños, que ya terminan su primaria, no tienen posibilidades de empezar el bachillerato, pues tampoco hay un colegio cercano.

“No es cierto que la mayoría no quiere la paz. Todos anhelamos la paz, pero debemos hacer un esfuerzo grande para construirla. El conflicto no se ha acabado porque hay vigentes otros grupos armados. Nuestra lucha es acabar con este conflicto; el diálogo es fundamental. La sangre no es la semilla para construir la paz sino, al contrario, es desolación y miseria, y no queremos que nuestros hijos crezcan allí”, dijo Sandra Milena Forero del ETCR Giorgina Ortiz, en Vista Hermosa.

Ella admite que ha sido muy difícil rehacer sus vidas como civiles porque desde pequeños empuñaron armas. “Las familias están en estos espacios y por ellas debemos continuar con este esfuerzo. Ustedes están recorriendo el camino correcto, la sociedad los estaba esperando. Traseguemos todos el camino para consolidar nuevo país”, puntualizó la gobernadora, Marcela Amya, en el ETCR Urías Rondón, en La Macarena.

Gobierno reitera apoyo a excombatientes en los ETCR

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, reiteró el apoyo a los excombatientes que se encuentran en los ETCR, comprometidos con los proyectos productivos. “El Gobierno Nacional seguirá acompañando y brindando garantías de protección a estas iniciativas y a las personas que sigan dispuestas a cumplir los acuerdos pactados. A las disidencias, que les caiga todo el peso de la ley, por tramposos con las víctimas y con el país”, afirmó durante una reunión con los alcaldes del Meta para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Respecto a las solicitudes de los excombatientes, manifestó que “ellos tienen necesidades como las tenemos todos los colombianos, y más del 95 % de los excombatientes ya está en sistema de salud y de pensiones; más del 98 % está bancarizado. Seguimos pagando en los ETCR la administración, los servicios públicos y se prorrogó el apoyo financiero sin límite de tiempo”, enfatizó Archila.