Las calles desoladas en Miravalle, Caquetá fueron la señal inequívoca del desplazamiento forzado al que fueron sometidos los firmantes de paz del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) tras amenazas y enfrentamientos entre frentes del Estado Mayor Central, que continúan en la mesa de diálogo, bajo el mando de Calarcá Córdoba, y la Segunda Marquetalia.
En la mañana de este martes, 20 de agosto, la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) acompañó la caravana humanitaria para el traslado y la reubicación digna de los firmantes, sus familias y sus proyectos productivos que serán protegidos en un nuevo territorio temporal ubicado en Doncello, Caquetá.
Según lo acordado con el Gobierno en una reunión del pasado 19 de julio, los firmantes estarán en esa zona de manera provisional mientras se avanza en la compra de un predio en el marco de la reforma rural. En ese predio van a poder desarrollar su proyecto de vida y continuar con los proyectos productivos.
La caravana en la que viajan más de 80 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños, estará acompañada por la Misión de Verificación de la ONU, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Militares y entidades territoriales con el fin de garantizar la seguridad de los excombatientes y una reubicación exitosa.
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Hacia las horas de la tarde de este martes se espera que se comience el descargue del trasteo de los y las firmantes que sufren el desarraigo.
“Vamos con nuestras familias, los niños, los animalitos, nuestros enseres. Estamos esperando que nos acompañe el tiempo y que el viaje sea ameno para todos. Nos quedan sentimientos encontrados porque estas han sido nuestras vidas. Aquí las hemos construido y en este momento tenemos sentimientos encontrados para salir”, relató Adriana Villa, firmante de paz.
Por su parte, Federico Montes, firmante de paz, también lamentó en su cuenta en X la salida del territorio. “Hoy el Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi) con profunda tristeza acompañamos el desplazamiento forzoso de la comunidad firmante de Miravalle ubicada en la región del Pato San Vicente del Caguán. Que la paz no nos cueste la vida”, comentó.
Según el registro de la ARN, para el traslado se tuvieron en cuenta 46 firmantes de paz, 41 núcleos familiares, 34 núcleos familiares con muebles y enseres, 84 personas aproximadamente, 65 animales o mascotas, 1500 muebles y enseres, y 224 tulas de ropa. Asimismo, se registró el traslado de un proyecto colectivo, 8 proyectos individuales y 3 iniciativas de paz.
La amenaza a los firmantes de paz en Miravalle
El 26 de junio se conoció un panfleto en el que el frente Iván Díaz del EMC -que sigue sentado en la mesa de diálogo con el Gobierno- hace señalamientos contra los firmantes de paz y amenaza con desplazar a los habitantes del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle.
“Los invitamos a que no se expongan permaneciendo en ese territorio manchado de desprestigio paramilitar, el Estado colombiano está en la obligación de reubicarlos y también de protegerlos”, dice el documento.
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Dos días después, el 28 de junio, delegaciones del Gobierno viajaron hasta San Vicente del Caguán para instalar un Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV) para acordar las rutas de protección de la vida de la población firmante.
De ese PMUV se acordó que “el Gobierno sostendrá la presencia de la Fuerza Pública en la zona, acelerará el traslado y consolidación del ETCR de Miravalle a un lugar definitivo que facilite la reincorporación integral”.
La Defensoría del Pueblo, la Misión de la ONU y la MAPP-OEA fueron las encargadas de la implementación de estas rutas. Posteriormente, los firmantes viajaron hasta Bogotá para reunirse personalmente con el ministro Juan Fernando Cristo y el director de Derechos Humanos del ministerio, Franklin Castañeda. Fue en esa reunión en la que se acordó la compra, adecuación y entrega de un predio, así como el traslado de las apuestas productivas que tenían. Asimismo, se pactaron las acciones necesarias para proteger la vida de las más de 85 personas que habitan el ETCR en San Vicente del Caguán, Caquetá.
En ese territorio fue precisamente donde se gestó uno de los proyectos exitosos en materia de reincorporación: Remando por la Paz. Los firmantes que fueron desplazados por combates entre la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central habían creado una iniciativa de ecoturismo y rafting, recibían a más de 3.000 visitantes e incluso llevaron al país a competencias internacionales.
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