Con el objetivo de crear un espacio de confianza y respeto, las delegaciones de Gobierno y de la disidencias de las antiguas FARC comandada por Calarcá Córdoba, ahora conocida como Estado Mayor de Bloques (la facción del antiguo Estado Mayor Central -EMC- que sigue en la mesa de diálogos de paz) se reunieron con firmantes de paz en Cúcuta, Norte de Santander.
El encuentro fue parte de la reunión extraordinaria que se dio la semana pasada entre las dos partes para dar solución a distintas situaciones que mantienen atascada la negociación de paz. En la reunión, los excombatientes, que en varias oportunidades han sido amenazados por los disidentes en diferentes contextos, expusieron sus preocupaciones y expectativas frente a los compromisos en la mesa de diálogo que ese grupo armado adelanta con el Gobierno Nacional.
Precisamente, uno de los puntos urgentes durante el encuentro fue el respeto por la vida de los firmantes de paz. “Es algo muy importante porque son uno de los temores que tenemos en los territorios. Hoy el bloque Magdalena Medio se comprometió aquí a respetarnos y a respetar nuestra decisión. Lo escuchamos de sus propias voces y eso es muy importante porque hay un poco más de garantías”, dijo José Miguel Pinto, firmante del Acuerdo de Paz de 2016.
Y agregó: “Ya no vamos a ser recriminados por las insurgencias. Vamos a crear pedagogía de paz. Estas son voces de aliento y estamos gratificados de que hoy estemos sentados firmantes, entidades del Gobierno, el alto comisionado y miembros del Estado Mayor que tienen la vocería de tomar decisiones”.
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Rubén Zamora, firmante del Acuerdo de Paz de 2016, le contó a Colombia+20 que en la reunión se conversó sobre una preocupación que asiste a los firmantes en varias regiones del país y es sobre la seguridad. “Hubo varias preguntas para los comandantes del bloque del Magdalena Medio y ellos entregaron garantías de seguridad para firmantes en sus áreas de incidencia. La respuesta fue bastante categórica (...) Hicieron público el compromiso de respetar la vida, la dignidad y las iniciativas de los firmantes en sus áreas de operación. Es un compromiso que se hizo en la mesa y que se hace público. Ellos están en el reto de honrar la palabra y respetar la vida, las iniciativas y la permanencia en el territorio de los firmantes”.
Asimismo, Zamora explicó que uno de los puntos que se pactaron en esa reunión para cumplir con el compromiso fue generar espacios de diálogo para escuchar a los firmantes sobre cualquier amenaza que reciban de manera que se pueda esclarecer la situación que atraviesan.
Otro de los temas importantes que se trataron fue la estrategia de Transformación Territorial que impulsa la Mesa de Diálogos de Paz del Gobierno con el Estado Mayor de los bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y el frente Raúl Reyes.
Por su parte, voceros del actor armado por el bloque Gentil Duarte del Magdalena Medio, resaltaron el esfuerzo de paz de los firmantes del acuerdo del 2016 y mostraron su disposición a trabajar por avanzar en el cumplimiento de lo pactado.
“Es de resaltar ese esfuerzo que han hecho. De parte de nosotros, puedo decir, responsablemente, que en nuestra área de influencia del Magdalena Medio, no solo en el Norte de Santander, hasta el día de hoy, no hemos tenido ningún inconveniente. Los hemos respetado y los admiramos por tanta voluntad. Para tranquilidad de los compañeros, de parte nuestra, saben que cuentan con un ejército humanista y defensores del medio ambiente y de la vida”, señaló Richard Suárez, comandante del bloque Magdalena Medio Gentil Duarte.
Esa reunión fue la primera en la que Suárez se sumó a la mesa de diálogos. Según el firmante de paz, Rubén Zamora, el ambiente fue respetuoso, cordial y ayudó a generar confianza entre las partes. “Se habló sin temores y con toda franqueza frente a las necesidades que se debían plantear. Con toda satisfacción participamos en esa mesa porque hace parte de los esfuerzos de los firmantes en la búsqueda de la paz. Hemos ganado una alta capacidad de respeto por las diferencias. Así fue en la mesa. Sin agravios y sin rencores por lo que haya pasado y mirando en perspectiva sobre la necesidad de salir adelante con estas conversaciones y esperamos que se puedan suscribir acuerdos”, dijo Zamora.
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Por otro lado, Suárez añadió: “Esperamos que el presidente Gustavo Petro abra esa puerta, esa esperanza que el país necesita, que sea realidad. Esperamos de cada uno de ustedes esa voluntad (...) De nuestra parte tenemos mucha voluntad, pero esperamos que este mensaje se transmita y que los que en verdad queremos la paz lo hagamos de corazón, si no, no perdamos tiempo”.
Sobre esa voluntad de paz, Zamora explicó que han logrado observar, tanto en los espacios de diálogo como en las dinámicas territoriales, que han querido avanzar hacia la paz. “Ahora tienen capacidad para escuchar y reconocer de manera autocrítica las dificultades, se respeta a los interlocutores y el desescalamiento del conflicto armado en el departamento Norte de Santander con el bloque Magdalena Medio refleja buena intención de paz”, concluyó.
La reunión extraordinaria concluyó con 11 medidas urgentes, entre ellas la situación de los detenidos en Antioquia el pasado 23 de julio, durante una caravana que transitaba hacia Bogotá, y que despertó una polémica por el uso de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP). También se acordó trabajar en el funcionamiento del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, reafirmar en un acto administrativo el reconocimiento político del Estado Mayor de los Bloques comandante Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte y Frente Raúl Reyes.
Uno de los puntos que llaman la atención tiene que ver con el caso de David Fernández Soler, un joven bogotano que hacía parte de la Primera Línea y tuvo un rol protagónico durante el estallido social, pero meses después fue reclutado por esta disidencia y, según algunos testimonios, habría sido asesinado.
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En el documento del encuentro se asegura que la disidencia de Calarcá se comprometió a “dar respuesta a la solicitud de la familia de David Fernández”. Además, anunciaron un nuevo ciclo de conversaciones, que se llevará a cabo en la última semana de septiembre.
Las dudas en proceso de paz con disidencia
La reunión de la mesa se terminó apenas unas horas antes de que se conociera la retención de 100 militares por parte de organizaciones sociales y guardias campesinas en Guaviare. Ese hecho, que para muchos fue influenciado por el grupo de Calarcá sobre la población civil, abrió varios interrogantes sobre el proceso de paz que se lleva desde el Gobierno con esa disidencia.
La crítica más frecuente es que esa disidencia está instrumentalizando a la población para impedir que las autoridades estén en terreno. Además, afirman que sería una violación al cese al fuego y que, sumado a otras polémicas, muestran una falta de voluntad de paz esa disidencia.
El otro punto es que la disidencia de Calarcá niega que esté detrás de la retención realizada por las organizaciones sociales e incluso afirma que, tras la división que tuvo con el grupo de Iván Mordisco, no ejerce ninguna influencia sobre ellas.
La información que se conoce del mismo jefe negociador del Gobierno, Camilo González Posso, es que las Juntas de Acción Comunal de 94 veredas del área del Guayabero y La Macarena, la Guardia Campesina y la Coordinadora del Suroriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (Coscopaas) hicieron el cerco para pedir el retiro de las tropas del Ejército del territorio.
“Dicen que para evitar transformar esas veredas en escenario de confrontaciones se deben retirar las tropas y piden la intervención de los Mecanismos de Veeduría, Monitoreo y Verificación, regional y local, acordados en la mesa de conversaciones entre el Gobierno y el Estado Mayor del Bloque Jorge Suárez Briceño de FARC-EP”, explica González en su carta.
Todo ese contexto es parte de la discusión actual. Aunque es innegable el papel que cumplen estas guardias en la protección de los territorios, también es cierto que puede haber influencia y cooptación de los grupos sobre ciertas organizaciones sociales por las dinámicas mismas del territorio. Pero eso no da carta abierta para estigmatizar a los movimientos. En la mayoría de casos ciertas acciones se realizan bajo amenazas de un actor armado ilegal que funge como la única forma de autoridad en el territorio.
El otro punto es que varias autoridades, incluido el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha sugerido levantar el cese al fuego tras la retención de los militares. Pero relacionar las dos cosas tiene implicaciones. La principal es que dentro de las acciones prohibidas del protocolo del cese al fuego no hay una que hable específicamente sobre las extorsiones. Solo hay un punto, el número tres, que dice que no se debe incurrir en infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Aun así, González afirma que el tema de la extorsión sí ha sido abordado en la mesa de diálogos en varias ocasiones y que se ha documentado como una exacción, un concepto contenido en el DIH que se relaciona con las exigencias de contribuciones arbitrarias por parte de grupos armados en desarrollo de un conflicto.
Algunos críticos han afirmado que, en general, el Gobierno es demasiado flexible en los procesos de paz que lleva adelante.