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La última marcha guerrillera del Bloque Sur de las antiguas Farc sucedió el domingo 29 de enero de 2017. Concentradas en el punto de preagrupamiento en Puerto Leguízamo (Putumayo), y aún con el fusil terciado al hombro, las tropas de los frentes 32, 48, 49 y la guardia del bloque iniciaron su recorrido hasta la zona veredal de La Carmelita, en Puerto Asís. Allí llegaron casi 700 guerrilleros que habían estado al mando de Joaquín Gómez, prestos a iniciar su tránsito a la vida sin armas. Sin embargo, luego de casi cuatro años de dar el paso hacia la paz, estos exguerrilleros aún no tienen la certeza de que su vida ya no corre peligro ni de que son dueños de un pedazo de tierra donde echar raíces.
Anselmo Ortiz (Jorge Tavarich, como lo conocieron en la guerra) fue uno de los últimos guerrilleros que llegaron a la zona veredal, luego de acompañar hasta último momento a su comandante Joaquín Gómez. “Cuando llegamos había muchas dificultades, nos tocó empezar a levantar los ranchos de forma improvisada. Le metimos el hombro a eso y a mí me tocó salir a hacer pedagogía de paz por varias zonas del Putumayo”, relata Ortiz. Desde ese momento se encontraron con uno de los principales escollos que ha tenido la reincorporación: la falta de tierra para cultivar. “Hasta ahora no conozco a nadie que haga proyectos en el aire; ese es el problema de esta odisea”, dice Jorge Santofimio, otro de los líderes de los excombatientes del Putumayo.
Durante meses intentaron, con una comisión del Gobierno, conseguir terrenos para implementar los proyectos productivos. En medio de esa búsqueda, noventa de ellos se agruparon en la Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común (Comuccom) y el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) les giró los $8 millones que le correspondían a cada guerrillero tras el Acuerdo de Paz, con el fin de destinarlos a un proyecto de producción de tilapia. Fue uno de los primeros proyectos colectivos aprobados. Sin embargo, tenían la plata, pero no la tierra.
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A finales de 2018, durante los encuentros regionales sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Putumayo, los líderes de la cooperativa se cruzaron con Rodrigo Rivera, alcalde de Puerto Guzmán, quien desde su administración apoyaba el Acuerdo. Entonces, ofreció darles en comodato un predio de la Alcaldía para que pudieran implementar allí su proyecto de tilapias.
En mayo de 2019 esa promesa se hizo realidad. Alrededor de treinta excombatientes con sus familias decidieron salir del espacio territorial de La Carmelita, donde les entregaron las armas a la ONU, y se fueron para el predio cedido por la Alcaldía y el Concejo Municipal de Puerto Guzmán. Allí, instalaron los lagos para los alevines y hablaron con Corpoamazonia para canalizar el agua de una quebrada que se descuelga de las montañas amazónicas.
La dirigencia cercada por las amenazas
A los dirigentes de Comuccom los vienen persiguiendo, por lo menos, desde agosto de 2018. En ese mes, hombres armados ingresaron hasta el espacio territorial y les advirtieron a Jorge Tavarich, Jorge Santofimio y Álex Ortiz que los estaban buscando para matarlos. Días después, hasta la vivienda de este último llegaron los armados y le hicieron seis disparos con arma de fuego, de los cuales, dos impactaron en su cuerpo. No obstante, el excombatiente sobrevivió al ataque.
A Jorge Tavarich, quien fue el primer representante legal de la cooperativa, le hicieron otra advertencia en la vía que comunica a Puerto Asís con Mocoa. “Me llegó un tipo en una moto y me dijo: ‘Jorgito, póngase pilas que a usted le van a dar plomo’”. Por esa misma vía, en otra oportunidad, lo persiguieron hombres a bordo de una motocicleta cuando iba rumbo a Puerto Guzmán, pero para evadirlos tuvo que llegar hasta Mocoa, donde finalmente los hombres dejaron de perseguirlo.
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Por su parte, Jorge Santofimio, hoy presidente de la cooperativa, supo a principios de este año que le habían ofrecido $10 millones a un exguerrillero para asesinarlo. Los hechos fueron denunciados en la Fiscalía y, raíz de esas amenazas, y por estar encargado del programa de sustitución de cultivos de coca, Santofimio hoy tiene un esquema de protección que incluye guardaespaldas.
Armando Aroca es el actual representante legal de la cooperativa y también hace parte de los que se desplazaron hacia Puerto Guzmán. Cuando amenazaron a los otros miembros de la cooperativa, él había viajado hacia el municipio de Planadas (Tolima), cerca al espacio territorial de El Oso. Allí, en varias ocasiones hombres en motocicletas fueron a buscarlo a la finca en la que trabajaba.
A principios de este año, de nuevo en Puerto Guzmán, en el trayecto entre la finca en la que se instalaron y el casco urbano, hombres que se desplazaban en una camioneta los interceptaron a él y a otro compañero, y los obligaron a acostarse en el suelo. Los amenazaron con armas de fuego y minutos después los dejaron ir, a causa del flujo de vehículos que pasaban por esa carretera.
En marzo pasado, días antes de que empezara la cuarentena nacional por la pandemia, de camino hacia la finca fue víctima de otro hostigamiento por un hombre armado que lo interceptó en la vía y lo volvió a intimidar con el gatillo. Según Aroca, los responsables de algunos de los hostigamientos son excompañeros de filas en las Farc, que hoy están apartados del proceso de paz. Aunque presentó una solicitud de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP), aún no hay una respuesta.
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A raíz de estos hechos, la cooperativa hoy tiene un esquema de protección colectivo de la UNP, que originalmente consistía en tres vehículos y seis agentes escoltas, pero en este momento solo tienen un vehículo y tres guardaespaldas. “Nosotros somos los más visibles en las reuniones y encuentros, y por eso creo que vienen las amenazas”, dijo Jorge Tavarich.
Por su parte, Alba Milena Gómez, vicepresidenta de la cooperativa, también denunció las presiones de los grupos armados para que la comunidad rechace a los excombatientes: “En las reuniones que hacen los grupos armados les dicen a las personas que no quieren que nos den trabajo o de lo contrario los convierten en objetivo militar. Nos acusan de ‘sapos del Estado’, porque tenemos contacto con la Agencia de Reincorporación, con la Policía, con el Ejército”.
Esta última lideresa es además la encargada del área de género en el proyecto. Una línea que pretenden fortalecer, pues, por ejemplo, solo 23 de los noventa excombatientes que hacen parte del proyecto piscícola son mujeres. “Yo velo porque las mujeres se vinculen en todas las áreas de la cooperativa, que participen de las actividades. Tratamos de buscar la independencia económica de nosotras, las excombatientes y las mujeres de la comunidad”, expresó Gómez, quien en los tiempos de la guerra se llamó Paula Medina.
Un apoyo a su reincorporación
Además del apoyo de la Alcaldía y el Concejo Municipal de Puerto Guzmán, que les cedieron el terreno en comodato, los exguerrilleros también recibieron el respaldo de la cooperación internacional. Cuando les aprobaron el proyecto, los $8 millones que recibió cada uno de los noventa exguerrilleros tras la dejación de las armas sumaron $720 millones. Por eso, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) decidió aportar $297 millones para completar los recursos necesarios que pusieran en marcha el proyecto de piscicultura.
Igualmente, la cooperativa ha venido contando con el apoyo del proyecto “Puedes”, financiado por el Fondo Europeo para la Paz y ejecutado por la organización italiana CISP. Un proyecto que apoya el desarrollo rural en los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Orito, Valle del Guamuez y Puerto Caicedo (Putumayo), pero que también decidió apoyar el proceso de los excombatientes en Puerto Guzmán.
Les aportaron $266 millones para la ejecución de la iniciativa, pero, bajo la sombrilla de “Puedes”, también están fortaleciendo la capacidad organizativa de la cooperativa, tanto así, que hoy ya les ha permitido comercializar la primera producción de tilapia, que fue de tres toneladas y media. Con el proyecto también se instaló el sistema de energía eléctrica en el predio, y están construyendo una sala de procesos y un cuarto frío.
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Mario Cabal, coordinador del proyecto “Puedes”, resaltó no solo la capacidad organizativa que hoy tiene la cooperativa, sino también los vínculos estrechos que han tejido con la comunidad de la zona. “Ellos nunca hablan para sí mismos. Si se trata, por ejemplo, del proyecto piscícola, han ofrecido comprarles la tilapia a los campesinos que tienen estanques piscícolas para hacer la comercialización. También les han ayudado con la asistencia técnica y a las reuniones van los integrantes de la cooperativa y los campesinos de la zona”, explicó.
“Si hoy estuviéramos en el espacio territorial, no tendríamos el proyecto que tenemos aquí. No tendríamos dónde trabajar”, dijo Jorge Tavarich. Precisamente, dicho espacio de La Carmelita es uno de los que el Gobierno y el ahora partido FARC pretenden reubicar, por todas las situaciones relatadas en este artículo. Sin embargo, si bien se han buscado nuevos terrenos para el traslado, la compra de la tierra por parte del Gobierno aún no se materializa y, por ahora, allí siguen los otros excombatientes.
En Puerto Guzmán, por su parte, los exguerrilleros ven más cercana la posibilidad de ser los dueños de la tierra en la que están asentados. Así lo confirmó el actual alcalde de ese municipio, Édison Mora: “Estamos buscando la manera jurídica, eso lo decide el Concejo Municipal, pero todos estamos de acuerdo en hacerle la donación del predio a esta asociación. Ellos están produciendo, se están reincorporando económicamente, generando paz, generando comida para todo el territorio; entonces sí estamos buscando donarles la tierra a los excombatientes. Esa tierra será de ellos”, puntualizó.
