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En las últimas dos semanas, los siete miembros del último secretariado que tuvo la extinta guerrilla de las FARC dieron a conocer dos duras cartas en las que advertían sobre varios presuntos incumplimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ese tribunal fue creado justamente en el marco del Acuerdo de Paz que ese grupo armado firmó en 2016 con el Gobierno colombiano para investigar y juzgar a los integrantes de ese grupo armado y miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles —que decidan voluntariamente someterse a esa justicia— que hayan participado en el conflicto armado.
Las misivas están firmadas por Rodrigo Londoño (conocido en la guerra como Timochenko); Jaime Alberto Parra (Mauricio Jaramillo), Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda.
En ambos documentos expresan una serie de preocupaciones y desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz, pero con especial énfasis en que las decisiones de la JEP están creando una inseguridad jurídica para los excombatientes.
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Este sábado, en diálogo con Colombia+20, el senador Gallo, explicó que el alcance de esas misivas es llevarle una propuesta directa del antiguo secretariado al presidente Gustavo Petro para crear una especie de “tribunal de cierre” dados esos presuntos incumplimientos que denuncian ante la JEP, pero también que para ellos, esa jurisdicción ha perdido la esencia “en su letra y en su espíritu”.
“Si ya no es posible que esta situación se revierta, porque esto es para nosotros una crisis profunda, pues entonces toca buscar una alternativa. La gente piensa que esto lo estamos diciendo ahora y llevamos por lo menos dos años advirtiendo a la JEP que algunas decisiones que han tomado no van con sus tareas. También nos han dicho que estamos saliendo con eso por lo de los macrocasos o porque están por salir las primeras sanciones, pero no. Hemos tenido varias reuniones a puesta cerrada y hemos sido muy serios para manejar la mayor prudencia porque sabemos la repercusiones, pero ante esta situación nos toca hablar. Queremos plantearle al presidente Petro que nos escuche y busquemos una salida (...) esa alternativa puede ser un tribunal distinto, un tribunal de cierre”, dice Gallo.
Según el senador, la idea de este tribunal es que sea abierto no solo para los excombatientes de las FARC, sino para los otros grupos armados que están en diálogos con el Gobierno. Por ahora, ni el ELN ni la disidencia conocida como Estado Mayor Central, las dos estructuras con quienes más avanza esa apuesta de Paz Total de Petro, han hablado de qué tipo de justicia se contempla en esos procesos de paz.
“Esa insurgencia no se va a acoger a la JEP ante esto que están viendo que es incumplimiento. Entonces aprovechemos esta crisis y busquemos una sanidad, corregimos las alteraciones y hacemos ese tribunal que no sea una jurisdicción solo para los excombatientes, sino para todos. Y cuando hablamos de todos estamos hablando de los grupos con los que se negocia, de los expresidentes, de los exministros, de los exgobernadores, de los alcaldes, de los parlamentarios, de la Iglesia es decir de todos, quienes han intervenido de manera directa o indirecta en el conflicto tal como estaba en el Acuerdo de Paz. Que se asuman todas las responsabilidades, pero que ese tribunal produzca un cierre definitivo”, dijo.
Sobre si este sería un tribunal que reemplazaría a la Jurisdicción Especial para la Paz, Gallo afirma que por ahora es una idea que necesita madurar y aterrizar, pero que lo que se quiere es primero ver si hay ambiente para cambiar las cosas que, según ellos, la JEP ha hecho mal.
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“Nosotros no descartamos la posibilidad (de eliminar la JEP) si se convierte en un obstáculo para la paz, no habría por qué no hacerlo (...) Sería un tribunal que haga lo que la JEP no ha hecho, que posibilite la paz total, que logre cobijar a todo el mundo para garantizar que el conflicto va a tener un cierre. Es que si eso no se logra ahí nos vamos a gastar otros 50 años enfrentados. Pero esta crisis puede servir para de alguna manera recomponer esa idea inicial que nosotros planteamos cuando firmamos este acuerdo y que sea la base sobre la cual se pueda construir ese gran acuerdo nacional que cierre definitivamente el conflicto”, dice Gallo.
Y agrega que, para el antiguo secretariado, pedir ese cambio de tribunal no podría constituir un incumplimiento del Acuerdo porque hasta ahora los ex-FARC no han tenido ni una sola falta en los requerimientos de la JEP. “Si tú averiguas, no hay una sola citación que se nos haya hecho y que nosotros no hayamos compadecido, no hay iniciado ningún incidente de desacato o que no hayamos dicho verdad o hecho reconocimiento. Tenemos la tranquilidad, la autoridad para plantear lo que estamos haciendo es porque nosotros no hemos incumplido en nada”, dice.
Además, afirma, tal como lo había dicho a este diario hace una semana, que sus reclamos no conducirán a que ellos vuelvan a las armas, pero sí que insistan en llevar las actuaciones de la JEP a la justicia internacional.
“Si la JEP, como evidentemente lo viene haciendo, se aparta del texto y del espíritu del Acuerdo de Paz, nosotros tenemos el recurso del Consejo de Seguridad y el de la Corte Internacional de Justicia, a la cual Colombia también se debe. Sí, hay recursos a los que podemos apelar, pero eso no es lo ideal (...) La JEP no puede considerar —con el argumento de que ese acuerdo fue vinculado a través del bloque de constitucionalidad— que no tiene a quién que rendirle cuentas. Además, el presidente Gustavo Petro en septiembre ratificó ese compromiso en otra declaración unilateral de Estado, Hay jurisprudencia internacional, exactamente de la Corte Internacional de Justicia, que determina que los compromisos derivados de una declaración bilateral de Estado son de obligatorio cumplimiento para ese Estado”, dijo entonces el senador.
En su momento, el magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP respondió a estas declaraciones y reiteró a todos los firmantes del Acuerdo de Paz que no les corresponde emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional, y que, por el contrario, deben cumplir sus compromisos ante esa jurisdicción.
“El propósito principal de esta jurisdicción transicional es el esclarecimiento de la verdad y la garantía de los derechos de las víctimas. La imputación de los crímenes bajo el derecho internacional a los máximos responsables es una obligación constitucional y legal que este tribunal está desarrollando y seguirá cumpliendo con el mayor rigor y transparencia”, explicó entonces.
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Hace unos días, Yesid Reyes, quien fue ministro de Justicia en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se refirió en una columna publicada en este diario a los reclamos de los ex-FARC y dijo que a su modo de ver había “distintas interpretaciones sobre los lineamientos que quedaron plasmados en el Acuerdo de Paz”-
“Los temas que se mencionan en ese documento no son nuevos; en realidad recogen preocupaciones que de tiempo atrás se han planteado en torno al trabajo que viene desplegando la JEP. Aun cuando el tono en que está redactado el texto es muy vehemente, no creo que las observaciones que contiene deban ser entendidas en el sentido de que los magistrados de ese alto tribunal están infringiendo la ley con sus actuaciones”, dijo Reyes.
En esa publicación también dijo que era probable que la JEP podría estar haciendo cosas que en estricto sentido no son su trabajo. “La JEP suele afirmar que gracias a su labor hemos logrado conocer la verdad más amplia que se tiene hasta el momento del conflicto armado en nuestro país. Eso puede ser cierto, pero es que ese no es su trabajo. Cuando se diseñó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, quedó claro que habría una comisión encargada de fijar la verdad de lo acaecido en estas décadas de violencia, mientras que la JEP se concentraría en el juzgamiento y la sanción de los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos ocurridos en ese período. Eso muestra dos ámbitos de acción claramente delimitados que dieron origen a dos instituciones con propósitos muy diferentes: mientras la Comisión de la Verdad es esencialmente maximalista, la JEP es minimalista por naturaleza”, explicó.
Los otros reclamos de los ex-FARC
Las dos cartas de los ex-FARC recogen tres preocupaciones que desde hace varios meses han venido expresando personas cercanas a los excombatientes: La primera que la JEP tiene la idea de dictar resoluciones por cada macrocaso —actualmente hay 11 abiertos—, cuando la ley estatutaria de ese tribunal señala que debe haber una resolución única de conclusiones. Esto “vulnera de manera grave la seguridad jurídica de los comparecientes, especialmente, en lo referente al principio de legalidad, a la vez que puede generar demoras en el cumplimiento de la temporalidad con la que fue diseñada la jurisdicción para la paz”, explica el antiguo secretario en la misiva.
Otro reclamo, que también viene tomando fuerza, es la poca diligencia de la JEP en la resolución de amnistías. “De un total de 4.485 solicitudes de amnistía tramitadas por la JEP, tan solo 688 han sido concedidas y 3.804 han sido negadas”, dice la carta.
La tercera preocupación es la vinculación en las investigaciones de exintegrantes de esa guerrilla de escala media y baja del mando. Según la carta, esto es contrario a buscar a los máximos responsables y “centrar el esfuerzo en los casos más representativos que constituyen patrones de conductas violatorias del DIH y los Derechos Humanos”.
Los dardos del Gobierno Petro contra la JEP
En la misiva, los firmantes reconocen y agradecen la declaración unilateral del presidente Petro en una carta enviada a la Asamblea de las Naciones Unidas el pasado 20 de octubre, en la que reafirmó el compromiso del Estado colombiano con los términos del acuerdo de paz. Este gesto es valorado como un paso relevante hacia la consolidación de la paz y la reconciliación en el país.
En esa carta, el presidente Petro enviaba duros dardos a la JEP: “Habrá un empeño adicional para que la JEP se consolide como modelo, referente, para y de todas las naciones del mundo. De allí que ponga el suscrito de presente que la JEP habrá de cumplir, sin dubitación alguna, con las normas que la crearon para garantizar la justicia (...) La JEP tendrá que tener en cuenta toda la Competencia Personal a ella asignada. Esta no podrá ser limitada ni condicionada”, decía la misiva.
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Y agregaba que la JEP deberá aplicar “el mandato universal y garantista de la favorabilidad penal”, y “deberá proceder de manera preferente y rápida a aplicar el derecho a la amnistía cuando haya lugar a ella en los términos pactados y al tenor del artículo 6(5) del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949. Por ningún motivo podrá limitar o condicionar la JEP el derecho a la verdad (…) El esquivarlo o eludirlo conllevaría responsabilidades”.
Una semana antes, ante el Consejo de Seguridad de la ONU durante la presentación del informe trimestral, el canciller Álvaro Leyva también había criticado a la JEP. “Se está descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo, al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor de las víctimas”, dijo Leyva.
