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Ilba Hernández se agarró las manos y movió el rostro hacia la izquierda, en dirección al atril. Llevaba más de 15 años esperando escuchar esas palabras. Esperando que un representante del Estado colombiano le dijera al país entero lo que ella y sus familiares llevaban años repitiendo: que su hijo, Alix Fabián Vargas, no fue ningún miembro del ELN, sino un muchacho inocente víctima del Ejército Nacional, que lo detuvo arbitrariamente y lo asesinó para presentarlo ilegítimamente como guerrillero muerto en combate para engordar sus cifras de éxito, bajo la lógica de los falsos positivos.
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El encargado de hacerlo fue el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que el pasado 5 de julio pidió perdón por el crimen. “La muerte de Alix Fabián no ocurrió en el marco de una confrontación armada, sino que fue un abuso de poder, ofrezco excusas y pido perdón a nombre de la nación”, dijo el alto funcionario en el primero de una serie de actos de reconocimiento inéditos que marcaron este 2023 como el año en el que, por fin, el más alto nivel del Estado les dio la cara a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército.
Luego del acto por el caso de Vargas vinieron tres eventos colectivos, que se llevaron a cabo en Bogotá, Villavicencio y Catatumbo (Norte de Santander), donde Velásquez y el comandante del Ejército Nacional, Luis Mauricio Ospina, pidieron disculpas por más de 60 asesinatos.
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Se trata de una dignificación a esos civiles inocentes que cayeron a manos de la institución que debía protegerlos. Un reconocimiento a la lucha que las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos han dado desde 2008 para destapar las empresas criminales que se gestaron en el Ejército y limpiar el nombre de sus hijos, esposos, padres, hermanos y tíos asesinados sin ninguna justificación.
Aunque algunos de estos reconocimientos fueron ordenados por fallos judiciales, durante varios años los gobiernos pasados se negaron a cumplirlos. Por eso, el paso que se dio este año no solo marcó un precedente en términos de reparación para las víctimas, sino que abona el terreno para que -en escenarios externos a los tribunales- los crímenes de Estado sean reconocidos por los más altos dignatarios y, con eso, que se refuercen las medidas para la no repetición.
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De hecho, el pasado 3 de octubre fue el propio presidente Gustavo Petro quien participó en el segundo acto de disculpas públicas a las víctimas de los falsos positivos.
“Estas madres son nuestras madres, las madres que quisieron silenciar, a las que tildaron de locas (...) En Colombia se elegía al que más mataba, y por eso esa fila de jovencitos asesinados se fue volviendo interminable, y por eso es interminable la fila y el dolor y la rabia de las madres. Como presidente de la República, me permito pedirles perdón, madres”, señaló el jefe de Estado en ese acto que reunió a familiares de 19 jóvenes de Soacha y Bogotá asesinados por militares entre 2004 y 2008.
Beatriz Méndez, quien pertenece a la organización de Madres de Falsos Positivos de Soacha y Colombia (Mafapo), asegura que estos reconocimientos “son un logro muy grande, porque significa mostrarles a Colombia y al mundo que estos crímenes fueron hechos reales, significa limpiar el nombre de nuestros hijos e incluso de nuestras familias”.
Tras dos meses del acto, Méndez reitera el reclamo que varias de las víctimas hicieron en su momento: que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y quien fuera su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, también “den la cara”, pues durante su administración se presentaron la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales por las que el actual Gobierno está pidiendo perdón.
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Esa crítica también se escuchó el 13 de octubre en Villavicencio, Meta, hasta donde llegó el jefe de la cartera de Defensa para ofrecer excusas por los homicidios de ocho campesinos, de entre 13 y 34 años, que fueron ejecutados, desaparecidos forzosamente e inhumados en cementerios de La Macarena, Granada, Vista Hermosa y Mesetas.
“Le agradezco, señor ministro, por venir a representar a las personas que deberían estar presentes. Me hubiera gustado que esos militares que me lo arrebataron y el expresidente Uribe que se llenaba la boca diciendo que mataran a todos esos guerrilleros, estuvieran acá para que dieran la cara”, aseguró Blanca Nubia Batero, la madre de José Villegas Batero, con un ramo de flores y el retrato de su muchacho agarrado entre sus manos.
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Estos encuentros también han servido para abrir la discusión sobre las cicatrices que estos crímenes abrieron en las familias y recordar que el perdón es un proceso complejo e individual.
Durante el más reciente de los cuatro actos de disculpas, el pasado jueves 30 de noviembre, Liz Carolain Porras Bernal se paró frente al escenario para decir, en nombre de su familia, que no pueden conceder perdón por el asesinato de su hermano Fair Leonardo.
“Desde que lo asesinaron hemos venido sufriendo persecución, amenazas, ruptura familiar y desplazamientos por exigir justicia. Este pedido de perdón no cierra nuestra herida ni responde a nuestras exigencias”, dijo durante el evento en Ocaña, Norte de Santander, donde el ministro Velásquez pidió excusas por 34 ejecuciones más.
Carolain también reclamó por la impunidad que persiste en estos casos, y como tantos otros familiares, le hizo un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que se avance en el esclarecimiento de la verdad y la sanción a los uniformados y civiles responsables”.
Allá, en Catatumbo, donde se registraron más de 180 ejecuciones, Velásquez volvió a resaltar la lucha de las víctimas y la necesidad de que el Estado las repare y les pida excusas a todas y cada una. Y recogió el sentir de varias de ellas: “Este acto de perdón lo hago en nombre de la nación, porque a ustedes también les falló la justicia, los organismos disciplinarios y otras entidades que se demoraron en tomar medidas ante la evidencia de las irregularidades. Hoy me sumo al clamor de ustedes y de un país: nunca más”.
