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Las botas de caucho se convirtieron en su insignia. Allí, donde residía el horror, las madres retrataron dignidad y esperanza. En el intento de sanar, resignificaron el símbolo de los asesinatos de sus seres queridos: el calzado que los militares les ponían —muchas veces al revés— para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. El día que se encontraron en el taller para intervenir las botas con sus manos, a Jacqueline Castillo se le vino a la cabeza un homenaje a su hermano Jaime y a las miles de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales: “Llené las botas de mariposas, porque siento que las almas de nuestros familiares necesitan volar, pero para poder descansar necesitan justicia”.
Durante un año y medio, ella y sus compañeras de la organización de Madres de Soacha llevaron estas piezas a exposiciones, plantones y manifestaciones. Su lema, “Mujeres con las botas bien puestas”, se convirtió en una síntesis de la lucha que emprendieron hace 16 años para limpiar el nombre de sus seres queridos y exigir justicia por sus asesinatos a manos del Estado (llamados “falsos positivos”).
Pero el pasado 6 de noviembre, varias de esas piezas terminaron en la basura tras un acto del congresista Miguel Polo Polo, que fue catalogado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como una expresión de odio y estigmatización.
El representante a la Cámara subió un video a sus redes sociales en el que dijo que a las madres les habían pagado por “ensuciar la plaza Rafael Núñez con esas botas”. Tras cuestionar el número estimado de víctimas de falsos positivos (6.402 solo entre 2002 y 2008, según la JEP), Polo Polo recogió varias de las botas y las metió en bolsas basura.
Su acto ha recibido críticas de casi todos los sectores del país (incluidas personas que participaron y aparecen en su grabación, y que ya se disculparon). Las madres de Soacha lo interpretan como un nuevo gesto de revictimización.
“Esto fue como revivir lo que les pasó a nuestros familiares, que fue exactamente lo que él hizo con las botas. Sentimos como si hubieran tirado a nuestros hijos a una fosa común. Aún no nos reponemos de esta situación. Nosotras seguimos sin encontrar justicia, y el hecho de que un representante del Estado cometa un acto como este deja mucho que decir. Es un discurso negacionista en el que quieren plantear que la cifra de 6.402 es un invento”, asegura Castillo, vocera de la organización Madres de Falsos Positivos (Mafapo).
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El hostigamiento de Polo Polo no es aislado y se suma a otras manifestaciones que han mancillado los derechos de las víctimas y pretenden politizar y poner un manto de duda sobre una serie de crímenes que están probados por la justicia y han sido reconocidos por más de 100 miembros de la fuerza pública.
Incluso el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en cuya administración ocurrió el mayor número de estas ejecuciones extrajudiciales, ha reconocido la existencia de los falsos positivos. “Como lo dije en calidad de presidente de la República, al salir de la sede de las Naciones Unidas en Bogotá, después de la reunión con un testigo protegido, hoy lo repito, estos crímenes requieren las más severas sanciones a los responsables, sean de la fuerza pública, del Gobierno o civiles”, afirmó en una retractación ordenada por la Corte Suprema de Justicia tras publicar un tuit que, como él mismo aceptó, ofendió a las madres de Soacha y “afectó la memoria de sus hijos asesinados”.
”No importa cuántos sean, fueron crímenes de Estado”: la discusión sobre la cifra
Esta semana, luego de la polémica por su video tirando las botas a la basura, Polo Polo volvió a cuestionar la cifra de 6.402 ejecuciones extrajudiciales en el Congreso, en medio de una discusión con una de las madres y algunos representantes a la Cámara.
Para Jacqueline, insistir en la cifra no es otra cosa que tratar de restarle gravedad a un crimen que, sencillamente, nunca debió ocurrir.
“Esa cifra es recopilación de la investigación que hizo la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Corporación Colombia-Europa-Estados Unidos y la misma JEP. Ahí está la sumatoria. Y hemos dicho que si no fueran 6.402, así sean 50, sea uno, fueron crímenes de Estado y no se pueden quedar en el olvido. No podemos negar que eso sucedió, porque sucedió bajo una política de Estado. Álvaro Uribe creó una directriz donde decía —y eso fue público— que de acuerdo con los resultados que el Ejército diera tendrían beneficios, como ascensos, medallas, vacaciones y dinero. Eso no fue oculto para nadie. Entonces, ¿cómo vienen ahorita a negar estos crímenes de Estado? Si no es esa cifra, si son más o menos, son crímenes de Estado. Y no pueden seguir negándolos”, dice Castillo.
Según han explicado las tres instituciones que hicieron la investigación y contrastación que arrojó los 6.402 casos, existe un registro de cada una de las víctimas (antes de la depuración de las bases de datos, la cifra arrojaba 9.896 casos, pero se aseguraron de que no hubiera identidades repetidas en el listado).
Sin embargo, la cifra de 6.402 ejecuciones sólo corresponde al pico de seis años, pese a que se tiene información de que los ’falsos positivos’ se cometieron durante más de tres décadas. Por eso la JEP ha insistido en que es un universo provisional de victimas, que podría aumentar.
Un crimen probado por la justicia y reconocido por los responsables
De hecho, lo que ha quedado claro luego de 16 años de la revelación de los falsos positivos de Soacha es que aún faltan muchas verdades por conocer.
Copiosas evidencias dentro de la justicia ordinaria y la JEP, a través de sus autos de determinación de hechos y conductas en el macrocaso 03, han revelado cómo funcionó la máquina criminal en decenas de unidades militares para atrapar a personas inocentes con falsas promesas de empleo, asesinarlos, disfrazarlos con uniformes, botas y “kits de legalización”, ocultar las evidencias y hasta desaparecerlos. En estos hechos no solo participaron militares de todos los rangos, sino terceros civiles y miembros de grupos paramilitares.
Uno de los testimonios que demuestran que las órdenes venían desde los altos mandos fue el del general (r) del Ejército Henry Torres Escalante, en octubre de 2022, cuando reconoció su responsabilidad en varias ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en Casanare.
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“Debo reconocer, con vergüenza, que de todos estos crímenes que se cometieron bajo mi mando para esa época yo fui uno de los más beneficiados, porque posicionaron a la Brigada como una de las mejores a nivel nacional. Me convertí en el líder de esa organización criminal, sin tener en cuenta la protección de los civiles a quienes tenía la responsabilidad de brindar seguridad como garante de sus vidas”, reconoció.
Escalante también dijo que estas acciones se debían, entre varias razones, a las presiones a las que era sometido por sus superiores y mencionó al entonces comandante del Ejército, el general Mario Montoya.
Para los familiares de las víctimas, el reconocimiento de 104 militares ante la JEP tiene un sabor agridulce. Por un lado, confirma lo que por tantos años denunciaron y limpia el nombre de sus seres queridos; por otro, les ha permitido conocer detalles del dolor que tuvieron que sufrir.
“Ha sido muy doloroso escuchar por boca de ellos mismos que mataban a nuestros muchachos por un plato de arroz chino, medio pollo o cinco días de permiso. Cuanto más supuestas bajas, más grandes los incentivos, especialmente para los altos mandos”, cuenta Castillo.
”No nos van a vencer ni a callar”
Las mujeres de Mafapo convocaron a una manifestación este domingo, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, para reivindicar su causa y recordarle al país que siguen luchando por obtener justicia. Eso se sumará a la denuncia penal que interpondrán, junto al senador Iván Cepeda, contra Polo Polo.
“Ahora mismo estamos en la tarea de reparar las botas que dañó el señor Polo Polo. Hoy, después de 16 años, sabemos que el arte sana, y ahora tenemos que volver a sanar esta herida y sentarnos a reparar esto, como hemos tratado de hacer con nuestras vidas mientras luchamos por obtener justicia y saber quién dio la orden de asesinar a nuestros familiares”, asegura.
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En los últimos días, Jacqueline no se ha sacado una idea de la cabeza: que las mariposas que pintó en sus botas y resultaron quebradas son la imagen fiel de la historia de resistencia de los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales del país. “Nos cortaron las alas, pero no nos van a vencer ni a callar. Nuestra lucha continúa y Polo Polo tiene que responder”.
Este domingo habrá jornada para llenar de botas la plaza de Bolívar
Mafapo convocó a una campaña masiva llamada “Botatón” en honor a las víctimas de falsos positivos, para que la plaza de Bolívar de Bogotá se llene de botas decoradas.
La idea, según la organización, es que las personas puedan llevar sus botas. La actividad está convocada para las 2:00 p.m. “Seguimos en pie de lucha junto a nuestras mamitas. Con las botas bien puestas”, se lee en la invitación que circuló en redes sociales.
Además, el lunes 18 de noviembre a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (calle 73 n.° 10-83), el senador Iván Cepeda y Mafapo convocaron a la ciudadanía a acompañarlos en la radicación de la denuncia penal contra el también congresista Miguel Polo Polo. Según Cepeda, la denuncia será por la presunta comisión de los delitos de hostigamiento y actos de discriminación agravados, “por la afrenta que cometió contra las madres de Soacha en el homenaje que hacían en memoria de sus hijos”.
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