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Hoy se completan 101 días exactos desde que el presidente Juan Manuel Santos firmó el Decreto 1590 de 2017, con el que arrancó el cese bilateral al fuego temporal pactado con la guerrilla del Eln. El 1° de octubre del año pasado, toda acción contraria a dicho acuerdo como secuestros, ataques a oleoductos o cualquier amenaza en contra de la población civil sería considerada una ruptura al cese bilateral por parte de dicha organización armada. A cambio, el Gobierno ordenó suspender las operaciones militares ofensivas en su contra y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y el Eln.
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Pero hoy también es la fecha perentoria para ese cese bilateral que se logró en desarrollo de las conversaciones de paz de Quito. Y en medio de un ambiente protagonizado por la desconfianza entre las partes, más las violaciones registradas durante estos poco más de tres meses de un alto al fuego, se retoman los diálogos en Ecuador, país anfitrión del proceso de paz, en aras de prorrogarlo. Por eso, desde el fin de semana, el jefe de Estado reunió en Cartagena a su nuevo equipo negociador -que ayer viajó al país vecino- y le dio instrucciones precisas de renegociar las condiciones de un nuevo cese. “Estamos más que dispuestos a prorrogar el cese al fuego con el Eln”, añadió el presidente Santos.
¿A qué se enfrentarán Gustavo Bell, Angélika Rettberg, Socorro Ramírez, Alberto Fergusson, José Noé Ríos, Alejandro Reyes Lozano, y los generales Freddy Padilla y Carlos Rojas? Sin duda, uno de los principales retos para este nuevo equipo negociador será el restablecer la confianza en medio de un parsimonioso proceso de paz, si su objetivo es que las conversaciones no fracasen ni se vean amenazadas por cuenta del nuevo gobierno, próximo a elegirse. Y ese fue el primer llamado que hicieron en las últimas horas la Conferencia Episcopal y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia del cese. “(Compartimos) la necesidad de un acuerdo de cese al fuego más robusto que genere mayor confianza entre las partes y en la sociedad colombiana”, dijeron en un comunicado en el que también pidieron prolongar los beneficios que para el país trajo el cese al fuego.
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Y es que, según el más reciente reporte del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), durante estos meses se registraron dos violaciones al cese bilateral del fuego temporal, admitidas por la propia guerrilla. En ellas se contaron 14 víctimas mortales: uno de los casos fue el asesinato en octubre pasado del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero, líder del resguardo Catru Dubaza Ancoso, del municipio del Alto Baudó (Chocó). El otro episodio fue la masacre de 13 campesinos en Magüí Payán (Nariño), cuya autoría fue reconocida por el Eln el pasado 8 de diciembre. Sin embargo, estas dos situaciones, que han venido siendo recogidas por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU, podrían sumarse a otros tantos incidentes registrados por habitantes de departamentos como Cauca, Vichada y Antioquia, si no fuera por el enorme lío enorme que aún persiste entre las partes y que podría poner a tambalear la continuidad del cese al fuego: las diferencias en cuanto a la interpretación de los actos prohibidos en virtud del Acuerdo de Quito, tal y como lo recoge el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su más reciente informe sobre el monitoreo al cese.
No en vano, son innumerables las comunicaciones que la Misión de la ONU ha enviado a las partes de la mesa para que establezcan “un marco conceptual aceptable” en aras de facilitar las labores de verificación al cese bilateral. “El hecho de que no exista una separación de las fuerzas da cabida a malentendidos y sospechas mutuas”, advirtió Guterres, no sin reconocer el alivio que ha representado para los colombianos haber pactado un cese bilateral por más imperfecto que este sea. Pero con esos vacíos llegan hoy, nuevamente, a la mesa de Quito para intentar prorrogar el cese bilateral con una guerrilla que, sin duda, también tiene cosas por decir. Según el Eln, el Gobierno también ha violado el cese, desplegando operaciones ofensivas en contra de varios de sus campamentos ubicados en Chocó y Norte de Santander.
La responsabilidad frente a lo que viene, indudablemente, ahora recae en manos del nuevo jefe de la delegación de paz del Gobierno, el exvicepresidente Gustavo Bell, curtido en asuntos de paz, pero también en la “mano dura”, tras su paso por el Ministerio de Defensa. A partir de hoy comienza un ciclo que definirá mucho el rumbo del proceso de paz con el Eln, especialmente si logra salir triunfante del período electoral que se avecina y del que dependerá mucho que se prorrogue el cese bilateral del fuego. Es de recordar que hace cuatro años, en la segunda vuelta presidencial, esa organización decretó paro armado en plenas elecciones y un año más tarde, para los comicios regionales de octubre de 2015, se registraron ataques a la Fuerza Pública, hostigamientos y hasta destrucción de material electoral. Las posibilidades de que esos episodios se repitan en marzo y mayo de este año, para las elecciones legislativas y presidenciales, respectivamente, es altamente probable si el cese al fuego no se prorroga.
Entre tanto, las instrucciones son claras: “Si hay prórroga, estaremos listos a respetarla, pero si no (...), estará lista la Fuerza Pública para enfrentarlos con toda contundencia”, dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. La guerrilla, a su vez, ha dicho estar dispuesta a avanzar en las conversaciones, aunque no se pacte un nuevo cese, pero lo que sí se hace absolutamente necesario es que se dé un impulso para la agenda de conversaciones que, desde que arrancó el diálogo formal, parece no despegar.
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