Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Desde la llegada al poder el presidente Gustavo Petro, el Gobierno ha tenido un enfoque dual para abordar las dinámicas de conflicto: por un lado, una política de seguridad y defensa, que busca la recuperación del control territorial y la protección de las comunidades frente a grupos armados ilegales, y por la otra una ambiciosa apuesta de paz total que, mediante negociaciones políticas y procesos de sometimiento a la justicia pretende, entre otras, desarticular guerrillas, bandas criminales y estructuras de alto impacto y llevar tranquilidad y proyectos de transformación a los territorios.
Sin embargo, articular estas dos políticas no ha sido un camino sencillo. Las tensiones entre ambos enfoques han generado un debate nacional sobre sus alcances, limitaciones y desafíos.
La relación entre la acción estatal en materia de seguridad y los esfuerzos de negociación ha sido cuestionada por diversos sectores. Organizaciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han recomendado fortalecer la articulación entre la política de paz, la política de seguridad, la de desmantelamiento y la de drogas.
Uno de los puntos clave del debate es la eficacia y alcances de los ceses al fuego bilaterales, implementados en procesos de negociación con actores como el ELN, facciones disidentes de las antiguas FARC y grupos como los Comuneros del Sur en Nariño.
Estas iniciativas han enfrentado críticas por parte de sectores que temen que la suspensión de acciones armadas facilite la expansión y fortalecimiento de grupos ilegales. No obstante, el gobierno ha defendido la progresividad de estos mecanismos, destacando que cada vez son más tajantes y con mayores garantías de monitoreo, con el objetivo de aproximar a los actores armados a una reintegración efectiva a la vida civil.
Además: Exjefes paramilitares aceptaron nombramiento que Petro les hizo como gestores de paz
Algunos sectores han señalado que priorizar los diálogos de paz podría debilitar la legitimidad del Estado en territorios controlados por actores ilegales. Sin embargo, los organizadores del foro destacan que uno de los mensajes centrales del evento es demostrar que la paz total no representa un riesgo para la seguridad nacional, ni que la política de seguridad obstaculice los esfuerzos de paz. Por el contrario, ambas estrategias son complementarias y deben reforzarse mutuamente.
Las tensiones han llegado incluso a las cabezas de esas dos políticas. Por un lado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y por el otro, el consejero comisionado de paz, Otty Patiño. Por ello, este 4 de diciembre, ambos funcionarios participarán en el foro Proteger la vida y transformar los territorios: Seguridad y Paz Total.
El evento, convocado por el Ministerio de Defensa Nacional, la Universidad de los Andes y el Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP), se llevará a cabo en el auditorio Mario Laserna de esa institución educativa y reunirá a actores fundamentales del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, comunidad internacional, líderes territoriales y centros de pensamiento para discutir el complejo desafío de articular dos políticas que han definido el gobierno Petro. Puede seguir el evento a través de la página y redes sociales de Colombia+20 de El Espectador.
“Hay una tensión entre la actual política de paz y las necesidades de seguridad por varias razones, entre ellas porque para los ciudadanos es difícil entender quiénes son todos los grupos con los que se negocia, a qué condiciones van atadas esas negociaciones, qué se va a lograr en conquistas concretas para los ciudadanos y muy puntualmente también hay una pregunta en torno a los ceses al fuego”, dijo a este diario Angélika Rettberg, decana de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, quien participará como moderadora de uno de los paneles del evento.
Y agrega: “El foro de este 4 de diciembre es un paso muy importante porque justamente pone a dialogar la política de paz con la política de seguridad y en ese sentido remueve una de las barreras que hay en la discusión de las de los logros de la paz, donde la seguridad es un tema eh eminentemente militar o policial y, por el contrario, tiene que ver con medidas que tienen que tomar diferentes sectores, diferentes actores del Estado y de la sociedad para lograr que una persona que sea ciudadano de un país se sienta seguro y tranquilo en el entorno en el cual vive”, explica.
La agenda y las actividades
El foro iniciará a las 8 de la mañana con los saludos protocolarios de la rectora de la Universidad de los Andes, Raquel Bernal, del ministro de Defensa, Iván Velásquez; del embajador de Noruega Nils Martin Gunneng; la embajadora de Países Bajos, Reina Bujis y el director de USIP, Steve Hege. La charla introductoria estará a cargo de Gerson Arias de USIP.
El debate también incluye un análisis crítico sobre los costos políticos de la Paz Total para el sector de seguridad y defensa, especialmente con tantas mesas abiertas. Sobre esos nueve tableros de negociación, Steve Hege, director de USIP, dice que no es una estrategia solo de este Gobierno y que por ello es clave la sincronización de la protección de población.
“El desafío de articular una política de paz abordando múltiples grupos armados con una estrategia proactiva de seguridad no es exclusivo a este gobierno. He dedicado una buena parte mi carrera a Colombia, la República Democrática del Congo y Birmania, los tres países del mundo con mayor número de grupos armados, economías ilícitas, e intentos frustrados de negociaciones de paz simultáneas. En mi experiencia, en estos casos, así como durante el gobierno actual, siempre existen desconfianzas y confusiones que hay que mitigar, tanto del lado civil como entre liderazgo de la Fuerza Pública”, explica.
Y agrega que también se necesitan estrategias más efectivas para garantizar que los ceses al fuego fortalezcan la paz y seguridad. “Para el éxito de ceses al fuego paralelos con distintos grupos armados es fundamental que los protocolos de los mecanismos hagan real y efectiva una nueva prohibición de cualquier acción ofensiva buscando ampliar el control territorial no solo contra la Fuerza Pública sino también contra otros grupos armados. De esta manera, los grupos comprometidos con un cese bilateral deberán limitarse a medidas exclusivamente defensivas. Por su parte, es necesario que la Fuerza Pública se entienda no como una contraparte con igual posición a cualquier grupo armado, sino como la garante encargada del cumplimiento de las prohibiciones de los ceses”, afirma.
Lea también: Lo que debe saber del grupo armado separado de Iván Márquez que negocia con el Gobierno
Otro tema crucial es el papel de la comunidad internacional en la consolidación de estas políticas. Países como Noruega y los Países Bajos, así como organizaciones multilaterales, han acompañado de cerca los procesos de paz en Colombia, ofreciendo apoyo técnico y financiero para su implementación. Durante el foro, embajadores de ambos países abrirán la jornada con mensajes de respaldo al enfoque integral del gobierno Petro.
Las conversaciones incluirán dos paneles centrales que abordarán temas críticos: los retos de los ceses al fuego y las soluciones desde las regiones para mejorar la paz y la seguridad territorial, y al final el diálogo de alto nivel entre Velásquez y Patiño.
El primer panel, que abordará los retos del cese al fuego, estará compuesto por Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación; Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia; Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá; Monseñor Héctor Fabio Henao, director de la Fundación Instituto para la Construcción de la Paz y Camilo González Posso, jefe de la delegación de Gobierno en los diálogos con la disidencia denominada Estado Mayor de los Bloques y Frente, comandada por Calarcá Córdoba.
La charla será moderada por María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
En el segundo panel sobre la paz y la seguridad territorial participarán Álvaro Jiménez, de la oficina del Consejero Comisionado para la Paz; Jhoe Sauca, consejero mayor del CRIC; Roberto Molina, vicedefensor del Pueblo y Lili del Carmen Colmenares, lideresa social del corregimiento Caracol, en Arauca. Está por confirmarse la asistencia de la gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba. Este panel será moderado por Angélika Rettberg, decana de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.