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El último paro armado decretado el 22 de febrero por el Frente Occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en varios afluentes del río San Juan, en Chocó, revivió un debate que desde la región se ha planteado al Gobierno al menos desde 2019, cuando agobiadas por la guerra, las comunidades afrocolombianas asentadas en la zona activaron una ruta de protección colectiva ante el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La guerra en el río San Juan se agravó desde mediados de 2021, cuando paramilitares de las Agc, también llamados Clan del Golfo, iniciaron una arremetida desde Istmina hacia el sur copando los territorios que históricamente habían sido controlados por el ELN y antes por las extintas FARC.
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Esta confrontación, que Colombia+20 ha reportado y documentado sobre el terreno desde entonces, ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes en el departamento en años recientes, dejando como consecuencia miles de confinados y desplazados, campos minados, también víctimas fatales. Los últimos eventos tuvieron que ver con una invasión de los paramilitares en el río Sipí y otros afluentes del San Juan enfrentándose con unidades del ELN, lo que provocó al menos cuatro nuevos desplazamientos masivos en febrero de 2023.
Es por ello que la propuesta de alivios humanitarios pactada con el ELN no ha podido concretarse, entre otras cosas porque la confrontación es principalmente entre grupos ilegales, por lo que las comunidades han señalado que “sin cese al fuego multilateral de todos los grupos y actores armados es difícil que se puedan concretar los alivios humanitarios”, según plantearon los consejos comunitarios en un documento.
En entrevista con Colombia+20 el segundo comandante del ELN, Pablo Beltrán, dijo que esa guerrilla ha descartado por completo acordar un cese al fuego con las Agc, su principal contendiente en la región.
En ese contexto, el Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN) lanzó un comunicado público el 25 de febrero donde solicita de manera explícita que “independientemente de lo que pase con los alivios humanitarios” que fueron pactados entre el Gobierno Nacional y el ELN, “es necesario recordar que en marzo de 2021 ACADESAN solicitó 50 medidas de protección colectiva, que fueron negadas en su mayoría por el Gobierno de Iván Duque. En noviembre de 2022, la Junta Directiva de ACADESAN solicitó nuevamente las medidas que habían sido negadas y agregó otras más, teniendo en cuenta el agravamiento de la situación de riesgo”.
Este diario conoció que había un compromiso personal de la vicepresidenta Francia Márquez de impulsar el tema, para que la ruta finalmente se active con las comunidades del sur del Chocó, no obstante, el asunto sigue empantanado.
Justó al momento de publicar este reportaje la vicepresidenta Márquez se encontraba en México, junto a la delegación negociadora del Gobierno, durante el cierre del segundo ciclo de conversaciones con la guerrilla del ELN que se lleva a cabo en ese país. De acuerdo con el senador Iván Cepeda, que publicó en Twitter una fotografía del encuentro, la vicepresidenta habría dado la directriz de no pararse de la mesa de conversaciones “hasta alcanzar un acuerdo de paz”.
“Le pedimos, le rogamos, a la Vicepresidenta de la República, Francia Márquez Mina, que convoque de manera urgente una reunión interinstitucional con todas las entidades a las cuales se les ha solicitado medidas de protección colectiva, de manera que se logren acuerdos concretos para implementar las medidas y evitar la extinción física y cultural de las comunidades negras del río San Juan”, remata el comunicado del Consejo Comunitario General del San Juan, a propósito de los últimos hechos de violencia.
Comunidades exigen un enfoque de seguridad integral
De acuerdo con María Fernanda Angulo, abogada de ACADESAN, la organización “ha renunciado y no acepta el modelo de protección individual. No quiere ni carros, ni chalecos, ni escoltas. Para sus integrantes esto no genera garantías sino más exposición y riesgo, por eso prefieren el modelo colectivo”, en su lugar prefirió acceder a la ruta de protección colectiva, que se supone debe tener un enfoque comunitario e integral diferente, acorde con las realidades de los territorios.
La ruta de protección colectiva es una herramienta institucional que se apoya, entre un amplio marco legal, en el punto tres del Acuerdo de Paz, contemplando “acciones de protección individual, cuando estas tengan impacto sobre el colectivo objeto de protección, apoyo a la infraestructura física para la protección integral colectiva, fortalecimiento organizativo y comunitario, fortalecimiento de la presencia institucional, establecimiento de estrategias de comunicación, participación e interacción con entidades del orden local, departamental y nacional que disminuyan el grado de exposición a riesgos del colectivo, promoción de medidas jurídicas y administrativas que contrarresten los factores de riesgo y amenaza (…) medidas materiales e inmateriales encaminadas a fortalecer la autoprotección y contrarrestar la estigmatización”.
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En otras palabras, es un nuevo enfoque de seguridad, que busca la presencia integral del Estado en los territorios para minimizar los riesgos asociados con las dinámicas violentas del conflicto armado. Implica que debe haber atención a la infancia, oferta educativa y de proyectos productivos, fortalecimiento de las organizaciones locales, entre otras. Por ello, las acciones deben recaer sobre múltiples actores estatales, aunque son la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior quienes deben coordinarlas.
Los habitantes del San Juan tenían motivos de sobra para acceder a dicho mecanismo. Un auto de la Corte Constitucional del 2009 declaró el riesgo de extinción física y cultural para comunidades indígenas asentadas en las márgenes del río San Juan, al sur del departamento del Chocó.
Con ese precedente jurídico, en abril de 2018 un juzgado de restitución de tierras de Quibdó ordenó al Estado que implementara medidas urgentes de protección para las 72 comunidades afrocolombianas que hacen parte del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN). Entre estas medidas se encuentra la ruta de protección colectiva, que debe ser viabilizada por la UNP.
Estas comunidades son en su mayoría pequeños caseríos ribereños aislados y dispersos, cuyo único acceso es por agua a través del río, en un inmenso territorio de 683 mil hectáreas en el bajo y medio ríos San Juan, así como varios de sus afluentes, ubicado al sur del Chocó en límites con el Valle del Cauca. De acuerdo con un censo interno del Consejo Comunitario la población total de afrocolombianos superaría las 15 mil personas.
Un camino lleno de tropiezos
Desde el 2019 el Consejo Comunitario, amparándose en la orden del juzgado de restitución de tierras, acudió a la Unidad Nacional de Protección para solicitar que se activara la ruta de protección colectiva con su organización y sus comunidades. Pero este proceso resultó más tortuoso de lo esperado.
Primero llegó la pandemia y el aislamiento, luego múltiples dilaciones institucionales, hasta que en marzo de 2021 la UNP propició el primer taller para que el Consejo Comunitario formulara las que considera deben ser medidas de protección colectiva que deben implementarse en su territorio. Aquello ocurría cuando ya habían transcurrido tres años desde la orden del juzgado y dos años después de que ACADESAN solicitara formalmente que se aplicara la ruta de protección.
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No obstante, allí no terminaron las trabas burocráticas. La Unidad Nacional de Protección del Gobierno de Iván Duque negó casi todas las medidas solicitadas en noviembre de 2021, por considerarlas improcedentes argumentando que estaban fuera de su competencia, mientras ofreció otras medidas que la comunidad no estaba solicitando, como chalecos blindados, escoltas y botones de pánico.
Un mes más tarde, en una nueva reunión para darle seguimiento al auto de la Corte Constitucional que declara el riesgo de extinción física y cultural de estas comunidades, el Gobierno se comprometió a implementar más de 50 medidas de protección colectiva solicitadas por las comunidades, de las cuáles a la fecha no se han concretado la mayoría.
Esto revela un asunto más profundo; aunque la ruta de protección colectiva se había creado desde 2017 con el decreto 2078, más allá de la poca o mucha voluntad política, las entidades estatales aún no entendían la manera de implementarla en concordancia con las comunidades, limitándose al modelo tradicional que es inoperante en territorios dispersos como el que abarca al Consejo Comunitario General del San Juan, donde ni siquiera hay carreteras por las que puedan andar los tradicionales carros blindados de la UNP.
Finalmente, de acuerdo con ACADESAN, de las más de 50 medidas de protección acordadas con el Gobierno, tan sólo se ha viabilizado la entrega de megáfonos y botes para movilidad por el río, también comenzó a andar un proyecto educativo con el Servicio Nacional de Aprendizaje que busca, precisamente, brindarle alternativas a los jóvenes para sacarlos de la guerra. Pero los nuevos combates y la inestabilidad en la región tienen frenada esta última alternativa, por ahora.
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“El nuevo Gobierno entiende el tema, pero no logra concretar, no logra avanzar”, declaró a Colombia+20 un asesor de las organizaciones étnicas que prefirió mantener su nombre en reserva. “Si no se implementa la ruta de manera adecuada puede pasar el peor escenario, que la respuesta urgente a la crisis quede reducida a lo que se apruebe en la mesa de diálogos con el ELN, en el marco de los alivios humanitarios, y se nieguen otra vez la mayoría de las medidas solicitadas por ACADESAN, quedaríamos con unas medidas pocas e insuficientes”, aseguró.