La ceremonia de entrega de Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia 2024 empezó este miércoles en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá. Este galardón, otorgado por Diakonia y Act Iglesia Sueca, con el respaldo de la Embajada de Suecia, es un reconocimiento al esfuerzo de personas, organizaciones y colectivos que han dedicado su vida y trabajo a la protección de los derechos.
Según César Grajales, director nacional de Diakonia, el premio pretender también preservar la memoria de las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Colombia. “El Premio Nacional de Derechos Humanos confronta la impunidad y abre posibilidades para un futuro de paz donde la vida y la dignidad humanas sean efectivamente protegidas y afirma el compromiso en el tiempo presente cuando la violencia contra defensores, defensoras y otros liderazgos sociales continúa vigente”, explicó.
Grajales también habló de la importancia del premio en la visibilización de los liderazgos sociales, especialmente porque el premio destaca no solo el trabajo de los defensores de derechos humanos, sino también pone el foco en el riesgo que sufren por su labor.
En la ceremonia están presentes Helena Storm, embajadora de Suecia en Colombia; Gilles Bertrand, embajador de la Unión Europea en Colombia; Carlos De La Torre, representante Encargado en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos e Iris Marín, defensora del Pueblo.
“Es una máxima preocupación de la Unión Europea y de los estados miembros la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, que rechazan la actuación de de los actores armados y que protegen los procesos sociales de las comunidades. Es una prioridad nuestra sobreguardar la seguridad física de los líderes, de las lideresas, de las y los defensores y de las y los firmantes de paz. Seguiremos apoyando en la construcicón de condiciones más seguras en el país”, dijo el embajador Bertrand durante su intervención.
Por su parte, la embajadora sueca, resaltó también la ardua labor de las personas y organizaciones finalistas en el premio. “Es urgente que tomemos medidas concretas para defender y proteger a quienes luchan por un futuro sostenible y en paz. La única cifra aceptable para una sociedad democrática que busca construir paz es de cero casos. Esa es la meta”, dijo Storm.
A su turno, la reciente nombrada Defensora del Pueblo, Iris Marín, también dijo que desde la entidad que ahora encabeza se trabajará en la protección de los derechos humanos. “Tengan esperanza. Tengamos esperanza y ofrecerles lo que la Defensoría siempre ha sido porque fue el mandato que le dio la Constitución: ser casa e institución de derechos humanos. Hoy más que siempre lo es. Es la casa de todos los derechos humanos, sociales, culturales, ambientales. De liderazgos sin voz. Cuentan con nosotros”, afirmó la defensora.
En la ceremonia también hubo un momento de in memoriam para Irma Areiza, asesinada en marzo de 2005. Aireza era parte del grupo de desplazados de la Balsita, en Dabeiba, Antioquia, que debieron salir de la zona por amenazas de paramilitares en una ya probada connivencia con la Fuerza Pública. Esta defensora participó en varios espacios internacionales en búsqueda de justicia.
El jurado calificador del premio está compuesto por 11 personas de Colombia, Chile, Estados Unidos, Alemania, Uruguay, Reino Unido y Suecia. Entre ellas el periodista Ignacio Gomez; Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado colombiano; Gimena Sánchez, directora del Programa de los Andes en la Oficina en Washington Para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Hortencia Hidalgo Cáceres, perteneciente al pueblo Aymara del norte de Chile y miembro de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe (RMIB-LAC) y Steve Hege, quien lidera los esfuerzos del Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP).
En la edición número 13 se entregará galardones en las categorías defensor o defensora del año, experiencia o proceso colectivo del año y el reconocimiento a toda una vida. “El Premio, tiene como objetivo central respaldar el trabajo legítimo por la defensa de los derechos humanos como un mecanismo de incidencia, posicionamiento y visibilidad del aporte que hacen las y los defensores en la construcción de la paz y la democracia de nuestro país”, dice el comunicado de prensa.
Los jurados tienen en cuenta el grado de vulnerabilidad de los finalistas, su contribución y aportes contra la impunidad en Colombia, su impacto favorable en los trabajos a favor de los derechos humanos; los aportes en la articulación con otras redes y la capacidad innovadora para crear herramientas para la defensa de los derechos humanos.
Estos fueron los nombres de los ganadores y finalistas
Pablo Cala, defensor del año
Esta categoría reconoce a una persona que, por su trabajo, desarrollado en el último año, es testimonio significativo de la defensa de derechos humanos. La denominación se refiere a trabajos destacados, realizados por una persona, durante el último año.
En esta categoría el ganador fue Pablo Cala. Filósofo y defensor de derechos humanos. Desde 1996 se ha dedicado a luchar para encontrar a las víctimas de desaparición forzada. Sus principales acciones las realiza en la Fundación Hasta Encontrarlos desde donde impulsa la búsqueda y ubicación de personas que han sufrido este flagelo. Al mismo tiempo, realiza acciones de incidencia para la implementación de políticas públicas. La más reciente es la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, a través del Artículo 198 de la Ley 2294 de 2023.
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Los otros finalistas eran María Eugenia Mosquera Riascos, quien lleva más de tres décadas defendiendo los derechos humanos, construyendo iniciativas de paz y acompañando procesos comunitarios en todo el país. Su experiencia la llevó a participar en los diálogos de paz con la extinta guerrilla de las FARC haciendo aportes concretos de diversas regiones en los diferentes puntos del acuerdo final.
El otro era Guido Albán Rivera Chikangana, líder campesino del Cauca, especializado en la defensa de los derechos humanos, de los diálogos de paz y la implementación de los acuerdos con los actores armados. Gracias a su trabajo, la Zona de Reserva Campesina de La Tuna, en el municipio de Santa Rosa, fue reconocida como ejemplo de construcción de paz. A pesar de las amenazas y agresiones que recibe, trabaja de manera constante en defender los derechos campesinos.
Asoquimbo, ganador de la categoría experiencia o proceso colectivo del año
Esta categoría reconoce la experiencia colectiva que se destaque por su trabajo de defensa de derechos humanos desarrollado en el último año en dos modalidades: Nivel proceso social comunitario y Nivel ONG, colectivo u ONG acompañante.
En la modalidad el galardón fue para la Asociación de Afectados por la Construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (ASOQUIMBO). Nació en 2009 para defender los derechos de las comunidades afectadas por la inundación de tierras tras la construcción de la represa de El Quimbo en Huila. La organización, que ha enfrentado amenazas y violencia y el asesinato de 11 de sus miembros, logró que la Corte Constitucional reconociera a los afectados en la Sentencia T-135 de 2014 y que la empresa Enel cumpliera obligaciones sociales y económicas adquiridas con los afectados y con el departamento del Huila.
En esta categoría también estuvo como finalista el Movimiento Social Paro Cívico de Buenaventura, un movimiento ciudadano de expresión de rechazo al abandono estatal y a la violencia que han padecido los habitantes de la ciudad-puerto del departamento de Valle del Cauca.
Así mismo, la Asociación Madres por la Vida fue una de las finalistas al premio. Esta asociación se dedica a la defensa integral de los derechos humanos en Buenaventura. Focalizan sus esfuerzos en el respaldo a las víctimas de desplazamiento forzado, la búsqueda de justicia para los familiares de desaparecidos y la atención a las víctimas de violencia sexual.
Forjando Futuros, galardonado en la modalidad nivel ONG, colectivo o ONG acompañante
Esta Fundación contribuye a la construcción, fortalecimiento y consolidación de procesos sociales para el desarrollo económico, social, cultural y político de los colombianos, dentro de un marco pacífico y democrático, donde se respeten los derechos humanos y se promueva la igualdad de género, especialmente por las víctimas del conflicto armado a quienes representa y asesoran. Entre sus logros están asesorar e informar sobre la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Restitución de Tierras a más de 20.000 víctimas; representar a 303 víctimas del paramilitarismo en Justicia y Paz; litigar en alrededor de 650 casos de restitución de tierras; y representar a 480 en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La Corporación Humanitaria Reencuentros fue una de las finalistas. Está conformada por firmantes del Acuerdo de Paz. Desde 2017 contribuyen a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Sus integrantes documentan casos y lugares de interés forense, entregan información a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja. La organización ha logrado documentar 1.128 nuevos casos para la acción humanitaria.
También fue finalista el Socio Jurídico Colectivo Orlando Fals Borda, que brinda acompañamiento psicosocial, jurídico y forense a víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, así como a organizaciones de base y víctimas del racismo. Su trabajo en la búsqueda de personas desaparecidas se caracteriza por tener un enfoque diferencial, con el que ha impulsado la creación de metodologías participativas para recoger las visiones de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
El padre Albeiro Parra, ganador del reconocimiento a Toda una vida
Es otorgado al defensor o defensora por su valor, perseverancia y presencia en la defensa de derechos humanos, con mínimo 30 años de trabajo en Colombia.
El ganador en esta categoría fue el padre Jesús Albeiro Parra Solís. Es sacerdote de la Diócesis de Quibdó desde 1988 y director ejecutivo de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC) desde 2018. Su trabajo se ha enfocado en la reivindicación de los derechos humanos de la población negra, indígena y mestiza del departamento de Chocó y del Pacífico colombiano. Dentro de sus funciones en la Diócesis de Quibdó está el diálogo con grupos armados ilegales para avanzar en procesos de negociación de paz, construir espacios de coordinación y articulación a nivel de organizaciones étnicas de base, promoviendo el trabajo concertado entre las comunidades y las instituciones que hacen presencia en la región.
Dentro de los finalistas también estaba Eduardo Carreño Wilches. Es Abogado, defensor de los derechos humanos, cofundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). Su trayectoria se destaca por llevar casos emblemáticos como las violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública durante la toma del Palacio de Justicia y las víctimas de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’.
También estaba como finalista Martha Elizabeth Soto Gallo, quien a lo largo de su trayectoria, ha luchado por la memoria histórica y la denuncia de los crímenes de Estado. Desde 1985, inició la búsqueda de su hermano desaparecido y desde allí se vinculó con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfades). En 2005 cofundó el MOVICE trabajando en la documentación de casos contribuyendo con importantes informes sobre violaciones a los derechos humanos. Tanto por su búsqueda personal como por su trabajo, ha enfrentado amenazas y desplazamientos.