Gestores de Paz de Cali siguen esperando que la Alcaldía los vuelva a vincular

Jennifer Cabezas Cabezas lleva siete meses sin empleo. Los siete meses que han pasado desde que comenzó el año y con ello, la nueva administración municipal. Siete meses esperando que la llamen para trabajar nuevamente en la Alcaldía, que encabeza Jorge Iván Ospina, porque así se lo aseguraron varias personas que hoy son funcionarios, durante las promesas de campaña.

Ella quiere volver a ser gestora de paz y cultura ciudadana. El programa estrella de la secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de la administración de Maurice Armitage (2016 - 2019), cofinanciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que llevó un cambio social en la capital del Valle. Jóvenes expandilleros, personas víctimas del conflicto armado y excombatientes de las Farc se unieron en un solo fin: mejorar la cara de la ciudad a través de la pedagogía social.

Rocío Gutiérrez Cely, exsecretaria de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, lo explica así: “la propuesta de gestores de paz se creó porque fuimos la administración que se constituyó en el marco de la firma del Acuerdo de Paz y, en ese sentido, creímos pertinente que Cali fuera una ciudad referente de construcción de paz entonces quisimos crear un programa integral que beneficiara a las víctimas del conflicto armado y a los excombatientes en proceso de reincorporación, sumado a los jóvenes en condición de alto riesgo en sus barrios por cuenta de la violencia y las pandillas. Eso representaba para nosotros una apuesta integral que respondía a las necesidades y al momento”.

El funcionamiento del programa, que estuvo presente durante cuatro años, tenía como fin formar y emplear en esta alcaldía a personas en las condiciones mencionadas, para que cumplieran la labor de ser gestores en varios espacios públicos de Cali, promoviendo la cultura ciudadana, la buena convivencia, el arte y la cultura y el cuidado medioambiental. De manera transversal al trabajo que realizaban diariamente en las calles, los gestores recibían acompañamiento permanente durante todo el proceso (visitas familiares periódicas, seguimiento al uso del dinero recibido, relacionamiento familiar), atención psicosocial y formación en habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, puntualidad, buena comunicación, tolerancia, etc. y en saberes académicos (cursos de iniciación laboral, idiomas, arte, habilidades administrativas, logísticas, entre otras).

(Lea también: Los jóvenes que abandonaron la violencia para ser gestores ambientales de Cali)

Como dijo Jennifer: “fue una oportunidad que nos dieron a los que nunca nos habían dado oportunidades en esta ciudad”. Sin embargo, en este programa los gestores no podían durar más de 18 meses, tiempo estimado en el que las personas debían salir y, con las herramientas profesionales y personales aprendidas, buscar otro empleo formal para “no caer en un paternalismo prolongado”, según mencionó Gutiérrez Cely.

Este programa benefició a cerca de 2.000 personas, de las cuales el 40 % eran expandilleros o exmiembros de grupos delincuenciales en la ciudad, el 30 % eran víctimas del conflicto armado y personas desplazadas que habían llegado a la capital del Valle y el 30 % restante, excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación a la vida civil.

Sin embargo, muchos de los gestores no estuvieron los 18 meses completos por el cambio de administración y quedaron desempleados con el cambio de administración municipal. Explican que varios funcionarios actuales les prometieron que los “volverían a llamar” para trabajar en actividades similares y, desde entonces, han tenido la esperanza de volver a tener una oportunidad de empleo formal.

Por la pandemia del COVID-19, las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y la crisis económica nacional y mundial, los exgestores de paz y cultura ciudadana de Cali no pasan su mejor momento a nivel laboral y profesional. Aunque, según la exsecretaria el índice de reincidencia de las personas beneficiadas fue del 2 % durante todo el programa, el porcentaje se ha incrementado sobre todo por las necesidades económicas que pasan.

(Vea: La pandemia retrasó la implementación de la política pública afro en Cali)

Raúl Felipe Ramírez, exfuncionario de la secretaría de Paz y encargado de los gestores, dijo que en lo que va del año han asesinado, al menos, a cuatro exintegrantes del programa. “La mayoría de ellos que no habían terminado los 18 meses como beneficiarios, no han podido conseguir empleo a causa de la crisis y porque a muchos les dijeron que había posibilidades de volver a trabajar con la Alcaldía, pero eso no ha sucedido”.

El último exgestor de paz y cultura ciudadana asesinado fue Jhon Edwar Cortés, de 25 años, y quien trabajó en el área de arte y danzas del programa. De acuerdo con Ramírez, Cortés le había pedido desde comienzo de año que le informara sobre alguna oportunidad laboral relacionada con la que tuvo en la Alcaldía, pero por la suspensión del programa y la crisis económica “se volvió a involucrar en pandillas y fue asesinado el 5 de junio, en cercanías a su casa en el Distrito de Aguablanca (oriente de Cali)”.

De hecho, Ramírez cuenta que muchos de los que se beneficiaban del programa han quedado en condición de calle y otros, como las víctimas del conflicto y los excombatientes en proceso de reincorporación, han quedado sin oportunidades por los continuos estigmas sociales que hay frente a esta población.

Un exgestor de paz, que pidió no revelar su nombre por seguridad y que estuvo en el programa por los últimos siete meses del 2019, mencionó que tiene varios amigos, compañeros y vecinos que quisieron participar pero que con la finalización de los gestores han regresado a los ‘malos pasos’. “El tiempo que yo estuve ahorré dinero del $1.300.000 que nos pagaban mensualmente y con eso me compré una moto, entonces ahora estoy trabajando como moto ratón o lo que salga de mensajería, pero no solo me hace falta el empleo sino también la atención psicosocial que me daban ahí”.

Por su parte, el concejal de Cali, Roberto Ortiz aseguró que ha recibido denuncias de exintegrantes del programa que han dicho que los nuevos puestos de líderes comunales la Alcaldía se los ha dado a los integrantes de los Grupos de Apoyo y Transformación Social (Gatos), un programa de Jorge Iván Ospina con líderes comunales de la ciudad.

(Le puede interesar: Podcast: Rap para cuidar el medio ambiente de Cali)

El opositor de la administración actual aseguró que la no continuidad en esta Alcaldía repercute en los altos índices de inseguridad y violencia que se viven y que se han vuelto más complejos desde que comenzó la pandemia. “Ellos eran un trabajo en doble vía porque además de formarse de manera personal y profesional, se convertían en líderes y referentes en sus territorios, en sus barrios entonces contribuían a que los índices de delincuencia y violencia bajaran, porque enseñaban con el ejemplo, pero eso ahora no está y creo que es parte de las razones por las que Cali sigue con los índices de inseguridad que tiene ahora”.

En eso coincidió una lideresa de la comuna 15 de Cali, que prefirió por razones de seguridad no dar su nombre, cuando dijo que “la nueva administración municipal está empleando a los jóvenes de zonas vulnerables pero por politiquería, por pagar favores políticos porque los jóvenes de los ‘Gatos’ fueron quienes ayudaron a que Jorge Iván ganara la Alcaldía, pero el programa de gestores de paz no tenía ese tinte político”.

La lideresa mencionó que muchos de los gestores habían encontrado en el programa su vocación artística, de danza, literatura o cultura, pero que al no haber más oportunidades desde la administración municipal, tuvieron que tomar otras alternativas. “El hecho de que no haya un programa que le dé continuidad a eso, significa matar las esperanzas y talentos de muchos de ellos porque no hay apoyo y ellos eran personas a las que siempre les habían cerrado las puertas”.

El Espectador habló con el nuevo secretario de paz y cultura ciudadana, Danis Rentería, quien dijo que no se había dado continuación al programa porque “es muy costoso, es un programa que le vale a Cali anualmente unos $10.000 millones y que la secretaría no tiene en este momento”. También dijo que por la pandemia del COVID-19 muchos recursos que estaban destinados a esta secretaría se han canalizado al tema de salud pública, por lo que espera que en 2021 “arranquen” los programas a su cargo.

Pese a que el 30 % del programa era financiado por Usaid, esta administración no ha pedido cooperación internacional o ayudas para continuar con este u otras iniciativas que beneficien a los jóvenes y adultos en estas condiciones. El secretario de paz confirmó que el programa no continuará por el cambio de administración pero que crearán otras iniciativas para “seguir promoviendo la paz en la ciudad”.

A pesar de esta situación que han denunciado varios líderes sociales de la ciudad, la Alcaldía no ha brindado garantías, mecanismos ni ha establecido un diálogo con quienes fueron beneficiarios y no alcanzaron a terminar su periodo hasta 2019. Tampoco se han fomentado desde la Secretaría de Paz análisis sobre los índices de reincidencia y sobre el impacto que tiene para la ciudad la no continuidad del programa. Jennifer, quien dice que ya perdió la esperanza de un nuevo llamado para trabajar como gestora, señala que “es muy triste porque sabemos que el desenlace de muchos va ser la delincuencia otra vez o la muerte, porque esta Alcaldía no nos ha volteado a mirar”.

Jennifer Cabezas Cabezas lleva siete meses sin empleo. Los siete meses que han pasado desde que comenzó el año y con ello, la nueva administración municipal. Siete meses esperando que la llamen para trabajar nuevamente en la Alcaldía, que encabeza Jorge Iván Ospina, porque así se lo aseguraron varias personas que hoy son funcionarios, durante las promesas de campaña.

Ella quiere volver a ser gestora de paz y cultura ciudadana. El programa estrella de la secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de la administración de Maurice Armitage (2016 - 2019), cofinanciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que llevó un cambio social en la capital del Valle. Jóvenes expandilleros, personas víctimas del conflicto armado y excombatientes de las Farc se unieron en un solo fin: mejorar la cara de la ciudad a través de la pedagogía social.

Rocío Gutiérrez Cely, exsecretaria de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, lo explica así: “la propuesta de gestores de paz se creó porque fuimos la administración que se constituyó en el marco de la firma del Acuerdo de Paz y, en ese sentido, creímos pertinente que Cali fuera una ciudad referente de construcción de paz entonces quisimos crear un programa integral que beneficiara a las víctimas del conflicto armado y a los excombatientes en proceso de reincorporación, sumado a los jóvenes en condición de alto riesgo en sus barrios por cuenta de la violencia y las pandillas. Eso representaba para nosotros una apuesta integral que respondía a las necesidades y al momento”.

El funcionamiento del programa, que estuvo presente durante cuatro años, tenía como fin formar y emplear en esta alcaldía a personas en las condiciones mencionadas, para que cumplieran la labor de ser gestores en varios espacios públicos de Cali, promoviendo la cultura ciudadana, la buena convivencia, el arte y la cultura y el cuidado medioambiental. De manera transversal al trabajo que realizaban diariamente en las calles, los gestores recibían acompañamiento permanente durante todo el proceso (visitas familiares periódicas, seguimiento al uso del dinero recibido, relacionamiento familiar), atención psicosocial y formación en habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, puntualidad, buena comunicación, tolerancia, etc. y en saberes académicos (cursos de iniciación laboral, idiomas, arte, habilidades administrativas, logísticas, entre otras).

(Lea también: Los jóvenes que abandonaron la violencia para ser gestores ambientales de Cali)

Como dijo Jennifer: “fue una oportunidad que nos dieron a los que nunca nos habían dado oportunidades en esta ciudad”. Sin embargo, en este programa los gestores no podían durar más de 18 meses, tiempo estimado en el que las personas debían salir y, con las herramientas profesionales y personales aprendidas, buscar otro empleo formal para “no caer en un paternalismo prolongado”, según mencionó Gutiérrez Cely.

Este programa benefició a cerca de 2.000 personas, de las cuales el 40 % eran expandilleros o exmiembros de grupos delincuenciales en la ciudad, el 30 % eran víctimas del conflicto armado y personas desplazadas que habían llegado a la capital del Valle y el 30 % restante, excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación a la vida civil.

Sin embargo, muchos de los gestores no estuvieron los 18 meses completos por el cambio de administración y quedaron desempleados con el cambio de administración municipal. Explican que varios funcionarios actuales les prometieron que los “volverían a llamar” para trabajar en actividades similares y, desde entonces, han tenido la esperanza de volver a tener una oportunidad de empleo formal.

Por la pandemia del COVID-19, las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y la crisis económica nacional y mundial, los exgestores de paz y cultura ciudadana de Cali no pasan su mejor momento a nivel laboral y profesional. Aunque, según la exsecretaria el índice de reincidencia de las personas beneficiadas fue del 2 % durante todo el programa, el porcentaje se ha incrementado sobre todo por las necesidades económicas que pasan.

(Vea: La pandemia retrasó la implementación de la política pública afro en Cali)

Raúl Felipe Ramírez, exfuncionario de la secretaría de Paz y encargado de los gestores, dijo que en lo que va del año han asesinado, al menos, a cuatro exintegrantes del programa. “La mayoría de ellos que no habían terminado los 18 meses como beneficiarios, no han podido conseguir empleo a causa de la crisis y porque a muchos les dijeron que había posibilidades de volver a trabajar con la Alcaldía, pero eso no ha sucedido”.

El último exgestor de paz y cultura ciudadana asesinado fue Jhon Edwar Cortés, de 25 años, y quien trabajó en el área de arte y danzas del programa. De acuerdo con Ramírez, Cortés le había pedido desde comienzo de año que le informara sobre alguna oportunidad laboral relacionada con la que tuvo en la Alcaldía, pero por la suspensión del programa y la crisis económica “se volvió a involucrar en pandillas y fue asesinado el 5 de junio, en cercanías a su casa en el Distrito de Aguablanca (oriente de Cali)”.

De hecho, Ramírez cuenta que muchos de los que se beneficiaban del programa han quedado en condición de calle y otros, como las víctimas del conflicto y los excombatientes en proceso de reincorporación, han quedado sin oportunidades por los continuos estigmas sociales que hay frente a esta población.

Un exgestor de paz, que pidió no revelar su nombre por seguridad y que estuvo en el programa por los últimos siete meses del 2019, mencionó que tiene varios amigos, compañeros y vecinos que quisieron participar pero que con la finalización de los gestores han regresado a los ‘malos pasos’. “El tiempo que yo estuve ahorré dinero del $1.300.000 que nos pagaban mensualmente y con eso me compré una moto, entonces ahora estoy trabajando como moto ratón o lo que salga de mensajería, pero no solo me hace falta el empleo sino también la atención psicosocial que me daban ahí”.

Por su parte, el concejal de Cali, Roberto Ortiz aseguró que ha recibido denuncias de exintegrantes del programa que han dicho que los nuevos puestos de líderes comunales la Alcaldía se los ha dado a los integrantes de los Grupos de Apoyo y Transformación Social (Gatos), un programa de Jorge Iván Ospina con líderes comunales de la ciudad.

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El opositor de la administración actual aseguró que la no continuidad en esta Alcaldía repercute en los altos índices de inseguridad y violencia que se viven y que se han vuelto más complejos desde que comenzó la pandemia. “Ellos eran un trabajo en doble vía porque además de formarse de manera personal y profesional, se convertían en líderes y referentes en sus territorios, en sus barrios entonces contribuían a que los índices de delincuencia y violencia bajaran, porque enseñaban con el ejemplo, pero eso ahora no está y creo que es parte de las razones por las que Cali sigue con los índices de inseguridad que tiene ahora”.

En eso coincidió una lideresa de la comuna 15 de Cali, que prefirió por razones de seguridad no dar su nombre, cuando dijo que “la nueva administración municipal está empleando a los jóvenes de zonas vulnerables pero por politiquería, por pagar favores políticos porque los jóvenes de los ‘Gatos’ fueron quienes ayudaron a que Jorge Iván ganara la Alcaldía, pero el programa de gestores de paz no tenía ese tinte político”.

La lideresa mencionó que muchos de los gestores habían encontrado en el programa su vocación artística, de danza, literatura o cultura, pero que al no haber más oportunidades desde la administración municipal, tuvieron que tomar otras alternativas. “El hecho de que no haya un programa que le dé continuidad a eso, significa matar las esperanzas y talentos de muchos de ellos porque no hay apoyo y ellos eran personas a las que siempre les habían cerrado las puertas”.

El Espectador habló con el nuevo secretario de paz y cultura ciudadana, Danis Rentería, quien dijo que no se había dado continuación al programa porque “es muy costoso, es un programa que le vale a Cali anualmente unos $10.000 millones y que la secretaría no tiene en este momento”. También dijo que por la pandemia del COVID-19 muchos recursos que estaban destinados a esta secretaría se han canalizado al tema de salud pública, por lo que espera que en 2021 “arranquen” los programas a su cargo.

Pese a que el 30 % del programa era financiado por Usaid, esta administración no ha pedido cooperación internacional o ayudas para continuar con este u otras iniciativas que beneficien a los jóvenes y adultos en estas condiciones. El secretario de paz confirmó que el programa no continuará por el cambio de administración pero que crearán otras iniciativas para “seguir promoviendo la paz en la ciudad”.

A pesar de esta situación que han denunciado varios líderes sociales de la ciudad, la Alcaldía no ha brindado garantías, mecanismos ni ha establecido un diálogo con quienes fueron beneficiarios y no alcanzaron a terminar su periodo hasta 2019. Tampoco se han fomentado desde la Secretaría de Paz análisis sobre los índices de reincidencia y sobre el impacto que tiene para la ciudad la no continuidad del programa. Jennifer, quien dice que ya perdió la esperanza de un nuevo llamado para trabajar como gestora, señala que “es muy triste porque sabemos que el desenlace de muchos va ser la delincuencia otra vez o la muerte, porque esta Alcaldía no nos ha volteado a mirar”.