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El Gobierno adoptó a través de un decreto la Política Pública y Plan de Acción Permanente para el desmantelamiento de organizaciones criminales, incluyendo las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
La estrategia tiene como objetivo contribuir a la no repetición de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH contra las personas y comunidades afectadas por las organizaciones y conductas criminales (incluyendo las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo), así como por el abandono institucional del Estado.
Se trata de una de las mayores deudas del Estado en cuanto al cumplimiento del Acuerdo de Paz. Durante la presidencia de Iván Duque no se logró avanzar en la formulación de la política, lo que según varias organizaciones sociales contribuyó al recrudecimiento de la violencia, especialmente contra líderes sociales y firmantes de paz.
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El decreto 0665 del Ministerio de Justicia adopta ese plan que ya se había aprobado en septiembre de 2023. La política establece cuatro componentes claves para la desestructuración de conductas y organizaciones criminales: desmantelamiento; contribución a la transformación del Estado; acción integral del Estado; y monitoreo y evaluación. A través de estos, se espera aportar a la “no repetición de graves violaciones a los DD. HH. e infracciones al DIH contra las personas y comunidades sujetos de protección”, como lo son las organizaciones de sociales, líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos y firmantes de paz.
En el plan también se incluyen los enfoques territorial, étnico, de género y feminista, etario, interseccional y de participación ciudadana para la implementación integral de las acciones a nivel territorial y social. También se estableció la planeación operativa anual que irá hasta el año 2026 y el seguimiento de su implementación estará a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
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En el decreto también se da responsabilidades a varias entidades del Gobierno, como ministerios, Departamentos Administrativos y Unidades Administrativas Especiales, que deben implementar esta política dentro de sus competencias constitucionales y legales. Para ello, dice en documento, usarán “instrumentos jurídicos y de planeación pertinentes, incluyendo planes estratégicos, institucionales y de acción, así como proyectos de inversión”. Además, coordinarán la adopción e implementación de esta política en sus respectivos sectores.
El decreto también incluye tareas para la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), instancia creada en 2017 tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y que fue revivida por el Gobierno de Petro. La comisión tiene como objetivo el diseño de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo responsables de homicidios y masacres contra defensores de derechos humanos, excombatientes y líderes.
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La CNGS es presidida por el Presidente de la República y conformada por los ministerios del Interior, Defensa, Justicia; la Fiscalía General de la Nación; la Defensoría del Pueblo; la Procuraduría General de la Nación, y el director de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales de la Fiscalía. También cuenta con la participación del Departamento Administrativo de la Función Pública; el Comandante General de las Fuerzas Militares; el Director General de la Policía Nacional, tres (3) expertos reconocidos en la materia y dos (2) delegados de las Plataformas de Derechos Humanos.
Esta política es fundamental para avanzar en la construcción de paz y proteger a quienes trabajan en su implementación, ofreciendo un marco sólido y coordinado para combatir las amenazas de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo.