Fuentes cercanas al proceso con la disidencia Estado Mayor Central (EMC) afirmaron este lunes que se habría llegado a un acuerdo para extender el cese al fuego con esas estructuras por seis meses más, a partir del martes 16 de julio.
Aún se espera tanto el comunicado conjunto como el pronunciamiento oficial de las delegaciones, aunque varios documentos ya circulan con algunos detalles. También se espera la firma del presidente Gustavo Petro del decreto que extiende el cese y que pondría a andar los demás acuerdos.
Los detalles sobre cómo será el cese se conocerían en los próximos días, pues el Gobierno debe dirimir cómo será ese alto al fuego, teniendo en cuenta que hubo una división en el EMC y algunos de sus frentes, dirigidos por Iván Mordisco, seguirán sin ser cobijados por esa medida tras su levantamiento del proceso de negociación.
Ambas delegaciones adelantaban desde el pasado jueves el quinto ciclo de negociación en Bogotá. Además, algunos miembros de la delegación de Gobierno tuvieron ayer un consejo de seguridad con el presidente Petro en la Casa de Nariño.
El cese se habría logrado a pesar de que esa parte de la disidencia llegó a esa ronda en medio de un panorama complejo y tenso, tras haber protagonizado varios hechos de violencia que despertaron el rechazo del Gobierno y la sociedad. El primero, las amenazas de uno de sus frentes contra los exguerrilleros de las FARC que habitan el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, en Caquetá. A eso se suma el ataque ocurrido hace dos semanas en Valdivia, Antioquia, donde murieron seis soldados del Ejército en un campo minado que, según las Fuerzas Militares, fue accionado por miembros del EMC.
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Disidencia entregaría su ubicación con georreferenciación
Según los documentos que circularon el lunes -y que aún están en proceso de aprobación de esa disidencia- se habrían logrado varios acuerdos, entre ellos uno muy importante sobre la georreferenciación, una especie de protocolo en el que la disidencia suministrará las coordenadas de los lugares donde están ubicados y que actualmente ocupan. Dicha información tendría una verificación por parte de las Fuerzas Militares.
Según conoció Colombia+20, ya habrían entregado las coordenadas el bloque Jorge Suárez Briceño (con presencia en Meta, Caquetá, Guaviare) y el Comando Conjunto del Sur (Putumayo). Aún estaría pendiente el Bloque Magdalena Medio, que lo entregará posterior a su reunión de mandos durante la semana entrante.
Para la georreferenciación (que ya se implementó también en el proceso con la Segunda Marquetalia), se creó un comité técnico que asesorará y verificará la entrega de esa información.
El otro acuerdo sería la instalación y la puesta en marcha de Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) a nivel local, regional y nacional, cuyo retraso estaría relacionado con problemas logísticos del Gobierno. Sobre este tema habrá instancias locales en Tibú, Yondó, Algeciras, La Plata, Cartagena del Chaira, San Vicente del Cagúan, Vistahermosa, Puerto Concordia, Briceño, Puerto Asís, Puerto Guzmán, y Solita.
La agenda de diálogo que se delineó en los documentos versará sobre ocho ejes temáticos: Transformaciones territoriales, tierras, paz ambiental, asuntos económicos, sociales y laborales; asuntos políticos, corrupción, conflictos, seguridad y armas; garantías después del acuerdo de paz y por último, marcos normativos y relaciones internacionales.
Aún no hay mayores detalles sobre cómo se desarrollarán esos puntos, pero según conoció este diario, se presentó una propuesta sobre la metodología y el cronograma que se discutirá en el próximo ciclo. Por ejemplo, la agenda se tratará eje por eje y se iniciará con los temas de tierra y transformación territorial.
Participación de la sociedad civil y situación de presos
Entre lo pactado también habría un acuerdo especial que contempla los compromisos alcanzados en los diálogos territoriales, como la identificación de tierras, la titulación y procesos catastrales y planes de reforestación y también la identificación de acciones inmediatas para llevar a cabo esos compromisos.
Por ejemplo, algunas de las acciones inmediatas que se propone, son dos encuentros a finales de agosto en el Meta y San Vicente del Caguán con comunidades campesinas para conocer, entre otras, propuestas y alternativas a la desforestación.
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La Comisión Jurídica Mixta, que evalúa la situación en cárceles de reclusos pertenecientes a esa disidencia, recogió seis acuerdos más con base en las visitas que se han hecho en los centro carcelarios.
Se trataría de gestiones para la reubicación y atención a reclusos con enfermedades graves; gestión de programas educativos gratuitos para la población privada de libertad; evaluación y gestión sobre la reubicación de las presos de ese grupo armado que estén en cárceles en Villavicencio, Cúcuta y Bellavista; la revisión del proyecto de ley sobre derecho penitenciario y que la comunidad internacional sea la depositaria de los documentos de la Comisión Jurídica Mixta.
Por último se estableció un cronograma de actividades que incluyen una reunión de la delegación de Gobierno con la nueva ministra de Justicia Ángela María Buitrago; otra de la Comisión Jurídica Mixta con el INPEC y la revisión sobre política criminal y régimen carcelario para la generación de propuestas generales/nacionales.
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