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Hace unos días, representantes del Gobierno, entre ellos el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y delegados de Comuneros del Sur, un frente del ELN que separó hace dos meses de esa guerrilla, firmaron un compromiso de paz, lo que sería el primer paso para la instalación formal de un diálogo social con ese grupo que opera en Nariño.
De acuerdo con el comunicado conjunto, este proceso se denominó como ‘Instancia para la co-construcción para la paz territorial en Nariño’, que se aplicará a 10 municipios de Nariño donde hace presencia el Frente Comuneros del Sur (FCS), entre ellos Andes Sotomayor, Barbacoas, Cumbal, Ricaurte, Samaniego, Santa Cruz de Guachavez, en los cuales se trabajarán tres ejes: desescalamiento de las violencias, implementación de las transformaciones regionales y la transición de los integrantes del grupo armado a la vida civil.
“El compromiso de los grupos de trabajo es buscar soluciones efectivas y eficaces que permitan ver resultados de corto, mediano y largo plazo. Por eso operan bajo los principios de corresponsabilidad y honestidad. Y en los mismos participan actores comunitarios, instituciones de los distintos niveles del Estado y representantes del FCS que sean delegados para ello”, dice el documento.
El encuentro del viernes en Pasto, ratifica lo que se había acordado en otra reunión previa que se realizó el pasado 8 de julio en Betania, corregimiento de Samaniego, Nariño. Dentro de las principales conclusiones de la jornada, el alto comisionado presentó un plan de trabajo compuesto por tres esos tres ejes. Además, continuará el trabajo de desminado humanitario en esa zona.
Según los registros oficiales, al menos 164 samanieguenses han sido víctimas de estos dispositivos, que se siguieron sembrando en esta región del departamento de Nariño a lo largo de los años. En parte, por esa grave afectación, el desminado humanitario ha sido uno de los ejes centrales de los diálogos regionales de paz que el Gobierno está adelantando en Nariño.
En el evento estuvieron comunidades indígenas, representantes de organizaciones sociales y de juntas comunales. También miembros del Gobierno como Alejandra Miller, directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización, y el ministro de Minas, Andrés Camacho.
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De acuerdo con el comunicado, los facilitadores del Gobierno en ese proceso serán Carlos Erazo, exmiembro del M-19 y muy cercana al presidente Gustavo Petro y quien funge como coordinador de esta delegación. También la excongresista Ángela María Robledo; la exconsejera presidencial para la mujer, Clemencia Carabalí, el director del Fondo Paz, Pablo Pardo, y el investigador Andrei Gómez. Los representantes del Frente Comuneros del Sur son: Roger Alvarado, Antonio Ovalles Antilez, Segundo Andrés Obregón Obando, Jorge Wilfredo Rasero Marín, Oliverio Porfirio Pai Rodríguez y Gabriel Yepes Mejía, conocido como H.H., y comandante de ese grupo.
La instancia también tendrá un comité consultivo de alto nivel en el que estará Gloria Miranda, cabeza de la Dirección de Sustitución de cultivos de uso ilícito, Álvaro Jiménez, asesor de la Oficina del Alto Comisionado de Paz. Como acompañantes estarán la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) y la Conferencia Episcopal.
La crisis en la mesa con el ELN
Las negociaciones con Comuneros del Sur han sido profundamente rechazadas desde el inicio por la dirección general del ELN, que han señalado el proceso como una traición por parte del Gobierno a la mesa nacional de diálogo e incluso han apuntado a teorías, hasta ahora sin sustento, sobre infiltrados en los diálogos.
Tanto es así que en febrero pasado la comandancia del ELN declaró una crisis en la mesa de negociaciones de paz. Aunque en medio de la tensión se han dado pasos importantes (como la firma del primer punto de la agenda, sobre participación), en la última semana la delegación de la guerrilla reiteró que el proceso sigue congelado. De hecho, la delegación de Gobierno ha enviado varios mensajes para que se vuelvan a retomar los trabajos. El mismo comisionado Patiño, alto comisionado, pidió al finalizar la semana que esa guerrilla regrese a la mesa y se tomen decisiones sobre esa prórroga que cree “viable y necesaria”.
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Al complejo panorama que desde hace cinco meses se mantiene en la negociación de paz con la guerrilla del ELN se sumó un nuevo elemento esta semana. Ad portas del fin del cese al fuego y en medio de unos diálogos atascados, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), declaró ante la Corte Suprema de Justicia que, supuestamente, se habrían concedido contratos en beneficio del grupo ilegal en el departamento de Arauca, como parte de una estrategia para blindar la apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro y ofrecer condiciones económicas para que el ELN dejara de secuestrar.
Estos señalamientos, que vuelven a minar la confianza en el proceso de paz, se conocieron apenas tres días después de que el Gobierno emitió una alerta para retomar los diálogos y lograr una extensión del cese al fuego bilateral, cuya vigencia termina el próximo 3 de agosto.
Habrá que ver si este compromiso exacerba el distanciamiento entre el Gobierno y el ELN.