A fuego lento se ha venido cocinando un cambio en la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro. En las últimas semanas, las Fuerzas Militares, con la venia del Ministerio de Defensa, han venido realizando una seguidilla de operaciones contra grupos armados ilegales, que plantea interrogantes sobre la viabilidad de la paz total, estrategia de diálogo que ha sido el eje central del mandatario desde su llegada a la Casa de Nariño, o sobre si esta es la respuesta de “zanahoria y garrote” que tanto habían pedido algunos sectores de la sociedad.
Desde el inicio del gobierno Petro, la paz total fue presentada como un intento ambicioso por desmovilizar a guerrillas, disidencias, bandas y estructuras ilegales, mediante la negociación, ceses al fuego y, recientemente, la territorialización de la paz. Pero los recientes hechos de violencia, las mesas de diálogo congeladas o sin avances y la percepción de que algunos actores armados no han respetado los acuerdos preliminares o los han usado a su favor, parece que empujaron al gobierno —o al menos a una parte del sector militar— a adoptar un enfoque más confrontativo.
“Este cambio que estamos viendo en la política de seguridad es un tránsito hacia lo que se conoce en la doctrina contra insurgente como disuasión focalizada o concentración dinámica del uso de la fuerza. Esta perspectiva tiene dos elementos centrales: en primer lugar, la comunicación directa de las consecuencias a aquellos, quienes están infringiendo la ley o, en este caso, quienes combaten militarmente al Estado. Ahí entra todas estas declaraciones de anuncio, bombardeos, esa narrativa, un poco más de mano dura que ha mostrado el Ministerio de Defensa”, explica a Colombia+20 Jorge Mantilla, experto e investigador de crimen y conflicto.
Algunos sectores argumentan que estas acciones son necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades, pero otros ven en estas operaciones militares una contradicción a la promesa de paz total de Petro
Y agrega: “El segundo componente de esta doctrina de disuasión focalizada es concentrar el uso de la fuerza no sobre el total de universo, digamos la totalidad de enemigos que tiene el Estado, sino sobre si no sobre aquellos que se consideran de mayor riesgo, los que generan un mayor impacto o los que se consideran más violentos”.
Bombardeos y operaciones contra la extorsión y la deforestación
Mantilla pone sobre la mesa los bombardeos, un tipo de acción que desde los primeros días del gobierno Petro no quedó prohibida, pero sí restringida a unos lineamientos poco flexibles para ir en concordancia con la apuesta de las negociaciones de paz. Por eso sorprendió que el pasado 24 de julio, la Fuerza Aérea Colombiana realizó en Cauca el primer bombardeo durante la administración Petro.
Si bien no fue contra objetivos humanos, sino en un campo minado, en nada menos que en El Plateado, un corregimiento de Argelia que se ha convertido en una zona de grave disputa entre el Ejército y hombres de Mordisco, la decisión de lanzar las bombas sí empezó a mostrar un cambio en la directriz.
Más recientemente, en Chocó, se han intensificado las acciones contra el ELN, cuyo proceso de paz atraviesa la peor crisis en los 21 meses que completa esa negociación. Apenas dos días después de que se terminara el cese al fuego, el pasado 3 de agosto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dio la orden de reanudar las operaciones.
“No hay cese al fuego, significa que esas operaciones ofensivas se reanudan y esa es la instrucción del comandante general de las Fuerzas Militares a todas las fuerzas y también del director general de la Policía Nacional a toda la policía del país”, dijo el ministro.
Con el anuncio por parte de esa guerrilla de un paro armado en ese departamento, el comandante de las Fuerzas Militares, Francisco Cubides, señaló que no estaba descartada la reactivación de bombardeos. La reacción de la delegación del gobierno en el proceso con el ELN no se hizo esperar. Los negociadores rechazaron el posible uso de esa acción militar diciendo que no “contribuía a la protección de la población civil ni a la paz”.
Ese choque entre fuerzas militares y delegaciones de paz —que también se ve dentro del proceso con los frentes de la disidencia Estado Mayor Central que siguen en la mesa—, muestran que no hay una conversación entre las acciones del sector defensa y las mesas de diálogo.
Así se evidenció esta semana, con la ola de atentados terroristas en Arauca. El lunes se produjeron cinco atentados: tres contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas y otros dos contra el Bicentenario. Además, en la noche se presentó un ataque con explosivas contra un CAI de la Policía.
En contexto: Primer bombardeo de la era Petro: la respuesta a los ataques de Mordisco en Cauca
A esos hechos se sumó, el jueves, la incineración de tres vehículos en el Bajo Cauca antioqueño, que despertaron cuestionamientos a la capacidad de la inteligencia militar para prevenir los ataques. En respuesta a esas acciones, tanto el ministro Velásquez, como el Comisionado para la Paz, Otty Patiño, pusieron en tela de juicio la voluntad de paz del ELN. Incluso, Patiño aseguró que “ya se están agotando las posibilidades de paz” con esa guerrilla.
Casi en simultánea, la delegación de paz del Gobierno publicó un comunicado en un tono más conciliador, reiterando el llamado a restablecer los contactos para activar, tras seis meses de pausa, la mesa de diálogos.
“Es que pareciera que una cosa es la política de paz total y otra cosa es la política de seguridad, que eso estaría bien, si no fuera porque ninguna de las dos dialoga y eso se ha notado sobre todo cuando se cambió al consejero comisionado de paz. En la administración de Danilo Rueda había unos esfuerzos por tratar de negociar con algunas decisiones”, señala Andrés Ortega, experto en defensa y seguridad ciudadana y profesor Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana.
Pero pese a que este giro que empieza a verse con más fuerza evidencia las tensiones dentro del gobierno sobre cómo manejar la seguridad en el país sin poner en riesgo los esfuerzos de paz, todavía conserva parte de los cambios que ha propuesto Petro: que se tengan todas las garantías para la población civil que queda en medio de los enfrentamientos.
“La política de seguridad llamada Defensa para la vida ha tratado de ordenar la acción operacional de las fuerzas en torno a esa política que, al menos en lo discursivo, sí tiene una estrategia muy distinta a gobiernos anteriores. Si bien reconoce la existencia de varias amenazas, sí hay un tratamiento muy distinto en cómo las van a enfrentar. Le apuntan mucho al tema disuasivo, preventivo, al respeto, a tratar de garantizar que las fuerzas, sobre todo en sus operativos, cumplan con estándares mínimos sobre Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario cuando se deban aplicar. Aquí no tenemos aún un caso de ataques de fuerza pública contra los campesinos o contra el movimiento social”, explica Ortega.
Este cambio en la estrategia ha generado un debate, tanto dentro como fuera del gobierno. Por un lado, algunos sectores argumentan que estas acciones son necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto. También es una forma de recuperar el control del territorio que, según dijo el mismo ministro Velásquez, sí se ha perdido. Por otro lado, están quienes ven en estas operaciones militares una contradicción a la promesa de paz total de Petro, temiendo que un enfoque militarista pueda socavar los avances logrados en las negociaciones.
“No vamos en contravía con la paz total”: Ministerio de Defensa
El lanzamiento de Misión Cauca en junio pasado fue la primera muestra de este timonazo. Denominado por el Gobierno como un proyecto “punta de lanza” para consolidar la paz en ese departamento con una serie de acciones de diferentes entidades para la transformación de ese territorio, pero con una alta dosis de fortalecimiento de operaciones militares y policiales.
La propuesta tiene lógica en ese departamento si se ve a la luz de que el mayor grupo que opera en la zona es la disidencia de Iván Mordisco, que se levantó de la mesa de diálogo, y que ha desarrollado sendos ataques a instalaciones militares y contra la población civil. Sin embargo, fuentes cercanas a los procesos de paz que lleva el Gobierno afirman que este tipo de confrontación diluye y aleja la posibilidad de que en algún momento esos grupos vuelvan a la mesa, como alguna vez se planteó desde la administración de Petro.
Para el Mindefensa la política de seguridad no va en contravía de la apuesta de paz total. “Los ejes de la política han estado concentrados en la defensa de la vida y en la afectación de las condiciones generadoras de violencia, las cuales no son excluyentes de la política de paz del gobierno”, dijo esa cartera a este diario.
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El contexto regional en el que se desarrolla este cambio también ha incluido áreas complejas. Por ejemplo, en Meta, Guaviare y Caquetá —donde opera la disidencia de Calarcá Córdoba, con quien actualmente hay una negociación de paz— se ha ordenado un cambio en las maniobras militares para contrarrestar delitos como la extorsión, y en actividades criminales como la deforestación, la minería ilegal y el narcotráfico.
De hecho, en el contexto de la lucha contra la extorsión fue que se dio la retención de cerca de 100 soldados en Guaviare por parte de la comunidad que afirmaba que su presencia haría aumentar la conflictividad en el territorio.
Entre las acciones recientes, se destruyeron puentes rudimentarios que, según las autoridades, eran utilizados por estos grupos para transportar drogas y explotar recursos naturales; pero según las comunidades, eran parte de vías de acceso rurales.
No obstante, pobladores de esas comunidades, que hablaron con este diario, explicaron que el Ejército voló la semana pasada esas infraestructuras que la misma comunidad había construido y que, contrario a lo que las autoridades dicen, eso no frena el paso de la droga, pero sí tiene a varias veredas y poblaciones completamente incomunicadas.
Fuentes cercanas a entidades que manejan la apuesta de paz total afirman que este tipo de operativos no tienen los resultados que las Fuerzas Militares asumen y, por el contrario, minan la confianza en los diálogos y parecieran un “saboteo” a los mismos por parte del Mindefensa.
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Petro se enfrenta al reto de balancear el uso de la fuerza y lidiar con un conflicto que se resiste a desaparecer y mantener la promesa de paz total. Este reto se ve agravado por la desconfianza de algunos sectores de la sociedad hacia las negociaciones de paz y por la percepción de que los grupos armados ilegales no están comprometidos con el proceso. El presidente enfrenta la difícil tarea de navegar entre la confrontación y el diálogo.
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