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En un informe de 50 páginas titulado “El Camino de la Paz es Irreversible: la implementación del Acuerdo de 2016 avanza”, el Gobierno Nacional resumió los principales desafíos y avances sobre el estado de implementación del Acuerdo de Paz. El balance tiene como objetivo identificar las iniciativas que no han podido despegar del papel a los hechos y presentar propuestas de cara al cumplimiento de lo acordado en 2016.
En ese contexto, el Gobierno de Gustavo Petro realizó un primer diagnóstico que arrojó resultados desalentadores debido a “significativos rezagos en el cumplimiento de las transformaciones estructurales y las metas trazadoras”, así como la desarticulación institucional, la desfinanciación de programas claves de lo pactado y la carencia de una efectiva implementación normativa. Eso sin contar la falta de compromiso del Estado en diferentes periodos.
“En la planeación inicial realizada en 2017, se estableció un costo estimado de la implementación y las fuentes de estos recursos, la cual fue muy imprecisa en tanto no se contaba con la formulación de los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) ni de los Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral”, se lee en el documento.
Frente a eso, la conclusión del Gobierno actual es que los recursos establecidos para la implementación del Acuerdo han sido insuficientes desde el inicio, lo que ha impedido generar los procesos de transformación territorial que están en el centro de lo acordado.
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“De acuerdo con las cifras registradas en el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), los Gobiernos anteriores no lograron el cumplimiento del 100% de los compromisos planteados para sus respectivos periodos, generando cargas financieras y políticas adicionales a la gestión del Gobierno actual”, señala.
En ese escenario, el diagnóstico realizado detalló por lo menos cinco retos que persisten en el tiempo como la deficiente estructura y falta de capacidades institucionales para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016; la insuficiencia de los recursos financieros asignados; la persistencia de la violencia en territorios históricamente afectados por el conflicto armado; la fragmentación de la verdad, inseguridad jurídica y falta de articulación de modelos de justicia transicional; y la ausencia de compromiso con la implementación de otras ramas del poder público que afectan el desarrollo legislativo de las disposiciones del Acuerdo.
Asimismo, el Gobierno destacó tres desafíos a los que se enfrenta actualmente como avanzar en la superación del rezago de compromisos pendientes por cumplir; recuperar el carácter transformador, reparador e integral del Acuerdo de Paz; y afianzar las bases para implementar la política de Paz Total.
De manera puntual, el informe también señaló obstáculos en lo que señalan son tres ejes fundamentales para la implementación del Acuerdo: la Reforma Rural; la transformación territorial; y la verdad judicial.
Cumplimiento del Acuerdo de Paz
El informe señala las principales apuestas del Gobierno Nacional desde que asumió la implementación plena y efectiva del Acuerdo de Paz de 2016 como uno de sus ejes para lograr las transformaciones sociales requeridas, las cuales fueron plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.
Por un lado destacan el aumento de los recursos destinados a la puesta en marcha del Acuerdo: “El Plan Plurianual de Inversiones estimó un presupuesto para la paz de $14.237.556.228 USD guiadas al cumplimiento del Acuerdo de Paz, las cuales superan en $1.050.955.041 USD los recursos dispuestos en periodos anteriores”, se lee en el documento. En ese contexto, resaltan que, durante la vigencia 2023, los recursos focalizados por el Gobierno Nacional en paz crecieron un 35% frente a lo apropiado en la vigencia 2022.
En cuanto a la apuesta de democratización de la tierra, el PND retomó la apuesta de la Reforma Rural Integral del Acuerdo al promover una reforma agraria. Asimismo, se impulsó la reincorporación de las personas firmantes de paz; se expidió la Política de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales; se revisó y actualizó el Plan Marco de Implementación (PMI); y se conformó el Gabinete de Paz.
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“En 2024 el Presidente de la República asignó al Departamento Nacional de Planeación el rol de coordinador y articulador de la implementación del PND. Bajo esta tarea, el Gobierno Nacional busca orientar de manera estratégica la inversión estatal dirigida a los ejes de transformación del PND, lo cual incluye los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016, y garantizar que estos recursos lleguen a las zonas prioritarias para la Política de Paz Total”, dice el informe.
Tras identificar detalladamente los obstáculos y metas que tiene el Gobierno de cara a la implementación del Acuerdo, el documento señala que desde el Departamento de Planeación Nacional (DNP) se propuso un plan de choque para la superación de los rezagos.
Ese plan cumple con dos propósitos iniciales que las entidades comprometidas con la implementación logren acelerar y cumplir con la ejecución presupuestal definida para esta vigencia 2024; y de otro lado, que el Gobierno Nacional reporte de manera oportuna sus avances en la implementación en los sistemas de seguimiento dispuestos por el Acuerdo, de tal forma que el incremento del presupuesto en sectores claves para la implementación que ha hecho el Gobierno Nacional sea visible ante los mecanismos de seguimiento.
Aquí puede ver el informe completo:
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