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El Magdalena Medio, el Caguán y el norte del Cauca, tres de las regiones históricamente más afectadas por el conflicto armado, serán el escenario de los primeros planes piloto del gobierno Petro en la implementación de la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo, cuya aprobación se conoció este viernes.
Se trata de una de las principales estrategias consignadas en el Acuerdo de Paz, y que se materializó luego de casi siete años de la firma de lo pactado entre las extintas FARC y el gobierno de Colombia en 2016. De hecho, la falta de avances en su formulación durante los cuatro años del gobierno de Iván Duque llevó a múltiples llamados de la ONU y otros organismos internacionales, así como organizaciones sociales que veían esta política como una respuesta al asesinato de líderes sociales y firmantes de paz.
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Según el documento, las acciones para desmantelar organizaciones o conductas criminales y sus redes de apoyo deben responder a un enfoque integral. El Ejecutivo no solo le va a apostar “al ámbito judicial y militar”, sino a “eliminar cada una de las condiciones que originaron o estructuraron el fenómeno criminal representado en actores criminales”, lo que incluye factores de tipo económico, social, normativo, cultural y político.
“El principal cambio en materia de seguridad y garantías que contiene esta política pública tiene que ver con orientar las acciones del Estado para atacar el fenómeno criminal por causas y no tanto por sus efectos. Eso quiere decir que más allá de atacar organizaciones, estructuras y conductas criminales lo que vamos a atacar es el fenómeno criminal que reproduce la violencia en los territorios. Vamos a implementar acciones orientadas a la protección pero también al empoderamiento de las comunidades a través de la consolidación de nuevas economías en el territorio que no estén vinculadas a la ilegalidad o al crimen organizado”, explicó en entrevista con Colombia+20 Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
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La política, consignada en un documento de 129 páginas, establece cuatro componentes claves para la desestructuración de conductas y organizaciones criminales: desmantelamiento; contribución a la transformación del Estado; acción integral del Estado; y monitoreo y evaluación. A través de estos, se espera aportar a la “no repetición de graves violaciones a los DD.HH. e infracciones al DIH contra las personas y comunidades sujetos de protección”, como lo son las organizaciones de sociales, líderes y lideresas, defensores de derechos humanos y firmantes de paz.
La aprobación de esta política se dio a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), instancia que fue creada en 2017, tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, y que fue revivida por el presidente Petro. A través de la secretaría técnica de la CNGS se realizará el seguimiento de esta política en los próximos años.
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Para Ana María Rodríguez Valencia, directora de la Comisión Colombiana de Juristas y representante de las plataformas de DD.HH. ante la CNGS, las demoras en la formulación de esta política dejaron graves efectos en el país.
“La principal consecuencia fue el escalamiento y el recrudecimiento de la violencia dentro del conflicto armado y por parte de otras organizaciones criminales, pues hay muchísimas nuevas víctimas que se hubiesen podido evitar si la política se hubiese diseñado y adoptado hace algunos años”, enfatizó.
Según el Gobierno, la aplicación de la política se realizará a través de enfoques territorial, étnico, de género, interseccional, antirracista y de sostenibilidad hasta el año 2026, pues se alinea con el eje de la Paz Total del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno.
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¿Cómo funcionará la política?
A través de los cuatro componentes de la estrategia se espera “el fortalecimiento permanente de las capacidades estatales para eliminar y prevenir cualquier tipo de vínculo entre agentes del Estado con organizaciones y conductas criminales”, dice el documento.
“En el próximo trimestre se van a instalar tres mesas territoriales donde vamos a tener la oportunidad de llevar a cabo experiencias piloto que se replicarán hasta 2026 con el objetivo de salvar vidas, disminuir la tasa de homicidios y las necesidades básicas insatisfechas”, explicó Cuartas a Colombia+20.
Las organizaciones sucesoras del paramilitarismo también están incluidas dentro de esta política, pues desde el Acuerdo con las extintas FARC se estableció, y su no cumplimiento llevó a que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) también incluyera la “erradicación de toda forma de paramilitarismo para que no se repita” en su agenda de negociación.
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De acuerdo con Ana María Rodríguez, el principal reto de la estrategia es “que se pueda dar una articulación institucional fuerte enfocada en su cumplimiento”. Además, mencionó que “es necesario que se involucre a las nuevas autoridades locales que se elijan en octubre para que tengan un rol activo en la puesta en marcha de la política y que incluyan en sus planes locales de desarrollo las actividades en territorio para el desmantelamiento de estos grupos y organizaciones criminales. Además, debe contar con los suficientes recursos para que la política no se quede en papel sino que pase a la práctica”.
Para el seguimiento de la implementación de esta política, el gobierno Petro estableció que el instrumento de medición estará basado en derechos humanos con información georreferenciada. En los próximos meses, la secretaría técnica de la CNGS realizará la planeación operativa anual donde se estimará el costo de las acciones y la articulación con cooperación internacional y el sector privado para el desarrollo de la política.