Colombia lanzó política para reparar a pueblos indígenas víctimas de la guerra
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización presentó el Programa Especial de Armonización Indígena, un mecanismo diseñada para promover la restauración cultural y espiritual de las comunidades indígenas. Es uno de los compromisos del Acuerdo de Paz.
El Gobierno y las organizaciones indígenas lanzaron el Programa Especial de Armonización Indígena (PEAI), una política pública que busca restaurar la dignidad y los derechos de estos pueblos indígenas que han sido afectados por el conflicto.
El PEAI nace de los compromisos establecidos en el Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz de 2016, un documento que reconoció las afectaciones desproporcionadas sufridas por las comunidades étnicas durante el conflicto armado.
Aunque el lanzamiento se dio hace unos días, el proceso lleva más de seis años en los que se gestó en un diálogo amplio y participativo entre el Estado, liderado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), y las organizaciones que integran la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Este esfuerzo colectivo culminó con la protocolización de la política, consolidándola como una herramienta esencial para garantizar la no repetición y promover la reconciliación en los territorios.
En Colombia existen 115 pueblos indígenas con cerca de 1,9 millones de habitantes, según cifras del DANE. De acuerdo con la Unidad de Víctimas, desde de 2018 se evidencia un incremento sostenido en el número de víctimas indígenas afectadas por el conflicto, siendo el 2022 (53.926) y el 2023 (51.654) los años con cifras más altas. “La reconfiguración del conflicto y el surgimiento de estructuras armadas, así como la disputa por las zonas estratégicas, son factores que han impactado a los territorios y comunidades”, dice la Unidad, que agrega que hasta mayo de 2024 se registraron 656 eventos masivos, que afectaron a 50 personas indígenas o más o 10 hogares o más.
La entidad también ha advertido que, durante el conflicto armado, esta población ha sido víctimas de desplazamiento forzado (582.983), confinamiento (72.430) y amenazas (59.764).
“El programa es una herramienta que contribuye a que las comunidades indígenas puedan sanar individual y colectivamente los efectos que ha tenido el conflicto armado en el territorio y reconstruir sus relaciones”, dicen organizaciones que participaron en diferentes instancias de concertación y consulta previa para la construcción de esta política.
El PEAI busca promover la restauración cultural y espiritual de las comunidades indígenas, respetando su autonomía, autodeterminación y Ley de Origen. La idea es que las autoridades tradicionales desempeñan un papel central en este proceso, asegurando que las decisiones tomadas respeten sus costumbres y prácticas ancestrales.
Aunque el lanzamiento de la política se hizo en los últimos días, la protocolización del programa se dio en noviembre de 2023, en el marco de la Mesa Permanente de Concertación. Este diálogo, llevado a cabo entre 2020 y 2023, permitió articular las necesidades y aspiraciones de las comunidades con las políticas públicas nacionales, consolidando al programa como un instrumento clave para garantizar la no repetición de violaciones de derechos humanos.
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El programa está dirigido a tres grupos principales:
- Participantes y comuneros indígenas: personas en proceso de reincorporación, reintegración o desvinculadas del conflicto que buscan restaurar su armonía en el seno de sus comunidades.
- Familias indígenas: el programa reconoce a la familia como la unidad esencial en la transmisión de la cultura indígena y trabaja para restaurar los vínculos familiares rotos por el conflicto.
- Comunidades indígenas receptoras: Estas poblaciones juegan un rol fundamental en facilitar el proceso de armonización, tanto en los territorios de origen como en aquellos con los que los participantes han forjado nuevos lazos.
Las acciones interinstitucionales del PEAI incluyen garantizar el acceso a derechos fundamentales, implementar planes de vida acordes a las cosmovisiones indígenas y articular medidas que respeten las particularidades de cada comunidad.
Este enfoque diferencial también incorpora perspectivas de género, familia y generación y reconoce la importancia de fortalecer los lazos familiares y comunitarios como base de la resiliencia cultural. Además, el PEAI resalta la relevancia de las mujeres indígenas en la transmisión de conocimientos ancestrales y en la construcción de la armonización colectiva.
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¿En qué va la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz?
Casi ocho años desde la firma del pacto de 2016, ese capítulo tiene las cifras más bajas de cumplimiento, lo que ha llevado a lanzar serias alertas sobre el Gobierno, según el último informe de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos de Colombia (IEANPE), que se conoció en junio pasado.
“Existe un considerable rezago en la implementación de las disposiciones e indicadores étnicos de los seis puntos del Acuerdo de Paz respecto a las disposiciones e indicadores generales (…) La brecha observada comprende entre los 4.4 puntos porcentuales (para el punto 6 sobre la ejecución) y los 30.10 puntos porcentuales (sobre el punto 3 de reincorporación)”, dice el informe.
En el documento, la IEANPE afirma que el bajo cumplimiento muestra que “todas las disposiciones étnicas han avanzado más lento que las demás” previstas en el Acuerdo de Paz y que ello muestra que “hasta la fecha los asuntos étnicos no han sido priorizados por los gobiernos que han tenido a su cargo la implementación”, con lo que “persiste la exclusión y del racismo estructural que el Estado y la sociedad colombiana han ejercido en contra de los pueblos étnicos del país”.
Con la implementación del PEAI, Colombia da un paso significativo hacia el reconocimiento de los derechos territoriales y culturales de sus pueblos indígenas. Además, se reafirma el compromiso con las culturas ancestrales que quedó plasmado en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz, uno de los más rezagados de ese pacto firmado en 2016.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com
El Gobierno y las organizaciones indígenas lanzaron el Programa Especial de Armonización Indígena (PEAI), una política pública que busca restaurar la dignidad y los derechos de estos pueblos indígenas que han sido afectados por el conflicto.
El PEAI nace de los compromisos establecidos en el Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz de 2016, un documento que reconoció las afectaciones desproporcionadas sufridas por las comunidades étnicas durante el conflicto armado.
Aunque el lanzamiento se dio hace unos días, el proceso lleva más de seis años en los que se gestó en un diálogo amplio y participativo entre el Estado, liderado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), y las organizaciones que integran la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Este esfuerzo colectivo culminó con la protocolización de la política, consolidándola como una herramienta esencial para garantizar la no repetición y promover la reconciliación en los territorios.
En Colombia existen 115 pueblos indígenas con cerca de 1,9 millones de habitantes, según cifras del DANE. De acuerdo con la Unidad de Víctimas, desde de 2018 se evidencia un incremento sostenido en el número de víctimas indígenas afectadas por el conflicto, siendo el 2022 (53.926) y el 2023 (51.654) los años con cifras más altas. “La reconfiguración del conflicto y el surgimiento de estructuras armadas, así como la disputa por las zonas estratégicas, son factores que han impactado a los territorios y comunidades”, dice la Unidad, que agrega que hasta mayo de 2024 se registraron 656 eventos masivos, que afectaron a 50 personas indígenas o más o 10 hogares o más.
La entidad también ha advertido que, durante el conflicto armado, esta población ha sido víctimas de desplazamiento forzado (582.983), confinamiento (72.430) y amenazas (59.764).
“El programa es una herramienta que contribuye a que las comunidades indígenas puedan sanar individual y colectivamente los efectos que ha tenido el conflicto armado en el territorio y reconstruir sus relaciones”, dicen organizaciones que participaron en diferentes instancias de concertación y consulta previa para la construcción de esta política.
El PEAI busca promover la restauración cultural y espiritual de las comunidades indígenas, respetando su autonomía, autodeterminación y Ley de Origen. La idea es que las autoridades tradicionales desempeñan un papel central en este proceso, asegurando que las decisiones tomadas respeten sus costumbres y prácticas ancestrales.
Aunque el lanzamiento de la política se hizo en los últimos días, la protocolización del programa se dio en noviembre de 2023, en el marco de la Mesa Permanente de Concertación. Este diálogo, llevado a cabo entre 2020 y 2023, permitió articular las necesidades y aspiraciones de las comunidades con las políticas públicas nacionales, consolidando al programa como un instrumento clave para garantizar la no repetición de violaciones de derechos humanos.
Además: Informe de Comité de Seguimiento alerta “atraso significativo” en la paz total de Petro
El programa está dirigido a tres grupos principales:
- Participantes y comuneros indígenas: personas en proceso de reincorporación, reintegración o desvinculadas del conflicto que buscan restaurar su armonía en el seno de sus comunidades.
- Familias indígenas: el programa reconoce a la familia como la unidad esencial en la transmisión de la cultura indígena y trabaja para restaurar los vínculos familiares rotos por el conflicto.
- Comunidades indígenas receptoras: Estas poblaciones juegan un rol fundamental en facilitar el proceso de armonización, tanto en los territorios de origen como en aquellos con los que los participantes han forjado nuevos lazos.
Las acciones interinstitucionales del PEAI incluyen garantizar el acceso a derechos fundamentales, implementar planes de vida acordes a las cosmovisiones indígenas y articular medidas que respeten las particularidades de cada comunidad.
Este enfoque diferencial también incorpora perspectivas de género, familia y generación y reconoce la importancia de fortalecer los lazos familiares y comunitarios como base de la resiliencia cultural. Además, el PEAI resalta la relevancia de las mujeres indígenas en la transmisión de conocimientos ancestrales y en la construcción de la armonización colectiva.
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¿En qué va la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz?
Casi ocho años desde la firma del pacto de 2016, ese capítulo tiene las cifras más bajas de cumplimiento, lo que ha llevado a lanzar serias alertas sobre el Gobierno, según el último informe de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos de Colombia (IEANPE), que se conoció en junio pasado.
“Existe un considerable rezago en la implementación de las disposiciones e indicadores étnicos de los seis puntos del Acuerdo de Paz respecto a las disposiciones e indicadores generales (…) La brecha observada comprende entre los 4.4 puntos porcentuales (para el punto 6 sobre la ejecución) y los 30.10 puntos porcentuales (sobre el punto 3 de reincorporación)”, dice el informe.
En el documento, la IEANPE afirma que el bajo cumplimiento muestra que “todas las disposiciones étnicas han avanzado más lento que las demás” previstas en el Acuerdo de Paz y que ello muestra que “hasta la fecha los asuntos étnicos no han sido priorizados por los gobiernos que han tenido a su cargo la implementación”, con lo que “persiste la exclusión y del racismo estructural que el Estado y la sociedad colombiana han ejercido en contra de los pueblos étnicos del país”.
Con la implementación del PEAI, Colombia da un paso significativo hacia el reconocimiento de los derechos territoriales y culturales de sus pueblos indígenas. Además, se reafirma el compromiso con las culturas ancestrales que quedó plasmado en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz, uno de los más rezagados de ese pacto firmado en 2016.
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