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Este martes a las 2 de la tarde, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia presentará ante el Consejo de Seguridad su informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz.
Además, el encuentro servirá también para que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presente ante esa instancia el plan de choque del Gobierno Petro para agilizar los puntos claves de la implementación del Acuerdo. Ese documento completo se conocerá esta tarde.
El plan, que fue revelado por Colombia+20 el pasado 30 de septiembre, consta de seis puntos que incluyen agilizar el acceso a tierras, actualizar el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) —encargado, entre otras cosas de las garantías de seguridad para firmantes de paz, líderes sociales, defensores de derechos humanos— y redefinir algunas funciones del Gabinete de Paz.
Los otros tres puntos son las iniciativas que pasarían por la agenda legislativa, impulsar el acuerdo nacional a través del Acuerdo de Paz y los pactos territoriales, que son en realidad el corazón del plan de choque, porque incluyen las acciones que se realizarán para ponerles acelerador a las obras y proyectos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
“Hoy presentamos, junto con el canciller Luis Gilberto Murillo el Plan de Choque para acelerar la implementación del Acuerdo Final de Paz a los embajadores miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. El Plan incluye las acciones que ya hemos adelantado, además de la estrategia para que la implementación tenga una inercia irreversible”, detalló esta mañana el ministro Cristo a través de su cuenta en X.
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia dio a conocer el miércoles pasado el informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz que, justamente, da un visto bueno del plan de choque que tiene el Gobierno de Gustavo Petro en cuanto a la implementación de ese pacto firmado con las extintas FARC en 2016.
El informe trimestral, que abarca el periodo entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2024, nuevamente hace un repaso por los avances y retos más sobresalientes en la ejecución de ese pacto firmado en 2016 con las extintas FARC y hace especial énfasis en que el reciente plan de choque liderado por el Ministerio del Interior podría agilizar puntos clave de la implementación del Acuerdo e incluso espera que esa iniciativa se logre traducir en “resultados tangibles”.
El ministro ya está en Nueva York desde donde afirmó que el plan es “una especie de acuerdo nacional para acelerar el cumplimiento de algunos de los aspectos acordados en 2016″.
Cristo también detalló que tuvo una reunión con Leonor Zalabata, embajadora de Colombia ante la ONU. “Este martes continuaremos con la presentación del plan de Choque que acelerará la implementación del Acuerdo de Paz y más reuniones clave para reforzar el respaldo internacional a la paz en nuestro país”, dijo en su cuenta de X.
En la presentación del informe y del plan de choque ante el Consejo de Seguridad de la ONU también estará el canciller, Luis Gilberto Murillo, y Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación en Colombia y representante especial del secretario de la ONU.
Ruiz Massieu también sostuvo una reunión previa con António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, en una sesión preparatoria para la presentación sobre Colombia.
La participación de la sociedad civil frente al Consejo de Seguridad estará a cargo de Beatriz Quintero, fundadora de la Red Nacional de Mujeres de Colombia.
La transmisión del evento puede seguirlo por las redes sociales y la página de Colombia+20 de El Espectador.
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Iniciamos hoy nuestra visita a Nueva York con una reunión con la embajadora de Colombia ante la @ONU_es, @LeonorZalabata. Este martes continuaremos con la la presentación del Plan de Choque que acelerará la implementación del #AcuerdoDePaz y más reuniones clave para reforzar el… https://t.co/aFwzJ1cFz3
— Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) October 14, 2024
El evento con excombatientes de las FARC en Nueva York
La Misión de Noruega ante Naciones Unidas organizó el lunes un encuentro con representantes de varios países que busca hacer pedagogía ante el cuerpo diplomático de Nueva York sobre el acuerdo firmado en Colombia entre el Gobierno y las extintas guerrillas de las FARC.
A la reunión acudieron algunas de las partes firmantes como por Diego Tovar (Federico Montes de la CSIVI —Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación— y parte de Comunes, el partido política que nació tras la firma del pacto) y el embajador adjunto, Juan José Quintana de la Misión Permanente de Colombia en Nueva York.
El evento tenía como objetivo “mostrar al Estado de Colombia que la Alta Parte Contratante es un aliado cuando se trata de hacer seguimiento, con la comunidad internacional, de la implementación del Acuerdo de Paz”.
De cara a la entrega del informe de este martes, representantes de Brasil, Francia, China, Reino Unido, Suecia, México, la Unión Europea y otras delegaciones acudieron al encuentro para socializar los insumos entregados sobre el estado de la implementación del Acuerdo a ocho años de su firma.
El informe de la Misión de Verificación llega en un momento tenso entre los excombatientes de las FARC y la Jurisdicción Especial para la paz por las denuncias de los firmantes sobre demoras en el actuar de este tribunal. Los siete integrantes del último secretariado que tuvo las extintas FARC radicaron la semana un documento judicial ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que anunciaron la renuncia a su derecho de presunción de inocencia —es decir, que reconocen su responsabilidad por la totalidad de los crímenes cometidos durante el conflicto armado—, pero le hace dos peticiones puntuales a ese tribunal: que haya una única resolución de conclusiones y que renuncie a la persecución penal de sus bases.
La petición incluye los ya reiterados cuestionamientos de los exguerrilleros a la manera en que la JEP ha trabajado desde su creación, pues consideran que ha sido lenta, poco clara y ha permitido que se abran otras investigaciones que, a su parecer, ha sobrepasado la función para la que fue creada ese tribunal de paz.
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La solicitud puede ser leída como una forma en los excombatientes buscan celeridad en los procesos que se siguen en la jurisdicción, pero también son una muestra de las tensiones que han tenido con la JEP porque al menos dos de las solicitudes que se hacen en el documento que se conoció el martes corresponden a las críticas que los firmantes vienen haciendo. La pugna con las antiguas FARC empezó en febrero de este año, cuando los siete miembros del último secretariado de esa extinta guerrilla enviaron una dura carta al presidente Gustavo Petro diciéndole que la JEP había perdido el rumbo y que estaban pensando “apartarse de esa justicia”.
Paralelo al encuentro en Nueva York también se conoció una carta enviada por 56 organizaciones de la sociedad civil y de comunidades étnicas a la ONU, en la que expresan sus quejas frente a la implementación del acuerdo.
“Las demoras en la implementación integral del Acuerdo de Paz, que se encuentra a la mitad de camino en el tiempo de 15 años para su ejecución, provocan crisis humanitarias territoriales en regiones con presencia limitada del Estado, y graves violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Se requieren acciones urgentes y concretas del Estado para traducir las políticas y planes ya existentes para la implementación del Acuerdo Final en resultados tangibles”, se lee en el documento.
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